La CAM emitirá cuotas participativas por el 7,5% del excedente de libre disposición

MURCIA.- Caja Mediterráneo emitirá cuotas participativas por valor de un 7,5% del excedente de libre disposición de la caja, después de la aprobación por parte del Consejo de Administración de la entidad reunido en Murcia, según indicaron en un comunicado fuentes de la entidad financiera.

De este modo, la CAM se convertirá en la primera entidad que se capitalice mediante este instrumento financiero, bajo el control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), instancia que ahora deberá aprobar la decisión de la entidad, resaltaron las mismas fuentes.

La emisión acordada «está dentro de los criterios previamente aprobados por la Asamblea General», aseguraron, pues «no supera el límite máximo inicial autorizado del 20% del excedente de libre disposición de la caja y su ejecución se producirá dentro del plazo de tres años otorgado el pasado 14 de diciembre».

En este sentido, fuentes cercanas a la entidad avanzaron que, como en otras ocasiones, podría ser este mismo verano.

La aprobación incluye el acuerdo alcanzado sobre las principales magnitudes de la operación. La emisión representará un 7,5% del excedente de libre disposición de la caja, que vendría a ser «algo similar a los beneficios finales, que hasta ahora se repartían entre Obra Social y reserva, mientras que ahora entra un tercer elemento».

Fuentes cercanas al Consejo de Administración indicaron que «la cantidad que la caja destinará a cuotas participativas se sabrá en el momento de la emisión».

Además, la oferta contempla tres tramos: uno para inversores institucionales, otro para inversores particulares y un tercero para los empleados de Caja Mediterráneo. La operación se realizará mediante una única emisión, con obligación explícita de amortización en caso de que se produjese alguna modificación de la normativa vigente que propusiera conferir derechos políticos a las cuotas participativas emitidas.

El director general de la entidad, Roberto López Abad, consideró que «hoy es un día muy importante para CAM porque «más allá del importe de la emisión que supone esta operación, hemos abierto la vía que nos permite competir en total igualdad de condiciones con el resto de entidades financieras».

Ahora, podrán «acudir al mercado para reforzar nuestros recursos propios cuando lo consideremos oportuno para acometer los proyectos previstos en nuestra estrategia y planes de negocio», añadió.

Abad resaltó que «la primera emisión de cuotas participativas del mercado es un hito que garantiza la continuidad del modelo fundacional de la caja, abriendo a los inversores de renta variable la posibilidad de participar en un modelo de negocio muy atractivo, tanto por su rentabilidad y eficiencia en lo financiero como por su espíritu social último».

Esta emisión «persigue reforzar los recursos propios de la caja, con el objetivo de acometer los proyectos previstos en la estrategia de la entidad para los próximos años». Estos proyectos previstos prevén la expansión internacional de la entidad que acudirá capitalizada a otros mercados, por los que ya ha mostrado interés, como América Latina, Este de Europa, Marruecos y Londres, e incluso en EEUU.

Aguas de Valencia propondrá en su próxima junta su exclusión de bolsa

VALENCIA.- Aguas de Valencia dijo que su consejo propondrá en la próxima junta general de accionistas, los días 24 y 25 de junio, la exclusión de negociación de la totalidad de sus acciones.

La compañía anunció el pasado 11 de abril que su mayor accionista, AGVAL, tenía intención de sacar a la compañía de bolsa siendo la propia empresa la encargada de lanzar la OPA de exclusión, y que en caso de no ser así serían los propios accionistas de AGVAL quienes la lanzasen a un precio de 150 euros por título.

AGVAL controla el 60,679% del capital social de la compañía, y está integrado por el Banco de Valencia, Fomento Urbano de Castellón, Boluda Inversiones, Grupo Luis Batalla y Sbb Participaciones.

Iberdrola Renovables propondrá en su primera junta de accionistas trasladar su sede a Valencia

MADRID.- El consejo de administración de Iberdrola Renovables acordó hoy someter a la primera junta general de accionistas de la compañía, que se celebrará previsiblemente el próximo 26 de junio en primera convocatoria, el traslado de la sede social de la empresa a Valencia, informó hoy la compañía.

Asimismo, el consejo presentará a los accionistas la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2007. La compañía mantiene su compromiso de distribuir un dividendo de entre el 20% y el 25% del beneficio neto con cargo al ejercicio 2008, lo que será sometido a la junta del año 2009.

También propondrá un plan de acciones para los empleados y solicitará autorización para adquirir acciones propias hasta un máximo del 5% del capital y para la constitución de asociaciones y fundaciones. Además, se planteará la reelección del auditor de cuentas.

La filial de Iberdrola destacó que el ejercicio de 2007 estuvo marcado por su salida a bolsa en diciembre y por la integración de todos los activos del Reino Unido y Estados Unidos procedentes de Scottish Power.

La compañía subrayó también que ha sentado las bases para el cumplimiento de los objetivos del plan estratégico 2008-2010, que contempla una inversión de 8.600 millones de euros para alcanzar 13.600 MW instalados al final del período.

Al cierre del primer trimestre, la compañía alcanzó una potencia instalada de 8.164 MW, de los que 7.822 MW corresponden a parques eólicos y 342 MW a centrales minihidráulicas. La empresa ya cuenta con 4.681 MW de capacidad instalada en España y con 3.483 MW en el exterior.

Registradores de la Propiedad piden retomar el proyecto de ley de prevención del sobreendeudamiento familiar

VALENCIA.- Los registradores de la propiedad abogaron hoy por recuperar el proyecto de ley de prevención del sobreendeudamiento familiar presentado por el PSOE en la última legislatura de José María Aznar, por considerar que en la actualidad podría ser una "buena idea", dado que, si bien estos casos están contemplados en la ley concursal, esta norma "no da un trato adecuado" a los individuos, según indicó Luis Fernández del Pozo, registrador mercantil de Barcelona.

Fernández del Pozo se pronunció en estos términos hoy en Valencia durante una rueda de prensa celebrada en el marco del XVI Congreso Internacional de Derecho Registral, en la que compareció junto al vicedecano del Colegio de Registradores de la Propiedad de España, José María Gil, y al decano del Colegio de Registradores de la Propiedad de la Comunidad Valenciana, Vicente Carbonell.

Explicó que la normativa "permite la insolvencia de empresas, individuos y familias", aunque recalcó que "está pensada para empresas", y así plantea la posibilidad de optar por la liquidación en caso de que no existan bienes suficientes, mientras que "una persona física obviamente no se puede liquidar", añadió.

Fernández del Pozo indicó que los juzgados mercantiles españoles "están tratando un número relativamente considerable de insolvencias individuales" dado que recientemente "cientos de familias han entrado en una situación inédita en la historia de España de pedir concurso de acreedores --antigua figura de suspensión de pagos--" a pesar de que en el país "no hay tradición de resolver este tipo de problemas yendo al juzgado".

Por ello, sostuvo que "no estaría de más" plantearse recuperar dicho proyecto puesto que "si la familia entra en insolvencia, el tratamiento que hay al individuo en el marco de la ley concursal no es satisfactorio", al tiempo que comentó que en otros países europeos como Alemania o Reino Unido "millones de familias" recurren a esta misma medida anualmente.

Luis Fernández del Pozo puntualizó que los casos de sobreendeudamiento de individuos y familias españolas se deben "básicamente al endeudamiento hipotecario" que les lleva a no poder hacer frente al pago corriente de todas sus obligaciones, a diferencia de lo que sucede en otros países como Estados Unidos, donde surgen a consecuencia de operaciones de "compra vehículos u tarjetas de crédito", entre otras.

Por su parte, José María Gil destacó que el índice de solvencia en el mercado hipotecario de España, que era "el más bajo en la Unión Europea", recientemente "ha subido, pero sigue sin ser tremendamente considerado", con lo que "las familias siguen pudiendo hacer frente a sus obligaciones hipotecarias", subrayó.

No obstante, ambos registradores coincidieron en que dicho índice "ha crecido" e hicieron hincapié en la necesidad de plantearse "hasta dónde va a llegar" el incremento de este tipo de casos para determinar las posibles medidas a adoptar al respecto.

Los ejecutivos en el punto de mira / Carlos Humanes

Todavía es temprano para poder realizar algún tipo de aproximación que resulte mínimamente fiable a lo que podrían ser las responsabilidades que se les terminen exigiendo a los altos ejecutivos de las grandes corporaciones, especialmente los que han desarrollado su labor en algunas entidades financieras, a la vista del actual tsunami económico internacional.

Un devastador proceso cuyas consecuencias finales están lejos también de conocerse por ahora. De momento, los primeros pasos institucionales en esta senda han sido recorridos por el Eurogrupo, el selecto club de la Unión Europea del que forman parte los ministros de Finanzas de los países que forman parte del área de la moneda única.

Un movimiento que se verá refrendado en la próxima reunión del Ecofín, colectivo más amplio en el que ya se sientan todas las autoridades económicas de la Unión Europea (UE) y que, en principio, instará a la Comisión Europea a recabar información sobre las leyes vigentes al respecto en los países miembros para después adoptar alguna iniciativa común que ponga orden en el complicado panorama.

