«Este Consell no deja de sorprenderse de ver los límites hasta los
que podía llegar la inoperancia y la mala praxis de muchas acciones del
Gobierno anterior. En este caso son 170.000 euros de todos los
valencianos por unas subvenciones al socio del hermano de Ximo Puig que
nunca se debieron de conceder», ha manifestado la consellera en un
comunicado.
La portavoz del Consell se ha referido de este modo a las cuatro
sentencias del TSJCV que eximen a las empresas Canal Maestrat SL y Kriol
Produccions SL, propiedad de los socios en el negocio audiovisual de
Francis Puig, de reintegrar a la Generalitat los 170.819,98 euros
mencionados en concepto de subvenciones porque la Conselleria de
Educación se los reclamó fuera de plazo.
La sección cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha estimado los
recursos interpuestos por Canal Maestrat y Kriol Produccions, empresas
vinculadas a Francis Puig, por lo que no tendrán que devolver más de
170.000 euros en subvenciones concedidas al fomento del valenciano por
el anterior Consell, y cuyo retorno había reclamado al detectar
irregularidades.
La Sala considera que habían caducado los plazos
administrativos para resolver esa devolución.
De esta forma, el alto tribunal, en cuatro resoluciones, estima los
recursos presentados por ambas empresas de comunicación audivisual
vinculadas al hermano del expresidente de la Generalitat y ex secretario
general del PSPV, Ximo Puig, contra las resoluciones de la Conselleria
de Educación que obligaban a esas mercantiles a devolver subvenciones
por un importe total superior a los 170.000 euros: 73.209, 17.372 y
55.260 euros en el caso de Canal Maestrat, y 24.976, en el de Kriol.
«Estas sentencias, que no entran a valorar el fondo del asunto,
explican que la Conselleria encabezada entonces por Vicent Marzà pudo
haber declarado de oficio la caducidad del expediente abierto una vez se
le agotaron los doce meses preceptivos para requerir a las empresas la
devolución de las subvenciones», ha señalado el Consell.
Según Merino, eso «le hubiera permitido al anterior Consell abrir un
nuevo expediente de reintegro al encontrarse dentro del plazo de cuatro
años que establece la Ley General de Subvenciones».
«Después de un año entero para reclamarlas, a la Conselleria de
Educación se le ocurrió lo peor, que fue reclamarlas fuera de plazo en
lugar de caducar el expediente e iniciar uno nuevo porque entonces había
posibilidades», ha relatado Ruth Merino.
Y ha añadido: «No sabemos si fue por incompetencia, inoperancia o
incluso por connivencia también de Compromís con los socios del hermano
de Ximo Puig, pero llegamos a esta chapuza en toda regla que lo que
supone es una especie de perdón a determinadas personas a costa de que
paguemos ese dinero todos los valencianos», ha criticado la consellera
de Hacienda.
Merino ha explicado que la Abogacía dispone de 30 días desde la
notificación de las sentencias para dar «todos los pasos» y estudiar un
posible recurso que permita «recuperar hasta el último céntimo de los
valencianos».
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