Un mes después, el oleaje ha engullido parte de los tres millones de metros cúbicos de arena aportados, tal y como denunció el jueves 23 de noviembre la cuenta de X (antes Twitter) de la Asociación de Vecinos la Dehesa del Saler mediante imágenes en las que se aprecian charcos de agua del mar cerca de las dunas, según elDiario.es
En la fase de dragado y vertido, se han depositado más de tres millones de metros cúbicos de arena a lo largo de 7,1 kilómetros de la costa comprendida entre Pinedo y la Gola de Pujol, con el objetivo de ampliar reforzar la restinga de la Albufera para evitar la salinización del lago que se estaba incrementando como consecuencia del retroceso de la franja de arena de las playas provocado por la falta de aportes sedimentarios y por el efecto barrera del Puerto de Valencia, agravado por sus sucesivas ampliaciones.
Con todo, desde Costas explicaron este viernes que “se ha hecho una sección constructiva en forma de cuña, donde se ha avanzando más metros de los necesarios hacia el mar, en concreto más de 120 metros” y que ahora “el mar tiene que trabajar para dejar el perfil de equilibrio, para el cual se ha hecho el proyecto donde se establecían avances de entre 30 y 70 metros según la zona”.
En la misma línea, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, afirmó sobre la reducción de arena en las playas del Saler y la Garrofera, en Valencia, que estaba “absolutamente prevista” por la entrada de agua y defendió que el nivel de arena se encuentra en los “parámetros normales”.
La polémica sobre la efectividad de esta actuación coincide con el momento en el que más presión están ejerciendo los empresarios, con la naviera MSC al frente, así como el PP y Vox, para que el Gobierno de España apruebe el proyecto constructivo de los nuevos muelles que implicarán una inversión pública de 543 millones de euros.
El PSOE parece dispuesto a darle el visto bueno en el consejo de ministros a pesar de las dudas legales y ambientales que rodean al proyecto, pero se encontrará con la oposición de Sumar, plataforma en la que se integran Compromís y Podemos, contrarios a la infraestructura precisamente por los daños ya acreditados en las playas y por la amenaza que supone para la Albufera.
La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, también visibilizó esa oposicion antes de las pasadas elecciones municipales cuando se desplazó a Valencia para comprobar in situ los efectos nocivos del dique norte en las playas del Parque Natural de la Albufera. En aquel momento, Díaz ya advirtió: “Si hemos declarado la emergencia climática en España, esta infraestructura en Valencia no puede salir adelante”.
Con todo, los socialistas podrían aprobar la actuación en solitario, aunque está por ver que estén dispuestos a asumir esa carga. A principios del presente año ya hubo un intento de pasar la ampliación portuaria por el Consejo de Ministros pero finalmente no llegó a entrar en el orden del día por la oposición de Podemos.
A esto se añade la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que de forma cautelar traslada la condición de órgano sustantivo que tenía la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) a Puertos del Estado, lo que implica que es este último organismo el que debe garantizar mediante un informe motivado que la DIA de 2007 es válida para el nuevo proyecto.
La aprobación del proyecto constructivo de los muelles en el consejo de administración de la APV también está pendiente de resolución judicial.
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