VALENCIA.- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recopila en un nuevo informe las «relaciones de personales» del abogado José María Corbín --cuñado de la exalcaldesa de València, ya fallecida, Rita Barberá, y que es uno de los investigados en el caso Azud-- con varios concejales en gobiernos de la que fuera primera edil 'popular'. La documentación reúne diversos mensajes que intercambió con ellos relativos a contrataciones «con cargo» al Ayuntamiento.
Los investigadores han remitido al Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, que se encarga de este casusa, un informe sobre las actuaciones desarrolladas por Corbín en el que se centran especialmente en la línea seguida con respecto al Grupo Cyes, además de ampliar un análisis antererior realizado en 2019.
En este documento la UCO dedica un apartado a las «relaciones personales» de Corbín con el Ayuntamiento de Valencia. En concreto, reproduce mensajes con seis ediles durante el mandato de Rita Barberá: Alfonso Grau, Cristóbal Grau, Félix Crespo, Alfonso Novo, Jorge Bellver, Ramón Isidro Sanchis, además de con el actual vicesecretario general del Ayuntamiento de Valencia, José Antonio Martínez Beltrán.
Sobre Alfonso Grau, recuerda la UCO que su relación con Corbín ya ha sido objeto de análisis en diferentes líneas de investigación de la causa, sobre todo en las relacionadas con el Grupo Axis, pero hace mención al contenido de uno de los teléfonos móviles intervenidos al abogado en el que se han localizado varios mensajes de texto relativos a reuniones con Jaime Febrer --empresario investigado en la causa-- sobre VPO, «precisamente» --recalca la unidad-- una de las líneas de negiocio de Axis.
«Alfonso , ¿cómo estás? Dime cuándo puedo verte. Vendría Jaime Febrer. Tema VPO. Un fuerte abrazo», le escribe. En síntesis, la UCO cree que este tipo de sms «evidencian» cómo Corbín es el encargado de poner en contacto a Febrer, que en ese momento efectuaba pagos a Corbín «en el marco de diferentes relaciones contractuales, con cargos al Ayuntamiento de Valencia».
La Policía Judicial ha localizado igualmente comunicaciones entre Corbín y Cristóbal Grau, edil de Deportes entre 2007 y 2019 para el interés de la causa y que ostenta el cargo en la actualidad de jefe de gabinete de la alcaldesa. Algunos mensajes, apunta el informe, «responden a la pretensión por parte alguno de ellos de mantener reuniones personales», pero también señala que la vinculación entre ambos «guarda relación con la actividad del Ayuntamiento».
«Tras el éxito de la F1, triunfamos en algo más? Un abrazo», escribió Corbín, que insistió: «No me dices nada? Un abrazo». Finalmente, la respuesta fue: «No hay novedad. Yo te digo, un abrazo».
Con Félix Crespo --exdelegado de Fiestas, Cultura Popular y Patrimonio-- destacan los investigadores un mensaje en el que los agentes creen que podrían hablar de la baremación de algún contrato público en fase de licitación, mientras que con Alfonso Novo (quien ejerció como concejal de Transportes) solo hacen referencia a una serie de comunicaciones que califican de «descontextualizadas».
En el caso de Jorge Bellver --quien es en estos momentos director general de Relaciones con Les Corts--, el informe pone el foco en su etapa como edil de Urbanismo y entiende relevantes mensajes como el datado en febrero de 2009, cuando Corbín le dijo al ex dil «acuérdate de hablar con la jefa», apelativo que la UCO asocia a Rita Barberá.
También subraya otro de marzo de 2010: «Jaime Febrer propone una solución para el Levante UD. Alfonso y Cristóbal ya lo saben. Cuando quieras te lo contamos». A esto, el concejal responde: «.. De lo otro, algo estoy hablando con el Levante. Ya te diré...».
Para la UCO, estos mensajes resultan relevantes dado que «se relacionan de forma directa» con una operativa urbanística que Febrer pretende desarrollar y que «incluye al Ayuntamiento» sostienen.
Con Ramón Isidro Sanchis, encargado del Ciclo Integral del Agua, entre otras delegaciones, el informe solo habla de dos sms, de mayo de 2010, ambos relacionados con la tramitación de un expediente en el seno del consistorio. «Ramón. Exp. Actividades 03901-2009-2755. Tardará mucho en resolverse? Dime algo. Un abrazo. Pepe Corbín».
Finalmente, Corbín solicita en julio de 2014 a Martínez Beltrán verse «fuera de la casa», algo que los agentes identifican con fuera del Ayuntamiento. En este punto, recuerda la UCO que en su declaración como testigo Martínez dijo que había visto a Corbín tres veces que recordara, una vez en alcaldía, otra en una declaración judicial y una última en un velatorio.
Por otro lado, en el informe --de más de 120 páginas-- la Guardia Civil insiste en que hay indicios de cobro de comisiones en efectivo.
Inicialmente, rememora, la causa se centró en la investigación y análisis de los pagos percibidos por Corbín Abogados provenientes de determinadas sociedades o grupos que mantenían intereses empresariales con el Ayuntamiento de Valencia.
Ello debido, agrega, a que, en base a diferentes elementos, «se infiere que estos pagos se corresponderían realmente con comisiones ilícitas desembolsadas en atención, a diversas adjudicaciones públicas o decisiones de índole administrativa llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Valencia».
«La investigación desarrollada a lo largo de la presente instrucción, --insisten-- ha permitido aunar numerosos indicios en este sentido y que se suman a los ya existentes. Así mismo, no se han evidenciado elementos,que desvirtúen esta hipótesis, pese a la gran cantidad de diligencias practicadas».
Con respecto al cobro de estas supuestas comisiones, la UCO concluye que para el cobro de las comisiones la dinámica seguida consistiría en haber pactado el importe de la comisión y, tras esto, determinar que una parte de la misma se abonase en efectivo y, la restante, a través de facturación con el despacho Corbín Abogados.
En este sentido, pone ejemplos concretos. Uno de ellos sería la UTE Los Hornillos, que fue adjudicataria en 2005 de un contrato público por parte del EMTRE para la construcción y gestión de una planta de residuos. Según el informe, el importe que, como consecuencia de lo anterior, esta UTE debía abonar a José María Corbín ascendía a 2.250.000 euros (1.800.000? a través de contratación (15.000 euros/mes x 12 meses x 10 años) y 450.000 en efectivo.
Circunstancias surgidas posteriormente, según la Benemérita, hicieron que esta forma de pago se viese alterada, habiéndose facturado por Corbín Abogados únicamente 705.000? (IVA no incluido), en lugar de los 1.800.000? inicialmente acordados. Esto podría haber tenido como consecuencia, siempre según el informe, la percepción por su parte de una compensación en efectivo del resto del importe.
Por último, el dossier aporta documentación relativa a la supuesta comisión por parte de Corbín de presunta defraudación tributaria. Se trata de una serie de anotaciones manuscritas de los ejercicios 2015 y 2016 en la que se recogen, como opciones para «aparentemente reducir el pago de tributos», la siguientes: «Hacer un pto a alguien fallecido o a una sociedad sin actividad» o «hacer una fact. Reforma por 60.000+IVA le costaría pagar el IVA de 12.600 a quien sea».
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