martes, 20 de julio de 2010

El PSPV tilda de "despilfarro" la celebración del Pleno en Bruselas y recuerda "el problema de endeudamiento" del Consell

VALENCIA.- El portavoz del grupo socialista en las Corts, Ángel Luna, ha considerado este martes un "despilfarro" celebrar un Pleno del Consell en Bruselas pues, en su opinión, se trata de "un anuncio propagandístico que sólo sirve para generar gasto". Además, ha recordado el "grave problema de endeudamiento" que sufre la Generalitat.

Luna se ha referido así, en un comunicado, al anuncio del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien ha aceptado la propuesta del Comité de Regiones (CdR) para que la Comunitat Valenciana sea la primera región europea en celebrar una reunión de su Gobierno en la sede administrativa de la Unión Europea (UE) el próximo mes de octubre.

El dirigente socialista, que ha calificado de "insólita" esta iniciativa, ha asegurado que "no hay nada que el Consell tenga que decidir en Bruselas que no pueda hacerse en la Comunitat".

"Parece que Camps no se ha dado cuenta del grave problema de endeudamiento de la Generalitat valenciana, del grave problema que está generando a las empresas valencianas y a la sociedad en general con el impago de las deudas del contraídas", ha señalado Luna.

El síndic ha recordado que "mientras cortan la luz en determinadas paradas del Tram de Alicante y mientras existen multitud de facturas por abonar a decenas de empresarios, Camps se permite el lujo de organizar una reunión del Consell que sólo sirve para generar gastos de los que sólo se beneficiarán los hoteles de Bruselas".

Asimismo, ha subrayado la necesidad de implantar "una política de austeridad que se olvide de los fuegos de artificio y que sirva de verdad para resolver los problemas gravísimos que tienen los valencianos y las valencianas".

En este sentido, Luna ha reiterado que "esta iniciativa no sirve absolutamente para nada" y ha insistido en que "no hay nada que el Consell tenga que decidir en Bruselas que no pueda realizarse en la Comunitat Valenciana".

Por último, el portavoz socialista ha matizado que la celebración del pleno en la capital belga sirve para "satisfacer el ego de Camps a costa del bolsillo de los valencianos y las valencianas".

"Sus políticas se resumen en espectáculo y caro", ha finalizado.

Ripoll está sorprendido por las peticiones de dimisión y dice que lo justo es esperar a que se levante el sumario

ALICANTE.- El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha mostrado su "sorpresa" por la petición del Grupo Socialista de que dimita si no da explicaciones en un pleno extraordinario sobre su actuación en la adjudicacion del plan zonal de residuos de la Vega Baja que investiga la fiscalía Anticorrupción en el caso 'Brugal'.

En este punto, ha resaltado que a la corporación provincial "no se le acusa de nada y al presidente, tampoco", ya que su imputación en el caso se debe a su condición de presidente del citado Consorcio de residuos y ha manifestado que "lo justo" es esperar a que se levante el secreto de sumario como está pidiendo "insistentemente".

Al término del pleno celebrado este martes, en que el Grupo Socialista ha pedido su renuncia y ha requerido estas explicaciones, Ripoll ha asegurado que esta reclamación le ha "sorprendido en el contexto en el que lo dicen, cuando todo está bajo secreto de sumario y no se sabe nada, y en ese momento determinado, dicen que si no sería mejor que dimitiera".

En su opinión, "lo normal, lo justo y lo razonable es que primero se abra el secreto de sumario", tal y como sus abogados "están pidiendo insistentemente, y lo van a volver a pedir", dado que el fiscal Anticorrupción se opone a que se levante el secreto de sumario, ha comentado.

Ripoll ha considerado que en el transcurso de la sesión plenaria, el Grupo Socialista "ha mezclado" la Diputación con el Consorcio zonal de residuos, para "hacerlo todo una bola", algo que, a su parecer, es "todo ridículo".

En este sentido, ha aclarado que, "en estos momentos, a la Diputación de Alicante no se le acusa de nada y al presidente de la Diputación, tampoco", y su imputación en el caso se produce según han publicado los medios de comunicación, por su condición de presidente del citado Consorcio zonal de residuos.

"Cada uno puede pedir las dimisiones, si es habitual, en esta institución el clima que ha imperado es no pedir las dimisión del presidente y buscar el máximo acuerdo".

No obstante, ha remarcado que "todos los acuerdos de los planes de obras se han aprobado por unanimidad, de modo que si ha habido una actuación sectaria serán "todos, los diputados del PP y los del PSOE".

Ripoll ha insistido en que "nada se ha hecho al margen de la comisión de gobierno ni de la junta de gobierno, en la que participan todos los ayuntamientos que componen el consorcio".

La adjudicación de la gestión del citado plan fue "debatido y consensuado", y se adoptó una decisión "por unanimidad de los 27 ayuntamientos, incluidos nueve socialistas, de la Generalitat y de la Diputación, que representa exclusivamente el 15 por ciento", ha recordado.

No obstante, ha mostrado su disposición de "contestar inmediatamente" a "cualquier cosa que pregunte" el Grupo Socialista en la Diputación sobre este asunto.

"Yo estoy deseando y haciendo todos los trámites jurídicos para que se levante el secreto de sumario y para poder defenderme, y he puesto a disposición del Grupo Socialista toda la documentación que me ha solicitado sobre el plan zonal", ha señalado.

En este sentido, ha confirmado que ya les ha remitido toda la documentación, pese a que, según ha recordado, el Grupo Socialista ya tenía acceso a ella a través de sus alcaldes representados en el consorcio de residuos de la Vega Baja.

Ripoll ha defendido que "el expediente es correcto, y no hay nada irregular".

"Estoy absolutamente convencido de que todas las gestiones que he hecho como presidente del plan zonal, han sido las correctas: las que he hecho yo, las que ha hecho la junta de gobierno y las que han hecho todos los miembros de la comisión técnica", ha declarado.

Preguntado sobre el curso de la investigación judicial, y el envío de parte del sumario a juzgados de Alicante, ha señalado que "todo eso retrasará un poco el proceso", aunque ha reconocido que él es "un ciudadano como otro".

Además, ha subrayado que las autoridades judiciales son "un poder independiente y así deben de seguir siéndolo", y ha indicado que entiende que "no se puede alterar los tiempos judiciales" porque él "tenga mayor o menor interés en que se abra el sumario".

Por otra parte, ha aclarado que las declaraciones de la vicepresidenta de la Diputación, Mónica Lorente, --quien este lunes consideró que el 'caso Brugal' responde a actuaciones "más o menos dirigidas"-- fueron realizadas en su condición de secretaria provincial del PP, y cuentan con su "respaldo".

De igual modo, preguntado sobre su relación con el empresario adjudicatario de la contrata, Enrique Ortiz, Ripoll ha explicado que "como empresario, es la relación que tengo con todo el resto de los empresarios que trabajan para esta Diputación".

"El señor Ortiz tiene algunos contratos con esta Diputación, no es el mayor ni el menor contratista de esta Diputación, y cuando se ha presentado a los concursos, cuando ha tenido el dictamen de la comisión técnica a favor se lo ha adjudicado, y cuando lo ha tenido en contra, no se lo ha adjudicado".

En cuanto a su relación con "el señor Ortiz, presidente del Hércules", ha dicho que es "correcta y la que corresponde a dirigentes que son importantes en esta ciudad".

El PSPV critica el "plan mentira" de Camps que "paga tarde y refleja la parálisis del Consell"

VALENCIA.- El secretario de Política Municipal de los Socialistas Valencianos, José María Ángel, ha criticado "el plan mentira --Plan Confianza-- de Camps, que paga tarde y mal", y que no hace sino "reflejar la parálisis" del Consell, que "está más preocupado por temas personales que por resolver los problemas de los valencianos".

Ángel en un comunicado, se ha pronunciado en estos términos tras conocer el balance del Plan Confianza realizado hoy por el conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, al que ha instado a contestar "cuándo y cómo la Generalitat va a pagar el Plan Camps".

Para el dirigente socialista, el Plan Confianza es un "programa-mentira que refleja el fracaso de las políticas del PP", ya que, tal y como ha apuntado, "sólo se han adjudicado el 20 por ciento de la mayoría de las obras, que además sufren retrasos por culpa de la tesorería de la Generalitat".

"Son muchos los empresarios que se preguntan cuándo y cómo van a cobrar", ha lamentado el secretario de Política Municipal del PSPV que, en la misma línea, ha destacado que, a fecha de hoy, "se han pagado a los ayuntamientos menos de 200 millones, cuando a final de año se deberían haber costeado más de 1.000". Unos datos que, en su opinión, evidencian que "ese plan de desconfianza es un gran fracaso y una gran mentira".

Asimismo, Ángel, que ha señalado que el ritmo de ejecución de las obras es "peor" debido a "la nefasta gestión de la Generalitat", ha considerado que, "ni siquiera Mario Flores, que sabe mentir tan bien como el presidente del Consell, es capaz de aportar una valoración consistente del que es un plan insostenible e ineficaz".

Además, el responsable socialista ha destacado que, "a diferencia del Plan Camps, el Plan ZP sí cumple con los ayuntamientos y los pagos convenidos a los municipios".

De esta manera, ha valorado que los ayuntamientos "han sido capaces de presentar los proyectos en el tiempo y forma debidos, dando una respuesta a la oportunidad brindada por el Gobierno de España con el Plan E".