El impulsor de este proceso es un político de gran prestigio en los ámbitos comunitarios: el social cristiano Jean-Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo que lleva ya algún tiempo pidiendo que se instaure algún tipo de regulación común en las estructuras retributivas de los altos ejecutivos europeos. Su argumento es tan simple como demoledor. Incluso aunque para algunos comentaristas pueda resultar demasiado obvio.

Juncker opina que si estamos en un periodo en el que parece seguro que el mundo se enfrenta a una potente crisis económica cuya resolución va a representar importantes esfuerzos para los menos favorecidos, no resulta demasiado presentable que un puñado de ejecutivos, muchos de los cuales aparecen como posibles responsables de los actuales desaguisados en el inconsciente colectivo, mantengan unas retribuciones excepcionalmente elevadas, en un momento en el que además las empresas que dirigen, o dirigieron, atraviesan severas dificultades que bien pudieran estar relacionadas directa o indirectamente con su gestión.

En cualquier caso, esta decisión del Eurogrupo es sólo el primer movimiento del proceso, pero lo que sí resulta evidente es que quienes definieron y desarrollaron los modelos que hoy han hecho crisis en las finanzas planetarias han venido recibiendo unos estipendios desorbitados. Y otro elemento a considerar es que estos esquemas retributivos que les aseguraron estos emolumentos astronómicos estaban directamente referenciados a los resultados a corto plazo.

Muchas veces, incluso, a aquellos que se conseguía en el trimestre inmediatamente anterior. Y esa es una medida de gestión empresarial que será proscrita en el futuro, al menos si se pretende introducir un poco de lógica en algunas estructuras gravemente distorsionadas ahora que aparecen en la base de muchos problemas corporativos actuales.

Gerenciar grandes grupos empresariales con la vista puesta sólo en los resultados de los tres meses venideros es un ejercicio rayano en la locura. Lo mismo que lo son también esos esquemas, que se ha venido practicando con profusión en demasiados casos, que eludían tener en cuenta los riesgos que se tomaban para conseguir esos beneficios a corto plazo necesarios para consolidar los sustanciosos bonus. Y, o eso cree Juncker, la suma de estos y otros elementos parecen haber conseguido convertir en pirómanos a quienes debían haber desarrollado el trabajo de bomberos.

Diego de Ramón pide a la CNMV que actualice el valor del patrimonio declarado de la CAM

MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón se ha dirigido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para asegurar la responsabilidad social corporativa de la CAM, en representación de la Asociación Murciana de Síndrome de Fátiga Crónica y Fibromiargia, al objeto de que se investigue y se actualice el patrimonio declarado, y que cotiza en Bolsa, de dicha entidad.

De Ramón basa su petición a la CNMV en aras a mejorar la eficacia en la vigilancia de la solvencia y competitividad de los intermediarios financieros, asi como la transparencia y prudencia de los mercados en los que actuan "al objeto de evitar la ruina de miles de personas e instituciones".

A juicio de este letrado, "es tambien de recibo que dicha CNMV, decida que las empresas y entidades financieras que operan en Bolsa, actualicen el valor de sus patrimonios (por cuanto que se encuentran obsoletos en sus cotizaciones), entre ellas la CAM, dado que tiene numerosos fondos de inversión que cotizan en Bolsa y quiere emitir cuotas participativas, cuando en boca de su Presidente, señor Vicente Sala, dice que ha obtenido en el primer trimestre de beneficios, una vez hechas las dotaciones, de 94 millones de euros".

Tras recordar que la CAM acaba de emitir deuda por valor de 500 millones de euros y ahora pretende la emisión de cuotas paricipativas, Diego de Ramón se pregunta en su escrito a la CNMV, si hay suficiente solvencia patrimonial inmobiliaria, con tasaciones de ahora en valor de mercado, o mobiliaria de valor de paquetes accionariales o participaciones que cotizan en Bolsa.

Según De Ramón, el Fondo Monetario Internacional dice que las tasaciones siguen sobrevaloradas entre el 15% y el 20%, en terminos reales y descontada la inflacción, según declaraciones de don Roberto Cardarelli, quien “coloca a España como uno de los paises de mayor riesgo a la hora de afrontar la corrección del sector.”

Y añade: "Si a esto añadimos que hay que tener en cuenta de que la nueva Ley del Suelo ha depreciado el valor de los activos inmobiliarios y de las financiaciones otorgadas, es por lo que en este contexto las cajas van a tener que registrar perdidas derivadas de este cambio normativo”.

A juicio de Cardarelli, incluso,”peor escenario se presentará para las cajas de ahorros que cuenten con suelo en propiedad, ya que la aprobación de la citada Ley ha supuesto una depreciación de estos activos.”

Es por eso que el letrado murciano advierte a la CNMV que "es importante tener en cuenta el deseo de transparencia de mercados impulsados por la Unión Europea, y en este caso sobre la CAM, puesto que ha invertido cientos y hasta miles de millones en construcción, tiene fondos de inversión, que cotizan en Bolsa, tiene sociedades participativas constructoras y ha abierto sucursales en el extranjero".

Tras preguntarse si la parte correspondiente a los beneficios de todo lo anterior "estarán asegurados e invertidos en obras sociales humanas y si en caso de tener graves incertidumbres financieras la CAM, costaría mermar esas inversiones sociales, pide a la CNMV que cumpla con todas las medidas de aseguramiento, de solvencia necesaria y actuales, para garantizar a este gran colectivo (Asociación Murciana de Síndrome de Fátiga Crónica y Fibromiargia), que no puede permitirse poner en duda las prestaciones sociales con aventuras económicas y que disminuyan las mismas.

Finalmente solicita se actualice a la CAM "para que se vea cual es su solvencia, teniendo en cuenta lo que dice la agencia de calificación de riesgos "Moody´s", que situaba a la CAM en revisión para una posible rebaja".

La CAM aprueba el jueves la salida a bolsa con la emisión de 800 millones en cuotas participativas

ALICANTE.- La CAM se convertirá en menos de un mes en la primera caja de ahorros de Europa con cotización en el mercado bursátil. El consejo de administración de Caja Mediterráneo (CAM) aprobará definitivamente el jueves la salida a bolsa de la entidad mediante el sistema de emisión de cerca de 800 millones de euros en cuotas participativas, segun adelanta "Las Provincias".

La CAM está tasada en algo más de 5.000 millones y el máximo de participaciones que puede emitir es el 20% de su valor; es decir, 1.000 millones de euros.

Los más de 2.000 directivos de la entidad conocerán todos los detalles de la operación durante mediodía del próximo sábado, en las instalaciones de la Institución Ferial Alicantina (IFA), en Elche. El director general de la CAM , Roberto López Abad, ordenó la convocatoria en la tarde del viernes y tiene previsto anunciar nuevos proyectos en los que va a adentrase la caja de ahorros en los próximos meses.

Una vez superados los trámites pertinentes en el proceso para culminar la operación, entre ellos el respaldo de la asamblea general el pasado diciembre, la dirección de la CAM deberá esperar a que el Consejo Nacional del Mercado de Valores (CNMV), apruebe la operación para que la entidad que preside Vicente Sala se convierta en la primera caja de ahorros europea que participe en el mercado bursátil, dentro de un proyecto que parece haber encontrado ahora el momento oportuno para determinarlo, pese a la recesión de la economía, según informaron a fuentes de la dirección de la entidad financiera alicantina.

La asamblea general de Caja Mediterráneo autorizó el pasado 14 de diciembre la emisión de cuotas participativas ante la propuesta del consejo de administración. Asistieron 142 representantes, del total de 179 miembros del órgano, de los cuales 18 votaron en contra, 5 se abstuvieron y el resto votaron a favor.

La emisión contempla un límite máximo del 20% del valor de la entidad, a ejecutar en un plazo máximo de tres años y ha sido el propio consejo el que ha concretado las características de oferta de cuotas participativas.

El sistema financiero español ha estado pendiente durante los cinco últimos meses de las estrategias de la dirección de Caja Mediterráneo.

Bancaja ha creado un holding para hacer lo mismo. Las cuotas participativas se van a experimentar con la CAM, sin el uso de la otras carteras y en una sola emisión.

Los miembros del consejo de administración de la CAM no tendrán derecho a adquirir cuotas participativas. Este método dispone de elementos de financiación que permiten adquirir acciones de la CAM a inversores privados, al parecer por valor de 800 millones de euros.

Las cuotas participativas son acciones que pueden cotizar en los mercados financieros y que se redistribuyen de forma similar a los dividendos, aunque los consejeros no tienen derecho a elección ni a fiscalización de la gestión, es decir, no tienen derechos políticos.

Su adquisición está limitada, no dan derecho a voto y su rentabilidad se dirime en bolsa, lo que obliga a la entidad emisora a ponerse en valor. Es decir, se trata de un procedimiento en el que los accionistas no tienen posibilidad alguna a formar parte de los órganos de gobierno.

