VALENCIA.- El PP no apoyará la aprobación de la ley el Juego de la Comunitat
Valenciana, que se debatirá el próximo lunes en el primer pleno
ordinario de Les Corts.
Así lo ha asegurado la presidenta autonómica del partido y síndica
parlamentaria, Isabel Bonig, en una rueda de prensa telemática, en la
que ha señalado que había cosas que cambiar de esta norma, como la
relacionada con la publicidad o la protección de colectivos vulnerables,
pero hay otras cuestiones que perjudican.
En este sentido, ha dicho que el PP votará a favor de algunos
artículos, pero no de la ley, pues está a favor de algunas cuestiones
pero en general la nueva norma no les gusta, ya que "excede más de lo
que realmente se estaba planteando para prevenir la ludopatía".
La ley establece, tras las últimas enmiendas aprobadas, una distancia
mínima de 850 metros entre salones de juego y locales de apuestas con
centros educativos de Secundaria, Bachillerato, FP y formaciones
artísticas profesionales, pero excluye de esta medida a los locales de
hostelería.
Además, los establecimientos públicos de hostelería y similares
podrán tener un máximo de dos máquinas tragaperras, aunque éstas deberán
contar con un sistema de activación-desactivación por control remoto a
cargo del personal encargado del local.
Por su parte, el síndico del PSPV, Manuel Mata, en cuanto a la tramitación de la Ley del juego y prevención de la
ludopatía, prevista para el próximo pleno de Les Corts, ha criticado la
marcha atrás de Ciudadanos.
“El grupo Ciudadanos estaba muy comprometido
con la aprobación de la ley, pero ahora quieren echar atrás un trabajo
que ha sido muy importante para luchar contra la ludopatía y para ayudar
a las familias que sufren sus consecuencias”, ha lamentado.
En este sentido, ha destacado que el juego “no se puede convertir en un elemento estructural” y ha recordado que la ley no supondrá “ningún cierre, sino no permitir que haya más cuando se acaben las concesiones”.
“El juego es un peligro”, ha asegurado Mata, que ha criticado que “la derecha caiga fácilmente en las presiones de los lobbies” y ha concluido que “la sociedad valenciana necesita la Ley del Juego”.
Les Corts Valencianes retomarán en los próximos días la reforma de la Ley del Juego de la Comunitat Valenciana. Una normativa para modernizar la regulación actual -la norma vigente es de 1988- cuya principal pretensión es poner freno al auge de la ludopatía en la autonomía y que no pudo llegar a validarse el pasado mes de marzo a pesar de que tan sólo quedó un trámite para que viera la luz, su votación en pleno.
La crisis de emergencia sanitaria ocasionada por la covid-19 obligó a cerrar el Parlamento valenciano y cancelar el periodo de sesiones, y, con ello, la tramitación de la ley quedó paralizada.
En este sentido, ha destacado que el juego “no se puede convertir en un elemento estructural” y ha recordado que la ley no supondrá “ningún cierre, sino no permitir que haya más cuando se acaben las concesiones”.
“El juego es un peligro”, ha asegurado Mata, que ha criticado que “la derecha caiga fácilmente en las presiones de los lobbies” y ha concluido que “la sociedad valenciana necesita la Ley del Juego”.
Les Corts Valencianes retomarán en los próximos días la reforma de la Ley del Juego de la Comunitat Valenciana. Una normativa para modernizar la regulación actual -la norma vigente es de 1988- cuya principal pretensión es poner freno al auge de la ludopatía en la autonomía y que no pudo llegar a validarse el pasado mes de marzo a pesar de que tan sólo quedó un trámite para que viera la luz, su votación en pleno.
La crisis de emergencia sanitaria ocasionada por la covid-19 obligó a cerrar el Parlamento valenciano y cancelar el periodo de sesiones, y, con ello, la tramitación de la ley quedó paralizada.
Ahora,
la cámara trata de volver poco a poco a la normalidad. La Junta de
Síndics aprobó ya reanudar de nuevo la actividad y el
calendario que había quedado suspendido, por lo que la intención de los
grupos parlamentarios -al menos los que integran el Botànic II- es la de
retomar los proyectos legislativos que quedaron pendientes de aprobar
antes de que estallara la pandemia. Un contexto en el que primará la Ley
del Juego.
