Así consta en una resolución del Síndic, recogida en su memoria anual de 2023, a raíz de la queja de un ciudadano por el "mal funcionamiento" de la empresa pública Sitval. Desde febrero del año pasado, esta sociedad gestiona las ITVs de la Comunitat Valenciana, después de el servicio se revirtiera a gestión pública poniendo fin a 25 años de privatización.
En su queja, el afectado aludía a la supresión del servicio de ITV móvil en el municipio alicantino de Xixona y al hecho de no poder conseguir cita previa en las ITVs cercanas de El Campello, Alicante y Alcoy con fecha límite 1 de julio. Según el denunciante, esta situación le obligo a coger cita en Villena, a 60 kilómetros de distancia de su población.
El defensor del pueblo admitió a trámite la reclamación y pidió información a la administración. Transcurrido el plazo establecido de un mes, la Generalitat no remitió el informe requerido, por lo que para el Síndic "resulta forzoso partir de la veracidad de los hechos denunciados y de la pasividad de la administración autonómica a la hora de resolver las solicitudes presentadas".
En su argumentación, el defensor no ve "razonable" y considera "desproporcionado o contrario a los principios de una buena administración" que las estaciones de ITV que prestan un servicio obligatorio para garantizar la seguridad de los vehículos en circulación "demoren mediante cita previa por plazo no inferior a dos meses la obtención de fecha para pasar dicha revisión obligatoria".
Según advierte, esto puede redundar en una situación de riesgo para la circulación de los vehículos que no hayan podido obtener cita previa para pasar la revisión en fechas anteriores a la de la caducidad del plazo previsto en la revisión anterior.
"Resulta inaceptable que el particular no pueda obtener cita previa para la revisión de su vehículo en un plazo menor de dos meses en las estaciones ITV más próximas a su domicilio", añade, y señala que esta situación podría llevar a incumplir la fecha de vigencia del certificado del vehículo "por circunstancias ajenas a la voluntad de su titular" a causa del "mal funcionamiento del servicio de cita previa".
Además, el Síndic alude a la "falta de colaboración" de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo al no haber remitido el informe requerido en el plazo legal máximo de un mes. Es por eso por lo que avisa que, si persiste esta falta de colaboración, la hará constar en posteriores resoluciones.
"La persistencia en las actitudes obstaculizadoras que derive en un comportamiento hostil o sistemáticamente entorpecedor de las investigaciones llevadas a cabo por el Síndic de Greuges dará lugar a un informe especial de carácter monográfico, en el que se identificará a las autoridades y al personal que sean responsables de lo sucedido", subraya.
Por todo ello, el defensor resolvió instar a la Conselleria a atender este tipo de situaciones, a realizar las actuaciones oportunas para comprobar los hechos denunciados y, en su caso, a adoptar las medidas necesarias para garantizar que se pueda obtener cita previa en las ITVs más cercanas. También le recordó su deber legal de colaborar con esta institución.
Finalmente, al no recibir respuesta, el Síndic emitió la resolución de cierre del expediente a finales de octubre "sin solución de la queja".
No hay comentarios:
Publicar un comentario