Vicente Sala resaltó el pasado mes de diciembre que la salida a bolsa se realizará con la obligación explícita de amortización "recompra de las participaciones" en el caso de que se produjese en el futuro una modificación de la normativa vigente que propusiera conferir derechos políticos a las cuotas emitidas.

Desde el pasado mes de septiembre, las cajas españolas están tanteando el terreno para acudir a la bolsa. La razón: necesidad de liquidez. En el caso de La Caixa, creó un holding, Criteria, a través del cual salió al parqué español. La CAM, por su parte, emplea un sistema que se reguló a finales de 2003, pero hasta ahora nadie había dado el paso a emplear ese modelo.

La falta de liquidez, y sobre todo la escasa capacidad para revertir la situación en comparación con las herramientas de las que sí disponen los bancos, obliga a las cajas a agudizar el ingenio.

El Colegio de Registradores de la Propiedad, en un avance de su informe sobre el primer trimestre del año, resaltó un dato revelador en relación a los créditos hipotecarios.

Durante los últimos años, las cajas habían visto cómo crecía de manera continua y constante su porcentaje dentro del mercado de créditos hipotecarios. El 57,18% del dinero prestado en la Comunidad para adquirir una casa durante el primer trimestre de 2007 provenía de las cajas, mientras que en 2008, el peso de los créditos de las cajas supuso el 47,53%.

Los registradores atribuían a la falta de liquidez la tendencia. Para buscar dinero que, a su vez, utilizarán para prestar a los clientes, las cajas preparan su desembarco en el mercado de valores, como demuestra el paso que dará el jueves la CAM. La cuarta caja de ahorros española aprobará, de este modo, una presencia en bolsa que también le permitirá tomar impulso para su expansión hacia el exterior.

Venta de participación en Enagás

Caja Mediterráneo ha cerrado la venta de su participación del 5% en el capital de Enagás, en una operación que ha reportado una plusvalía de 144 millones de euros a la Caja, lo que supone una revalorización del 179% sobre el precio pagado en 2004 para su adquisición.

En la actualidad, Caja Mediterráneo conserva participaciones superiores al 5% en otras compañías cotizadas, como Unión Fenosa, TUI, Sol Meliá, Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE) o Natra, cuya adquisición se produjo durante el primer trimestre de 2008.

En palabras de Joaquín Meseguer, director general de Participaciones Empresariales de Caja Mediterráneo, “el criterio de las participaciones de CAM en compañías cotizadas de primer nivel es principalmente financiero. Por esta razón, tratamos de aprovechar las oportunidades que se presentan para cerrar buenas operaciones, como esta importante plusvalía obtenida en la venta de Enagás o la entrada en Natra en febrero de este año.”

La operación ha sido gestionada por Citigroup Global Markets Limited, mediante la venta del paquete accionarial a diversos inversores. Toda la operación se realizó tras el cierre del mercado ayer lunes.

CC.OO. se opondrá a que las competencias sobre inspección de trabajo se transfieran a las CC.AA.

MADRID.- El secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO.), José María Fidalgo, aseguró hoy que su organización se opone a que se transfiera a las comunidades autónomas las competencias sobre inspección de trabajo, "digan lo que digan los estatutos", aunque admitió que esta oposición no conducirá a que se pueda evitar esta medida.

Fidalgo destacó la necesidad de garantizar una mayor cobertura de los servicios públicos de empleo que, a su juicio, "no ha mejorado" desde que estos dependen de los gobiernos autonómicos y, en este sentido, lamentó la excesiva descentralización del sector público.

A juicio del dirigente sindical, el mercado de trabajo no necesita una nueva ley, sino que se desarrollen los compromisos adquiridos a lo largo de la anterior legislatura que se alcanzaron con el acuerdo con los agentes sociales, siempre bajo los principios de potenciar la competitividad, la calidad el empelo y la cohesión económica y social de España.

En este sentido, cuestionó el efecto de las medidas para incentivar el empleo en colaboración con las comunidades autónomas que recoge el 'plan de choque' presentado hace un mes por el Ejecutivo socialista y que, según aseguró, no se elaboró con el consenso de los sindicatos.

Ricardo Peralta toma posesión en Madrid como nuevo delegado del Gobierno en la Comunitat

MADRID.- El abogado socialista Ricardo Peralta Ortega tomó hoy posesión en el Ministerio de Administraciones Públicas, en Madrid, como nuevo delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Al acto asistió la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que presidió hoy la toma de posesión de los nuevos delegados del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias, les pidió que trabajen "por los ciudadanos" y que lo hagan "desde la cooperación y desde la lealtad hacia quienes ellos han designado como sus representantes en el territorio".

Después de que los nuevos delegados del Gobierno de Valencia, Ricardo Peralta; Murcia, Rafael González; y Canarias, Carolina Darías; prometieran su cargo ante la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, la vicepresidenta primera les reclamó que desarrollen su tarea de representación del Gobierno integrándose entre los ciudadanos. "Escuchad, entended, dialogad y aproximaos a la gente, haced vuestros sus temores y demandas, anticipaos a sus ilusiones y carencias", recomendó.

De la Vega subrayó que "el centro de toda la acción política son los ciudadanos" y defendió que la "colaboración leal con los poderes públicos y con los agentes sociales" serán las "mejores herramientas" para poder desempeñar la "importante tarea que a partir de ahora emprenden" los nuevos delegados del Gobierno.

Además, la vicepresidenta les pidió que "desde el primer día" se aproximen a la gente y se integren "en el tejido cívico de las comunidades" donde van a trabajar, para poder "hacer propios" los "temores, deseos y demandas de los ciudadanos". "Y como diría el presidente del Gobierno, a trabajar", enfatizó la también ministra de la Presidencia.

Los nuevos delegados del Gobierno estuvieron arropados por numerosos representantes autonómicos y altos cargos del Gobierno, entre los que destacaban el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido; la secretaria de Estado de Cooperación, Leire Pajín; y el secretario general de los socialistas canarios, Juan Fernando López Aguilar.

De la Vega aprovechó también su intervención para reconocer la labor de los anteriores delegados del Gobierno en Valencia, Canarias y Murcia y destacó su "compromiso, esfuerzo y dedicación" en su "importante" tarea de "representar a los ciudadanos y mantener cauces institucionales de colaboración con las administraciones públicas".

El nuevo delegado del Gobierno en Valencia, Ricardo Peralta, licenciado en Derecho, trabajó como abogado laboralista hasta 1989, fecha en la que fue elegido diputado al Congreso por Valencia hasta 2000. Desde entonces ha ejercido su profesión de abogado.

Los visados de viviendas se redujeron un 56,4% en la Comunidad Valenciana hasta marzo

VALENCIA.- Los visados de obra nueva (libre y protegida) para uso residencial en la Comunidad Valenciana se redujeron un 56,4 por ciento en el primer trimestre del año, según datos del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

En España alcanzaron las 85.523 unidades hasta marzo, un 60,7% menos que en el primer trimestre de 2007 (217.689) y la cifra más baja desde, al menos, el año 2000.

La caída registrada en los tres primeros meses de 2008 se debió principalmente al menor número de visados que los Colegios de Arquitectos concedieron para viviendas libres, al concentrar éstas una disminución del 62,9%, hasta 75.016 unidades.

Por su parte, los visados para viviendas protegidas descendieron un 30,7% en este periodo, hasta 10.507.

Las mayores caídas interanuales en el número de visados de obra nueva en el primer trimestre se registraron en las comunidades autónomas del arco mediterráneo y la costa cántabra, donde se ha localizado gran parte de la vivienda vacacional durante los últimos años.

Así, además de un descenso del 97,8% en el caso de Ceuta, los mayores descensos de España se localizaron en Cataluña (-77,4%), Andalucía (-71,1%), Ceuta (-65%), Cantabria (-63,9%) y Murcia (-62,5%).

A continuación, y ya por debajo de la media (-60,7%), destacaron los descensos de Navarra (-59,9%), Canarias (-58,6%), Baleares (57%), Asturias (-56,6%), Madrid (-56,5%), Comunidad Valenciana (-56,4%), Castilla y León (-53,4%), Castilla-La Mancha (-52,5%). Completan la lista, Galicia (-49%), Aragón (-47,4%), Extremadura (-42,2%), La Rioja (-41,8%) y País Vasco (-20%).

General Motors ratifica contrato laboral con trabajadores canadienses

TORONTO.- Trabajadores canadienses sindicalizados de tres plantas de General Motors ratificaron el sábado un contrato laboral nuevo, semejante a los acuerdos que el sindicato ha forjado con otros fabricantes de automóviles.

El acuerdo cubre instalaciones en Windsor, Oshawa y St. Catharines, todas en Ontario. La gigante estadounidense y el sindicato estaban esperando también una votación final en la planta General Motors en Woodstock, Ontario.

El acuerdo se asemeja mucho al establecido hace dos semanas con Ford e incluye compromisos de General Motors para continuar construyendo plantas nuevas en Oshawa y St. Catharines, señaló el sindicato el sábado en un comunicado.

