VALENCIA.- El Front Abolicionista del País Valencià
reclama a los ayuntamientos que formar parte de la Red de municipios
libres de trata y prostitución que, ante la emergencia sanitaria por el
Covid-19, se pongan en marcha medidas humanitarias "de emergencia", así
como de asistencia social y legal, a las mujeres prostituidas, por "la
situación de extremo peligro y vulnerabilidad en que se encuentran".
El colectivo de entidades feministas recalca algunos de los graves
problemas añadidos que sufren estas mujeres en la actual situación de
emergencia.
Así, señalan la falta de recursos económicos para cubrir sus
necesidades básicas como son alimentación e higiene y el hecho de que
"no poder cumplir con los servicios a los que son obligadas por las
mafias proxenetas, les causará un enorme incremento de la deuda que
tienen con ellos y les obligará a dejarse explotar el doble para poder
pagarla cuando acabe la cuarentena".
Además, aseguran que "los puteros que las requieren estos días
como si fueran mercancías son de la peor escoria y, aprovechan su estado
de desesperación para ofrecerles menos dinero y exigirles las
actividades más arriesgadas y violentas".
En esta línea, añaden que las mujeres que enfermen "no acudirán a
los servicios de salud porque están cautivas y no constan a efectos
legales en domicilios ni como residentes en el municipio y su
documentación está requisada por los proxenetas".
Y es que, apunta, la mayoría no conocen sus derechos, ni el
idioma, son extranjeras, algunas con hijos e hijas a su cargo que no
tienen vínculos con el vecindario ni siquiera se reconocen como mujeres
víctimas de explotación sexual.
El Front Abolicionista asegura que, en algunos casos, las ONG u
organizaciones que las están ayudando, han constatado que los recursos
que les están ofreciendo "acaban en manos del proxeneta y en el caso de
que las reciban ellas, podrían servir incluso, para aumentar la deuda
con sus esclavizadores".
La entidad agradece que algunas corporaciones locales se hayan
puesto en contacto con sus asociaciones para que recibir orientación, al
tiempo que enumeran una sería de medidas y recomendaciones, como hacer
una vigilancia y búsqueda intensa en las zonas donde están estas
mujeres: polígonos industriales, calles, hostales, restaurantes, clubs
de alterne y pisos particulares.
Los ayuntamientos "han de utilizar todas las herramientas a su
alcance (estado de alarma, ordenanzas de vía pública o de
prostitución...) para el cierre de estas instalaciones que son
auténticos prostíbulos, aunque guarden la apariencia legal de otras
actividades", instan.
Igualmente, el Front aboga por que se trasladen a refugios, si es
posible exclusivos para ellas y sus hijas e hijos, ayuda que "debe
contar con todas las medidas de seguridad y protección necesarias
similares a las ofrecidas a las víctimas de violencia machista".
También es recomendable que se les proporcione ayuda profesional
psicológica, que se activen medidas de ayuda y asistencia jurídica y
legal, para la recuperación de sus derechos más básicos, habilitar
partidas presupuestarias de emergencia para facilitarles ayuda
habitacional y sustento básico y que las administraciones se apoyen en
aquellas organizaciones del tejido asociativo (ya sean formales o con
carácter de voluntariado) que trabajan a diario en el rescate e
inserción de estas mujeres.
El Front Abolicionista incide en que "los prostituyentes o puteros
tienen mayor libertad de movimiento, y por tanto, son peligrosos
elementos de transmisión del virus, los controles deben ser exhaustivos y
las multas divulgadas a toda la ciudadanía, con toda la publicidad
necesaria".
Además, consideran "necesarias campañas específicas a la población
para que desistan de solicitar o hacer uso de mujeres y niñas como
mercancía con fines de explotación sexual, criminalizando públicamente a
quienes lo hagan, advirtiendo de las penas que pueden conllevar este
comportamiento y fomentando el rechazo de toda la sociedad hacía estos
delincuentes como auténticos violadores y explotadores que son".
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