VALENCIA.- El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación tras la dana, Francisco José Gan Pampols, ha asegurado este lunes que no tiene un plazo fijado para finalizar la reconstrucción tras la dana, aunque ha admitido que le «gustaría que fuera antes» del primer aniversario del fatídico 29 de octubre.
«No se puede prometer lo que no se puede cumplir. No tengo un plazo. Me gustaría --y voy a remarcar, me gustaría-- que antes del 28 de octubre la normalidad, tal y como existía antes del día 29, se haya alcanzado», ha manifestado en declaraciones a los medios tras una reunión en Aldaia (con su alcalde, Guillermo Luján.
Respecto a su primer encuentro de esta tarde con el comisionado del Gobierno para la Recuperación, José Mª Ángel, Gan Pampols ha afirmado que acude con «el mejor de los espíritus», al considerar que el también exsecretario autonómico de Emergencias es «alguien que tiene muy claras cuáles son las prioridades para esta tierra».
Sobre si le reclamará algo, ha remarcado que «no es una cuestión de reclamar, sino de acordar».
"Nosotros ahora mismo lo que necesitamos es sacar adelante un plan de recuperación en el que las tareas y el presupuesto que las apoya esté perfectamente definido y satisfecho, ha aseverado.
Respecto a la situación de Aldaya, el conseller para la Recuperación ha abogado por acometer una solución integral en todo el cauce y una serie de obras estructurales en toda la fachada mediterránea, debido a que las sierras prelitorales están cerca del mar y se ven afectadas cuando llueve por la violencia y la cantidad de agua.
Por otro lado, cuestionado por si conoce quién es la persona que ordenó enviar la alerta móvil en la tarde del 29 de octubre, el vicepresidente ha garantizado que la Generalitat aportará esta información, como ha reclamado la jueza que investiga la dana. Aunque ha asegurado que desconoce quién fue, ha indicado que «salvo que sea un sistema automático que responda a la voz» hay alguien que dio esa orden.
Según ha vuelto a explicar, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) constituido por la dana tiene «dos codirectores (Estado y Generalitat) que son corresponsables»: «Estas dos personas toman las decisiones de la única forma que la pueden tomar dos personas, que es por acuerdo. Si una de las dos no está de acuerdo, entonces no hay un acuerdo, no hay una decisión».
«Cuando esa decisión se adopta, hay un mando único que es el encargado de ordenar que se ejecute. Esa orden la recibirá alguien y la ejecutará. No sé quién es esa persona, pero seguro que existe una persona. No hay una consola que tenga cuatro botones para que haya cuatro manos que la aprieten», ha relatado, y ha señalado que «una vez adoptada la decisión, la materialización, el llevarla a la práctica, es del mando único».
Cuestionado entonces por si la decisión final depende de la Generalitat, ha remarcado que no es así, sino que codirigir es «adoptar decisiones entre dos personas».
«Una vez adoptada la decisión, la materialización, el llevar a la práctica, es del mando único. Pero hay que entender bien ese término: dos personas alcanzan un acuerdo y una de las dos está obligada a llevarlo a término», ha expuesto.
Regularización
El Gobierno regularizará a 25.000 migrantes afectados por la dana que asoló Valencia el 28 de octubre del año pasado y en la que murieron más de 200 personas, según ha adelantado 'El País' y han confirmado fuentes gubernamentales.
Las mismas fuentes han asegurado que está previsto que esta medida se apruebe este martes 11 de febrero en el Consejo de Ministros. De esta forma, el departamento que dirige Elma Saiz busca dar una solución a los ciudadanos extranjeros que no han podido renovar su permiso de residencia y trabajo como consecuencia de las inundaciones.
"Estamos estudiando desde el absoluto rigor jurídico con muchísima sensibilidad y pronto daremos a conocer las medidas que vamos a adoptar, pero siempre desde la seguridad jurídica", avanzó la ministra Saiz el 29 de enero tras participar en el pleno del Consejo Económico y Social (CES).
Según entidades sociales de la Comunidad Valenciana, actualmente, tanto las ayudas estatales como las autonómicas exigen disponer de DNI o NIE, además de otros requisitos --como contrato de trabajo o de alquiler o cuenta bancaria--, que "excluyen a las aproximadamente 40.000 vecinas y vecinos de las zonas afectadas que se encuentran en situación administrativa irregular, uno de los colectivos con mayor desprotección social".
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