VALENCIA.- El PPCV se ha marcado el próximo pleno del Ayuntamiento de
Valencia, previsto para el próximo 25 de febrero, como fecha tope para
tener resuelta la situación que se ha presentado tras la investigación
de una supuesta financiación ilegal en el grupo municipal popular.
Nueve de los diez actuales concejales del PP en el
Ayuntamiento valenciano, salvo el independiente Eusebio Monzó, tendrán
que declarar en condición de investigados ante el juzgado de instrucción
número 18 de Valencia que investiga el presunto cobro de comisiones y
la supuesta financiación ilegal del PP.
Aunque la dirección regional ya anunció la semana pasada, tras
suspender de militancia a los concejales, que la dirección local del
partido sería sustituida por una gestora, en el grupo municipal se
plantean distintos escenarios.
En primer lugar, la dirección regional quiere esperar a que
declaren ante el titular de Instrucción número 18 todos los actuales
concejales, que ya han prestado declaración en la Guardia Civil y que
salieron de esa declaración con una citación como investigados, termino
que sustituye al de imputado tras la última reforma del Código Penal.
Tras esa declaración ante el juez, puede ocurrir que se mantenga
la condición de investigado, en cuyo caso el PP reclamaría al afectado
que devolviera su acta de concejal, o puede ser que se deje sin efecto
esa consideración, con lo que la persona en cuestión se reintegraría al
grupo municipal con total normalidad.
En el caso de que el juez mantenga la consideración de
investigado para uno o varios de los actuales concejales, y estos se
negasen a devolver su acta, inmediatamente pasarían al grupo mixto.
No obstante, el PP nunca perdería completamente el grupo puesto
que, aún en el hipotético caso de que todos siguieran como investigados y
no devolviesen el acta, siempre quedaría el concejal Eusebio Monzó, el
único que no ha sido llamado a declarar por la Guardia Civil ni está
citado para comparecer ante el juez como investigado.
Si, por el contrario, estuviesen dispuestos a devolver su acta,
el grupo municipal quedaría constituido con las siguientes personas que
formaron parte de la última candidatura del PP al Ayuntamiento de
Valencia.
Sobre esta última cuestión, fuentes del PP han asegurado hoy
que no habría ningún problema para conformar un nuevo grupo municipal
puesto que hay "gente de sobra" que no se ha visto envuelta en este
asunto y que no están siendo investigados por ningún juzgado lo que, de
ocurrir, les invalidaría para ocupar ese acta de concejal según la
decisión acordada por el PPCV.
En cualquier caso, las mismas fuentes aseguran que el primer paso
debe ser, necesariamente, esperar a que el juez confirme o no la
condición de investigados de los actuales concejales.
De hecho, esas declaraciones ante el juzgado de Instrucción
nº 18, que comenzarán mañana con el portavoz del PP en el grupo
municipal del Ayuntamiento de Valencia hasta la semana pasada, Alfonso
Novo, está previsto que se prolonguen durante 15 días, según indicaron fuentes judiciales.
De cumplirse esas previsiones, eso dejaría al PP apenas una
semana de margen para clarificar la situación y conformar un nuevo grupo
municipal antes del pleno del Ayuntamiento de Valencia correspondiente
al mes de febrero.
La investigación, que se puso en marcha para aclarar el supuesto
cobro de comisiones ilegales en la empresa Imelsa, dependiente de la
Diputación de Valencia, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que en
el grupo municipal de Valencia se hubiera producido una financiación
ilegal del PP y blanqueo de dinero.
En concreto, se investiga si los concejales y asesores del grupo
municipal realizaron aportaciones de 1.000 euros en efectivo para
financiar la campaña, unas donaciones que supuestamente se les devolvía
en efectivo.
Los concejales que tendrán que prestar declaración ante el juez
como investigados son, además del propio Novo, Beatriz Simón, Vicente
Igual, María Angels Ramón-Llin, Cristóbal Grau, Félix Crespo, Lourdes
Bernal, María Jesús Puchalt y Alberto Mendoza.
Además de a ellos, la Guardia Civil también ha remitido al juez a
numerosos, exconcejales, asesores y exasesores del PP en el
Ayuntamiento de Valencia, la mayoría como investigados, pero también
alguno como testigo.
La única persona que formó parte de la candidatura del PP al
Ayuntamiento en mayo de 2015 y que no ha sido citada hasta ahora es la
exalcaldesa Rita Barberá, que renunció a su acta de concejala tras las
elecciones para ocupar un escaño en el Senado, lo que hace imposible su
citación por un juzgado ordinario dada su condición de aforada.
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