Así se desprende de la resolución en la
que el tribunal estima el recurso y reclama el expediente
administrativo a la Autoridad Portuaria.
La plataforma ciudadana ha solicitado también la suspensión cautelar
de la licitación de las obras argumentando que, de no hacerse así, se
podría llegar a adjudicar unas obras cuyo proyecto está también
recurrido y porque, además, se posibilitaría la adjudicación de un
contrato que luego no pudiera iniciarse o ejecutarse y que hubiera que
paralizar las obras, «situaciones que obligarían a abonar posibles
indemnizaciones millonarias».
Al respecto, la Comissió Ciutat-Port ha indicado en un comunicado
que, de llegar a iniciarse las obras y previendo que el proceso judicial
pudiera dilatarse, «podrían provocarse daños irreversibles en las
playas del Sur e, incluso, en el Parque Natural de la propia Albufera».
En este sentido ha argumentado la existencia de diversos informes
científicos, como los del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y
Biología Evolutiva (ICBIBE) de la Universitat de València y el comité
científico de la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera, que
confirman que el fenómeno de regresión de playas --el mar cada vez más
cercano al lago-- es efecto directo de las ampliaciones del puerto.
«La evidencia científica impone la aplicación de la suspensión
cautelar interesada y frenar la política de hechos consumados en la que
está inmersa la APV», han insistido desde la Comissió Ciutat-Port.
La APV tiene ahora un plazo de cinco días hábiles para oponer sus
argumentos frente a la petición de paralización cautelar de la
licitación, antes de que resuelva finalmente el TSJCV.
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