VALENCIA.- El sindicato CCOO PV ha presentado este
viernes una querella criminal por las torturas a sus fundadores durante
el régimen franquista, en la que se persona como acusación particular y
acusación popular, junto a los 11 querellantes de dos sumarios que se
remontan a los años 1968 y 1970. La acción judicial se dirige contra las
personas responsables de ·conductas susceptibles de ser tipificadas
como crímenes de lesa humanidad y delitos de torturas".
Así lo ha anunciado el secretario general de CCOO PV, Arturo
León, en un acto que ha contado con la participación de la presidenta
de la asociación Acció Ciutadana contra la Impunitat del
Franquisme-Plataforma de Suport a la Querella Argentina del PV, Llum
Quiñonero, la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y
Calidad Democrática, Rosa Pérez-Garijo, y dos de los querellantes, César
Llorca y Ángel Ramón García Aparicio.
El primer sumario alude a
hechos ocurridos en noviembre de 1968, por el que fueron detenidos 36
trabajadores. En los registros, detenciones, interrogatorios y torturas a
las que fueron sometidos participaron 23 miembros de la Brigada
Político Social de Valencia y Sagunto (Puerto).
Tras su ingreso en prisión, los detenidos fueron procesados
por la Jurisdicción Militar y acusados de un supuesto delito de rebelión
militar. 19 de ellos denunciaron desde la cárcel en cartas manuscritas
dirigidas al titular del Juzgado Militar las torturas de las que habían
sido objeto, como corrientes eléctricas, que les aplicaron atados a una
cama metálica.
Arturo León ha destacado "la movilización de las
mujeres madres y hermanas de los detenidos por su contundencia" y ha
resaltado "la actuación de defensa del equipo de abogados dirigidos por
Alberto García Esteve".
El segundo sumario se refiere a sucesos de octubre de 1970,
cuando la Brigada Político Social desató una nueva operación contra
CCOO, en este caso contra 16 trabajadores de distintas empresas del
metal (como MACOSA, Elcano o Unión Naval de Levante), entre los que se
encontraban una mujer y dos sacerdotes. Se les detuvo a punta de pistola
a la salida de una reunión en las Escuelas de San José para debatir el
convenio del metal.
Según ha
explicado el secretario general de CCOO PV, "un repaso a la tabla
salarial de este convenio muestra el compromiso de estos hombres y
mujeres, que se jugaban el despido y su libertad por el aumento de unos
céntimos y unos días de vacaciones. Evidencia también la mezquindad
empresarial y la brutalidad policial".
Además, León ha
destacado "la movilización de muchas comunidades cristianas, que
celebraron asambleas en parroquias y centros de trabajo denunciando la
represión y pidiendo la libertad de los detenidos".
CCOO ha interpuesto la querella porque, según ha indicado su
secretario general, "sin duda alguna afecta a la dignidad de nuestra
sociedad y a la democracia".
"La documentación de la que disponemos
muestra la persecución sistemática de la dictadura hacia un movimiento
organizado de grandes empresas y pequeños talleres para resolver los
problemas de la gente ante la indiferencia del Sindicato Vertical", ha
añadido.
"Para CCOO es fundamental que la memoria histórica
haga visibles las conductas contrarias a los derechos humanos y se
reconozca la contribución de los hombres y las mujeres que durante esa
época padecieron la represión laboral, los abusos y las torturas", ha
manifestado León.
Por su parte, Llum Quiñonero ha agradecido la
decisión de Comisiones Obreras "que ha metido el dedo en la llaga, al
querellarse por los delitos de lesa humanidad que supusieron la
persecución contra quienes luchaban por la democracia y los derechos
humanos".
Además,
Quiñonero ha reclamado al Estado español "que no se haga invisible", y
atienda los derechos de reparación pendientes con las víctimas
represaliadas y sus familias, con todas las personas que han fallecido y
las que siguen reclamando justicia. "Necesitamos cambios fundamentales
en la legislación y que la judicatura deje de desestimar querellas y
asuma el mandato del Consejo de los DDHH de la ONU. La impunidad contra
el Franquismo debe acabar", ha añadido.
Por otro lado, Rosa
Pérez, ha reiterado la demanda de "justicia, memoria y reparación",
pendientes desde hace 45 años, en lo que ha calificado de una "anomalía
democrática, que condecora y deja en la impunidad a torturadores
reconocidos".
La consellera ha agradecido emocionada "la lucha
de quienes profundizaron la democracia", que reconoce como "referentes" y
ha advertido del "riesgo de dar por seguros derechos que costaron tanto
y que pueden dar marcha atrás".
"Necesitamos continuar en esa senda y
dejar atrás políticas de desmemoria histórica".
Pérez ha ofrecido todo el reconocimiento y el apoyo a las
víctimas y ha asegurado el empeño que están poniendo desde las
instituciones para generar una "democracia más fuerte". "Los delitos de
lesa humanidad no pueden prescribir", ha concluido.
César
Llorca Tello y Ángel Ramón García Aparicio han reiterado que el objetivo
de las detenciones, la brutalidad y las torturas no era tanto
informativo como de infundir miedo a los trabajadores, y dejar claro
quien mandaba.
"Volveríamos a hacer lo mismo", han aseverado,
al tiempo que han defendido que CCOO "fue decisivo entonces y sigue
siéndolo hoy, porque persiste la vulnerabilidad de la clase trabajadora
individualizada".
Estas personas aseguran haber sido despedidos
por crímenes tan execrables como "pedir un aumento de 50 pesetas de
salario" y detenidos por la Brigada Político social de Valencia, que
describen como "una banda de sádicos que disfrutaban golpeándonos entre
diez o doce y dándonos corrientes eléctricas, durante 90 horas porque
éramos de CCOO y defendíamos a los trabajadores".
Ambos han
destacado la movilización de las mujeres, madres y hermanas, que se
entrevistaron con el capitán general de la III Región Militar y con
miembros de la jerarquía eclesiástica, y dirigieron escritos a Colegios
de Abogados y a diferentes instancias internacionales, en los que
denunciaban la brutalidad policial.
"Esperamos que haya
justicia, una sentencia favorable, el reconocimiento de que hemos sido
torturados y que hay que condenar a los torturadores y que se reconozca
que por defender a los trabajadores y fundar un sindicato acarreó
persecuciones y condenas por el Tribunal de Orden Público".
"Solo
hicimos lo que teníamos que hacer, luchar, dar nuestra opinión y
enfrentarnos a la situación política que había", han concluido.
Respecto
a la proposición de Ley de Memoria Histórica y Democrática, Llum
Quiñonero ha asegurado que "cumple algunos aspectos fundamentales pero
no profundiza" en cuanto a los crímenes franquistas y ha remarcado que
espera que en el procedimiento del debate de la ley se puedan ampliar
algunos aspectos.
Por su parte, Rosa Pérez ha anunciado que
esta semana va a haber una reunión por parte de la secretaria de Estado
en materia de memoria democrática "para intentar coordinar las políticas
de memoria".
"Evidentemente nosotros avanzamos en esta línea, en la de
no impunidad de los delitos franquistas", ha añadido.
Además,
la consellera ha asegurado que desde la Comunitat se va e elaborar un
reglamento "para llevar adelante todo lo que establece la ley".
El
secretario general de CCOO ha concluido que "la nueva ley es un entorno
normativo que debería tener una mayor sensibilidad desde el punto de
vista jurídico ante estas cuestiones".
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