VALENCIA.- La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha
desestimado el recurso presentado por una decena de ayuntamientos contra
el acuerdo del Consejo de Ministros, de 21 de febrero de 2023, de
clausurar el tramo ferroviario Tarancón-Utiel de la línea 03-310
Aranjuez-Valencia Fuente de San Luis, que se confirma por no ser
disconforme a derecho.
El tribunal destaca que la parte
recurrente se ha limitado a alegar la supuesta ilegalidad del acto
recurrido sin aportar elementos probatorios concretos que acrediten la
arbitrariedad o la vulneración de derechos, por lo que no existe
fundamento legal que justifique su anulación.
En relación a la
rentabilidad económica, la sentencia recoge el informe de la empresa
estatal INECO que describe el estado actual de la línea evidenciando el
débil tráfico que soporta la infraestructura y señala su estado de
conservación deficiente, con limitaciones significativas de velocidad
debido al deterioro acumulado.
Asimismo, se analiza la disminución de
población en las zonas afectadas desde 2009 y la constante caída de la
demanda de usuarios.
Este documento añade, según explica el
Supremo, que la línea no alcanza los umbrales mínimos establecidos en el
acuerdo del Consejo de Ministros de 2017, especialmente en cuanto a la
ratio de compensación por viajero y recurrencia.
Respecto a la
justificación social del cierre de la línea, la sentencia explica que
no deriva del informe de INECO, sino en especial del Protocolo General
de Actuación para el desarrollo de un proyecto integral de movilidad,
desarrollo territorial y transformación urbana en la provincia de
Cuenca, asociado al cambio de uso del tramo Tarancón-Utiel de la línea
entre Aranjuez y Valencia Fuente de San Luis, de fecha de 9 de marzo de
2022, suscrito por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación
Provincial de Cuenca, el Ayuntamiento de Cuenca y ADIF, y que fue objeto
de publicación en el Boletín Oficial del Estado el día 25 de mayo de
2022.
La Sala destaca que se trata de un acuerdo consensuado
fruto de la colaboración y cooperación entre diversas Administraciones
Públicas, todas ellas afectadas por la decisión final de cierre.
El tribunal concluye que del análisis de las alegaciones formuladas
en el periodo de consulta por diversas corporaciones representativas de
los intereses de sus respectivas poblaciones, así como del contenido del
Protocolo de Actuación, se desprende que el Consejo de Ministros ha
dispuesto de la información suficiente para poder adoptar la decisión de
la clausura del tramo ferroviario Tarancon-Utiel desde la perspectiva
de la valoración del interés social.
Así, del examen del
Protocolo se infieren varios aspectos sociales positivos relacionados
con las propuestas de actuación tras la clausura de la línea ferroviaria
Aranjuez-Cuenca-Utiel.
Estos incluyen mejoras en la movilidad regional
incrementando los servicios ferroviarios AVANT en la línea de alta
velocidad Madrid-Cuenca-Albacete, y extensión de servicios alternativos
de transporte público en las localidades afectadas.
Además, el
acuerdo busca adecuar, según explica la resolución, el tramo
Tarancón-Utiel de la línea de ferrocarril convencional a un uso distinto
que permita obtener un valor sostenible, tanto de su configuración como
de su ubicación territorial y de sus valores ambientales, sociales y
culturales realizando diversas actuaciones.
Entre los actos
previstos incluyen la conversión en una 'vía verde' destinada a peatones
y ciclistas, o cualquier otro uso alternativo que pueda determinarse a
nivel local, y se prevé promover la generación de riqueza y la creación
de nuevas actividades económicas en torno a esta infraestructura, la
puesta en valor de los apeaderos históricos, la integración urbana de
suelos ferroviarios desafectados en varios municipios y la creación de
una vía de comunicación urbana en una parte del tramo afectado.
A juicio de esta Sala, estas medidas buscan transformar el impacto de
la clausura en oportunidades para el desarrollo social y económico de la
región, lo que justifica el cierre de la vía de ferrocarril desde la
perspectiva de la rentabilidad no solo económica, sino también, y en
especial, social.
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