Según ha remarcado José María Ángel, el Ejecutivo central ha pagado a todos los ayuntamientos de la Comunitat los 864 millones de euros del primer 'Plan E' y ha adelantado ya 148 millones de euros del segundo 'Plan E' de un total de 543 millones de euros previstos.

"Los datos y el estado de las obras del Plan ZP, que avalan la exitosa consecución de estos proyectos, reflejan una realidad que bien se aleja de la ineficacia permanente del Plan Camps", al que Ángel ha calificado de "ineficaz e insuficiente programa que representa la desconfianza permanente del municipalismo valenciano, en el que se incluyen hasta los mismísimos ayuntamientos en los que gobierna el PP".

La Comunitat Valenciana será la primera región europea en celebrar un pleno de su gobierno en Bruselas

VALENCIA.- El Pleno del Consell se reunirá el próximo mes de octubre en Bruselas, tras aceptar la propuesta del Comité de Regiones (CdR) para que la Comunitat Valenciana sea la primera región europea en celebrar una reunión de su Gobierno en la sede administrativa de la Unión Europea (UE), según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Así lo ha anunciado este martes el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien ha realizado estas declaraciones tras mantener una reunión en Bruselas con la presidenta del Comité de las Regiones (CdR), Mercedes Bresso.

Camps ha afirmado que el Consell se reunirá en el seno del CdR a propuesta de Bresso dentro de una iniciativa europea con la que se pretende "poner en valor el papel de las regiones en la construcción de la Unión Europea".

El jefe del Consell ha agradecido la propuesta de la presidenta del Comité de las Regiones de albergar este encuentro "pionero" y ha subrayado que la celebración de este Pleno "significa el reconocimiento al papel que juegan los gobiernos regionales", así como "la labor desempeñada por la Generalitat", ha recalcado.

Además, ha destacado la importancia de colaborar en distintas iniciativas y proyectos con la Unión Europea. "Por eso hemos querido estar siempre presentes, hemos querido dar a conocer la Comunitat Valenciana", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado la "relevancia" de la relación con Europa porque es "un hilo conductor entre los intereses de los ciudadanos, de los colectivos y los sectores productivos de la Comunitat Valenciana".

El jefe del Consell ha destacado el trabajo de esta institución europea para dar a conocer el "gran papel" que hacen los Gobiernos autonómicos para la construcción de la Unión Europea.

Asimismo, Francisco Camps ha asegurado que en este encuentro se han tratado otras cuestiones que atañen a la Comunitat como el Corredor Mediterráneo o la defensa del agua.

El PSPV pide a FGV gestos de reducción en la plantilla de cargos directivos y en las retribuciones de la alta dirección

VALENCIA.- El diputado socialista en Les Corts Valencianes y portavoz de Infraestructuras y Transporte, Francesc Signes, ha solicitado al el conseller Mario Flores, así como a la gerente de FGV, Marisa Gracia, "gestos de reducción en la hinchada plantilla de cargos directivos", así como en las retribuciones de los 18 miembros de la alta dirección de FGV, que les permita "tener fuerza moral en su negociación con los representantes de los trabajadores".

Signes ha realizado estas declaraciones en un comunicado respecto al anuncio de nuevos paros llevado a cabo por los sindicatos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) para los próximos días 27 y 30 de julio y 9 de septiembre. Al respecto, ha solicitado al presidente de la empresa,

En este sentido, el portavoz socialista ha recordado que estos 18 altos directivos "están cobrando lo mismo que todo el Gobierno de España, incluido el presidente, a pesar de la mala situación económica de la empresa, fruto de la pésima gestión", que ha llevado a FGV, según Signes, "a tener impagados que generan grandes intereses de demora y a una previsión de deuda para este año 2010 que ascenderá a 1.130 millones de euros".

Así, considera que esta "grave" situación financiera "sólo es achacable a la mala gestión y no a una disminución del número de usuarios", por lo que "no tiene ninguna justificación, ni política, ni económica, ni ética, que se pretenda una reducción de plantillas y una disminución de los servicios prestados por la empresa, como ya se está haciendo con el servicio nocturno trasnochador en la provincia de Alicante".

Signes ha señalado al respecto que este servicio está puesto en marcha desde el pasado 1 de julio y del cual se ha excluido la línea 9 que conecta Benidorm con Dénia, dejando fuera zonas tan importantes como Disco Benidorm, Alfaz del Pí, el Albir, Altea, Calpe, Teulada, Gata y Dénia", ha aseverado.

Asimismo, considera "totalmente inadmisible" que, a punto de finalizar 2010, todavía FGV no haya puesto en marcha los servicios de Metroribera, anunciados por Camps en 2006, y que han de permitir unas mejores conexiones de Villanueva de Castellón y l'Alcudia, así como del resto de estaciones de la línea 1 de Metrovalencia con la ciudad de Valencia.

Pajín afirma que los ex concejales socialistas de Benidorm no han solicitado su reingreso en el partido

MADRID.- La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ha expuesto este martes que no le consta que los ex ediles socialistas de Benidorm que desbancaron al PP del Ayuntamiento con una moción de censura con el ex 'popular' José Bañuls hayan solicitado su reingreso en el partido.

En declaraciones a Onda Cero, Pajín ha afirmado que los ex concejales socialistas que arrebataron al PP la alcaldía "no han formulado ni solicitado" su reingreso en las filas de su partido. "No me consta absolutamente esa solicitud", ha añadido.

La 'número dos' del PSOE ha hecho alusión también al dictamen elaborado por la comisión de expertos Independientes del Pacto Antitransfuguismo que declara que la actuación del actual alcalde como la de los ex concejales electos en las listas del PSOE resultan constitutivas de transfuguismo y establece que Benidorm es el "exponente más claro del concepto de transfuguismo" tal y como se concibe en el Pacto.

"El informe técnico de los expertos que conozco es exactamente el mismo que el de otros casos que se encuentran en esa misma provincia", ha dicho Pajín, para hacer referencia a las mociones de censura presentadas por el PP en municipios como Dénia o La Vila Joiosa, donde "expertos en anteriores comisiones han dictaminado lo mismo que lo hacían a lo largo del día de ayer".

Chaves descarta reformar la financiación local antes de 2013 para que los ayuntamientos sean responsables de su deuda

MADRID.- El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, descartó este martes abordar la reforma de la financiación local antes del año 2013 para no impedir alcanzar el objetivo del Ejecutivo de lograr reducir el déficit público hasta el 3 por ciento ese año.

Chaves realizó este anuncio en el Senado, donde reconoció que reformar el sistema de financiación de las entidades locales es un compromiso del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pero aseguró que esta medida supondría un aumento del déficit que impediría el compromiso de reducirlo hasta el 3 por ciento.

"No renunciamos, pero lo haremos en el momento oportuno, en el mejor momento para España y para los ayuntamientos españoles", argumentó el vicepresidente tercero en respuesta al senador del PP Juan Pablo Sánchez, quien advirtió de la situación "angustiosa y crítica" en la que se encuentran los municipios.

El senador 'popular' recordó el compromiso del Gobierno de poner en marcha la Ley de Gobierno Local y la de financiación el próximo año y le culpó de la crisis económica que están sufriendo los ayuntamientos españoles, "que están pasándolo muy mal y lo van a pasar peor".

Sin embargo, Chaves defendió que los ayuntamientos son los responsables de la gestión económica de sus municipios dentro de su autonomía local establecida en la Constitución y descartó la responsabilidad del Gobierno en el asunto.

"Creo que el Ayuntamiento de Madrid es responsable de su deuda de más 6.600 millones de euros o el Ayuntamiento de Valencia responsable de la deuda de 834 millones de euros --sostuvo--. De la misma manera que más de 3.000 ayuntamientos españoles son también responsables de no haber contraído ni un solo euro de deuda".

El ministro criticó de esta forma que "por una parte de reclame continuamente la autonomía de los gobiernos locales y a renglón seguido endosar la responsabilidad al Gobierno de España".

El Ayuntamiento de Valencia se niega a la trasparencia

MADRID.- Los principales ayuntamientos españoles han mejorado su nivel de transparencia en el último año, y un total de 91 de las 110 corporaciones evaluadas han recibido un aprobado, según dijo el martes Transparencia Internacional.

En su Índice de Transparencia de los Ayuntamientos 2010, la ONG destacó con la máxima puntuación posible a los consistorios de Bilbao, Gijón, Ponferrada, Puerto de Santa María, Sabadell y Sant Cugat del Vallés, que obtuvieron un total de 100 puntos sobre 100.

Por contra, 19 de ellos suspendieron, y entre ellos hubo cuatro (Almería, Fuengirola, Salamanca y Valencia) que no quisieron aportar información.

"Entregar información a los ciudadanos no va a evitar la corrupción, pero hará más fácil su control", dijo Jesús Sánchez Lambás, miembro del Consejo de Dirección de Transparencia Internacional-España, en la presentación del informe en Madrid.

El índice, que se realiza por tercer año, se elabora a partir de 80 indicadores divididos en cinco áreas de transparencia, que se refieren a la información municipal, las relaciones con los ciudadanos, la información económica-financiera y de contrataciones de servicios, y la comunicación en materias de urbanismo y obras públicas.

Para la clasificación se tienen en cuenta las localidades a partir de los 65.000 habitantes, que representan a la mitad de la población española, según TI.

Mientras que en 2008 sólo el ayuntamiento de Bilbao obtuvo la calificación de Sobresaliente (90 puntos o más sobre 100), la cifra se elevó hasta los 14 el año pasado y alcanzó los 21 en 2010. En 2008, sólo 55 corporaciones municipales consiguieron el aprobado (50 puntos o más).