Bajo el acuerdo tentativo, alcanzado el jueves, la planta en Oshawa comenzará a fabricar un nuevo auto deportivo Camaro, así como un auto con tracción trasera. El acuerdo también conserva un turno en la planta de camiones de Oshawa hasta el año 2009.

El sindicato señaló que, al igual que el acuerdo con Ford, el compromiso de tres años mantiene los costos laborales del fabricante esencialmente como están ahora, impidiendo un sistema de dos niveles de salario utilizado en Estados Unidos en el que las nuevas contrataciones recibirían aproximadamente la mitad del salario por hora que obtienen los empleados con antigüedad. El acuerdo también congela los salarios.

El compromiso reemplaza un contrato de GM que expira en septiembre, y cubrirá a cerca de 13.000 empleados de GM.

Los trabajadores del sindicato CAW (Canadian Auto Workers), uno de los más grandes de Canadá, votarían el sábado sobre un contrato nuevo con Chrysler que es similar al aprobado en Ford y GM, y el cual afectaría a 8.000 empleados de Chrysler.

( Buzz Hargrove, presidente del sindicato Canadian Auto Workers)

De la Vega dice que "no hay controversia" por el nombramiento de Peralta

VALENCIA.- La vicepresidenta del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, aseguró que "no hay controversia" ni "me consta que haya malestar" en las filas de los socialistas valencianos por el nombramiento de Ricardo Peralta como nuevo delegado de Gobierno en la Comunidad Valenciana. Además, afirmó que "las decisiones del Gobierno las toma el Gobierno y las decisiones del partido las toma el partido".

De la Vega realizó estas declaraciones en una rueda de prensa que tuvo lugar tras una reunión, posterior al acto de inauguración de la oficina parlamentaria en la sede del PSPV, que duró algo menos de una hora, con miembros del PSPV, como el presidente de la Gestora, Joan Lerma, así como con diputados y senadores valencianos, preguntada por si la decisión de ubicar a Peralta en la delegación del Gobierno era suya, por qué no se había esperado a la celebración del Congreso del PSPV y si se había consultado al PSPV.

En este sentido, la vicepresidenta manifestó que "no me consta que haya ningún malestar. Y así me lo han expresado las personas que comparten este proyecto".

Además, en la comparecencia en la sala de prensa de la sede del PSPV, De la Vega estuvo acompañada por todos los responsables socialistas que también habían asistido a la inauguración de la oficina parlamentaria, excepto por Lerma.

Sobre el nombramiento de Peralta, explicó que el delegado del Gobierno es una institución para "representar al Gobierno en una comunidad autónoma, cuyo objetivo es "establecer una relación entre Gobierno y comunidad autónoma", subrayó.

Así, apuntó que dicha función la tiene que cumplir el delegado, que es nombrado tras la constitución del Ejecutivo central y "eso hemos hecho". Junto con él, el Gobierno ha nombrado a otros dos delegados en las comunidades de Murcia y Canarias.

Por otro lado, De la Vega aseguró que Ricardo Peralta reúne las características precisas para su cargo, como son "experiencia, honestidad y compromiso".

Los pobres en España ya suman nueve millones

MADRID.- La crisis se está cebando con las personas que menos tienen y que cada vez son más. Los españoles en situación o riesgo de pobreza han pasado de 7,6 millones en 1994 a 8,9 millones en 2006 (el 20% de la población), según se desprende del Barómetro Social de España, un análisis realizado por el colectivo Ioé, dedicado a la investigación social, según recoge "Público".

En esos 12 años, la tasa de pobreza severa se ha mantenido constante (el 8 % de la población), pero ha subido en un punto el riesgo de pobreza (del 11 hasta el 12 %). En la UE estas proporciones se situaban en 2004 (con 15 países) entre el 5 y el 12 %, respectivamente.

Las diferencias son tales que 1,4 millones de asalariados contaban en 2006 con 4.925 de ingresos medios mensuales, mientras que otros 5,5 millones percibían una media de 270 al mes, según el Barómetro Social de España.

"Este último segmento constituye una bolsa de empleo mal remunerado, precario, que se nutre de jóvenes y mujeres, en buena parte inmigrantes, que combinan periodos de paro y empleo temporal", explican los autores del estudio. En el resto de personas que viven en el círculo de la estrechez cabrían desde indigentes, gente que vive de la economía sumergida o mileuristas.

Las desigualdades también se notan entre hombres y mujeres. En 1994, el salario medio de las mujeres era un 28 % inferior al de los hombres; en 2006 la diferencia se amplió al 30 %. La edad es otra variable que influye en la pobreza, y no precisamente a favor de los más jóvenes: el salario medio de los trabajadores menores de 26 años es un 64 % más bajo que el de los mayores de 35.

Los autores del estudio también señalan la importancia del salario indirecto (el gasto público que repercute en los hogares) como indicador de pobreza.

"El bienestar social depende estrechamente de los servicios públicos que las diversas administraciones ponen a disposición de los ciudadanos y que se financian con los impuestos", afirman los investigadores.

Los datos no son muy positivos. El salario indirecto se ha reducido en un 8 % entre 1994 y 2006, pasando del 27,6 al 25,2 % del Producto Interior Bruto.

Una sociedad injusta y segmentada

Según Carlos Pereda, Walter Actis y Miguel Ángel de Prada, autores del citado informe, desde elpunto de vista social, uno de los efectos más graves de la desigual distribución de la renta ha sido la ampliación de la pobreza en España.

El índice de pobreza elaborado por Colectivo Ioé (ver www.barometrosocial.es) se basa en cinco indicadores: la pobreza severa y el riesgo de pobreza (según Eurostat, incluyen a quienes perciben ingresos por debajo del 40 % de la media, en el primer caso, y entre el 40 y 60 %, en el segundo), el salario indirecto o gasto público en políticas sociales; la proporción de hogares que no pueden ahorrar y la de aquellos que llegan con dificultad a fin de mes.

El salario medio ha disminuido un 2,4% entre 1994 y 2006, con unas diferencias entre perceptores de salarios que se han mantenido muy elevadas. El salario indirecto, principal garante de unos servicios básicos de calidad para la población con menos recursos, experimentó un gran crecimiento entre 1975 y 1993 (+12,4 puntos del PIB), pero ha retrocedido 3,5 puntos entre 1994 y 2005, alejándose de la media europea, mientras ha crecido la privatización de la sanidad, la educación, la vivienda y las pensiones.

Nuestro índice de pobreza presenta una evolución negativa entre 1994 y 2006, dibujando una sociedad fracturada en tres bloques. Algo más de un tercio de la población (17 millones de personas) vive con desahogo. Otros 15 millones se organizan sin apenas capacidad de ahorro pero sin sentirse agobiados los fines de mes. Y 12 millones (27 % de la población) llegan con dificultades a fin de mes y no pueden ahorrar.

Este sector coincide con la cuarta parte de hogares más pobres, cuyo patrimonio en 2005, según la encuesta del Banco de España, era 41 veces inferior al de la cuarta parte de hogares más ricos. Dicho de otra manera, la cuarta parte de hogares más ricos concentraba, según la misma fuente, doble patrimonio (2,8 billones de euros) que las tres cuartas partes de hogares menos ricos (1,4 billones).

Estas situaciones presentan diferencias por Comunidades Autónomas, no siempre coincidentes con su nivel de renta. Donde se vive con más agobio los fines de mes es en Canarias y Baleares, aunque esta última comunidad se sitúe en quinto lugar en el ranking de renta por persona. En el polo opuesto, donde más personas dicen vivir desahogadamente es en el País Vasco, Ceuta, Melilla y Castilla y León.

El caso de Madrid merece mención aparte: es la comunidad con más renta por persona pero donde los precios de la vivienda son más caros y los salarios se reparten con mayor desigualdad, lo que puede explicar que sea, después de Canarias, la Comunidad donde menos gente vive desahogadamente.

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el 80 % de la población opina que España "es una sociedad injusta" debido a las desigualdades. Más del 70 % cree que "el Estado tiene la responsabilidad de reducir las diferencias entre los que tienen altos ingresos y los que tienen bajos ingresos".

Es una cuestión básica, que afecta a los cimientos de la convivencia, pero que no ha figurado en la agenda de prioridades de los gobiernos de España -ni tampoco de la oposición- entre 1994 y 2006.

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La CAM promete renovar los créditos a la construcción y reconoce problemas de liquidez

ALICANTE.- Caja del Mediterráneo, que, pese a la dura competencia del sector de banca, sigue controlando la mitad de la tarta financiera de la provincia de Alicante, lanzó un mensaje «tranquilizador y de apoyo» a los promotores y constructores alicantinos en la jornada técnica del Instituto de Estudios Económicos de Alicante, celebrada a puerta cerrada según "La Verdad".

El director general de CAM, Roberto López Abad, aseguró que no se están retirando los préstamos a los promotores inmobiliarios ni al mundo de la empresa en general.

El director de CAM dijo que se renueva todo y que no hay restricciones, salvo que se revisan mucho más las operaciones por una falta de liquidez interbancaria como consecuencia de la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, el pasado verano.

