VALENCIA.- La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha urgido al
'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y a la
vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero, a dar
explicaciones y a depurar responsabilidades sobre la polémica en las
adjudicaciones de las viviendas de protección pública (VPP) en Playa de
San Juan (Alicante).
"Aquí ha habido claramente una perversión
de lo que debe de ser una promoción de vivienda pública y de protección
oficial, y lo que pedimos es responsabilidades porque estamos hablando
de hechos muy graves que apuntan a la implicación no solo del
Ayuntamiento de Alicante, sino también de la Generalitat Valenciana", ha
aseverado en declaraciones a los medios.
Por tanto, Morant
ha señalado que "tendrá que responder a esto también la vicepresidenta
primera y el propio 'president' de la Generalitat, porque si lo que
hemos sabido se está extendiendo a toda la Comunitat Valenciana, el PPCV
está utilizando la mayor crisis de la vivienda de la historia para
hacer negocio y para su propio beneficio, y eso desde luego es
absolutamente denunciable".
Según ha expuesto, ya se puede
afirmar que no son "ni presuntas" irregularidades: "Que una concejal de
urbanismo de un ayuntamiento quede como adjudicataria de un piso, que
los técnicos municipales que han participado del concurso de esa
adjudicación también se queden dos pisos, que haya un jefe de gabinete
de una consellera que anteriormente era el jefe de gabinete de la
vicealcaldesa de Alicante también se ha adjudicatario de un piso, estas
cosas nunca son casualidad".
Además, la dirigente socialista
ha reclamado la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, "como
máximo responsable, porque es imposible que con todo lo que ha sucedido
en el Ayuntamiento y todo lo que queda por saber no estuviera al
corriente y lo haya permitido".
Respecto a qué medidas tomará
el PSPV para que esto no vuelva a suceder, ha indicado que "hay muchas
formas de adjudicar vivienda de protección oficial sin cometer fraudes o
tráfico de influencias", mientras en este caso ha advertido que "se
apunta a cinco delitos como mínimo que se hayan podido cometer".
"Lo que han hecho es infringir la ley cuando ya existen las leyes
para que esto no ocurra. Lo que hay que vislumbrar es precisamente si
han incumplido la ley y qué responsabilidades tienen que asumir; no solo
las penales, sino también las políticas", ha argumentado, y ha
lamentado que la ciudadanía pueda pensar si los políticos "se dedican a
construir vivienda para repartírsela a ellos mismos".
Por
contra, ha defendido que "normalmente, en una promoción de vivienda
pública en la que el ayuntamiento ha cedido el suelo, salen unas
viviendas con un precio mejor y más equitativo, pero salen para las
familias que tienen una vulnerabilidad o que necesitan estas viviendas.
No ni para venderlas, ni para alquilarlas, desde luego no para venderlas
por el doble del precio y en dinero B".
Y ha enmarcado la polémica en
"la manera que ha tenido siempre de trabajar el Partido Popular y el
modelo de sociedad que defiende el PP".
La
polémica ha llegado tras conocerse que la hasta hace unos días concejala
de Urbanismo en el Ayuntamiento, Rocío Gómez, y que familiares de la
también dimitida directora general María Pérez-Hickman, así como un
arquitecto municipal, están entre los adjudicatarios de VPP.
Ante estos
hechos han dimitido Gómez, Pérez-Hickman y el jefe de gabinete de la
Conselleria de Industria, Miguel Ángel Sánchez, que negó tener
vinculación "jurídica, patrimonial ni administrativa" con la promoción,
aunque una de las adjudicatarias es la madre de sus dos hijas.
Del mismo modo, la Generalitat ha suspendido de empleo y sueldo a un
funcionario por un visado de esta promoción, al ser marido de una
solicitante que resultó adjudicataria y que es "funcionaria del
Ayuntamiento de Alicante" y por supuestamente omitir datos relevantes
sobre la unidad de convivencia de la que él formaba parte.
Sobre la situación de la exedil de Urbanismo, Barcala afirmó en el pleno
al respecto que "al menos dos familiares estaban también implicados" y
avanzó: "Ejerceremos acciones legales para que quienes ilegítimamente
han adquirido viviendas en Les Naus las pierdan".
El alcalde también anunció la apertura de un expediente informativo a dos técnicos de Urbanismo beneficiarios directos de viviendas de esta cooperativa para conocer y, en su caso, depurar responsabilidades.
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