"Esta es la prueba de que el proceso de evaluación hace mejorar las cosas", agregó Sánchez Lambas.

Según la ONG, los ayuntamientos más grandes fueron los que obtuvieron las mejores puntuaciones medias. En el caso de Madrid, que registró casi 95 puntos en cuatro de las áreas, su nota bajó hasta 57,1 en el ámbito de transparencia en las contrataciones de servicios.

Otro de los miembros de la dirección de la ONG en España, Antonio Garrigues Walker, destacó que el sentido de centrarse en los ámbitos municipales se debe a que la mayoría de los casos de corrupción tienen que ver con temas de urbanismo y suelo, aunque anunció que el índice se extenderá también a las comunidades autónomas.

Garrigues Walker destacó que España está empeorando en materia de corrupción, al pasar del puesto 21 al 32, y que se trata del único país de la Unión Europea, junto con Chipre y Luxemburgo, que no cuenta con una ley que regule el acceso a la información pública.

"Esto es malo para la salud pública (...) no podemos seguir teniendo paciencia", afirmó.

En cuanto a las formaciones políticas que gestionan los ayuntamientos, el estudio no observó tendencias en uno u otro sentido.

Entre los ayuntamientos que no consiguieron el aprobado, se encuentran también San Sebastián, Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, León, Badajoz, Cáceres o Burgos.

Por otro lado, ciudades como Málaga, Soria, Palencia, Alcobendas o Avilés, recibieron la calificación de sobresaliente, mientras que Barcelona se quedó al borde con 88,8 puntos.

Una larga lista de municipios han sido o están siendo investigados en España en los últimos años por corrupción. La mayoría de los casos están relacionados con el urbanismo y el sector inmobiliario, que en la última década fueron el motor económico del país, con muchos enriqueciéndose gracias al 'boom' de la construcción.

La corrupción, que ha afectado a ayuntamientos de todo signo político, ha llevado al Gobierno a anunciar nuevas medidas para reforzar los controles en los consistorios.

Toxo y Méndez no apoyan la "bancarización" de cajas de ahorro

SANTANDER.- Los secretarios generales de UGT y CC.OO., Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, han afirmado este martes en Santander que no apoyan la "bancarización" de las cajas de ahorros, un proceso que traerá aparejados elementos de ajuste laboral "muy negativos".

La inminente convalidación por el Parlamento del Real Decreto-Ley de Reforma de los Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros que fue aprobado en el Consejo de Ministros a principios del mes de julio, es, para Toxo, "un disparate económico" y "un intento de expulsar a la sociedad civil del control de parte sustancial del sistema financiero español", mediante una modificación "radical" de la naturaleza jurídica de las cajas.

En rueda de prensa, el secretario general de CC.OO. recordó que ambos sindicatos han convocado este martes concentraciones en varias ciudades para protestar por la aprobación de la reforma de la Ley de Cajas de Ahorros porque no comparten "ni mínimamente" el "sentido" de la misma, que supondrá "una reforma radical del sistema" de cajas en una línea "de privatización de lo más parecido en España a una banca pública por el carácter social que tiene".

Aunque lo sindicatos apoyan la reestructuración del sistema financiero, están en contra de este proceso de "bancarización del sistema de cajas", y Toxo anunció que exigirán el mantenimiento del empleo y de los derechos laborales de los trabajadores que están "en zona de riesgo".

Por su parte, Méndez afirmó que la reforma supondrá "la desaparición de las cajas de ahorros, tal y como las conocemos" y que pasen a ser "bancos", lo que traerá como consecuencia "elementos de ajuste laboral muy negativos".

En este sentido, explicó que las movilizaciones convocadas por UGT y CC.OO. reclaman que no se convalide esta reforma financiera "injusta", que pretende "el fortalecimiento de los bancos frente a las cajas".

Los secretarios generales de ambos sindicatos se han pronunciado así en una rueda de prensa con motivo de la asamblea de delegados convocada por UGT y CC.OO. en Santander ante la huelga general.

El presidente de la CAM trata ahora de renegociar los poderes de Menéndez en el SIP

ALICANTE.- En una carrera contrareloj, el presidente de Caja Mediterráneo (CAM), Modesto Crespo, intenta renegociar esta semana en Madrid los aspectos más controvertidos de la «fusión fría» pactada con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, tras el ultimátum lanzado el viernes por el Banco de España, según ha podido saber ABC.

El consejo de la CAM dejó sobre la mesa el pasado jueves la aprobación del contrato del Sistema Institucional de Protección (SIP), tras constatar que el borrador otorga plenos poderes al presidente de Cajastur, Manuel Menéndez, quien actuará como consejero delegado de la entidad resultante durante un período de hasta 12 años.

Un aspecto, recalcan fuentes del consejo de administración de la CAM, que relega a la caja alicantina y que no estaba recogido en el protocolo firmado por las cuatro cajas de ahorros el pasado 26 de mayo. Cajastur, sin embargo, ha reiterado que el preacuerdo establecía la consejería delegada para Menéndez y, por tanto, sus plenos poderes.

El Banco de España no se ha mostrado sensible a los reparos expuestos por la CAM y, en una reunión celebrada el viernes por la tarde, dio un ultimátum a Modesto Crespo para cerrar definitivamente la operación antes del próximo lunes, día 26. Crespo viaja hoy martes a Madrid para intentar cerrar «in extremis» un acuerdo con el banco emisor y con Cajastur, que aumente el peso de la caja alicantina en el seno de la futura entidad. La CAM pretende que el futuro presidente del SIP —el propio Modesto Crespo— tenga idénticos poderes que el consejero delegado, y ambos estén supeditados al consejo.

Modesto Crespo tiene otra importante cita mañana por la tarde, cuando se reunirá el pleno de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) para, entre otras cuestiones, hacer balance de los procesos de fusión abiertos. Crespo buscará la mediación del presidente de la CECA, Isidro Fainé (La Caixa), para acercar posturas con Cajastur y lograr un acuerdo satisfactorio. Crespo es uno de los cuatro vicepresidentes de la Confederación de Cajas, junto a Rodrigo Rato (Caja Madrid), Amado Franco (Ibercaja) y Braulio Medel (Unicaja).

La cita de mañana supondrá probablemente la última oportunidad para renegociar la fusión. La CAM tiene previsto celebrar un nuevo consejo de administración esta semana, previsiblemente el jueves, para ratificar la operación.

Fuentes de la entidad admiten que ya no hay marcha atrás. «No nos queda más alternativa que aprobar la fusión, pero queremos hacerlo con un acuerdo que respete la posición de la CAM», «ya no hay margen para negociar una fusión distinta y, en la actual coyuntura, resulta impensable pretender que la caja siga su camino en solitario», 1 indicaba ayer a este periódico un miembro de su consejo.

La ruptura de la fusión implicaría perder los fondos del FROB —1.493 millones de euros—, imprescindibles para sanear el balance de la entidad alicantina, lastrado por los créditos concedidos a promotores que hoy pueden resultar de dudoso cobro.

El Banco de España podría acogerse a este argumento para intervenir la caja y suspender a los miembros de su consejo de administración si finalmente se rompe el principio de acuerdo de la «fusión fría», advierte el mismo consejero. En pocas semanas, la CAM ha pasado de ser una de las novias más deseadas en el proceso de fusiones —descartó sucesivamente su integración con Caja Madrid, Bancaja y Caja Murcia, ante la falta de acuerdo— a verse relegada por Cajastur.

En el SIP acordado con esta última, ambas entidades se sitúan teóricamente en plano de igualdad, con un 40% de los derechos de voto cada una. Pero los plenos poderes otorgados a Manuel Menéndez desequilibra las condiciones de gobierno.

lunes, 19 de julio de 2010

Fiscalía acuerda seguir investigación penal al presidente en funciones de la Diputación de Castellón

CASTELLÓN.- El Fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Castellón, Javier Carceller, ha acordado continuar diligencias de investigación penal al alcalde de Vall d'Alba y presidente en funciones de la Diputación, Francisco Martínez, por la presunta comisión de conductas irregulares en la inscripción de personas en el padrón municipal de la localidad, ha asegurado este lunes el PSPV en un comunicado.

De este modo, han apuntado las mismas fuentes, "son ya tres altos cargos de la Diputación de Castellón, quienes están siendo investigados por la justicia como es el presidente de la institución provincial, Carlos Fabra, por fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias, y el vicepresidente Vicent Aparici, investigado por permitir el vertido de residuos tóxicos".

El PSPV-PSOE de Vall d'Alba presentó una denuncia en la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística (INE) para comprobar si existen irregularidades en el padrón de habitantes de la localidad al sufrir desde el año 2007 un aumento considerable, más de 200 personas que votaron en las elecciones municipales del 2007, "sin que se encuentre ningún motivo aparente que justifique dicho incremento".

La documentación adjunta a esa denuncia "acreditaba cómo el censo de habitantes de la localidad aumentó en 644 personas durante el año 2006, cuando el crecimiento del padrón los años anteriores y posteriores al 2006 fue de 45 o 50 personas por año". Además, en esa última denuncia se explica cómo se dan de baja a empadronados en el municipio después de cada denuncia presentada por el PSPV de Vall d'Alba en 2007, 2009 y 2010, han relatado las mismas fuentes.

Según ha indicado el portavoz socialista de la localidad, Fernando Grande, "los certificados de Martínez tienen la misma credibilidad que la declaración de la renta de Carlos Fabra, al realizar fraude electoral por empadronar a personas para que le votasen en 2007 y que ahora ha dado de baja".

