El actual gobierno conservador, de PP y Vox, con María José Catalá al frente, ultima la ordenanza reguladora de la ZBE. Fuentes de Movilidad aseguran que ya se trabaja en la instalación de las cámaras de vigilancia y no se descarta a estas alturas del año que el Gobierno apruebe una moratoria en la implantación de la ZBE.
El modelo de ZBE de PP y Vox, no obstante, es mucho más laxo que el del anterior gobierno progresista. El actual concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, reiteró en el último pleno del ayuntamiento, celebrado la pasada semana, que las cámaras de vigilancia se instalarán pero no habrá restricciones al coche salvo en casos de elevada contaminación, una posibilidad "remota" en base a las mediciones tomadas en las seis estaciones de medición de la calidad del aire de la ciudad.
El ayuntamiento, en contra de los aprobado inicialmente, no tendrá en cuenta las mediciones de los investigadores de la Universidad Politécnica de València que advierten de elevados niveles de contaminación en la mitad de los barrios de la ciudad.
La compra de las cámaras de la ZBE de Valencia se hizo en el anterior mandato con cargo a un crédito, cuya primera anualidad de cinco millones de euros se ha incluido en los presupuestos municipales de 2024.
El anterior gobierno progresista obtuvo para la compra de las cámaras de la ZBE una subvención del 90 % de los fondos europeos Next Generation, en el marco de la Estrategia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El contrato se adjudicó a finales de 2022 a la UTE Eysa Aluvisa-ZBE Valencia.
En el mapa de la ZBE que ha publicado el Mitma que identifica las ciudades con la ZBE "vigente", "en tramitación" y "pendiente". Todavía hay 28 ciudades en esta última situación, entre ellas Alicante, Castellón, Torrent o Benidorm y la mayoría de ciudades de Baleares, entre ellas Ibiza o Calviá, que baraja delimitar como Zona de Bajas Emisiones el área de Magaluf, famosa por el denominado "turismo de borrachera".
Solo 15 ciudades españolas, entre ellas ninguna valenciana, están de momento en el club de las ciudades con una ZBE en vigor en cumplimiento de la ley de 7/2021 de Cambio Climático, entre ellas, Zaragoza, Madrid, Sevilla, Badalona o La Coruña son algunas de las ciudades que ya han implantado su zona de Bajas Emisiones.
Barcelona ha sido una de las más ambiciosas a la hora de implantar la ZBE, que está recurrida en los tribunales por el exceso de restricciones. El Supremo tiene que dirimir si la salud y el medio ambiente están por encima del derecho a la movilidad y los intereses económicos.
La Coruña ha perimetrado como Zona de Bajas Emisiones el casco antiguo y la fachada marítima, donde desde enero pasado solo se permite la entrada de vehículos de residentes y transporte público.
Sevilla también ha implantado una Zona de Bajas Emisiones pero no en el centro sino en la margen derecha del río, en la Isla de la Cartuja, en lo que fue el recinto de la Exposición Universal ahora reconvertido en parque tecnológico. La ZBE, vigilada con cámaras, entró en vigor en enero pasado.
València también cuenta desde diciembre de 2021 con una zona de prioridad residencial (APR) en Ciutat Vella que limita la entrada a residentes, transporte público y otros vehículos autorizados y que el PP también ha anunciado que revisará para evitar las multas a los coches que no cumplan con las restricciones.
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