Así lo ha evidenciado este martes en rueda de prensa a los medios uno de los portavoces de la PAH en la Comunitat Valenciana, José Luís González, quien ha estado acompañado por cuatro familias que se declaran víctimas de acoso inmobiliario y por la coordinadora del área de apoyo en crisis en Psicólogos sin fronteras, Inés Dualde.
"Intentan crear un entorno hostil y humillante con la intención de forzar que la persona que habita en la vivienda tome la decisión de abandonarla", ha aseverado González.
Las cuatro familias se encuentran en una situación similar: tras no poder pagar la hipoteca de la casa o el alquiler, fueron amparados por una moratoria que les permitía residir en el piso durante un tiempo en el que la ley obliga a los futuros compradores a respetar ese periodo de uso y disfrute de la familia que vive en el domicilio y que no está siendo respetado.
Mari Carmen, de 61 años y vecina del barrio de Monteolivete de Valencia, vive desde hace 10 años de alquiler social debido a su estado, que le impide trabajar, y por ello recibe ingresos gracias a la renta valenciana de inclusión.
Según ha relatado, con todos los pagos al día y sin deber "ni una peseta", recibió un burofax en el que se le informaba de que su casa había sido vendida a un fondo buitre y que disponía de unos meses para abandonar la vivienda: "Me quedé pasmada. No puedo entender cómo, si vives en una casa, no debes nada y tienes un contrato en vigor, pueden decirte de golpe y porrazo que han vendido tu casa", ha manifestado.
Tras ponerse en contacto con la plataforma consiguió prorrogar la moratoria durante otro año pero, aún así, asegura que continúa sufriendo acoso inmobiliario "constante" y "diario" por parte del fondo buitre. "No paran de llamar por teléfono. No salgo de casa por miedo. Te amenazan", ha señalado.
"He salido esta mañana y lo primero que he hecho ha sido llamar a mi vecina y decirle: '¿Vas a estar en casa? Por favor, échale un ojito a mi casa'. Porque me da miedo. Porque esto es diario. ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Señores, si ustedes tienen que aumentar un poquito el alquiler, háganlo. ¿Pero cómo me van a echar a la calle? Yo no tengo dónde ir", ha expuesto Soto.
En el caso de otro afectado, Adrián, compró un vivienda que estuvo pagando durante diez años hasta que enfermó, no pudo continuar pagando pero pudo apoyarse en la moratoria de vivienda para poder continuar con su familia en la vivienda.
Un día, ha explicado, encontraron que su piso estaba publicado en una página de venta y desde ese momento sufre llamadas "coaccionándole" y "amenazándole", la cerradura de su casa ha sido forzada y recibe visitas de compradores potenciales.
Asimismo, ha comentado que, incluso, ha llegado a sufrir amenazas por parte de dos personas que se encontraban frente a su domicilio. "Desde ese momento no dejamos nunca la casa sola y siempre se queda alguien dentro", ha indicado.
"Los niños lo llevan peor y llega un punto en el que no puedo soportar que mis hijos vivan en esta atmósfera y han tenido que irse a Rumanía rompiendo lazos aquí en Valencia con el colegio y el deporte", ha relatado.
Mari Carmen Salcedo, miembro de la PAH, ha dado a conocer la historia de María, una octogenaria que junto a su marido antes de la crisis económica del 2008 solicitó un crédito inmobiliario que una vez iniciada la crisis no pudieron seguir pagando.
En 2019 fallece su marido y decide irse a pasar las Navidades con su hijo pero enferma y con la llegada de la pandemia continua en casa de su hijo hasta que, una vez estabilizada la situación sanitaria, decide volver a su domicilio.
Al llegar al domicilio, Salcedo cuenta que tanto María como su hijo no pudieron acceder al interior porque les habían cambiado la cerradura. Después de denunciarlo frente a la Guardia Civil, consiguieron entrar al piso y se encontraron con él completamente vacío: "50 años de la vida de María terminaron a la basura. Si no llega su hijo a acogerla se encontraría con una mano delante y otra detrás", afirma.
Por su parte, José Luís González ha exigido a los diferentes partidos políticos que "no jueguen a estrategias partidistas con el derecho a la vivienda, sino que tengan un comportamiento conjunto, planificado y definido y comprometido con el derecho a la vivienda".
En esta línea, ha anunciado varias medidas que por parte de la plataforma van a poner en marcha y que van a presentarles el próximo 8 de noviembre al gobierno valenciano con quien tienen una reunión concertada.
Entre ellas, ha citado: "Alargar la moratoria de hipotecas y de alquileres para que la gente no se vea en la calle; que haya actuaciones de viviendas frente a las 3,8 millones de viviendas que están vacías en España; obligar a los fondos buitre a hacer alquiler social y que los políticos creen un marco de solidaridad entre la población y la gente".
Preguntado por los datos de personas en la Comunitat Valenciana que estén acogidas a una moratoria hipotecaria o de alquiler, ha destacado que los últimos datos con los que se cuentan son de España en 2017, donde se recogía que había 30.000 familias bajo esta situación.
En este sentido, el portavoz de la PAH ha indicado que, a pesar de no disponer de los datos de acoso inmobiliario, "no hay familia a la que no acosen" ya que es "una práctica muy extendida", ha subrayado.
Finalmente, la coordinadora del área de apoyo en crisis en Psicólogos sin fronteras, Inés Dualde, quien presta ayuda a varias de las familias afectadas, ha puesto en relieve que esta situación de coacciones, presiones y amenazas constantes provoca que "aumente el estrés que les genera ansiedad, depresión, ataques de pánico y una indefensión y miedo de pensar que los recursos que tenían en el día a día los han perdido".
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