Para Grande, "Martínez puede seguir con su estrategia de engañar a sus vecinos con argumentos falsos y ridículos, como que en casa de sus concejales no viven 8 ó 9 personas sin parentesco entre ellos, en el Ayuntamiento no viven el secretario y su mujer y que 644 personas no vinieron a vivir en el 2006 a Vall d' Alba, pero sí vinieron a votar".

Medicina, Magisterio, Enfermería y Administración de Empresas, titulaciones más solicitadas por los valencianos

VALENCIA.- Medicina, Magisterio en Educación Primaria, en Infantil, Enfermería y Administración y Dirección de Empresas son las titulaciones más solicitadas por los alumnos valencianos. Asimismo, Medicina es la que presenta mayor nota de corte con un 12,24 en la Universitat de València (UV) y un 12,21 en la Miguel Hernández de Elche (UMH).

La Conselleria de Educación ha dado a conocer los resultados de la preinscripción universitaria para el curso 2010-2011, en los que destaca que de una oferta de 26.241 plazas y un número de 36.633 solicitudes, cera de un 83% --concretamente 82,7%-- de los alumnos valencianos estudiará el próximo curso académico una de las tres titulaciones seleccionadas entre sus primeras preferencias.

El número de adjudicaciones se ha incrementado respecto al curso anterior al pasar de 22.111 en 2009 a 24.315 este año. Por tanto, para la convocatoria de septiembre quedarán pendientes de adjudicar un total de 1.926 plazas.

En cuanto a la vía de acceso a la universidad, del total de plazas adjudicadas 22.405 corresponden a alumnos que acceden a los estudios superiores tras la superación de las Pruebas de Acceso a la Universidad; 705 son mayores de 25 años; 615 son alumnos que ya poseen otra titulación superior, 136 son mayores de 40 años, 82 mayores de 45 años, 151 son deportistas de Alto Nivel y 221 discapacitados.

El director general de Universidad y Estudios Superiores, Jesús Marí, ha afirmado que "el grado de satisfacción de la demanda de titulaciones de los alumnos de la Comunitat Valenciana se encuentra en un nivel óptimo, ya que un 83% de los alumnos cursarán alguna de las carreras que habían situado entre sus tres primeras preferencias".

Los datos de preinscripción se pueden consultar a través de la página ubicada en la web de la Generalitat www.preinscripcion.gva.es. Asimismo, los admitidos que indicaron teléfono móvil de contacto en la solicitud telemática han recibido un mensaje informativo de su admisión.

Las titulaciones más demandadas por los alumnos valencianos en primera opción son el Grado en Medicina, Grado en Maestro en Educación Primaria, Grado en Maestro Educación Infantil, Grado en Enfermería, Grado en Adminsitración y Dirección de Empresas, Grado en Psicología, Grado en Derecho, Grado en Arquitectura, Grado en Criminología y Grado en Bellas Artes.

Por sexos, las titulaciones más solicitadas por mujeres han sido las de Grado en Medicina, Grado Maestro en Educación Infantil, Grado en Enfermería, Grado en Maestro en Educación Primaria, Grado en Psicología, Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en Derecho, Grado en Arquitectura, Grado en Criminología y Grado en Bellas Artes.

En cuanto a los hombres, las preferencias han sido las de Grado en Medicina, Grado en Maestro en Educación Primaria, Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en Arquitectura, Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Universidad de Valencia), Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en Enfermería, Grado en Derecho y Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Universidad de Alicante)

Por lo que respecta a las notas de corte para acceder a las diferentes carreras ofertadas por las universidades de la Comunitat Valenciana destaca que son ocho las titulaciones que requieren una nota superior al 11.

En concreto son Medicina, tanto por la Universitat de València como por la Miguel Hernández de Elche; Ingeniería Aeroespacial (UPV); Bioquímica y Ciencias Biomédicas, Odontología y Biotecnología todas por la UV; Biotecnología pero esta vez por la UPV; Enfermería por la UV; Traducción e Interpretación (Inglés) por la UA; Biotecnología también en la UMH y Traducción y Mediación Interlingüística (Inglés) por la UV.

Expertos destacan en Valencia que el LHC estará preparado para hallar nuevas partículas a partir de 2013

VALENCIA.- Expertos reunidos en Valencia en el Simposio Internacional de Partículas, Cuerdas y Cosmología (Pascos 2010) que se ha celebrado este lunes en la sede de la Fundación Universidad-Empresa Adeit han destacado que el Gran Colisionador de Hadrones de Ginebra (LHC) alcanzará su máxima energía en 2013 y estará preparado para encontrar nuevas partículas.

El presidente del congreso y profesor de Investigación del CSIC, José Furtado Valle, y el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid Carlos Muñoz han explicado que con el LHC tratan de cerrar el modelo estándar de la física de partículas y de encontrar el 'bosón de Higgs' que es una partícula propuesta por la teoría para explicar el mecanismo por el que las partículas subatómicas tienen masa.

Muñoz ha explicado que, en la actualidad, no se conoce el 85% de la materia de la que está compuesta el universo por lo que el LHC permitiría en el futuro conocer algunas de estas partículas. Este experto ha indicado que el colisionador "permitirá conocer el origen del universo, de lo que está hecho y su evolución".

Además, aunque todavía no se conocen aplicaciones del colisionador para la vida diaria, los expertos han señalado que se están desarrollando y que se conocerán en el futuro, ya que "la investigación básica siempre termina siendo fundamental para la vida", ha señalado Muñoz.

Ambos expertos se han mostrado "muy orgullosos" de este colisionador que ha hecho que Europa "lidere la investigación de las partículas que forman el universo".

Por otro lado, Furtado Valle ha explicado que España es la décima potencia del mundo en investigación de ciencia básica y ha incidido en la necesidad de que los ciudadanos conozcan la labor que desarrollan los científicos españoles.

El presidente del congreso ha destacado también que en Valencia hay varios grupos de investigadores que están realizando un gran trabajo y ha explicado que para el futuro tienen previsto construir un instituto físico médico en el que se aplique a la medicina los hallazgos de la ciencia.

Esta reunión científica, organizada por el Instituto de Física Corpuscular, se prolongará hasta el próximo 23 de julio y en ella se debatirán otros de los principales experimentos desarrollados en la cosmología, como el análisis del fondo cósmico de microondas con el satélite Planck y los grandes detectores de materia oscura o neutrinos.

Es la primera vez que el congreso Pascos se organiza en España en sus 16 años de existencia y durante sus cinco días de duración reunirá a 160 expertos en física de partículas y cosmología de 20 países diferentes.

Blasco se pregunta cómo explicará Pajín en las Corts el caso de "flagrante transfuguismo" de Benidorm

VALENCIA.- El portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, se ha preguntado cómo explicará la senadora y secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, "el caso flagrante de transfuguismo en Benidorm cuando comparezca en Les Corts en calidad de senadora territorial".

Blasco, en un comunicado, ha recordado que la petición para que Pajín y los otros cuatro senadores territoriales de la Comunitat (Ferrada, De España, Lerma y Rodríguez Marín) comparezcan en el Parlamento valenciano ya ha sido solicitada por el PP y será tramitada por la Mesa cuando se abra el próximo periodo de sesiones, en el mes de septiembre.

El síndic 'popular' ha explicado que el caso de transfuguismo "no centrará toda la comparecencia de Pajín, pero es evidente que es una cuestión que no podemos obviar por su doble papel como senadora que debería velar por la legitimidad de las instituciones valencianas y por su condición de secretaria de Organización del PSOE, que debería poner coto a este tipo de acciones".

Blasco se ha preguntado "a qué espera Pajín para dar una explicación y tomar las medidas oportunas después del varapalo que el comité de expertos del Pacto Antitransfuguismo ha dado al equipo de gobierno de Benidorm, al calificar su forma de acceder a la alcaldía como "el más claro exponente de transfuguismo".

"Es inédito que la dirección federal de los socialistas permanezca callada y más grave aún si cabe en el caso de Pajín, ya que si está emocionalmente implicada por la presencia de su madre en esta situación y es incapaz de hacer su trabajo debería haber presentado ya su dimisión", ha apuntado.

En este sentido, ha indicado que la Ley de Régimen Local aprobada el pasado 9 de junio en las Corts Valencianes y que ya se encuentra en vigor "pone un cerco muy claro a las situaciones de transfuguismo, que son el peor cáncer de la democracia".

Al respecto, se ha preguntado si Pajín conoce la ley "o si el rechazo del grupo socialista en las Corts a esta norma fue premeditado para no reconocer que gobiernan un Ayuntamiento de forma inmoral y para no dejar en evidencia a Pajín".

El TS archiva la querella contra González Pons por la adjudicación de licencias de TDT

VALENCIA.- La sala de lo penal del Tribunal Supremo (TS) ha archivado la querella presentada contra el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, por la Federación Valenciana de Televisión --que entendió que se había incurrido en prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos en la adjudicación de diversas licencias de TDT al empresario José Luis Ulibarri imputado en el 'caso Gürtel'-- al considerar que los hechos "no son constitutivos de ningún ilícito penal".

El pasado mes de marzo, la Federación Valenciana de Televisión interpuso una querella contra Esteban González Pons en la que aseguraba que el 'popular', en su condición de conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Generalitat valenciana, había cometido diversos delitos, entre ellos prevaricación, al "favorecer" a Ulibarri en la adjudicación de licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT) y de haber concedido "13 de los 18 permisos a empresas vinculadas a la trama (Gürtel)" .

