VALENCIA.- La macrooperación desarrollada este martes por la Guardia Civil
en Valencia se dirige contra una trama de corrupción infiltrada en
varias administraciones públicas valencianas --Ayuntamientos, Diputación
Provincial de Valencia y Generalitat-- que se descubrió a raíz de la
denuncia por el caso Imelsa, según han informado fuentes
de la investigación.
Los integrantes de esta trama se servían de
sus puestos de responsabilidad en las administraciones o en empresas
públicas para presuntamente obtener comisiones a cambio de contratos
fraudulentos. Entre los detenidos --se prevén un total de 24-- están el
expresidente 'popular' de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y la
exconcejal en la capital María José Alcón.
Según las fuentes
consultadas, la investigación se inició a partir de una denuncia
presentada ante la Fiscalía de Valencia por una presunta gestión
irregular de la empresa pública Imelsa por parte de su entonces director
gerente, Marcos Benavent.
Sin embargo, las investigaciones
apuntaron a que la trama afectaba a un ámbito mucho mayor y se presentó
una querella más detallada ante los Juzgados de Valencia. El pasado
marzo, el juez incoó diligencias por diversos delitos contra la
administración pública --entre ellos los de prevaricación
administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de
influencias, cohecho y blanqueo de capitales--.
El caso está en
manos del Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia y la Fiscalía
Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado a través de su
Delegación en Valencia. La operación la ha llevado a cabo la Unidad
Central Operativa de la Guardia Civil en calidad de Policía Judicial.
En total, están previstos 33 registros, incluidos los del grupo popular
en el Ayuntamiento de Valencia, los domicilios particulares de los
investigados y también en empresas como Ciegsa --empresa pública
dedicada a la construcción de colegios-- y otras entidades como la
Fundación Jaume II y la se del Club Deportivo Olímpic de Xátiva.
Los
agentes de la Guardia Civil también han embargado un total de 150
vehículos de alta gama de las personas implicadas y han bloqueado 252
cuentas corrientes.
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