MADRID.- Muchas de las comunidades autónomas apercibidas por el Ministerio de Hacienda el pasado mes de julio desoyeron la orden expresa de «contener» el gasto sanitario
en medicamentos y productos para hospitales, según las fuentes
consultadas por El Mundo, después de que 11 de ellas hubieran sobrepasado el límite
interanual en sus compras para los años 2017 y 2018. Esta negativa a
recortar ha significado a la postre que estas autonomías continuaran con
sus compras hasta finales de 2019, antes de que llegara la expansión
mundial del coronavirus.
Se da la circunstancia de que muchas de las autonomías que se rebelaron están gobernadas por el PP y que el instrumento esgrimido por Hacienda para exigir sostenibilidad en el gasto farmacéutico y sanitario data de la Ley General de Sanidad, impulsada por Rajoy en 2015. Concretamente está recogido en el artículo 113.
Diversas comunidades autónomas como las de Madrid, Andalucía, Cataluña o Murcia remitieron
sendas cartas a lo largo del verano al departamento que dirige María
Jesús Montero para expresarle en primer lugar sus quejas por la
exigencia que les hizo llegar en julio para acometer una «contención» en
este tipo gasto sanitario.
Y, en segundo lugar, según detallan las
fuentes consultadas, para informar a Hacienda de su rechazo a acometer
un ahorro en la partida concreta que reclamaba.
Algunas autonomías, como la Comunidad de Madrid, propusieron compensar
el desfase con planes más eficientes en el uso de fármacos, y otras,
como Cataluña, reclamaron directamente mejoras en la financiación y
«maximizar esfuerzos» para dar una respuesta a esta situación.
ANDALUCÍA
La Junta contestó de manera oficial sin hacer más recortes. Prueba de ello -defienden en el Palacio de San Telmo-
«es que los presupuestos sanitarios que hemos hecho con el nuevo
gobierno, los de 2019 y el de 2020, incluyen las partidas más altas de
la historia en materia de sanidad» de la comunidad.
COMUNIDAD VALENCIANA
El Gobierno valenciano (PSOE, Compromís y Unidas Podemos)
trató de esconder al escrutinio de la oposición, principalmente al
Partido Popular, la carta de Hacienda que planteaba un plan de ajuste
del gasto sanitario. Igual también escondió cuál fue la respuesta que
dio a aquel requerimiento.
Este secreto sobre este tema se
mantuvo bajo llave hasta que el PP planteó un recurso contencioso
administrativo. Hasta ese momento, la presión ejercida por los populares no
sirvió de nada. Algo que dio continuidad a un problema que se vio la
pasada legislatura y que provocó una quincena de condenas a la
Generalitat por una vulneración del derecho a la información de la
oposición.
La carta reclamaba aplicar a rajatabla las «medidas de
mejora de la eficiencia y sostenibilidad» tras superar la llamada «tasa
de referencia» en este tipo de gastos sanitarios, concretamente en el
2,1% en 2017 y el 2,4% 2018. El Gobierno instaba a «abordar el análisis
de las diferentes causas» de estos desfases y planteaba un plan de
ajuste que la Generalitat valenciana también mantiene en secreto.
MURCIA
Fuentes de la Consejería de Hacienda
son contundentes en su crítica al Ministerio. «No es posible pedir
mayores esfuerzos a la Región cuando claramente estamos
infrafinanciados». En el Gobierno murciano aseguran que no han estado
dispuestos «a restar recursos a unos servicios que son esenciales y
claves», aunque se lo sugiriese el Ejecutivo central. Una decisión que
celebran ahora como una medida «acertada» para afrontar la crisis del
coronavirus.
De haber cuadrado las cuentas -como pedía la ley impulsada por el PP, el partido de López Miras-,
Murcia habría tenido que «restar inversión en infraestructuras
sanitarias, en avances tecnológicos o en medios sanitarios avanzados
(...) Y nos hubiéramos enfrentado a esta situación de alarma en una
situación de extraordinaria carencia, lo que afortunadamente no ha
sucedido».
Eso sí, «en virtud del requerimiento del Ministerio», tuvo
que elaborar un Plan de Equilibrio Financiero, con
«algunas iniciativas en materia de gestión del gasto que permitían
explorar fuentes de ahorro, como compras centralizadas o mecanismos de
revisión en continuo».
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