Posteriormente, el fiscal, tras recibir las actuaciones, pidió a la sala del Alto Tribunal que resolviera si era competente para tratar el asunto y dictara "la oportuna resolución inadmitiendo a trámite la querella formulada por no ser constitutivos de delito los hechos en los que se fundamenta".

Así, la resolución determina que la sala sí es competente para conocer la causa, puesto que González Pons es diputado, pero, además, resuelve rechazar la querella por no ser los hechos que se señalan constitutivos de delito.

En este sentido, el auto hace notar que la parte querellante defiende que González Pons actuó "de forma concertada con terceros y con la finalidad de favorecer los intereses de los mismos" pero --señala la sala-- "hecha esta afirmación no concretan los hechos en que se traducen las actuaciones concertadas que revelarían la comisión de los delitos, limitándose, por el contrario, a decir que realizó una serie de actos de carácter prevaricador, corrupto y de malversación de caudales públicos, dentro de un procedimiento administrativo, no indicando acción concreta alguna".

La Federación de Televisión también argumentaba que el ex conseller ejerció funciones delegadas por el presidente de la Generalitat al haber acordado la convocatoria del concurso público para adjudicar las licencias y que la consultora encargada de valorar las ofertas, Doxa Consulting SL, emitió un informe que, a su juicio, no se correspondía con los méritos de la propuesta efectuada por los querellantes.

En este sentido, el TS enfatiza que en esa actuación no consta que González Pons tuviera "intervención alguna" y añade que, en la única referencia a la resolución adoptada por él en su condición de conseller, consistente en la adjudicación del concurso --"aceptando la propuesta que se le realiza por la mesa de contratación y elevada por la Dirección General de Promoción Institucional", recalca-- "no se dice que tuviera intervención alguna el aforado ni se describe en qué forma concretan los querellantes su intervención".

De esta manera, el Alto Tribunal sostiene que "no se relata actividad alguna del aforado que tenga apariencia, ni siquiera de manera indiciaria, de ilícito penal".

De igual modo, sobre las manifestaciones contenidas en la querella acerca de las declaraciones públicas de González Pons en su condición de miembro responsable del Partido Popular y referidas al 'caso Gürtel', la sala argumenta que, "en principio y a resultas de lo que en dichos procedimientos se investigue", no parece que tengan "relevancia alguna en relación a los hechos relatados en la presente querella".

De ahí que el Supremo concluya, de acuerdo con el dictamen del Ministerio Fiscal, que procede la inadmisión de la querella.

Sindicatura de Comptes pide penalizar a Ayuntamientos que no rindan cuentas

VALENCIA.- La Sindicatura de Comptes ha entregado en las Corts el Informe Especial sobre las Competencias en la Fiscalización de Entidades Locales, que analiza la actividad desarrollada respecto al sector público local desde que el órgano de control externo asumió competencias plenas en 2003, en el que solicita un régimen sancionador para penalizar la no rendición de cuentas de estas administraciones, ya que se han detectado "importantes incumplimientos de la normativa en la gestión de fondos públicos".

En el documento entregado por la entidad fiscalizadora concluye que el actual control que se realiza sobre las entidades locales resulta "insuficiente" y está condicionado por a falta de medios personales, materiales y normativos. Al respecto, recuerda que la Sindicatura carece de competencia para sancionar a quienes incumplen la obligación de rendir cuentas o colaborar, según ha informado en un comunicado.

Asimismo, el informe denuncia que, además de la no rendición de cuentas, "de forma generalizada, las entidades fiscalizadas no aprobaron en el plazo legal ni el presupuesto ni su liquidación". De éstos, sólo el 11,3 por ciento aprobaron el presupuesto en el plazo legal pero, ninguno con población superior a 5.000 habitantes.

La Sindicatura de Comptes considera así que el control es "insuficiente", por lo que se ha marcado como objetivo fiscalizar un porcentaje superior al 40% del presupuesto público local en un periodo de cinco años.

La institución no obstante, se ha puesto de manifiesto diversas "debilidades" para desarrollar esta labor, como son la "falta de una adecuada fiabilidad de la contabilidad, la segregación de funciones del personal y la insuficiencia en la realización de las funciones del control interno", ya que "es frecuente que el interventor tenga doble actuación como gestor y fiscalizador".

Además, influye negativamente en las funciones de control interno "la dependencia excesiva respecto de los órganos gestores, no solo retributiva, sino también disciplinaria o de provisión de puestos de trabajo".

El informe finaliza con una serie de recomendaciones a los órganos legislativos, a las entidades locales y a la Generalitat. En el primer caso, recomienda clarificar el sector público local para determinar el régimen al que está sujeto, así como aclarar la adscripción para evitar la ausencia de control en entidades participadas por varias administraciones.

Aconseja una modificación sustancial de la regulación de la Cuenta General para que incluya todos los entes públicos locales y para que se recorte los plazos de formación, aprobación y rendición. Además, pide dotar a la Sindicatura de medios personales y normativos, a través de un régimen sancionador efectivo que contemple medidas disciplinarias o sanciones económicas para quienes no rindan cuentas.

En este sentido, pide a la Generalitat, que haga uso de la facultad para establecer como requisito indispensable para la concesión de subvenciones y ayudas a las entidades locales que éstas hayan presentado la Cuenta General, debidamente aprobada, a la Sindicatura de Comptes.

Entre sus recomendaciones al legislador, incluye que se cree un registro único de cuentas y de información contable para evitar disfuncionalidades y que se iguale el control interno de las entidades locales al del Estado, de forma que exista independencia en las funciones.

Además, solicita que la tramitación parlamentaria de los informes de entidades locales de carácter general sea propia y específica, como ocurre con la Cuenta General de la Generalitat.

La Sindicatura de Comptes realiza dos tipos de actuación. En primer lugar, anualmente, examina las cuentas generales de las entidades locales que presentan sus cuentas, y elabora un informe global. En este sentido, el objetivo de la Sindicatura es fomentar la rendición de cuentas, que actualmente se sitúa en torno al 90 por ciento, para impulsar así la transparencia y el cumplimiento de los plazos y obligaciones legales.

En esta línea, el órgano de control ha ido introduciendo modernizaciones, como la presentación telemática o el acuerdo con el Tribunal de Cuentas para la rendición en un acto único, y busca el apoyo de organismos relacionados con las entidades locales, como las diputaciones provinciales, colegios profesionales de funcionarios o la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

El segundo tipo de actuación es la fiscalización específica por organismo o por área. De estas actuaciones se han realizado un total de 265 fiscalizaciones, de las que 207 se han hecho una vez asumidas las competencias en 2003. El 89 por ciento (235) del total de fiscalizaciones corresponde a ayuntamientos, a los que en el 32 por ciento de los casos se les ha fiscalizado al menos dos veces.

Fomento ha concedido 60,5 millones en ayudas al abandono de actividad de casi 1.200 transportistas autónomos

MADRID.- El Ministerio de Fomento ha concedido durante este año un total de 60,5 millones de euros en ayudas destinadas a facilitar la retirada de la actividad de empresarios autónomos del transporte por carretera.

En concreto, en 2010 se han beneficiado de estas ayudas, concedidas a través de la Dirección General de Transporte Terrestre, un total 1.188 transportistas autónomos, según el listado de beneficiarios que aparece publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De estas pequeñas empresas de transporte, 14 son de transporte de viajeros, con un total de 18 vehículos, y 1.174 están dedicadas al transporte de mercancías, con un total de 1.347 vehículos.

El gabinete dirigido por José Blanco está destinando durante la actual legislatura una media anual de 60 millones de euros, cantidad acordada con el Comité Nacional de Transporte por Carretera y ratificada por el Gobierno en junio de 2008, lo que supondrá unos 240 millones de euros entre 2009 y 2012 para ayudar a cesar en la actividad a cerca de 5.000 empresarios autónomos del transporte.

De las ayudas otorgadas este año, 24,79 millones de euros corresponden al abono de los semestres que les faltan a los beneficiarios para cumplir los sesenta y cinco años, y unos 35,64 millones de euros por la retirada de la autorización de transporte.

El objetivo de esta medida es afrontar el problema de la elevada edad de muchos de los titulares de microempresas y se avanza en la modernización del transporte por carretera.

Para ser beneficiario de estas ayudas los transportistas deben cumplir los requisitos de tener una edad superior o igual a 58 años o haberle sido declarada una incapacidad permanente absoluta o total para el desempeño de la profesión habitual de transportistas, así como ser titular de una autorización de transporte público de mercancías o de viajeros en autobús con un máximo de tres copias y de haber sido titular de forma ininterrumpida durante los 10 últimos años de una de las mencionadas autorizadas.

Toxo advierte que la reforma de las cajas pretende "expulsar a la sociedad civil" de sus órganos de gobierno

ALBACETE.- El secretario federal de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha asegurado este lunes que el Gobierno "parece que tiene como objetivo" con la reforma del sistema de cajas "expulsar a la sociedad civil del control de las mismas, de los órganos de gobierno".

Fernández Toxo, en rueda de prensa en la sede de CCOO en Albacete, donde acudió para informar de las razones de la convocatoria de la huelga a los trabajadores de Eurocopter y de Gamesa Eólica, ha recordado que esta semana se va a plantear en el Congreso "la convalidación del Decreto Ley" para esta reforma y "llama la atención", ha añadido el líder sindical, "que para una reforma de esa envergadura se opte por la vía del Decreto Ley y del trámite de urgencia" cuando "se debería haber contado con un debate profundo en el Parlamento y en la sociedad".

