VALENCIA.- Les Corts han convalidado este miércoles el
decreto-ley de la Generalitat para ampliar el parque de vivienda pública
mediante el tanteo y retracto, con el triple objetivo de "frenar los
movimientos especulativos", proteger a las familias de ser desahuciadas y
contener la subida del alquiler en la medida de lo posible, sin limitar
la transmisión de inmuebles heredados.
El Decreto 6/2020, del 5 de junio, ha salido finalmente adelante con
el apoyo de los grupos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem)
frente al rechazo en bloque de la oposición. PP, Cs y Vox han pedido que
sea un proyecto y no un decreto que ven inconstitucional, sectario y us
urpador de competencias, respectivamente, pero no han sumado mayoría.
Como impulsor, el vicepresidente segundo y conseller de Arquitectura
Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha sacado pecho de un decreto que
"nunca se había hecho antes" en la Comunitat, que replica a los de
comunidades como Euskadi y Baleares y a los de otros países y que es más
necesario en la crisis del coronavirus, además de garantizar que es
"plenamente efectivo e inmediatamente aplicable".
Dalmau (Podem) ha asegurado que todas las herencias y donaciones de
viviendas de padres a hijos están "totalmente excluidas" del tanteo y
retracto. "No habrá posibilidad de que la Generalitat asuma la
titularidad cuando un padre done a su hija la casa donde ha vivido para
que se emancipe", ha recalcado en el pleno presidido por la exconsellera
de Vivienda Mª José Salvador.
"El Botànic tiene claras sus prioridades. No podemos renunciar a este
imperativo social, un derecho recogido en la Constitución y en el
Estatut d'Autonomia", ha aseverado contra la "virulencia de las críticas
de la derecha, por desconocimiento o por afán de oportunismo". Ha
recordado otras normas valencianas de adquisición preferente como la ley
de patrimonio de 1998 o la de espacios protegidos de cuatro años antes.
Y ha retado a la oposición a posicionarse al lado de los valencianos o
de los poderes económicos.
De momento, ha destacado la compra de 218 viviendas gracias a este
mecanismo, 95 de ellas habitadas, y se ha comprometido a dar una
alternativa estable para las familias. Ha sostenido que los valencianos
tienen derecho a saber qué pasó con el parque antes de la entrada del
Botànic en 2015, "de 45.000 viviendas a 14.000 que se dejaron escapar
para los fondos de inversión", y ha advertido que los bancos se están
desprendiendo de los inmuebles que fueron acumulando en la crisis de
2008: "Después, conscientemente, no las venden a los fondos, se
desprenden de ellos a precios irrisorios".
Sobre el tanteo y retracto, Dalmau ha remarcado que la intervención
de la Generalitat debe ser "la mínima e imprescindible", limitando este
ejercicio a las zonas donde hay necesidad de vivienda que serán
declaradas por la administración en base a informes técnicos, junto a
otras novedades como que los municipios puedan crear o ampliar su parque
de vivienda pública.
También ha defendido que era necesario un decreto y no un proyecto de
ley por la urgencia ante el aumento de la pobreza, en base a la
doctrina del Tribunal Constitucional, y que cuenta con la "máxima
legitimidad" gracias a las aportaciones de plataformas de afectados por
la hipoteca (PAH), Instituto Valenciano de la Edificación (IVE),
Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Cruz Roja,
Colegio Notarial de Valencia, Colegio de Registradores de la Propiedad
de Valencia o Federación de Promotores Inmobiliarios y Agentes
Urbanizadores de la Comunitat (Feprova).
Entre la oposición, el PP cree que sería posible tramitarlo como
proyecto para introducir modificaciones sin "paralizar nada", ya que lo
ve inconstitucional, "una chapuza en forma y fondo, mal redactado y con
vacíos legales, una oportunidad perdida", y se pregunta si va contra los
fondos buitre o contra las personas.
"Dalmau se cree Robin Hood pero es más bien Pepe Botella", ha
ilustrado el 'popular' Alfredo Castelló ante un decreto "lleno de
agujeros y que no exige como en Barcelona que las viviendas estén vacías
para adquirirlas".
Cs, en la misma línea, urge al Botànic a "volver al sentido común
tras este decretazo mordaza y sectario", leer bien la Constitución y
dejar de "politizar" la vivienda. "Ni es valiente ni va a ser histórico:
solo habla de cómo Podemos quiere gestionarlas", ha alertado la
diputada 'naranja' Mamen Peris.
Y Vox lo tacha de panfleto comunista con el que cree que la
Generalitat quiere "quedarse con el esfuerzo de generaciones" y "usurpar
vivienda", por lo que avisa que lo recurrirá y que este recurso tiene
"todos los visos de prosperar". "Solo saben chupar la sangre a los
valencianos", ha exclamado el presidente del grupo, José María Llanos,
para poner en duda las competencias autonómicas en materia de vivienda.
Por parte del Botànic, el PSPV defiende que este "gran avance" parte
de la Ley de función social de la vivienda de 2017 y lo ve mejorable en
"pinceladas" del tanteo porque "se podría excluir en viviendas cedidas a
ONG o consellerias" o en edificios en construcción, sin creer que
suponga ningún problema grave ni que "invente la pólvora".
"Hay que mejorarlo sin ir contra las expectativas" de cada partido,
ha sostenido el síndic socialista, Manolo Mata, destacando la lealtad
entre los tres socios aunque "todos tienen opinión". Como posibilidades
para mejorarlo ha apuntado la ley de acompañamiento a los presupuestos
autonómicos. Y ha remachado: "El mejor decreto del Consell es que nunca
gobierne el PP".
Compromís cree que era imprescindible ante "un derecho convertido en
mercadería pura" y que "todos ganamos" si las viviendas se incorporan al
parque público, pero también insta al Gobierno a seguir los "pasos
valientes" del Consell. "Nadie cuestiona que era necesario", ha
argumentado la diputada Belén Bachero, "hay un consenso social por la
vivienda digna".
Y Podem insiste en que el decreto es histórico y no está alejado del
escenario post-Covid, además de aludir a las presiones que denunció
Dalmau. "¿Dónde están los fondos buitre? Intentando comprar viviendas en
Algemesí por 1.500 euros", ha espetado al PP la síndica 'morada',
Naiara Davó, cargando contra su gestión al frente del Consell. A Vox le
ha replicado que "su modelo es el de Espinosa de los Monteros y Rocío
Monasterio".
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