La Caja se ha limitado a ser algo más «selectiva» y a cobrar más, porque también es más caro el precio del dinero. «Pero se va a renovar el crédito a los promotores y a dar vida; esta coyuntura es temporal y de corto plazo».

López Abad no pudo vaticinar si el actual clima de desconfianza financiera durará tres, cinco o seis meses, pero advirtió de que el sistema financiero español es «de los más seguros y conservadores del mundo».

Algunos promotores y constructores intervinieron en el debate y le reprocharon al directivo financiero que sí había cierta restricción o contención del crédito al promotor. López Abad se defendió admitiendo que CAM está concediendo menos préstamos al sector, pero «también porque el sector se ha retraído mucho».

Los empresarios reunidos, más de medio centenar y muchos de ellos promotores y constructores de importantes compañías, también plantearon a López Abad (el presidente de CAM, Vicente Sala, estaba sentado en la sala como un participante más) por qué se ha restringido el crédito hipotecario al ciudadano en general. Los promotores pidieron que no haya tantas exigencias de avales para formalizar la concesión del préstamo por compra de piso.

López Abad admitió que «quizás en algo se ha pasado la Caja de estricta, al igual que las tasadoras», pero insistió en que era por un problema global por falta de confianza en el mercado financiero. Roberto López apeló a la rigidez de los controles del Banco de España e insistió en el corto plazo para poner fin al actual clima de falta de liquidez.

Los promotores alicantinos, sumidos en la preocupación por el batacazo que han sufrido las ventas y, en consecuencia, el inicio de nuevos proyectos y el empleo generado, arremetieron dura y directamente contra la cajas de ahorro (sin citar a CAM) como responsables del parón inmobiliario al haber cerrado o restringido el acceso al crédito hipotecario por parte de las familias.

Esto ocurrió ya en el mes de octubre. Desde entonces, la lamentación se ha repetido como un goteo permanente. Según informó el diario Expansión, la banca rechaza actualmente seis de cada diez peticiones de préstamos para compra de casa al elevar las condiciones (renta y avales).

(Sede central de la CAM, Alicante)

El Gobierno nombra a Antonio Bernabé nuevo director general del Instituto de Turismo de España

MADRID.- El Gobierno ha nombrado a Antonio Bernabé García nuevo director general del Instituto de Turismo de España, perteneciente al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Bernabé, que nació el 7 de mayo de 1963 en Valencia, es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y master en Administración Pública por el Instituto Ortega y Gasset.

Ha sido director general del Instituto Turístico Valenciano, presidente de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Cavanilles de Altos Estudios Turísticos, director de la Escuela Oficial de Turismo de Madrid, jefe de estudios y profesor de la Diplomatura de Turismo en la Universidad Politécnica de Valencia, además de concejal en el Ayuntamiento de Valencia.

Desde 2004, era delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

El Gobierno otorga la concesión de explotación del almacenamiento subterráneo de gas Castor

CASTELLÓN.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto que regula el otorgamiento a la empresa Escal UGS de la concesión de explotación de almacenamiento subterráneo de gas natural Castor, situado en una estructura geológica submarina a 21 kilómetros de la costa norte de Castellón.

El desarrollo total de este proyecto conllevará una inversión de más de 1.000 millones de euros y generará más de un millar de empleos durante la fase de construcción, además de otros 100 empleos directos durante la operación del almacenamiento. Los empleos indirectos pueden alcanzar estacionalmente una cifra superior en 4 ó 5 veces los directos.

El Plan General de Explotación de este proyecto contempla la construcción, desarrollo y explotación del almacenamiento en dos etapas. En la primera fase se preparará la estructura geológica para poder almacenar gas, mientras que en la segunda se procederá al llenado de este almacenamiento.

La concesión ha sido otorgada por un periodo de treinta años, que será prorrogable por dos periodos sucesivos de diez años. Junto a esto, el decreto no precisa la ubicación de las instalaciones necesarias para el desarrollo ni se pronuncia sobre las características de las mismas.

La autorización de estas instalaciones debe ser objeto de una tramitación independiente que requerirá la evaluación de una Declaración de Impacto Ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente, así como una Autorización Ambiental Integrada por parte de la Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma Valenciana.

La tramitación de esta autorización también incluye la petición de informe a todos los organismos y municipios afectados, así como la información pública del proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental, acerca del cual todos los interesados podrán formular alegaciones que serán tomadas en consideración.

El Ejecutivo asegura que tanto el impacto ambiental como la seguridad del proyecto son "claramente gestionables", ya que el decreto otorga el derecho a almacenar gas en una estructura geológica submarina sin prejuzgar la ubicación de las instalaciones terrestres.

El Gobierno considera el proyecto Castor "fundamental" para el sistema gasista español, deficitario en capacidad de almacenamiento en comparación con otros países europeos. En España existen en la actualidad dos almacenamientos subterráneos, frente a países como Alemania y Francia, que cuentan con 42 y 15, respectivamente.

El almacenamiento permitirá mejorar la seguridad de suministro y la flexibilidad operativa del sistema de gas natural al duplicarse la capacidad de almacenamiento del sistema y triplicarse la de extracción.

La CAM lanza un depósito con una rentabilidad anual de hasta el 25%

ALICANTE.- Caja Mediterráneo (CAM) ha lanzado un nuevo producto estructurado, el 'Depósito Súper Rendimiento 25', que comercializará hasta el próximo 2 de junio o hasta que se cubra la emisión, que combina un "alto potencial de rentabilidad" de hasta un 25% anual, y garantiza el 100% del capital en 12 meses de plazo de inversión, informó hoy la entidad.

El depósito está referenciado a Telefónica, de manera que la rentabilidad será del 100% de la revalorización de la compañía siempre que, desde el 2 de junio de 2008 hasta el 18 de mayo de 2009, el precio oficial de cierre diario de la acción no haya superado el 125% de su valor inicial.

Si el precio oficial de cierre de la acción en este período fuera superior al 12% de su nivel inicial, el cliente recibirá el 100% del capital invertido más un 5% al vencimiento del depósito. En el caso de que al vencimiento del depósito la acción de Telefónica se hubiera depreciado respecto a su valor inicial, el cliente siempre mantendría el 100% del capital invertido.

El fiscal pide cárcel y multa de dos millones al ex conseller Cartagena por defraudar a Hacienda

ALICANTE.- La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha pedido tres años de prisión y una multa de dos millones de euros al ex conseller del PP Luis Fernando Cartagena por un delito contra la Hacienda Pública, según el escrito de acusación, que cifra en medio millón de euros el fraude, según recoge "Información".

Para garantizar el pago de estas cantidades, el fiscal ya ha reclamado el embargo preventivo de los bienes del ex dirigente popular.

El juzgado de Orihuela que ha finalizado la instrucción del caso ha estado investigando el patrimonio del ex conseller de Obras Públicas entre 1995 y 1998 y ex alcalde de Orihuela para aplicar la medida económica.

Fuentes cercanas al caso indicaron que están teniendo dificultades para localizar bienes a nombre del imputado. Durante este último año se ha consultado en el Registro de la Propiedad, en Tráfico y en otros organismos pero no se había podido localizar nada.De no encontrarse bienes a su nombre, debería firmarse un documento de insolvencia.

El presunto fraude a Hacienda cometido por el ex conseller es de 83,6 millones de las antiguas pesetas, más de medio millón de euros, según el escrito del fiscal.

Los hechos denunciados, que se remontan a 1988, están entrando ahora en su recta final, dos décadas después, aunque la investigación comenzó en 1992. El ex conseller tuvo que dimitir por este caso hace diez años y desde entonces se encuentra retirado de la vida política.

El caso arranca de la comercialización por parte del Banco de Santander, entre los años 1988 y el 1991, de un producto financiero denominado cesiones de crédito de nuda propiedad con el reclamo de que eran opacas a Hacienda.

Según el escrito de fiscal, "el contrato de la nuda propiedad de créditos estaba encaminado a propiciar la inversión de dinero negro o físicamente opaco asegurando el banco a sus clientes que la Hacienda Pública no tendría conocimiento de los propietarios de las cantidades invertidas".

Un decreto ley del año 1989 impidió que estos productos siguieran ofreciéndose como opacos y los bancos tuvieron la obligación de enviar a Hacienda los titulares de estos productos. La investigación reveló que uno de los titulares de estos productos financieros era el ex conseller Cartagena.

Las cuentas estaban a nombre de un empresario ilicitano, en la actualidad ya fallecido, F. M. S. I., que aparecía como titular de nueve cesiones de crédito y que inicialmente fue imputado en la causa.

La Fiscalía sostiene que el informe de la documentación contable y los estudios de Robótica de la Universidad de Valencia avalan que Cartagena era el verdadero beneficiario y quien había realizado las inversiones. Cartagena siempre ha negado que el dinero sea suyo. Las operaciones financieras realizadas entre 1988 y 1989 ascendieron a 300 millones de pesetas.