Esta reforma "tiene un precedente en Italia", ha apuntado Fernández Toxo y el resultado es que "hoy, de las cajas en Italia, no queda absolutamente nada", a lo que ha añadido que "parece como que alguien haya visto en la crisis la oportunidad de hacer un negocio a partir de la privatización de la parte del sistema financiero que ocupan las cajas, que es casi un 50% del sistema financiero español".

El Gobierno, "parece que tiene como objetivo, desde el cambio de la naturaleza jurídica de las cajas, expulsar a la sociedad civil del control de la misma, de los órganos de gobierno de las mismas", por lo que ha anunciado que CCOO "vamos a seguir insistiendo en la necesidad de preservar la naturaleza jurídica de las cajas, de los procesos de reestructuración de las mismas, que se garanticen las condiciones de trabajo, el papel de los convenios colectivos, que se garantice la estabilidad financiera de la resultante de los procesos de fusión o concentración, que la caja mantenga el control a futuro de todas las actividades, incluidas las del banco, que se mantenga el retorno del beneficio a la sociedad y que se mantenga la presencia de la sociedad civil en los órganos de gobierno".

Unas peticiones que "hemos trasladado a todos los partidos del arco parlamentario" para que, cuando se produzca la convalidación del real decreto, sea tenido en cuenta y no se vaya por la vía de atajos a la desnaturalización del sistema financiero español".

A preguntas de los periodistas sobre si esta convalidación podría afectar al proceso de CCM en cuestiones como el mantenimiento de los puestos, Fernández Toxo ha admitido que "sí, puede esas repercusiones sobre los trabajadores a futuro, como puede tenerlo en el terreno de la función del territorio" porque, como ha explicado "una cosa es que la situación de la caja obligue a tomar decisiones que permitan la recapitalización de la misma por sí sola o con la integración con otras cajas y otra es que, aprovechando esa utilización de recursos públicos, se proceda a la desnaturalización y a que el negocio financiero de la caja sea ocupado su espacio por un banco, se mantenga o no, a través de una fundación u otra vía, la sensación de que la caja permanece".

domingo, 18 de julio de 2010

La desamortización de la CAM / Apunte de Argárico

El actual vértice de la CAM por obra y gracia del moribundo presidente Camps, un tal Modesto Crespo, vendedor de coches 'Ford' en Elche, debería mañana lunes dimitir y dejar paso a cualquiera de los tres vicepresidentes -preferiblemente Armando Sala, el de Alicante- por no haber defendido los intereses generales de los impositores, especialmente de Alicante y Murcia, para anteponer los suyos propios encaramándose en la presidencia de un SIP gobernado desde Cajasturias por un duodenato, aún a costa de agravar más la orfandad financiera de la Comunidad Valenciana.

El responsable histórico del desastre, creo entender que es el tal Roberto López, todavía director general de la CAM, amortizado al haber perdido toda credibilidad como gestor, y artífice de lo que tiene todas las trazas de ser ya una entidad virtualmente en quiebra a tenor de la intransigencia de un Banco de España, que hasta hace muy poco no nos había dicho la verdad de esta situación, enmascarada hasta para el consejo de administración, y que desde luego no ha cumplido en su momento estrictamente con su papel supervisor para evitar semejante devenida situación.

De ahí que el sometimiento a los astures o la intervención para posterior venta sean las únicas soluciones hoy a la vista tras la pregunta aún sin respuesta de ¿Quién ha vaciado la CAM? La Fiscalía tiene la palabra y el deber de actuar hasta de oficio por este cantado y no evitado saqueo.

La Comunidad Valenciana y, en parte, la Región de Murcia se quedan así sin palanca financiera propia para sus objetivos estratégicos de desarrollo regional en un momento histórico y fatídico, donde Bruselas urge a la desaparición de nuestro modelo propio de cajas de ahorro. Y especialmente de la CAM por tener, según parece, el mayor agujero del sistema financiero español, dificilmente digerible hasta con una incorporación al SIP de Caja Madrid-Bancaja.

Por eso el Banco de España está dispuesto a intervenir la CAM a partir del próximo 28 de julio aún a costa de sacrificar al 60% de su actual plantilla, se mire por donde se mire. Y ya no queda tiempo para poder esbozar una tercera vía socialmente aceptable. Los sindicatos apenas van a poder hacer nada sea cual sea la fórmula de salida. "¿Cómo se dejó comprar un banco en Ecuador y otro en Méjico a una caja en práctica situación de insolvencia?", se pregunta en voz alta este consejero por el PP de Alicante, que censura también al Banco de España.

En razonamiento de uno de los más emblemáticos consejeros de la CAM, el Banco de España no hizo los deberes en su momento y ahora quiere imponer una salida que perjudica a Alicante y Murcia al perder el control sobre una herramienta fundamental para su sociedad y sus empresas. Pero hasta Cajasturias prefiere ahora que la CAM diga que no a continuar en el SIP pese a las fuertes presiones y, hasta amenazas no veladas, del Banco de España. El 'mihura' le asusta al vaquero-banquero.

La muy reciente reforma de la LORCA contempla ayudas individuales a entidades de ahorro en apuros. Entonces por qué se empuja a la CAM a una fusión desigual e injusta a favor de Cajasturias en vez de respetar a sus órganos soberanos y buscar una situación a su medida por muy negro que pueda parecer su agujero. Y dónde está la CECA y a qué juega en este pulso. La bancada murciano-alicantina está firme aunque algo desmoralizada ante la desesperanza que la embarga.

Si tan mal anda la CAM por qué en cinco ocasiones otros han venido a por ella apoyados desde el Banco de España: Bancaja, Cajamurcia, BBK, Caja Madrid y Cajasturias. Qué se llevan entre manos el supervisor y sus niños mimados Carlos Egea (el del otro SIP imposible) y Manuel Menéndez, tal para cual. Algo huele a mafia de altura en todo ésto y a presuntos delincuentes de cuello blanco. Veo demasiada gente nada espontánea para alzarse con el santo y la limosna.

Pero aquellos son instrumentos complacientes para la creación de una nueva banca española semipública a través de estas mal llamadas fusiones frías, que exigen los plenos poderes de unos para un señor de la confianza total del Banco de España, como estos dos: al asturiano lo mandaron primero (con éxito) a comprar CCM y al murciano después (con fracaso) a intentarlo con Caja Sur. Ahora vamos a ver las segundas partes si salen como pensaban arriba.

La teórica gestión exitosa de Cajasturias no tiene nada que ver con la que necesita la CAM, calcetín aparte, de riesgo puro y duro. El señor Menéndez poco o nada debe saber como cántabro-astur de la dinámica financiera mediterránea. Como la presuntamente fracasada de una Cajamurcia castellana es diametralmente opuesta al estilo desarrollado por Sa Nostra o Caixa Penedés en la antigua Corona de Aragón. Los 'niños' son menos diestros de lo que dicen.

En ambos casos, aceite y agua. Y por eso la CAM no se entendió con Egea y ahora no se entiende con Menéndez aunque ambos sean perros de presa del gobernador Ordóñez para doblegar los legítimos intereses locales en cada caso, al margen del fracaso de los gestores impuestos por políticos de paso en todo tiempo.

Para bien o para mal, la gran caja del sureste, construida pacientemente por el viejo falangista cartagenero Oliver Narbona, está a punto de desamortización a manos de un habitual veraneante en Santa Pola que, en este caso, ojo, toca de oído pero es muy amigo de sus amigos.

La comisión de expertos declara el caso de Benidorm como el "exponente más claro de transfuguismo"

MADRID.- La comisión de expertos Independientes del Pacto Antitransfuguismo declara en su informe sobre la crisis de gobierno en el Ayuntamiento de Benidorm el verano pasado que tanto la actuación del actual alcalde como la de los ex concejales electos en la lista del PSOE resultan constitutivas de transfuguismo. De hecho, establece que el caso de este municipio es el "exponente más claro del concepto de transfuguismo" tal y como se concibe en el Pacto.

El dictamen elaborado por la comisión de expertos será presentado ante la Comisión del Pacto Antitransfuguismo la semana que viene y establece que la "conducta" del ex edil del PP José Francisco Bañuls "resulta constitutiva de transfuguismo a todos los efectos".

Igualmente, la comisión considera tránsfugas al nuevo alcalde, Agustín Navarro, y a los otros 11 concejales electos en la lista del PSOE, hoy también declarados no adscritos, como Bañuls. Todos ellos conforman actualmente el equipo de Gobierno de Benidorm.

Los expertos destacan en su informe que, como en otros casos analizados, el caso de Benidorm pone de manifiesto un "patrón de transfuguismo muy común, en el cual la formación política que ha ganado las elecciones municipales por mayoría absoluta pierde la Alcaldía por la deslealtad de uno de sus representantes electos, quien de forma unilateral otorga el citado cargo a otro candidato ajeno a su grupo, que hasta ese momento formaba parte de la oposición".

Así pues, la comisión explica que la persona que incurre en este tipo de conductas es, merced a las disposiciones del Pacto Transfuguismo, un "tránsfuga en toda regla", pero esto no quiere decir que no puedan existir otros "actores políticos" que merezcan también dicho calificativo por su "condición de terceros beneficiarios.

En el caso de Benidorm, subrayan los expertos, se pone de relieve la "estrecha colaboración entre el concejal tránsfuga y todos los concejales del PSOE".

