ALICANTE/BENIDORM.- La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha
condenado al Ayuntamiento de Benidorm a abonar 283.055.750,12 euros, más
los intereses legales, a propietarios de terrenos en el Sector APR-7
del parque natural de la Serra Gelada.
La Sala ha estimado así
el recurso interpuesto por Murcia Puchades Expansión SL y Urban
Villajoyosa 2000 SL, después de que el Juzgado de lo
contencioso-administrativo nº 3 de Alicante desestimara su
reclamación de reconocimiento de derechos y cumplimiento de convenio
urbanístico, consistente en compensación por los aprovechamientos
urbanísticos de los terrenos de su propiedad incluidos en el Sector
APR-7 y cifrara la indemnización en 636.116,27 euros.
El
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Alicante falló a
favor del Ayuntamiento de Benidorm al declarar nulos los convenios
urbanísticos firmados en los años 2003, 2010 y 2013.
No
obstante, tras el recurso la sentencia del TSJCV, apunta que la sentencia previa de un juzgado de
Alicante "incurre en error de hecho, cuando afirma que los terrenos
incluidos en el Área de Planeamiento Remitido (APR7) nunca han ostentado
la condición de suelo urbano, error propiciado por un equívoco relato
de los hechos, articulado por el Ayuntamiento con base en el informe
emitido por el Arquitecto municipal".
Las fincas objeto del
recurso tienen una superficie de 1.973.356,75 m2 una de ellas, de los
cuales 386.144 m2 se encuentran incluidos en el ámbito del Sector APR-7;
76.455 m2 otra, incluidos en su totalidad en el Sector APR-7; y
31.815,75 m2 la tercera, incluidos en su totalidad en el Sector APR-7.
La Sala apunta que dichas fincas "recaen en la zonificación
establecida por el PGOU de 1963 como 'especial', 'X' e 'Y' y añade que
la configuración de un Área de planeamiento remitido por el PGOU de 1990
"no ha entrado en vigor", ya que fue suspendida por la Generalitat en
su momento, por lo que se encuentra "en fase de exposición pública de
evaluación ambiental como suelo no urbanizable de especial protección".
Por tanto, "permaneció la clasificación urbano que tenía atribuida
por el PGOU de 1963".
"Es por ello que, a nivel del planeamiento
municipal, tales suelos permanecen clasificados como urbanos, en la
actualidad", precisa la sentencia.
Tras conocerse la sentencia, que no es firme y es susceptible de
recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo o ante la Sala
de lo Contencioso-administrativo del TSJCV, el alcalde de Benidorm, Toni
Pérez, ha anunciado que el Ayuntamiento presentará un recurso de
casación.
En concreto, ha avanzado que, en primer lugar, los
servicios jurídicos municipales van a solicitar al TSJ una aclaración de
la sentencia, para lo cual hay un plazo de dos días hábiles a contar a
partir de este jueves, cuando se ha notificado a efectos legales. El
siguiente paso será la interposición de un recurso de casación, con el
objetivo de "seguir defendiendo el interés general", según ha indicado
el consistorio en un comunicado.
En su comparecencia, Pérez
ha lanzado "un mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía. "Aquí hay un
gobierno muy responsable, muy eficaz y que trabaja y se deja la piel en
la defensa del interés general de los benidormenses, como vamos a seguir
haciendo, desde el máximo respeto siempre a la Justicia", ha sostenido.
Además, ha resaltado que, hasta ahora, todas las sentencias y
pronunciamientos jurídicos "habían ido en el camino de dar la razón a la
postura que ha mantenido el Ayuntamiento" y ha expresado su "convicción
de que esto no tiene espacio para la política, sino para la gestión,
para defender el modelo Benidorm y seguir apostando por proteger el
territorio y también el planeta".
Pérez ha reconocido que la
sentencia "supone un claro revés" para el municipio tanto en lo jurídico
como en lo económico. "Pero vamos a trabajar por defender y por
recuperar la razón que hasta ahora siempre nos habían dado los
tribunales", ha sostenido.
Sobre el alcance económico del
fallo, Pérez ha destacado que esta indemnización, más sus intereses
legales, se corresponderían "prácticamente con tres presupuestos
municipales completos" y ha añadido que no conoce "ninguna otra
sentencia que pueda infringir un golpe así a un ayuntamiento, a pesar de
tratarse de una cuestión que no afecta solo al ámbito municipal".
"Estamos hablando de un suelo que forma parte de un Parque Natural y
que, impidiendo la construcción, ofrecemos como espacio verde y
protegido a tantos y tantos millones de personas que vienen aquí para
ser felices. A lo mejor tiene que ser una cuestión de Estado, al igual
que muchas administraciones que adquieren muchísimo suelo en muchísimos
sitios para hacer cosas", ha recalcado.
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