El fiscal recuerda que Luis Fernando Cartagena declaró en 1988 cuatro millones de pesetas de ingresos aunque según los informes de los peritos judiciales el imputado tuvo un incremento de patrimonio no justificado de 158,5 millones de las antiguas pesetas. Por tanto, según la acusación presentada por Anticorrupción, el dinero defraudado a Hacienda asciende a 83 millones de pesetas (medio millón de euros).

Por este motivo, reclama una pena de tres años de prisión más una multa de un millón y medio de euros, que equivale al triple de la cantidad defraudada. Asimismo, se pide el pago de medio millón de euros más a la Agencia Tributaria por el dinero presuntamente defraudado.

La Agencia Tributaria dio un plazo entre 1993 y 1996 para que los beneficiarios de las cesiones de crédito pudieran regularizar su situación con el fisco. Cartagena no se acogió en su día a este proceso, pues no reconoce ser el titular de ese dinero.

La Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes (ADIC) se ha personado como acción popular en las causas por fraude fiscal que fueron derivadas a los juzgados de Instrucción, entre ellas la del ex conseller Cartagena.

La asociación se ha sumado a la petición de tres años de prisión que reclama el ministerio público. La defensa tiene ahora un plazo de diez días para responder al auto judicial de apertura del juicio oral. La vista deberá celebrarse por un juzgado de lo Penal de Orihuela.

Luis Fernando Cartagena tuvo que dimitir de su cargo como conseller de Obras Públicas tras el escándalo por este caso en el año 1998, cuando estaba Eduardo Zaplana como presidente de la Generalitat.

Esperando el indulto 4 años

El ex conseller Luis Fernando Cartagena ya tiene pendiente una condena judicial de cuatro años de prisión y diez de inhabilitación por apropiación indebida, por haberse quedado 40.000 euros que le entregaron unas monjas en 1993 que administraban el hospital municipal.

La sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo y por el momento permanece en suspenso a la espera de que se resuelva el indulto que está solicitado. Han pasado más de cuatro años desde entonces y el Ejecutivo todavía no ha tomado una determinación sobre la medida de gracia.

La Audiencia de Elche ha dado de plazo hasta el 20 de mayo para que el ex conseller ingrese en prisión si para entonces no se ha pronunciado el Gobierno sobre el indulto. Con ello se pretende que la pena no prescriba. Por tanto, la petición tendría que haber quedado resuelta en la reunión del Consejo de Ministros de hoy, último antes del día 20.

La Fiscalía ha emitido informes en el pasado en contra de la medida de gracia porque la considera contraria a derecho. El empresario Angel Fenoll (también en la imagen), investigado por cohecho en la llamada "Operación Brugal" ordenada por la Fiscalía Anticorrupción, fue también condenado en su día por estos mismos hechos.

La apertura del juicio oral para Cartagena se ha producido en una semana crucial para la tramitación del indulto, ya que supondría una segunda condena en caso de que el juez fallara que cometió delito.

Ricardo Peralta, nuevo delegado del Gobierno

MADRID.- El Consejo de Ministros ha nombrado hoy delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana a Ricardo Fernando Peralta Ortega, según la referencia publicada esta tarde en www.la-moncloa.es

Nacido en 1951 en Belvis de la Jara (Toledo), es Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia.

Ejerció como abogado laboralista hasta 1989, año en el que fue elegido Diputado Nacional por el EU por Valencia, puesto en el que permaneció hasta el año 2000.

Durante su etapa como Diputado trabajó en temas de política social y presupuestos.

En la actualidad ejercía su profesión de abogado.

Peralta tiene una larga trayectoria en la política, ya que encabezó la lista por Valencia de Izquierda Unida en el año 1996 y fue elegido diputado, aunque abandonó la formación un año después para integrarse en Nueva Izquierda. Llevaba un tiempo alejado de la primera línea política.

El nombramiento de Ricardo Peralta ha causado un profundo malestar en el PSPV dado que la propuesta de la vicepresidenta De la Vega se ha producido sin contar con la actual cúpula de los socialistas valencianos.

El Gobierno de Canarias no permitirá ocupar más suelo turístico hasta 2013

SANTA CRUZ DE TENERIFE.- El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado que, en los próximos cinco años, no se podrá ocupar más suelo turístico que el existente en estos momentos en el archipiélago y el Ejecutivo regional “dirige todo el esfuerzo” a incentivar las iniciativas empresariales tendentes a la renovación de la planta alojativa que está “obsoleta”.

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del anteproyecto de ley de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo para, a partir de ahora, iniciar un “período de contacto y transparencia” con otras instituciones públicas y empresas y, una vez que se alcance el “máximo consenso posible”, se elevará por tramitación urgente al Consejo Consultivo con las alegaciones que se puedan introducir.

Posteriormente regresará al Gobierno para su aprobación definitiva y se trasladará al Parlamento, según explicó el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Domingo Berriel, que aclaró que el objeto es tener el proyecto de ley en el Parlamento antes del verano.

Berriel indicó que entre las alternativas para el desarrollo de la economía en un momento de “desaceleración” figura que los empresarios podrán solicitar las desclasificación de suelo turístico y pedir la correspondiente indemnización o solicitar un convenio urbanístico para modificar y sustituir sus derechos urbanísticos turísticos por otros en otro lugar dedicados a suelo industrial o uso residencial, dedicando en este caso un 30% a viviendas de protección oficial.

El consejero apuntó que dicho anteproyecto se ha adoptado “de forma colegiada y además da respuesta de forma rigurosa al documento que sirvió de base para establecer el pacto de gobierno con el PP”, por lo que destacó que “no ha habido ni la más mínima discrepancia en esta cuestión”.

Berriel destacó que con este anteproyecto de ley “se trata de dinamizar la economía y los sectores productivos y retirar las trabas que pueden evitarse y desburocratizar aquello que pueda simplificarse en materia de ordenación del territorio, pensando en la dinamización del sector industrial, agropecuario y del desarrollo del medio rural”.

La nueva ley “supone desatascar bastante el nuevo marco de planeamiento urbanístico de Canarias para posibilitar también disponer de suelo necesario para las actividades productivas y los servicios públicos”, añadió.

El anteproyecto de ley permite que el planeamiento municipal habilite suelos industriales que tengan como ámbito y objetivo el municipio. Además, se mantiene la excepcionalidad para que aquellas iniciativas de interés general el gobierno pueda estudiarlas y permitir su implantación en el territorio.

Asimismo, en materia turística el principal objetivo es la búsqueda de la “modernización y adaptación de la planta que está obsoleta con la reconversión real del sector haciéndolo más competitivo, intentando llegar a la excelencia”.

Así, el Gobierno incentivará las iniciativas empresariales tendentes a conseguir esta transformación del sector, acompañando a ello inversiones públicas y facilidades en el planeamiento para poder llevarlas a cabo “mejorando aquellos lugares que estén sobresaturados y mejorando las reconversiones del modelo de ciudad constreñido”, aseveró el consejero regional.

El segundo “gran objetivo” del proyecto de ley en materia turística consiste en no consumir más suelo turístico que el que existe actualmente, ya que el Gobierno considera que la superficie que hay es “suficiente” y requiere “una mejor gestión”.

“No se puede ocupar más suelo del que ya está clasificado desde el punto de vista turístico y todo el esfuerzo va dirigido a la reconversión y en ésta es donde único se enmarca las posibilidades de crecimiento de nuevas plazas como incentivación o premio a los esfuerzos de modernización en la planta alojativa”, añadió Berriel.

Al entender de Berriel, el sector de la construcción se verá “doblemente beneficiado” a raíz de las medidas que incluye este anteproyecto “son suficientemente incentivadoras para que permitan tener la esperanza de que se va a producir la reactivación del sector a través de la renovación de la planta turística”.

Por tanto, los “proyectos que tengan verdadera solvencia económica no van a tener ningún obstáculo para poderse implantar”.

El consejero indicó que este anteproyecto contempla también la regularización de establecimientos turísticos alojativos que, tras la entrada en vigor de la Ley de Directrices, “cumplían sus parámetros urbanísticos pero estaban en construcción o tenían licencias para construir y no autorizaciones previas” o bien con condicionantes por la normativa de seguridad.

Añadió que la nueva ley “abre un camino a la posibilidad de regularización siempre y cuando se acredite que han cumplido con sus deberes urbanísticos”.

Berriel indicó que los siete cabildos deberán entregar cuanto ante sus planes insulares turísticos en la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias y su posterior elevación al Gobierno, mientras que los que no haya hecho este trámite, como Lanzarote y Fuerteventura, deberán elevar un informe al Ejecutivo para decir en qué punto de tramitación se encuentra y dar un programa de terminación que se establece en un año máximo.

Si ello no se cumple el Gobierno regional se subrogará en las competencias y hará los planes territoriales turísticos correspondientes.

Berriel también se refirió a empresarios afectados por la conocida como moratoria turística como Félix Santiago Melián en Costa Botija y Teo Gerlach en Pasito Blanco, que deben ser indemnizados con importantes cuantías por el Gobierno regional tras sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por las pérdidas que han supuesto en sus proyectos en las zonas citadas en Gran Canaria.