"Todos ellos, sin excepción, conforman el gobierno municipal tras la moción de censura, asumiendo con total normalidad la nueva situación política, hasta el punto de que Bañuls es, por notoriedad mediática y por presencia en el gobierno municipal, uno de los pilares de la nueva corporación", señalan.

Por otro lado, Ezker-Batua del Ayuntamiento de San Sebastián presentará en la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo el caso de dos concejales, Duñike Arriabalaga y Jon Lasa Laboa, elegidos como representantes de EB en las municipales de 2007 y actualmente expulsados tras anunciar su paso a otra formación política, Alternatiba, a nombre de la cual han registrado el grupo municipal. Así queda reflejado en el informe que EB ha enviado al Ministerio de Política Territorial.

La Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo se reúne el próximo jueves, 22 de julio, y son los representantes de distintas formaciones políticas las que proponen los casos a estudiar. En esta ocasión, la Comisión se ocupará de los casos de Velilla de San Antonio (Madrid), Vilafant (Girona), Tresjuncos (Cuenca), San Agustín de Guadalix (Madrid), Cañete de las Torres (Córdoba), Espinoso del Rey (Toledo), Balaguer (Lleida), Aitona (Lleida), Calafell (Tarragona), San Sebastián y La Bastida (Álava).

CC OO pide más inspectores de Trabajo en el Vinalopó para atajar posibles fraudes en Industria y Hostelería

ELDA.- El sindicato CCOO ha pedido al Gobierno central un aumento de la plantilla de inspectores de Trabajo en el Vinalopó para atajar los presuntos casos de fraude a la Seguridad Social que se registran en los sectores de la industria y la hostelería.

Fuentes de la central sindical han afirmado que, con llegada del verano, se incrementan esos posibles fraudes en la industria del calzado.

Las mismas fuentes han lamentado que el Ejecutivo central "no atiende" sus demandas de ampliar la plantilla de la Inspección de Trabajo, ni tampoco cubre las bajas laborales que se producen en el colectivo de inspectores.

Según datos aportados por CCOO, en la actualidad trabajan entre 52 y 60 profesionales, entre jefes, inspectores y subinspectores de Trabajo, en la provincia de Alicante.

A su juicio, esa cifra es "escasa" para combatir las supuestas "irregularidades" que en materia de Seguridad Social se dan en el Vinalopó.

Las fuentes sindicales han indicado que a esa situación se añade el hecho de que "pronto causarán baja cuatro de estos inspectores", cuyas plazas la Administración central "no tiene pensado cubrir".

CCOO ha considerado "necesario" un aumento de la plantilla de inspectores para prevenir y erradicar los posibles casos de fraude a la Seguridad Social en la industria y en el sector servicios.
Comisiones Obreras ha pedido la intervención de los inspectores de Trabajo y de Hacienda en restaurantes y salones de banquetes en los que, según el sindicato, se cobran menús de hasta 100 euros con plantillas de 40 personas de las que únicamente están con contrato entre 5 y 10 trabajadores.

En cuanto al sector del calzado, el sindicato ha revelado que "tristemente" la Inspección de Trabajo debe solicitar de nuevo la presencia de agentes de la Policía en empresas de Elda y Petrer para poder demostrar la actividad de trabajadores sin contrato.

Las citadas fuentes han asegurado que, en dos meses, se han llevado a cabo veinte intervenciones, tras las que se han presentado varias denuncias por presunto fraude de ley.

La central sindical ha advertido también de nuevas "irregularidades" en "la vuelta al trabajo a partir del 31 de agosto, ya que hay empresas que ahora no están renovando contratos a sus empleados aprovechando el verano".

El Síndic recuerda al Consell que Alicante no quiere la basura de Castellón

VALENCIA.- La Sindicatura de Greuges ha instado a la Conselleria de Medio Ambiente a que, a la hora de autorizar la ampliación de la planta de tratamiento de residuos sólidos de Alicante, tenga en cuenta la voluntad "unánime" del pleno del Ayuntamiento para que la planta no reciba residuos de otros planes zonales.

El Síndic, José Cholbi, atiende así una queja presentada por la Coordinadora de Asociaciones y Colectivos de las Partidas Rurales de Alicante (CACPRA) para que medie en el proceso de autorización ambiental integrada para la ampliación del centro de tratamiento de residuos.

Los vecinos han denunciado ante la institución que están sufriendo "insoportables molestias" por los "fuertes olores" que emanan del vertedero y "los constantes ruidos" generados por el intenso tráfico de camiones de basura durante toda la jornada.

Según ha indicado el consistorio al Síndic, el pliego de condiciones sobre el tratamiento de residuos urbanos no prohíbe que en las instalaciones de Alicante entren basuras de otros planes zonales, aunque no ha precisado qué municipios depositan sus residuos en la planta de Fontcalent.

Respecto a las quejas por los fuertes olores, el Ayuntamiento asegura que se han realizado siete inspecciones de olfametría, llevadas a cabo por una inspectora municipal "con un olfato capaz de diferenciar los diferentes olores" que emanan del vertedero. En su informe, la técnica municipal sostiene que las dos ganaderías cercanas a la planta "emiten muchos más olores que las instalaciones municipales de tratamiento y eliminación de residuos urbanos".

Por su parte, la Conselleria ha asegurado al Síndic que la autorización ambiental integrada prevé medidas para evitar la propagación de olores, como el compostaje de la parte orgánica de las basuras en una nave cerrada, dotada de un sistema de depuración de aire.

En cuanto a las molestias acústicas, el Ayuntamiento reconoce que cada día circula hacia el vertedero una media 67 camiones, y unos 61 cada noche. Al respecto, Medio Ambiente se ha comprometido ante la Sindicatura a incorporar a su autorización la exigencia a la empresa de que disminuya las molestias ocasionadas por el tráfico de 128 vehículos pesados diarios.

Con todo, la asociación ha reclamado a Cholbi que la autorización ambiental integrada de la ampliación del centro "sea denegada" y "pueda ordenarse el efectivo cumplimiento de la concedida en 2007".

En este sentido, Cholbi ha pedido a la Conselleria de Medio Ambiente que, en el proceso de autorización ambiental integrada para la ampliación de la planta de basuras, "tenga en cuenta" que el pleno del Ayuntamiento acordó por unanimidad que el centro no recibiera residuos de otros planes zonales.

En concreto, el pleno municipal acordó por unanimidad de todos los grupos el pasado junio que la planta de tratamiento de residuos de Fontcalent dejaría de recibir vertidos de las provincias de Valencia y Castellón a partir de enero de 2011.

Además, el Síndic cree necesario que se apliquen "en todo momento" medidas correctoras para eliminar los olores generados por la planta de residuos y la contaminación acústica provocada por el paso de camiones de gran tonelaje que "injustamente están soportando los vecinos afectados".

Cholbi considera que la aplicación de estas medidas será más urgente si finalmente se decide ampliar la planta, pues "a nadie se le escapa que ello traerá consigo un aumento de los ruidos generados por el intenso tráfico de camiones de gran tonelaje que traerán más residuos".

El Síndic de Greuges ya se dirigió a la Conselleria de Medio Ambiente el pasado mes de marzo para conocer el proyecto de ampliación del centro de tratamiento de residuos sólidos de Fontcalent y los motivos que justificaban esa ampliación.

La crisis fiscal desata la voracidad recaudatoria de algunos municipios valencianos

VALENCIA.- La localidad valenciana de Bocairent sancionará la limpieza de los parabrisas de vehículos detenidos en los semáforos o en la vía pública con una multa de 750 a 1.500 euros, y el juego del "trile" en el espacio público con entre 1.500 a 3.000 euros.

Así lo recoge la ordenanza municipal de seguridad y convivencia ciudadana del Ayuntamiento de Bocairent, que entrará en vigor en los próximos días, y cuyo objetivo es "preservar el espacio público como lugar de convivencia y civismo".

La normativa prohíbe en el espacio público toda conducta de desprecio a la dignidad de las personas, así como cualquier comportamiento discriminatorio, de contenido racista, xenófobo, sexista u homófobo, lo que se podrá sancionar con entre 750 y 1.500 euros.

Quedan especialmente prohibidas esas conductas cuando tengan por objeto personas mayores, menores y personas con discapacidad, y se perseguirán las conductas de asedio a menores por grupos de personas, todo lo cual se podrá multar con entre 1.500 y 3.000 euros.

La ordenanza distingue entre infracciones leves, sancionables con una cuantía máxima de 750 euros, como por ejemplo hacer pintadas o depositar en contenedores de basura orgánica envases de vidrio, plástico, papel o cartón; graves, con multa de 750 a 1.500 euros; y muy graves, multables desde los 1.500 hasta los 3.000 euros.

Las infracciones muy graves incluyen abandonar vehículos en la vía pública; el abandono de cadáveres de animales, o tirarlos a contenedores de residuos, incinerarlos o enterrarlos en lugares no autorizados expresamente; deteriorar de forma grave el mobiliario público, o colocar objeto que obstruyan el paso de personas.

También se consideran infracciones muy graves no cumplir las restricciones de riego y de llenado de piscinas dispuestas por el Ayuntamiento en periodos de sequía o en situaciones de escasez: incendiar basuras, o hacer pintadas en las señales que impidan o dificultan su visión.

Constituyen infracciones graves no recoger los excrementos depositados en lugares públicos por animales, no introducirlos en una bolsa de plástico o tirarlos a un lugar no adecuado; llevar mechas encendidas o disparar petardos sin autorización municipal; o la negligencia en la reparación inmediata de fugas de agua.