La intención, según aseguran desde Compromís y PSPV, es
introducir el debate para dar luz verde a esta norma en el próximo
pleno, que previsiblemente se celebrará la última semana de mayo.
Con
este escenario, conviene recordar que los grupos parlamentarios ya
votaron las enmiendas que plantearon a la ley, por lo que tan solo
quedaba por votarse la normativa en pleno para que se publicara en el
Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) y entraran en vigor los nuevos
cambios.
Las principales modificaciones que ya quedaron aprobadas en
comisión eran los siguientes:
-Distancia a los colegios.
Uno de los principales acuerdos alcanzados por el tripartito es el que
se refiere a la distancia mínima que deben respetar los nuevos salones
de juego respecto a los centros escolares o centros de salud.
Socialistas, valencianistas y morados aprobaron en la comisión
antes de que estallara la pandemia que el espacio que deberán respetar
los operadores es de 850 metros, tal y como anunciaron semanas antes.
Ahora bien, con un matiz significativo: el método para medir esta
distancia no será radial, sino de dominio público -es decir, por
trayecto peatonal-, con lo que se reduce considerablemente el espacio
afectado por esta nueva cláusula.
-Licencias.
Una vez se apruebe la ley, esta parte del articulado no solo afectará a
locales de nueva apertura, también a los salones ya operativos una vez
caduquen sus licencias. Es decir, aquellas casas de apuestas que ya se
encuentren en funcionamiento porque obtuvieron la licencia de apertura y
actividad con la ley actualmente en vigor de 1988, podrán seguir
operando hasta que finalice su permiso. Pero una vez venza, si desean
renovar la licencia, deberán cumplir lo que dice la nueva normativa. O
lo que es lo mismo, si se encuentran a una distancia inferior a la que
marque la nueva legislación, tendrán que traspasar el local.
-Excepciones.
El tripartito eximirá de cumplir este trecho de 850 metros a los
colegios a los casinos y bingos. En el primer caso, explicaron en su día
que tenían una serie de controles muy estrictos de acceso y no era un
tipo de negocio al que solieran tratar de entrar menores. Respecto al
segundo, consideraban que ya contaban per se con una baja afluencia de
público. Por otra parte, tampoco se tendrá en cuenta esta distancia en
el caso de las tragaperras de los locales de hostelería.
-Publicidad. En un principio, Compromís había propuesto prohibir la publicidad institucional de la Generalitat en los medios que incluyeran anuncios de apuestas entre sus páginas. El PSPV, por su parte, puso encima de la mesa la posibilidad de que la Generalitat otorgara "ayudas, subvenciones y/o incentivos fiscales para clubes deportivos y medios de comunicación (especialmente online)
que rechacen financiarse a través de publicidad vinculada con el juego
con los operadores de juego".
Ninguna de estas finalmente se llevó a la
comisión. Las pretensiones fueron rebajadas sustancialmente: el
tripartito aprobó una enmienda que establecía simplemente que la
Generalitat concedería subvenciones a aquellos medios de comunicación y
clubes deportivos que hicieran campañas contra la ludopatía.
Conviene recordar que los grupos
parlamentarios del Botànic II validaron durante la tramitación de la Ley
de Acompañamiento de 2020 una enmienda a la Ley del Juego de 1988 que,
en la práctica, suspendía la concesión de licencias de apertura de
nuevos locales de apuestas en la Comunitat Valenciana hasta que no se
aprobara la nueva normativa. Ahora bien, esta moratoria tenía un plazo
máximo de seis meses, periodo que terminaba el próximo mes de junio.
Esto
es porque el tripartito daba por hecho que la nueva Ley del Juego se
aprobaría en un plazo menor. No obstante, la crisis del coronavirus
trastocó los planes, ya que Les Corts se cerraron sin que existiera
horizonte claro de cuándo se podría retomar la actividad y validar la
nueva normativa.
Con este escenario, Compromís estuvo barajando la
posibilidad de ampliar dicha moratoria a través de un decreto ley. Pero,
finalmente, desde el grupo parlamentario aseguran que no será
necesario.
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