VALENCIA.- El abogado valenciano
Mariano Lorente ha interpuesto una denuncia ante el Tribunal Superior de
Justicia contra el presidente
de la Generalitat, Ximo Puig; la delegada del Gobierno, Gloria Calero;
el alcalde de Valencia, Joan Ribó; el concejal Carlos Galiana y el
subdelegado del Gobierno, José Roberto González.
Les acusa de los
delitos de prevaricación, un delito de lesiones imprudentes y un delito
de homicidio imprudente por no haber tomado las medidas necesarias para
impedir el contagio de la enfermedad Covid-19 y haber autorizados actos
masivos cuando ya era evidente el riesgo de contagio, como las mascletàs
o la manifestación del 8 de Marzo, según La Razón.
El letrado relata en su
querella las fechas más importantes en la expansión del virus desde su
origen en China y expone como se va reproduciendo en otros países como
Italia al tiempo que se acerca hacia España.
Señala
que “mundialmente se estaban llevando a cabo serias advertencias sobre
la gravedad de la situación y la necesidad de tomar medidas tempranas
para frenar la propagación de la pandemia, con objeto de evitar los
catastróficos resultados que se producirían si la situación se llegaba a
colapsar.
Es especialmente reseñable en este sentido, la recomendación
emitida por el Centro Europeo para el control y prevención de
enfermedades de fecha 2 de marzo de 2020 sobre el COVID-19, que realizó
un estudio al efecto, informando de los riesgos actuales y futuros y de
las posibles medidas de actuación”.
Según la denuncia, “por
la evolución de los casos y las recomendaciones emitidas, considera esta
parte que fue crucial para el desarrollo de la enfermedad la
celebración de los actos multitudinarios que tuvieron lugar a principios
del mes de marzo, por motivo tanto del Día internacional de la mujer
como de los festejos falleros y que posteriormente se analizarán en
detalle.
A pesar del estado en que nos encontrábamos, a pesar de las
advertencias internacionales y europeas y a pesar del precedente de
China e Italia, ninguno de nuestros responsables políticos, en el
ámbito de sus respectivas competencias, canceló ni uno solo de los actos
previstos ni adoptó medida alguna que evitara las aglomeraciones
que, evidentemente, suponían un foco masivo de contagio.
El evidente
riesgo que suponía la celebración de los actos que tuvieron lugar,
principalmente el día 8 de marzo, se puso de manifiesto apenas dos días
después, llegando incluso a suspenderse todos los restantes actos
falleros”.
El letrado
Lorente cita no solo las mascletàs sino también la Cabalgata del Ninot y
la macrodespertá. Además, hace mención especial a todos los actos
programados con motivo del Día Internacional de la Mujer tanto del día 8
de marzo como de los días previos, como la huelga feminista estudiantil
o la Dona Festival de la Ciutat de Les Arts, entre otros.
Y
destaca que “dichos actos fueron promovidos, promocionados y preparados
por el propio Ayuntamiento de Valencia, a través de varias de sus
Concejalías, y celebrados en locales municipales donde se produce una
gran concurrencia de personas.
En ninguno de ellos pudo evitarse el
contagio de personas por el Covid - 19 ya que se trataban de actos en
los que no se cumplían ninguna de las medidas recomendadas para evitar
los mismos, siendo, la más fundamental, la existencia de distancia
mínima 1´5-2 metros entre cada persona.
De esta manera, con la
autorización y celebración de los actos y manifestaciones se puso en
peligro la vida y salud de muchas personas, cuyo contagio cuanto menos
podría haberse evitado”.
También
destaca que la manifestación del 8 de marzo fue autorizada por la
delegada, Gloria Calero, por lo que “podemos deducir que de la actuación
de la Delegada del Gobierno pueden inferirse conductas y decisiones,
que revisten el carácter de delito”.
La denuncia explica que
“en cada una de las situaciones mencionadas a lo largo del presente, el
supuesto de hecho es el mismo: la Autoridad competente para suspender o
cancelar un acto, evento o festividad en concreto, dentro de su ámbito
legal de actuación, omitió dictar la oportuna resolución de suspensión o
cancelación y la toma de medidas preventivas para garantizar la salud e
integridad de los ciudadanos que, como derecho fundamental, vincula a
todos los poderes públicos”.
En
la denuncia, el letrado pide que se tome declaración a los denunciados
Puig, Calero, Ribó, Galiana y Cachorro, y que se solicite a la Policía
Nacional informe sobre la concurrencia de personas a las concentraciones
señaladas. Además, pide que se realice informe forense sobre le peligro
de contagio de la covid-19 en los actos masivos.
La
denuncia ha sido presentada hoy viernes ante la Sala de lo Civil y lo
Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
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