miércoles, 9 de abril de 2025

APTUR CV recurre la paralización de licencias y los 'cinco candados' del Ayuntamiento de Valencia


VALENCIA.- La Asociación de Apartamentos Turísticos de la Comunidad Valenciana (APTUR CV) ha presentado un recurso contra el Ayuntamiento de Valencia al considerar la paralización de licencias para nuevas viviendas de uso turístico (VUT) como "una medida desproporcionada y carente de justificación sólida".

Asimismo, ha acusado al consistorio y su política de los "cinco candados" --los mecanismos o filtros de control para la autorización de alojamientos turísticos recogidos en la ordenanza municipal planteada por el Ayuntamiento para regular los apartamentos turísticos y los usos hoteleros-- de "ignorar los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica, y de basarse en suposiciones injustificadas y arbitrarias".

El recurso se acompaña de un dictamen pericial elaborado por la consultora especializada en Big Data y Location Intelligence inAtlas, que, según ha afirmado APTUR CV en un comunicado, "desmonta categóricamente los argumentos del Ayuntamiento con datos precisos".

Entre los datos del dictamen, la patronal ha destacado que "el 75% de las viviendas de uso turístico registradas entre 2018 y 2024 se sitúan en locales comerciales transformados, desmintiendo cualquier impacto negativo en la vivienda".

Además, sostiene que el 62,7% de esos locales llevaban más de cinco años cerrados antes de su cambio de uso. En esta línea, destaca que solo 363 VUT se localizaron en viviendas en ese periodo, lo que supone menos del 1% del parque de viviendas vacías de Valencia.

APTUR ha añadido, en base al informe, que la ciudad ha invertido en vivienda 35,54 euros por habitante en los últimos ocho años, ocho veces menos y a la cola de las ocho principales ciudades de España, que gastaron de media 293,89 euros por habitante.

La presidenta de APTUR CV, Silvia Blasco, "es imprescindible que las decisiones que afectan a nuestra ciudad se basen en datos reales y hechos objetivos, no en un relato infundado que ignora la realidad social de Valencia".

En su opinión, "la moratoria está totalmente injustificada y es arbitraria. Con esta medida, el Ayuntamiento de Valencia está actuando de forma irresponsable y mintiendo a la ciudadanía sobre las verdaderas causas del problema de vivienda en nuestra ciudad."

En el recurso también se pone de manifiesto que los informes en los que se ha apoyado el Ayuntamiento para justificar la suspensión presentan "deficiencias técnicas notables" según la consultora inAtlas.

En este sentido, destaca que el 'Informe Castroconsulting' contiene "confusiones conceptuales", y el 'Informe VisitValencia' "sobreestima en un 60% la oferta de viviendas turísticas debido a errores en las fuentes". 

"Estos fallos metodológicos generan conclusiones sesgadas que no reflejan la realidad del impacto de las VUT", según APTUR CV.

El estudio aportado por la patronal afirma que los visitantes alojados en VUT constituyen apenas el 0,63% del total de personas que transitan por la ciudad de València.

Por otro lado, en referencia al comercio minorista, el dictamen expone que ha crecido un 1,24% en la última década, datos que para APTUR CV "contradicen la afirmación del consistorio de que las VUT acaban con el comercio local".

Además, señala que Valencia ha aumentado su población en 32.927 habitantes desde 2018 y que el núcleo Ciutat Vella ha crecido un 10,26% en población y un 11,15% en número de familias residentes, "reflejando un dinamismo urbano y social que nada tiene que ver con la falacia del Ayuntamiento de que las VUT expulsan a la población".

APTUR ha expuesto que las viviendas de uso turístico y los apartamentos turísticos generaron "un impacto económico de 830 millones de euros en la ciudad, acogieron a 1.370.000 personas y crearon cerca de 4.000 empleos directos e indirectos en Valencia capital".

Por último, también acusa al Ayuntamiento de Valencia por "la ausencia de un periodo de información pública previo a la suspensión, y subraya una falta de transparencia y de compromiso con los ciudadanos y las entidades afectadas". 

La asociación confía en que este recurso "impulse una revisión de las políticas en todo el territorio autonómico".

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