Las patronales de la Federación de Asociaciones del Tercer Sector en
el ámbito de la Protección de la Infancia, Juventud y Familia (FEPJJ) y
Asociación Profesional de Instituciones de Menores (APIME), que piden
una reunión con el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca,
han explicado en un comunicado que las asociaciones y fundaciones «se
han visto abocadas a rechazar la propuesta debido a la insuficiencia
presupuestaria de la administración».
En esta línea, han indicado que aceptar las condiciones actuales
«obligaba a las entidades a situarse ante tres riesgos inasumibles»:
tener que aportar «fondos propios» para garantizar la calidad de la
atención a los niños, niñas y adolescentes; tener «graves dificultades»
para hacer frente a las retribuciones de sus plantillas --que suman en
torno a 3.500 personas trabajadoras-- y «poner en riesgo la propia
sostenibilidad de las entidades, todas ellas sin ánimo de lucro».
El sector ha apuntado que este escenario de infrafinanciación
estructural arranca en junio de 2022, momento en el que se inició la
acción concertada vigente con unos módulos económicos «que ya nacieron
desfasados».
Pese a las alegaciones y los «intentos de reequilibrio»
planteados desde entonces, las entidades arrastran «un déficit de
financiación» que ahora denuncian que se pretende prolongar «dos años
más» y que afectaría «de lleno a la propia sostenibilidad del sistema de
protección».
Ante la falta de mutuo acuerdo para la prórroga, el Decreto
181/2017, por el que se establece el Reglamento de acción concertada a
entidades de iniciativa social en el ámbito de los servicios sociales,
indica que la Generalitat Valenciana «debería asumir la gestión de estos
centros con medios propios o, en su defecto, realizar una nueva
convocatoria».
Para las patronales, este último escenario permitiría retomar el
objetivo inicial de la Conselleria, que había comunicado reiteradamente
que en marzo de 2027 «habría una nueva convocatoria de acción
concertada».
A pesar de haber formalizado este rechazo, las asociaciones
y fundaciones reafirman su «firme compromiso» con los niños, niñas y
adolescentes y con la propia Generalitat Valenciana «para garantizar sus
derechos».
En las alegaciones presentadas en el trámite de audiencia, el sector
apuesta «de manera clara» por un «proceso de diálogo» con la
administración autonómica que evite una situación que es «indeseada para
todas las partes».
Conscientes de que los problemas aducidos por la
Conselleria se concretan en la disponibilidad presupuestaria y los
tiempos de gestión, las patronales representativas han solicitado una
reunión al 'president' de la Generalitat Valenciana con el fin que
«impulse la búsqueda de una salida acordada a esta situación».
Desde FEPJJ y APIME han recalcado que la acción concertada vigente
concluye el próximo 1 de julio de 2026, por lo que todavía «hay margen
para actuar».
«Compartimos la voluntad de solucionar esta situación, y
tenemos que dotarnos del tiempo de diálogo que sea necesario para
conseguirlo.
La respuesta a las alegaciones presentadas en el trámite de
audiencia puede dotarnos de ese escenario para alcanzar un acuerdo
antes del vencimiento de los conciertos», han concluido las patronales.
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