La vista contra los cuatro acusados, que se han sentado en la sala
junto a sus letrados, ha arrancado a las 10 horas en la sección segunda
de la Audiencia Provincial de Valencia. Se trata de la pieza A del caso
Imelsa y las declaraciones de los acusados están previstas para los días
5 y 6 de febrero.
En total, se sientan en el banquillo cuatro acusados de las 49
personas contra las que se llegó a dictar auto de procesamiento y entre
las que se encontraban el propio PP y concejales y asesores del grupo
municipal 'popular' en el Ayuntamiento de la capital en la época de
Barberá como alcaldesa, por un delito de blanqueo en las elecciones
municipales de 2015.
La Audiencia Provincial fue admitiendo los recursos de los procesados
--incluido el partido-- y decretando el sobreseimiento de las
actuaciones para todos ellos --con excepción de los cuatro que
finalmente se sentarán en el banquillo-- y el Tribunal Supremo, por su
parte, desestimó los recursos de queja contra los archivos acordados por
el órgano provincial.
Fiscalía Anticorrupción solicitó en su día en su escrito de
calificaciones provisionales hasta 15 años de prisión para Grau
--investigado en el caso Azud y condenado por el Tribunal Supremo a
nueve meses de prisión por aceptar relojes de alta gama por parte de un
empresario que suscribió 16 contratos con el Ayuntamiento entre 2006 y
2015--, siete para García Fuster y cinco para Santón y Salinas. Esa
cifra incluía los años de cárcel por un delito de blanqueo, que
finalmente no se contempla.
En el caso de Grau, se mantuvo su procesamiento y el auto del
instructor, que le atribuía un papel de «recaudador» de dinero para el
PP en las elecciones de 2007 y 2011. El instructor atribuía a José
Salinas y Juan Eduardo Santón el papel de cooperadores de la
malversación al consentir contratos, a través de las fundaciones que
dirigían, «de vago contenido prestacional y una significada onerosidad,
sin una explicación suficiente en descargo de ello».
Respecto a García Fuster será juzgada por presunto cohecho en los
comicios de 2011. En este caso, la Audiencia ordenó continuar la causa
contra ella por la «supuesta percepción de dinero de origen desconocido
pero vinculado no obstante a cobros de empresas por trabajos no
demostrados o realizados con sobrecoste» en la campaña electoral de
2011.
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