VALENCIA.- UGT Ensenyament ha denunciado una serie de "malas prácticas" por parte
de la Conselleria de Educación que considera "incompatibles con un
proceso de negociación serio, transparente y respetuoso con los
representantes legítimos del profesorado valenciano", en el marco de la
huelga indefinida de la educación pública no universitaria que entra
este lunes en su quinta semana.
Para el sindicato, durante las
últimas semanas, la respuesta de la Administración ha estado marcada
por "decisiones que dificultan el diálogo social y generan un clima de
tensión innecesario", ha reprochado en un comunicado.
Por un
lado, se ha referido a la "presencia policial desproporcionada", con "un
importante despliegue de efectivos de seguridad" durante las
movilizaciones que "transmitía una imagen improcedente hacia
profesionales de la enseñanza que ejercían legítimamente su derecho en
la protesta".
Además, ha criticado que la Conselleria impidió
el acceso al recinto de su sede y obligó las personas concentradas a
permanecer en el exterior, mientras se desplegó "un amplio dispositivo
policial que llegó a restringir accesos a la vía pública, una medida
difícilmente justificable si se tiene en cuenta que las concentraciones
desarrolladas dentro del jardín no obstaculizaban ni el funcionamiento
ordinario del edificio ni el acceso a sus dependencias".
En el
marco de la mesa sectorial del 31 de mayo, UGT ha recordado "el grave
incidente sufrido por una maestra jubilada, que resultó herida después
de ser empujada por un agente policial y sufrir una caída de
considerable impacto".
También ha criticado las "amenazas" de la
Conselleria con sanciones muy graves y posibles acciones penales a los
representantes de STEPV, CCOO y UGT que decidieron permanecer en la sala
de actas para "continuar reclamando una revisión salarial justa".
"UGT considera absolutamente inadmisible que, en el marco de un
conflicto laboral y de un proceso de negociación colectiva, se utilicen
advertencias disciplinarias y penales contra representantes sindicales
que ejercen legítimamente sus funciones de defensa de los trabajadores y
trabajadoras".
Por otro lado, ha criticado la "falta de
transparencia en la convocatoria del 4 de junio", cuando Educación
convocó a la mesa "sin adjuntar la documentación necesaria para que las
organizaciones sindicales pudieron analizarla adecuadamente y preparar
sus propuestas".
"Coincidiendo con una importante movilización
del profesorado, el equipo negociador se desplazó en la Consejería para
solicitar la documentación pendiente. La respuesta fue sorpresiva: al
ver llegar a los miembros de la comisión negociadora, los responsables
de seguridad ordenaron el cierre de todas las puertas del edificio e
impidieron el acceso. Ni siquiera se permitió a los representantes
sindicales permanecer en la entrada del edificio, a la sombra, mientras
esperaban la documentación requerida", ha relatado.
UGT ha
añadido que la Conselleria, a pesar de asegurar que la documentación
sería enviada durante la jornada, "volvió a incumplir su compromiso" y
"la documentación no se facilitó hasta el mismo día de Mesa Sectorial".
En su opinión, "este procedimiento vulnera los principios básicos de la
negociación colectiva e imposibilita un estudio riguroso de las
propuestas antes de las reuniones de trabajo".
El sindicado ha señalado también que el hecho de que la última
reunión fuese grabada y retransmitida en directo "transformó un espacio
institucional de negociación en una escenificación pública más próxima a
un ejercicio de propaganda política que a una mesa de trabajo entre la
Administración y los representantes de los trabajadores".
Para
UGT, "la voluntad de la Conselleria de controlar el relato público
quedó desmentida por la propia percepción del profesorado, que pudo
comprobar de primera mano la falta de voluntad negociadora de la
Administración y, al mismo tiempo, el trabajo y el compromiso de UGT en
la defensa de una educación pública de calidad y de unas condiciones
laborales dignas para el conjunto del personal docente".
En Mesa Sectorial del 5 de junio, UGT exigió reclamó que el 100% del
dinero retenido a través de los descuentos derivados de las jornadas de
huelga se destinen de manera finalista a la escuela pública,
especialmente a la atención a la diversidad, la mejora de
infraestructuras educativas y el apoyo al alumnado más vulnerable.
"Resulta inaceptable que la movilización del profesorado en defensa
de la enseñanza pública se traduzca en un ahorro limpio para la
Administración", ha reprochado.
Según el sindicato, "la
respuesta del secretario autonómico de Educación, que afirmó con un tono
irónico y despectivo que el dinero irían a las 'arcas públicas y que
por ley ya se haría la distribución', constituye una muestra de
prepotencia institucional y una falta de respeto hacia el colectivo
docente".
Por todo lo anterior, UGT ha exigido a la
Conselleria que "abandone estas actitudes, recupere el diálogo y respete
plenamente los derechos sindicales".
"El sistema educativo valenciano necesita negociación real, compromisos concretos y voluntad de acuerdo; no intimidaciones, obstáculos ni operaciones de marketing político", ha zanjado.
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