'Juristes Valencians' lamenta que la princesa Leonor jure una Constitución que no incluya nuestro derecho civil

VALENCIA.- Juristes Valencians lamenta que la Constitución que ha jurado acatar la princesa Leonor este martes no prevea el derecho civil valenciano “por el desinterés mostrado en actualizar la Carta Magna por el PSOE y el PP en la última legislatura de las Cortes Generales”.

Según expone la asociación, el Congreso tampoco ha concluido la tramitación de la reforma constitucional promovida por el Gobierno para la sustitución en el artículo 49 del término disminuido, considerado como ofensivo por CERMI como entidad que representa a todos los defensores de las personas con discapacidades.

“La consecuencia de esa inactividad y desidia de los grupos parlamentarios popular y socialista en el Congreso es que son inaplicables a los valencianos unos derechos civiles que tienen 15 millones de españoles de otras seis comunidades autónomas por motivos históricos”, denuncia.

También recuerda “el extraordinario apoyo a la reforma constitucional” para la recuperación efectiva del derecho civil expresado a través de Les Corts en 2020, una solicitud que apoyan “541 municipios y la mayor parte de la sociedad civil y todos los grupos de Les Corts excepto Vox”.

“El Congreso discrimina a los valencianos y comete una deslealtad institucional con Les Corts, perpetuando un recorte contra nuestro autogobierno”, reprocha José-Ramón Chirivella como presidente de Juristes Valencians.

Y es que, denuncia, el PSOE “a través del ministro Félix Bolaños” ha “vetado” la inclusión de la reforma constitucional para recuperar el derecho civil valenciano en el pacto con Sumar para la investidura de Pedro Sánchez.

Ante estas situación, vuelve a reclamar al líder del PSPV, el ‘expresident’ de la Generalitat Ximo Puig, que “renegocie el acuerdo de investidura” para incorporar el derecho civil valenciano. 

“Bolaños actúa como Felipe V contra los valencianos, por lo que solicitamos a la cúpula del PSPV que aclare de una vez por todas su posición respecto al autogobierno estatutario”, asevera.

En concreto, su propuesta incorpora un nuevo párrafo en la disposición adicional segunda de la Constitución para “evitar contradicciones” entre lo que indica el Estatut d’Autonomia –reconoce la capacidad legislativa civil en materia de derecho de familia, sucesiones, contractual y otros ámbitos del derecho civil– y la interpretación restrictiva que realizó el Tribunal Constitucional en 2016.