VALENCIA.- El Ayuntamiento de Valencia revisará las retribuciones de los ediles del PP en
el consistorio, investigados por presunto blanqueo de capitales en el
grupo municipal ‘popular’ dentro del caso Imelsa, si no entregan el acta -tal y como les ha pedido la presidenta del PPCV, Isabel Bonig- y pasaran a ser ediles no adscritos.
En ese caso, también tendrá que modificarse la representación en los
órganos autónomos del Ayuntamiento, como la Empresa Municipal de
Transportes (EMT) o el Palau de la Música, ya que los concejales no
adscritos no pueden estar presentes en estos entes.
Así lo han explicado hoy fuentes municipales,
que han señalado que si se da la circunstancia de que los representantes
del PP no dejen el acta de concejal si esta formación se lo pide, todos
los cambios que se tengan que efectuar se harán atendiendo al
reglamento que rige el funcionamiento del consistorio.
Los investigados son nueve de los diez concejales ‘populares’ que
hay en el Ayuntamiento de Valencia, todos excepto el independiente
Eusebio Monzó. Isabel Bonig ha convocado para este miércoles a esos
nueve ediles para hablar de su situación.
Además, el Comité Nacional de
Derechos y Garantías del PP ha decidido abrir un expediente informativo a
los afectados e investigados por el presunto caso de blanqueo en el
Ayuntamiento de Valencia, incluida la exalcaldesa Rita Barberá.
Si estos ediles mantienen su acta como tales fuera del PP, quedarán
en la corporación local como “concejales no adscritos”, sin formar un
grupo con este nombre dado que “no existe la posibilidad” de que se
constituya de este modo en el Ayuntamiento, que “funciona de forma
distinta a las Corts” Valencianes, donde si que se ha creado ese grupo.
En este sentido, las mismas fuentes han comentado que “es
diferente ser concejal individual que formar parte de un grupo” y han
apuntado que se tendría que revisar “no sólo las retribuciones”
económicas que recibirían sino también “su participación en ciertos
organismos del Ayuntamiento”. En este punto, han agregado que no habría
posibilidad de recibir retribución como grupo, dado que como tal no
existiría.
Por lo que respecta a la representación que los ediles no
adscritos pueden desempeñar en esta institución, han indicado que
“pueden participar en plenos, comisiones” y “otros órganos”, pero no en
organismos autónomos del consistorio como la EMT, el Palau de la Música,
la Fundación Deportiva Municipal o la de Jardines.
Igualmente, en el caso de pasar a contar con concejales no
adscritos, han expuesto que se tendría que “reordenar y reorganizar” los
tiempos de intervención en el pleno del Ayuntamiento, algo que se
regula en la Junta de Portavoces. Sobre este órgano, en el que
actualmente están representados los grupos municipales, han expuesto que
se debería ver también quién está y quién no.
Además, estos ediles no tendrían “derecho a despacho”, aunque las
mismas fuentes han precisado que eso no quiere decir que se les vaya a
quitar. También han dicho que seguirían teniendo derecho a consultar
información. En cuanto a los asesores, desde el consistorio se ha
explicado que éstos se asignan al grupo municipal y no al concejal.
Por otro lado, respecto a los asesores del PP que están también
investigados en la pieza del caso Imelsa por presunto blanqueo de
capitales, las mismas fuentes han comentado que se adoptarán decisiones
sobre su continuidad cuando se reciba notificación oficial de la
administración de justicia sobre su condición de investigados.
Si esta se mantuviese serían apartados de su responsabilidad
cautelarmente -siguiendo el procedimiento reglado de la administración-
en espera de cómo concluye la investigación y el proceso abierto. Ésta
fue la fórmula aplicada en el caso del asesor del grupo municipal del PP
Luis Salom, también investigado por los hechos citados en esta causa.
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