Esta proposición de ley pretende garantizar la atención sanitaria inmediata para cualquier accidente o problemática relacionada con la salud que pueda surgir en el entorno escolar, así como fomentar el auto-cuidado del alumnado y la adquisición de hábitos de vida saludables.
Busca así abordar la prevención y tratamiento de las adicciones, el acoso escolar, la violencia en las aulas, los trastornos alimentarios, la prevención del suicidio o conductas autodestructivas, el cuidado del alumnado con problemas crónicos de salud, la discapacidad o la salud mental.
Según la proposición, al formar parte del sistema sanitario, los profesionales tendrían a su alcance el acceso a la historia clínica o facilidades a la hora de derivar en caso de necesidad al alumnado a otros estamentos del sistema sanitario como pediatras, unidades de salud mental infantil u otras especialidades.
El modelo que propone CSIF consiste en que personal de Enfermería de la Conselleria de Sanidad preste sus servicios en los centros docentes, en lugar de depender de los ayuntamientos.
En representación del sindicato, Vicente Navarro ha destacado que solo en Estados Unidos ya hay más de 45.000 enfermeras escolares, como "hemos visto en algún episodio de Los Simpson".
Tanto los grupos que sustentan al Consell como los de la oposición han respaldado esta ILP. El PP ha recordado que fue uno de sus compromisos electorales y ha garantizado que se activará el próximo curso con la entrada de 300 enfermeros escolares en los centros educativos con un coste de 15 millones de euros, una medida que irá acompañada del nuevo plan de salud mental.
Vox ha criticado que el Botànic no impulsara esta figura y ha destacado la unidad de acción en el seno del Consell.
Desde la oposición, el PSPV ha prometido un debate "propositivo y alejado de la confrontación política" cuando se aborde la proposición en la comisión de Sanidad de Les Corts. Compromís ha avanzado que tratará de "mejorarla" para "ir más allá" en materia de salud mental y educación afectivo-sexual.
Mientras, decaerán una iniciativa promovida por Esquerra Republicana para la gratuidad de productos de higiene menstrual; otra del STEPV para reducir las ratios y otra de la asociación Hablamos Español que buscaba la "libertad de elección" de lengua en los centros. No obstante, en algunos casos, los grupos han recogido el guante de los proponentes.
En el caso de la iniciativa de Hablamos Español, que decae por el voto en contra de PP, PSPV y Compromís; el diputado 'popular' Eduardo Dolón ha trasladado a la proponente, Gloria Lago, a la que ha asegurado que la nueva ley de Plurilingüismo recogerá sus demandas. Lago, por su parte, ha tildado la normativa de "semichapuza" y ha acusado al PP de ser una "estafa a los votantes".
En el caso de la iniciativa de los productos de higiene menstrual, que ha contado con el apoyo de Compromís, mientras que el PSPV-PSOE se ha mostrado dispuesto permitir que se iniciara su tramitación pese a que se ha mostrado en desacuerdo en que los productos gratuitos deban ser únicamente los ecológicos.
Tampoco prosperará la ILP presentada por el sindicato docente STEPV para reducir las ratios en todas las etapas educativas con el objetivo de aumentar el rendimiento escolar. Mientras PSPV y Compromís están a favor, PP considera que es una propuesta inviable porque supondría crear "como mínimo" 400 nuevos centros educativos en la Comunitat Valenciana.
Las iniciativas legislativas populares son novedad en este pleno, después de que hace unas semanas se aprobara por lectura única la modificación del reglamento de Les Corts para adaptarla a la ley de la Iniciativa Legislativa Popular.
Esta ley se aprobó en 2017, promovida por Podem, y con el apoyo del Botànic. Sin embargo, la falta de acuerdo para promover una reforma completa del reglamento de Les Corts hizo que no se aprobara en la anterior legislatura, cuando fue Vox el grupo que más la reclamó.
La normativa que ahora se ha adaptado supuso la modificación de la ILP en la Comunitat Valenciana para reducir a 10.000 las firmas necesarias para llevar a la Cámara autonómica una de estas propuestas -hasta entonces eran necesarias al menos 50.000 firmas de electores- y bajar de 18 a 16 años la edad límite para impulsar o participar como firmante en cualquier ILP.
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