Para el consejero, “la ley que especializa la moratoria turística está pensando no en una paralización ''sine die'', sino que en los próximos tres años el crecimiento venga como consecuencia de la renovación”, al tiempo que recordó que el Gobierno ha recurrido dichas resoluciones judiciales.

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TUI, participada por la CAM, dispara un 164% su pérdida trimestral hasta 278 millones

FRANCFORT.- El grupo turístico alemán TUI --participado por las firmas españolas Riu, CAM y Grupo Matutes-- registró una pérdida de 278 millones de euros en el primer trimestre, lo que se traduce en un incremento del 164% sobre el resultado negativo de 105 millones del mismo periodo del ejercicio anterior.

La compañía atribuyó este resultado negativo a la integración entre First Choice y la división turística de TUI, que supuso un sobrecoste de 69 millones de euros. Asimismo, en la pérdida del primer trimestre del año pasado se contabilizaron unas plusvalías de 181 millones por la desinversión de las terminales de Montreal y de la venta de la participación de Hapag-Lloyd en Lloyd AG.

Los ingresos del grupo se elevaron un 36,2% hasta alcanzar los 3.636 millones de euros en los tres primeros meses. No obstante, los costes también se vieron incrementados en un 30% hasta totalizar 3.572 millones de euros.

La división turística --TUI Travel, TUI Hotels & Resorts y el negocio de cruceros de Hapag-Lloyd Kreuzfahrten y TUI Cruises-- vio incrementada su cifra de negocio en un 37,2%, hasta 3.600 millones de euros. El beneficio operativo de esta división se incrementó en un 2,6% hasta registrar una pérdida de 221 millones, reflejando el carácter estacional del turismo.

En concreto, TUI Travel elevó sus ingresos en el primer trimestre un 38,6% hasta 3.470 millones de euros y un Ebita negativo de 240 millones, lo que supone una leve mejora del 2,4%. En cuanto a TUI Hotels, esta división también registró mayores ventas, un 11,5% más, al igual que la de cruceros, con un crecimiento de la cifra de negocio del 16,2%.

Camps anuncia medidas de tipo económico la próxima semana para solventar la actual situación en la Generalitat

CASTELLÓN.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, anunció hoy que la Generalitat Valenciana adoptará medidas de tipo económico la próxima semana para solventar la actual situación económica.

Camps realizó estas declaraciones durante su intervención en el acto de homenaje a las empresas de la provincia celebrado por la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) en la capital de La Plana.

Así, explicó que el Gobierno valenciano está volviendo a negociar el PAVACE con empresarios y sindicatos, pondrá en marcha los II Planes de Competitividad y la próxima semana adoptará medidas de tipo económico para solventar la actual situación ecónomica "dentro de las competencias de la Generalitat", entre las que destacó un acuerdo entre el IVF y las cajas de ahorro "para aportar liquidez al sistema financiero y que las pymes puedan acceder a programas de crédito", y un programa de capacitación rápida "para que las personas que pierdan el empleo puedan reciclarse y volver al mercado laboral".

El jefe del Ejecutivo valenciano destacó que "tenemos que seguir juntos, mirando el futuro, ya que en todos los momentos son buenas las iniciativas en las que todos tengamos mucho que decir y estemos de acuerdo, ya que las cosas se ponen en marcha de la mejor manera". Según dijo, Castellón "sigue teniendo una de las tasas de paro más bajas y unas de las tasas de actividad más altas, pero está inmersa en esta situación económica".

"Exigimos el vigor que corresponde al Gobierno de España, y desde la Generalitat seguiremos trabajando", apuntó Camps, quien resaltó que la inversión pública del Gobierno valenciano se cifra en 5.000 millones de euros, "y la idea es continuar invirtiendo y poniendo en marcha nuevos proyectos como autovías, aeropuerto o el nuevo Centro de Convenciones de Castellón que estará en marcha en dos o dos años y medio".

Camps agradeció a la sociedad de Castellón su "respaldo" a cualquier reivindicación "que hemos realizado a nivel nacional en los últimos años, y le pido ahora la misma colaboración". Según recordó, "con la nueva legislatura demandé que se acabaran los privilegios y los territorios y empezase el reconocimiento a los mismos, pues en la Comunitat Valenciana la población se ha incrementado en un millón de personas en los últimos siete años, y eso es porque los empresarios han hecho las cosas bien".

"Pero esto --agregó-- no se puede castigar con una financiación que no contemple la realidad de la población, pues sólo queremos algo que nos corresponde y que es de justicia a la hora de transferir los fondos a ls Comuntiat Valenciana".

Asimismo afirmó que "es importante que sigamos reivindicando que el AVE llegue a Castellón y un corredor ferroviario por el arco mediterráneo". Finalmente, apuntó que "hay que seguir haciendo grande Castellón y la Comunitat Valenciana reivindicando lo que es justo y sin privilegios".

El Ecofin aprueba reforzar la cooperación entre los supervisores bancarios

BRUSELAS.- Los ministros de Economía de la Unión Europea (Ecofin) aprobaron hoy reforzar la cooperación entre los supervisores bancarios de los 27 Estados miembros con el objetivo de reforzar la estabilidad financiera y responder de manera más eficaz a turbulencias financieras como las que afectan a los mercados desde el pasado verano desencadenadas por la crisis de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos.

Los Estados miembros deberán introducir como muy tarde a mediados de 2009 en el mandato de los supervisores nacionales la obligación de tener en cuenta la dimensión de la UE a la hora de llevar a cabo su tarea, según acordó el Ecofin.

Ello permitirá que los supervisores nacionales tengan en cuenta los problemas de estabilidad financiera en otros Estados miembros cuando lleven a cabo su función. "Los supervisores financieros de los países de la UE deben intensificar el trabajo para lograr un refuerzo de la convergencia supervisora europea", señalan las conclusiones aprobadas por los ministros.

En cuanto a la supervisión de grupos bancarios transfronterizos, los Veintisiete señalaron que para cumplir esta función es necesario reforzar el papel de los "colegios de supervisores" en los que participen representantes de varios Estados miembros para facilitar la cooperación e intercambiar información.

En caso de crisis, se dará prioridad a las "soluciones privadas", aunque los ministros están de acuerdo en que es necesario discutir más sobre el "reparto de la carga" entre los países afectados si es necesario usar dinero público, según explicó el ministro de Finanzas esloveno y presidente de turno del Ecofin, Andrej Bajuk.

El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, insistió en que "hay que avanzar de forma muy prudente" y que "no convienen diseños teóricos sino diseños pragmáticos que tengan en consideración los problemas específicos que se plantean entre países concretos". A su juicio, ello exige memorandos de entendimiento entre los diferentes países.

Solbes dijo además que "debe quedar muy claro que, sea quien sea el supervisor, el principio de igualdad de trato a todos los depositantes, inversores y accionistas en caso de crisis tiene que salvaguardarse".

Finalmente, el vicepresidente económico abogó por "una mayor armonización de los sistemas de garantía de depósitos" porque a su juicio permitiría "avanzar en la racionalización del régimen actual de supervisión de grupos e incluso en el reparto entre las distintas autoridades".

(Banco de Francia, París)

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Galán confirma que la sede de Renovables de Iberdrola se trasladará a Valencia

VALENCIA.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, confirmó hoy que Iberdrola Renovables trasladará su sede, actualmente en Madrid, al edificio que la compañía tiene en Valencia, algo que consideró "importante" para la Comunidad Valenciana puesto que será "la primera gran compañía del Ibex con sede en Valencia".

Sánchez Galán hizo estas declaraciones durante la presentación en Valencia de la Feria Internacional de la Eficiencia Energética y las Nuevas Soluciones Tecnológicas 'Egética', que se celebrará el Feria Valencia del 11 al 13 de junio. Acto en el que estuvo presente el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, entre otros.

El presidente de Iberdrola subrayó que "próximamente vamos a proponer a la junta general de accionistas de Iberdrola Renovables el traslado de nuestra sede a Valencia" por lo que se mostró convencido de que "en un par de meses pondrá Iberdrola Renovables en nuestro edificio", ubicado sobre el centro comercial Aqua en Valencia.

En este sentido, matizó que el traslado de la sede "es una gran noticia para Valencia" porque la empresa, además de ser la primera del Ibex con sede en Valencia, es "la sexta o séptima compañía líder de las grandes del sector de la energía español, que fiscaliza cerca de 20.000 millones de euros, y la primera del mundo en energías renovables".

Asimismo, aseguró que las energías renovables, además de su importancia para el futuro "porque son fuentes autóctonas, limpias y no contaminantes, tienen además una ventaja tremenda y una gran oportunidad de desarrollo desde el punto de vista industrial y con ello el desarrollo económico y social de las zonas donde están implementadas".

Por otro lado, Sánchez Galán explicó que, "dentro de la regeneración eléctrica, las energías renovables van a ser absolutamente fundamentales para poder cumplir con los compromisos de reducción de emisiones" y puntualizó que, en este momento, las energías renovables emplean a más de 100.000 personas en España, "cuando apenas hace unos años no era más que un tema absolutamente anecdótico".

