CASTELLÓN.- El ministerio fiscal y la acusación particular redujeron hoy de 13 a cuatro las personas imputadas en el denominado 'caso Fabra', en el que ambas partes mantienen con esta condición al presidente de la Diputación castellonense, Carlos Fabra; su ex esposa, María Amparo Fernández; al empresario Vicente Vilar y a su ex pareja Monserrat Vives.
A través de un comunicado, el dirigente 'popular', que se encuentra de baja, afirmó que es inocente y advirtió de que seguirá "peleando" por su honor y el de su familia.
El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Nules, que instruye la causa, celebró hoy una comparecencia que se prolongó durante cerca de tres horas, donde las partes concretaron las imputaciones.
En los próximos días, el magistrado instructor dictará una resolución en la que se pronunciará sobre las peticiones y dará impulso a la causa, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, según informó el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado. A la vistilla asistió Vilar, quien actualmente cumple condena en Zaragoza por agresión sexual.
El ministerio fiscal y la acusación particular solicitaron el sobreseimiento respecto de los otros imputados al considerar que no hay suficientes indicios de delito, mientras que la acción popular concretó las imputaciones hacia Fabra, Fernández, Vilar y Vives, así como las que afectan a otras nueve personas. Además, ha pedido la ampliación a otras más por considerar que podrían haber intervenido en los hechos, según el TSJCV.
Durante la comparecencia, la defensa de Carlos Fabra y su ex mujer reiteró la solicitud de determinadas diligencias de instrucción que ya había planteado y la práctica de otras nuevas, así como el sobreseimiento de la causas sobre sus clientes, al igual que hicieron cada una de las defensas en relación a sus patrocinados.
El presidente de la Diputación de Castellón, --imputado por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la administración pública--, aseguró en un comunicado que, "con independencia" de las acciones que decida llevar a cabo su dirección letrada, "siempre" ha "respetado" y "respetará" los tiempos así como las decisiones de la Administración de Justicia, tal y como subrayó que ha hecho "durante los seis años y medio" que ha estado imputado en las causas judiciales pendientes de resolverse.
Según Fabra, esto ha sido así "a pesar de que mis adversarios políticos y los medios de comunicación afines a éstos me han negado derechos fundamentales y principios que nos asisten a todos, como la presunción de inocencia".
Al respecto, manifiesta su "absoluta perplejidad al haber llegado incluso a ser acusado de ser el responsable del retraso en la instrucción de mi causa judicial, dilación en la que el único perjudicado he sido yo, debido a mi condición de cargo público".
El presidente de la Diputación subrayó que "recientemente he tenido que enfrentarme a un proceso judicial, por el que tuve que soportar un linchamiento público y mediático vergonzoso, que ha sido archivado" y añadió que "nadie, a día de hoy, me ha pedido disculpas por haberme condenado antes de que se pronunciara la Justicia".
Según Fabra, durante todo este tiempo no ha dimitido porque es inocente. "Lo era en 2003 y lo sigo siendo hoy", recalcó, y añadió que "desde el principio" decidió quedarse "para pelear por mi honor y el de mi familia demostrando mi inocencia" y advirtió de que "eso es lo que voy a seguir haciendo".
También quiso Fabra "agradecer a tantas y tantas personas, conocidas y desconocidas que, desde la cercanía o en la distancia, me han mostrado su apoyo y confianza durante todos estos años" y aseguró estar "convencido de que no se arrepentirán de haber creído en mí y en el trabajo que vengo haciendo por el progreso de la provincia de Castellón y de sus ciudadanos en mis casi 30 años de servicio público".
Al término de la comparecencia, el abogado que ejerce la acción popular, José Luís Vera, explicó que junto con las imputaciones formuladas en su momento en la querella --Carlos Fabra, María Amparo Fernández, Vicente Vilar y Montserrat Vives; el ex director general de Agricultura, Rafael Milán; la ex directora general de Salud Pública del ministerio de Sanidad, Dolores Flores y el ex secretario general de Gestión y Cooperación Sanitaria, Rubén Moreno-- han pedido la incorporación de una serie de directores de oficinas bancarias yla ex presidente del CD Castellón, Antonio Bonet.
Por su parte, Alfonso Rubiales, abogado defensor del ex director general de Agricultura, Rafael Milán, subrayó que el sobreseimiento de su cliente --según la petición del fiscal-- "debería haber ocurrido hace mucho tiempo y parece que ahora ya va a ocurrir, aunque aún tiene que dictar resolución el juez".
Otro de los abogados, Wenley Palacios, que ejerce la defensa de Montserrat Vives, consideró que hasta que se celebre el juicio "pueden pasar dos años" porque "las acusaciones son muy flojas" e insistió en que, en su opinión, la Fiscalía "hace todo lo que puede para complacer a los jefes pero no hay nada".
El juez de primera instancia e instrucción número 1 de Nules acordó a principios de junio transformar en procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado las diligencias previas abiertas contra 13 imputados del denominado 'caso Fabra' y entendía que, "en principio", y a la espera de su calificación final, los hechos presuntamente cometidos por los imputados serían constitutivos de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, propios de la competencia del Tribunal del Jurado.
De acuerdo con el juez instructor, a estos delitos se deben sumar otros conexos en lo que a Carlos Fabra y María de los Desamparados Fernández se refiere, que son los relativos a la Hacienda Pública.
Hacienda inició una denuncia contra Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999, aunque en el procedimiento se ha terminado investigando las cuentas del presidente castellonense desde ese año hasta 2004.
El pasado mes de marzo Carlos Fabra, por cuestiones de salud, delegó sus funciones 'sine die', a través de un decreto firmado el día 12, en el vicepresidente primero de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez. Posteriormente, fue sometido a un tratamiento en un hospital madrileño.
