VALENCIA.- La Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado un acuerdo en
el que expresa su «preocupación» ante las «negativas consecuencias» y
«perjuicios» que generará la «denegación» de la autorización económica
por parte del Ministerio de Justicia para la prórroga de «numerosas medidas de refuerzo» en los órganos judiciales de la autonomía.
El órgano de gobierno de los jueces y tribunales valencianos, que se
ha reunido este miércoles bajo la presidencia del presidente del TSJCV,
Manuel Baeza, ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial que
inste al Ministerio a «reconsiderar» su decisión, según ha informado el
alto tribunal valenciano en un comunicado.
El acuerdo llama «especialmente» la atención sobre la denegación de
la prórroga de las nueve comisiones de servicio con que contaban las
plazas judiciales del orden civil con competencias exclusivas y
excluyentes a nivel provincial en materia de condiciones generales de la
contratación con garantías hipotecarias, los conocidos como juzgados de
'cláusulas suelo', en Castellón (uno), Valencia (cuatro) y Alicante
(otros cuatro).
El Ministerio de Justicia ha denegado la autorización para la
dotación económica de 18 de las cerca de 30 medidas de refuerzo con
informe favorable de la inspección del CGPJ que habían sido solicitadas
para la Comunitat Valenciana, en su mayor parte como prórrogas de
medidas anteriores en vigor.
Además de las plazas judiciales número 6, 5 y 25 de las secciones
civiles de los Tribunales de Instancia de Castellón, Alicante y
Valencia, respectivamente, que tramitan las demandas por cláusulas
hipotecarias abusivas, se han visto afectados también los Tribunales de
Instancia de Benidorm y Quart de Poblet y las Audiencias Provinciales de
Valencia y Alicante.
La Sala de Gobierno del TSJCV ha trasladado al CGPJ en su acuerdo de
este miércoles su «preocupación» por esta situación, así como «por la
forma y momento en que se ha producido» y ha destacado las «negativas
consecuencias» que tendrá la denegación de estos refuerzos tanto para
los órganos afectados, sobre todo los que se ocupan de las condiciones
generales de la contratación, como para «el servicio público que se
presta a los ciudadanos».
No hay comentarios:
Publicar un comentario