Así, indicó que "todo el mundo pensaba que el carbón o la hidráulica eran las grandes fuentes de energía y, sin embargo, hoy Iberdrola produce más con viento que con agua, tras 100 años haciendo centrales y apenas cinco produciendo megavatios eólicos".

Por último, indicó que "todas las tecnologías en el futuro van a ser necesarias porque la energía es un bien escaso y por tanto lo más costoso va a ser no disponer de él". De esta forma, auguró que las tecnologías antiguas "van a seguir evolucionando en el tiempo y las nuevas van a seguir creciendo en importancia y ganando en eficiencia".

Los recursos logrados por CC.AA. superaron por primera vez los 100.000 millones en 2006

MADRID.- Los recursos obtenidos por las comunidades autónomas superaron por primera vez los 100.000 millones de euros en 2006, con un total de 110.030 millones, lo que supone un crecimiento del 12,7% respecto al año anterior. Desde 1999, año base del sistema de financiación, las comunidades autónomas han visto duplicados los recursos, siendo la media de crecimiento del 93,6%.

Estos datos fueron dados a conocer hoy en rueda de prensa por el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, quien destacó que el aumento de los recursos se ha situado "claramente" por encima del crecimiento del PIB nominal en 2006 (7,94%).

Del total de recursos del sistema, los tributos que recaudó la Administración General del Estado totalizaron 54.393 millones de euros, un 49,4% del total, mientras que los tributos recaudados por las comunidades autónomas alcanzaron los 23.226 millones de euros, el 21,1% del total.

El restante 29,5% de los recursos, 32.411 millones de euros, lo constituyen las transferencias realizadas por la Administración General del Estado a través del Fondo de Suficiencia y de la Garantía de Financiación Sanitaria.

De este modo, el 78,9% de los recursos del sistema de financiación, un total de 86.804 millones de euros, fueron transferidos por la Administración General del Estado a las CC.AA., lo que supone un incremento del 12,4% respecto al ejercicio anterior.

Dentro de los recursos transferidos por el Estado, destacan los 49.783 millones de euros (el 54,7% de la recaudación total) procedentes de los recursos tributarios cedidos parcialmente a las regiones (IRPF, IVA e Impuestos Especiales).

Por su parte, del total de tributos recaudados por las CC.AA. en 2006, destacó la importancia cualitativa del Impuesto de Transmisiones y Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD), que creció un 17,1% en comparación con 2005, al alcanzar los 17.960 millones de euros.

El desarrollo del sector inmobiliario y el número de transacciones inmobiliarias realizadas en 2006 están detrás de este incremento, aunque Ocaña adelantó que la recaudación de los impuestos ligados a la construcción ahora está evolucionando "negativamente" como consecuencia del ajuste del sector en España, lo que se traducirá una reducción de los recursos para las CC.AA.

Junto con ITP y AJD, las comunidades recaudaron en 2006 un total de 2.549 millones de euros por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, un 11,3% más, mientras que los tributos sobre el juego y otros aportaron 2.717 millones, un 2,1% menos.

Descontando las entregas a cuenta ya realizadas, las comunidades tendrán que recibir ahora, en este ejercicio, 7.921 millones en concepto de liquidación final del sistema de financiación en 2006.

Del total de los ingresos de 2006 (110.030 millones), la partida más importante se corresponde con el Fondo de Suficiencia (32.397 millones), que tiene como finalidad completar la financiación de la comunidad que con los impuestos cedidos y los propios de su territorio no cubre sus necesidades en relación a su población.

Todas las regiones recibieron en 2006 parte del fondo, menos Madrid e Islas Baleares, que tuvieron que devolver 182 y 212 millones, respectivamente.

Ocaña señaló que, a pesar de que actualmente las CC.AA. disponen de más impuestos cedidos, el Fondo de Suficiencia tiene que "seguir existiendo" para garantizar el acceso a de los ciudadanos a los servicios básicos.

En este sentido, consideró "buena idea" incrementar los recursos de este fondo a través de la creación de un nuevo fondo o aumentando los recursos del que ya existe. "Lo esencial no es la herramienta, sino el contenido", señaló.

En el reparto de recursos obtenidos en cada comunidad, Andalucía, con 16.692 millones se situó a la cabeza en percepción de ingresos, seguida de Cataluña, con 12.958 millones; Madrid, con 9.610 millones; la Comunidad Valenciana, con 8.061 millones y Galicia, con 6.492 millones de euros.

Les siguieron Castilla y León, con 5.929 millones; Castilla La-Mancha, con 4.285 millones; Canarias, con 3.983 millones; Aragón, con 2.831 millones; Extremadura, con 2.818 millones; Murcia, con 2.491 millones; Asturias, con 2.383 millones; Islas Baleares, con 1.531 millones y La Rioja, con 756 millones.

En cuanto a la financiación per cápita, Ocaña destacó que ésta ha crecido de forma importante en comparación con los aumentos de la población, de forma que las CC.AA. que han sufrido un mayor incremento de población han visto también cómo sus recursos crecían en mayor medida.

En concreto, en regiones como Murcia, donde la población se ha incrementado en un 21,1% entre 1999 y 2006, los ingresos crecieron en el mismo periodo un 112,6%. Lo mismo sucedió en Baleares, donde la población creció un 21,8% y los ingresos se incrementaron en un 93,1%.

Por otro lado, Hacienda dio hoy a conocer también la liquidación de las entidades locales en 2006, que ascendió a 15.154,7 millones de euros, lo que representa un incremento del 12,41%.

De esta cifra, sólo restan por liquidar 1.089 millones de euros, de lo que 413,50 irán destinados a los municipios de más de 75.000 habitantes; 291,67 millones para los de menos de 75.000 habitantes y 383,83 para las Diputaciones Provinciales y similares.

Los familiares de las víctimas del 'yak 42' piden al juez Marlaska la imputación de Trillo por homicidio y malversación

MADRID.- La Asociación de Familiares del Yak 42 ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska la imputación, en el caso sobre la contratación del avión, del ex ministro de Defensa, Federico Trillo, al que atribuye los delitos de homicidio, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

En el escrito de 58 páginas presentado ante la Audiencia, los familiares de los militares fallecidos solicitan la imputación también de la mayoría de la cúpula militar cuando ocurrieron los hechos, entre ellos el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Antonio Moreno Barberá, los jefes del Estado Mayor del Ejercito (JEME), Luis Alejandre, y del Aire (JEMA), Eduardo González-Gallarza, y del Jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), Juan Luis Ibarreta.

Así lo han anunciado los representantes legales y Pacho González, presidente de esta asociación, que representa a más de 40 de los 62 militares fallecidos en el accidente ocurrido en Turquía el 26 de mayo de 2003. A punto de cumplirse los cinco años del siniestro, esta es la primera vez que la Asociación de familiares de las víctimas del Yak pide la imputación directa de Trillo en esta causa.

En la opición de González, "hay indicios suficientes de culpabilidad" para imputar a distintos mandos de la cúpula militar y política, y "ya es hora de depurar responsabilidades". El pasado 22 de enero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó a Grande-Marlaska reabrir esta parte de la investigación sobre el accidente del Yak-42.

Tras criticar la lentitud de proceso, González ha dicho que "ya es hora de que se actúe y se depuren responsabilidades", sobre todo cuando "ya se sabe que los mandos políticos y militares ya conocían las quejas sobre la contratación del avión" y "no hicieron nada".

El representante legal de esta asociación, Leopoldo Gay, ha aclarado que en sus peticiones no se habla de acusaciones sino de imputaciones, y ha concretado que Trillo "puede ser un delincuente porque ha podido cometer delitos". En su escrito, la Asociación atribuye a Trillo y al resto de los señalados los delitos de comisión por omisión con resultado de muerte (homicidio), malversación de caudal público y falsedad documental.

En este sentido ha asegurado que existen "hechos objetivos", entre ellos ha indicado que el Ministerio de Defensa sabía que hubo quejas previas al accidente sobre la seguridad de los vuelos contratados con compañías del Este y un informe del servicio de inteligencia del Ejército, en el que se admitían los riesgos de seguridad en este tipo de viajes. Todo ello, según Leopoldo Gay, "lo conocía la cúpula militar y casi con toda seguridad lo conocía el ministro" Trillo.

La Asociación también pide al juez Grande-Marlaska la imputación del general José Antonio Beltrán, que dirigía el Centro de Conducción de la Defensa (CECOD), y de otros cuatro oficiales del Estado Mayor Conjunto (EMACON). Se da la circunstancia de que el general Beltrán también ha sido imputado en la otra parte de la causa abierta en la Audiencia Nacional, la relativa a la identificación de los cadáveres.

Entre las diligencias que propone la Asociación a Grande-Marlaska figura la citación en calidad de testigo del actual JEMAD, general Félix Sanz, y de la diputada Carmen Sánchez, que formuló una pregunta en el Congreso sobre la seguridad de los vuelos militares días antes del siniestro del Yak.

También propone la investigación de distintos vuelos y los informes de los otros 41 contratos realizados con Nansa, agencia de la OTAN, y las compañías aéreas implicadas.