PP y Vox aprueban el nuevo decreto sobre viviendas turísticas en la Comunitat

 VALENCIA.- El PP y Vox han aprobado este jueves en Les Corts el nuevo decreto sobre viviendas turísticas en la Comunitat Valenciana: "Responde a una demanda social", ha afirmado la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Comunitat Valenciana, Nuria Montes.

Se trata del decreto ley 9/2024, de 2 de agosto, del Consell, de modificación de la normativa reguladora de las viviendas de uso turístico, que ha sido aprobada con los votos del PP y Vox. Por su parte, PSPV y Compromís --que han pedido que se tramitara como proyecto de ley, sin éxito-- han votado en contra.

La consellera ha explicado en su comparecencia en la Diputación Permanente de Les Corts que hay que encontrar un "equilibrio" entre la convivencia y la actividad turística y, por este motivo, surge este decreto que "cuenta con el respaldo no solo de las principales organizaciones empresariales dedicadas al alojamiento turístico, sino también con organizaciones sindicales y representantes de consumidores", ha puesto como ejemplos.

Se trata de una norma, ha subrayado, que "responde a una demanda social" y que "no está hecha desde un despacho de espaldas al sector, sino que se ha desarrollado con el concurso del mismo", ha insistido.

La consellera se ha detenido en desgranar algunas de las principales medidas contempladas en la norma y, entre ellas, se ha referido a que se ha fijado la fecha del 31 de diciembre de 2024 para que se comunique la referencia catastral de todas las viviendas de uso turístico que quieran estar autorizadas. Las que no lo hagan causarán baja.

Además, el decreto, ha añadido, diferencia entre vivienda de uso turístico y el de otros alquileres de temporada. "Todo alquiler de 10 días o menos, será turístico y quedará sujeto a la normativa autonómica. Por encima de 10 días se regirá por la Ley de Arrendamientos Urbanos", ha dicho.

Asimismo, ha comentado que este decreto "refuerza" la autonomía de los ayuntamientos para que tengan capacidad de gestión y decisión en el modelo turístico más adecuado para su territorio. 

"Pensamos que los ayuntamientos --ha añadido-- podrán establecer limitaciones proporcionadas, objetivas, claras, inequívocas y que cuenten con la publicidad necesaria. Ya sabemos que hay ayuntamientos, muchos de ellos de diferentes signos políticos, que ya han anunciado medidas".

Otra novedad que contempla el decreto es la posibilidad de cesión de las competencias de inspección. "A partir de enero 2025, una vez depurado el registro, actualizaremos a los ayuntamientos información de las viviendas de uso turístico en sus municipios y cada tres meses actualizaremos información".

Por otro lado, ha dicho que las licencias de uso turístico de las viviendas dejarán de ser indefinidas y se someterán a una validez máxima de cinco años. Luego se podrán actualizar en función de las modificaciones que se hayan podido hacer en los ayuntamientos o en las comunidades de propietarios, ha señalado.

Por otro lado, la consellera ha indicado que en el caso de venta o transmisión de la propiedad, se perderá la licencia y el nuevo propietario tendrá que gestionar una nueva desde el inicio, sea cual sea la fecha de autorización concedida.

En materia de seguridad y convivencia también habrá "importantes novedades" como la posibilidad de establecer un reglamento de régimen interior en cada vivienda, cuyo incumplimiento de lugar a la terminación del contrato de alojamiento sin derecho a reembolso ni compensación alguna.

El diputado del PP Salvador Aguilella ha destacado que el decreto favorecerá un turismo "más sostenible, seguro, equilibrado y se dará más autonomía a los municipios", ha destacado.

Por su parte, desde Vox, el diputado David Muñoz ha afirmado que su grupo apoyaba el decreto ya que, "a diferencia de las nefastas políticas llevadas a cabo hasta ahora, puede que la regulación mejore en cierta medida o facilite la convivencia necesaria entre el derecho de propiedad y la función social de la vivienda", ha destacado.

Desde el PSPV, la diputada Mayte García ha afirmado: "Ya empezamos mal", y se ha referido a que el decreto cuenta con informes con reparos y a que "llega tarde". "Las aportaciones hechas no solucionan el problema de base, sino que lo acrecientan", ha subrayado.

"Hacen falta --ha añadido-- muchas otras medidas pero ninguna pasa por hacer lo que han hecho ustedes, como recortar presupuestos contra el intrusismo", ha apostillado.

Y se ha preguntado: "¿Por qué no han informado antes de esto?; ¿por qué han tardado tanto tiempo en presentarlo?; por qué se ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la Abogacía de la Generalitat?; ¿por qué no se ha consultado con el principal partido de la oposición?". El decreto, ha apostillado, "no soluciona el problema ni presenta medidas efectivas".

Por su parte, la diputada de Compromís Isaura Navarro ha criticado algunas de las novedades del decreto como la renovación de licencia cada cinco años o los 10 días de limitación. "Su decreto es un drama y lo mejor que pueden hacer es retirarlo o tramitarlo como proyecto de ley para poder arreglarlo", ha reclamado.