VALENCIA.- La Federació d'Associacions Veïnals de València (FAAVV) ha manifestado,
tras un primer análisis del acuerdo sobre las limitaciones a las
viviendas turísticas en la ciudad, que se trata de una normativa llena
de "buenos propósitos" pero a la que el Ayuntamiento aún debe "darle
credibilidad".
Para ello, la Federación ha exigido que se
apliquen desde este momento "sanciones realmente disuasorias" que no
deberían bajar de los 30.000 euros, tal y como permite la normativa de
urbanismo para eliminar realmente los miles de pisos turísticos que
operan ahora mismo en València al margen del PGOU y ocasionando la
pérdida de viviendas para uso residencial, ha explicado en un
comunicado.
Cabe recordar el Ayuntamiento de Valencia inició
el 31 de enero la tramitación para aprobar y poner en marcha la
ordenanza municipal que regulará los apartamentos turísticos y los usos
hoteleros en la capital valenciana, con la que se persigue que en los
barrios de la ciudad el 98% de los inmuebles sea de uso residencial y
comercial
La FAAVV ha señalado que el Ayuntamiento debe
ordenar el cese de la actividad hotelera en la vivienda aplicando con
más rigor la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje
(LOTUP) pero también dando cuenta a la a la Dirección General de Turismo
de la Generalitat Valenciana del incumplimiento para que active el
procedimiento sancionador mientras llegan las "transferencias de
competencias" anunciadas.
"El Ayuntamiento de Valencia tiene
recursos para hacer mucho más de lo que dice para frenar la subida del
precio de la vivienda, la desaparición del mercado del alquiler y la
actividad descontrolada de los apartamentos turísticos", ha señalado la
presidenta de la FAAVV, María José Broseta, que ha informado además que
va a convocar un encuentro de asociaciones vecinales para analizar
conjuntamente la propuesta y acordar el plan a seguir.
Según
la Federación vecinal, los argumentos expuestos en los distintos
informes citados en la exposición de motivos del acuerdo de la Junta de
Gobierno Local para limitar los pisos turísticos son "incontestables y
dan la razón a las denuncias que desde hace años está realizando el
movimiento vecinal".
"La actividad de las viviendas de uso turístico
(VUT) en la ciudad son un problema de primer orden, afecta a la calidad
de vida de las personas y propicia la especulación con la vivienda".
Sin embargo, a su juicio, "todas las medidas propuestas en el acuerdo
difícilmente tendrán vigencia durante el presente mandato municipal
pues requieren de una tramitación larga e incierta".
Además, considera
que "adolecen de una manifiesta falta de credibilidad, la misma falta de
credibilidad que las moratorias decretadas o las limitaciones ya
existentes en Ciutat Vella o Cabanyal".
Por todo ello, desde
la Federación de asociaciones vecinales se plantea como necesario exigir
al Ayuntamiento que "actúe sin mas dilación con los recursos que sí
tiene, que sea más transparente y pase de las palabras a los hechos".
"Recuperar vivienda residencial, revertir el uso terciario hotelero
debe ser la prioridad, tanto para recobrar la confianza en el gobierno
de la ciudad como para atenuar la emergencia habitacional que no es solo
económica, lo es también generacional", ha concluido la federación.
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