La circulación temeraria con patines o monopatines por aceras o lugares destinados a viandantes y la utilización de elementos del mobiliario urbano para su práctica podrá multarse con 750 a 1.500 euros, mientras que se prohíbe la mendicidad con menores, que podrá ser sancionada con multa de entre 1.500 y 3.000 euros.

La ordenanza prohíbe ofrecer, solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en el espacio público cuando estas prácticas excluyan o limiten la compatibilidad de los diferentes usos del espacio público.

Asimismo, prohíbe especialmente ofrecer o negociar servicios sexuales retribuidos en el espacio público a menos de 200 metros de distancia de centros docentes, bajo multa de hasta 750 euros, y mantener relaciones sexuales con retribución en el espacio público, con multa de 1.500 a 3.000 euros.

Hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública se multará con hasta 300 euros, y si se hace en lugares frecuentados por menores, en mercados de alimentos o en monumentos protegidos, con 750 a 1.500 euros.

Avistados 755 cetáceos en un censo aéreo sobre el mar de la Comunitat Valenciana

VALENCIA.- La Conselleria de Medio Ambiente ha avistado un total de 755 cetáceos esta semana, en unos censos realizados en avioneta para la prospección del talud continental, con la colaboración de la Universitat de València, han informado fuentes de la Generalitat.

Los vuelos se han realizado los días 12, 13 y 14 de julio y se ha recorrido 1.374 kilómetros sobre el mar de las tres provincias de la Comunitat Valenciana.

En concreto, se han contabilizado 722 delfines listados, 14 delfines mulares, 10 ejemplares de calderón gris y 4 comunes, y 5 delfines no identificados. Además, en la prospección también se han localizado 24 ejemplares de manta y 28 peces luna.

Según las mismas fuentes, con estos vuelos se pretende conocer la distribución y la abundancia de cetáceos en la Comunitat Valenciana, y comprobar si el número de delfines ha variado en los últimos cinco años, después de que en 2007 el delfín listado (Stenella coeruleoalba) sufriera un proceso de mortandad por una infección por Morbillivirus.

Los datos de este censo indican que las poblaciones de delfines no parecen haber sido afectadas por el Morbilivirus, aunque los datos han de ser cotejados durante más tiempo, según las mismas fuentes.

Los muestreos aéreos se han llevado a cabo cubriendo las aguas de la Comunitat Valenciana, siguiendo transectos en zigzag a una velocidad constante de 90 nudos y una altura de 500 pies (150 metros).

Dos observadores miran constantemente al mar durante aproximadamente 4 horas intensivas y comunican los avistamientos al anotador.

Además de cetáceos, se registran localizaciones de tortugas, así como peces luna, peces espada, mantas o aves marinas, cuyas citas se registran junto a los datos de tamaño de grupo y de comportamiento, el ángulo del animal con respecto a la avioneta, para el cálculo de la densidad, y parámetros ambientales.

El Rentabús y las plataformas de atención han realizado 35.000 declaraciones

VALENCIA.- Los servicios del Rentabús y las plataformas de atención al contribuyente han efectuado cerca de 35.000 declaraciones de la renta y revisiones de borradores durante la campaña de la Renta 2009 en la Comunitat Valenciana, han informado fuentes de la Generalitat.

Desde la puesta en marcha de esta campaña el pasado tres de mayo hasta finalizar la misma el 30 de junio, las tres unidades móviles del Rentabús han visitado 15 municipios, 21 en Alicante, 15 en Castellón y 29 en Valencia, realizando un total de 13.038 declaraciones y revisiones de borradores de la renta.

El Rentabús se puso en marcha en el año 2003 con motivo de la Campaña de la Renta 2002 y en la actualidad la Comunitat es la única Administración tributaria que presta este servicio hasta la fecha.

La directora general de Tributos, Araceli Muñoz, ha destacado que el volumen de declaraciones realizadas durante esta campaña y el éxito de los años anteriores, certifican que el Rentabús se ha convertido en un mecanismo eficaz y ágil de información y asistencia, con una aceptación creciente por parte de los ciudadanos".

El objetivo es acercar y mejorar este servicio, a aquellas localidades que carecen de una dependencia administrativa permanente de Hacienda, o de un puesto fijo habilitado por la Generalitat donde realizar la declaración de la Renta.

El personal especializado de la Generalitat ha prestado servicios en un total de 30 puntos de atención, 8 en Alicante, 8 en Castellón y 14 en Valencia, atendidos por un total de 36 personas, utilizando para ello el programa de ayuda para la confección de la declaración de la Renta de las Personas Físicas (P.A.D.R.E) y los demás instrumentos diseñados para agilizar la confección de las declaraciones.

Unas 13.200 declaraciones se han presentado telemáticamente a través de los puntos de atención habilitados por la Generalitat en la Campaña recientemente finalizada.

Por otro lado, la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo ha habilitado por segundo año consecutivo, en la campaña recientemente finalizada, una plataforma propia de atención al contribuyente en el Palacio del Almirante, ubicado en la calle Palau.

En esta plataforma de atención ubicada en Valencia, que ha contado con un total de 10 puntos de asistencia, se han confeccionado 11.992 declaraciones y confirmaciones o rectificaciones de borradores, un 8,8 % más que el año pasado.

La CECA cree que no habrá sorpresas en las pruebas de solvencia a las cajas de ahorro

MADRID.- Los bancos y cajas españolas no se llevarán una desagradable sorpresa cuando se conozcan las pruebas de resistencia a finales de la próxima semana, según el director general de la Confederación española de cajas de ahorro (CECA).

Muchos analistas han advertido de que las cajas de ahorro españolas podrían ser las que más sufran cuando los tests de estrés se hagan públicos el viernes, junto con los de otros bancos europeos, dados que están muy expuestas al muy afectado sector inmobiliario.

Aún así, José Antonio Olavarrieta, cuando se le preguntó si habría alguna sorpresa, declaró al diario ABC: "Creo que no, ni en cajas ni en bancos".

No obstante, no descartó que alguna caja tenga que pedir más capital del fondo de restructuración bancario, el FROB, creado para contribuir a un proceso de consolidación entre las 45 cajas, que prevé que queden en torno a una veintena, y reforzar la posición financiera de las más débiles.

Olavarrieta también indicó que esperaba que las pruebas de resistencia mejoren las condiciones en los mercados monetarios, ya que algunas entidades españolas pequeñas se han visto excluidas ante los temores de que España pudiera afrontar una crisis de deuda similar a la de Grecia.

"Si los estrés test son positivos y se restablece la confianza, empezará a haber más crédito al mejorar la liquidez de los mercados", declaró.

En otra entrevista a La Vanguardia, el presidente de la CECA y de La Caixa, Isidro Fainé también dijo que los bancos y las cajas no tendrían problemas con las pruebas de resistencia dados sus números claros, balances transparentes y suficientes garantías hipotecarias en relación con los créditos concedidos.

Pero dijo que el sector aún tenía trabajo por delante en cuanto a reducir costes y hacer más provisiones de capital.

La ausencia de 28 controladores en Barcelona causa "retrasos fuertes" en Manises

BARCELONA.- El absentismo de 28 controladores en su puesto de trabajo del centro del control del aeropuerto de Barcelona ha causado "fuertes retrasos" en el tráfico aéreo de la zona mediterránea, especialmente en los aeropuertos de Alicante, Valencia y Baleares, donde se han producido un retraso medio de una hora en algunos de sus vuelos.

El aeropuerto de El Altet, que ha llegado a acumular un retraso de hora y media en 21 de los 262 vuelos programados, ha sido el más afectado por la baja de casi la mitad de los controladores que tenían previsto trabajar este domingo en el centro de control barcelonés.

Aena había dispuesto 61 candidatos para cubrir los puestos de la torre de control del aeropuerto de la ciudad condal, de los que 55 estaban programados y seis eran de servicios de cobertura obligatoria.

Según Aena, de los 28 ausentes, un 46% de los que tenían servicio, 24 han alegado razones médicas, en la mayoría de los casos comunicados sin suficiente antelación para buscar sustitutos. Ante esta situación, el aeropuerto de El Prat (Barcelona) ha registrado un retraso medio de 28 minutos.

Asimismo, el aeropuerto de Son Sant Joan (Palma) ha acumulado retrasos en 11 vuelos, diez de ellos internacionales, debido a que cerca del 90% de su tráfico aéreo pasa por Barcelona.

Por último, el aeropuerto de Valencia ha registrado una media de retraso de media hora, mientras que Girona y Reus han operado con normalidad.

Los servicios de inspección de la Seguridad Social ya están investigando cada una de las bajas producidas en el aeropuerto de Barcelona y Aena ha anunciado que se adoptarán "todas las medidas que la ley prevé" para estos casos. Asimismo, va a activar "todos los instrumentos legales" para garantizar la seguridad, continuidad y eficiencia del tráfico aéreo.

Por su parte, el ministro de Fomento va a pedir a Físcalía que investigue las demoras en los aeropuertos españoles registradas este fin de semana ante las bajas de controladores. A su juicio, el hecho de que estas bajas se produzcan "de un día para otro" parece indicar que "se hace de forma organizada".

Sin embargo, los controladores aéreos han insistido en que las demoras en los aeropuertos españoles registradas en las últimas semanas tienen como causa la falta de plantilla y han lamentado la lenta evolución de las negociaciones sobre el convenio de Aena.

El SIP pone en evidencia la brecha entre el presidente y los directivos y el consejo de CAM

ALICANTE.- El presidente de Caja Mediterráneo (CAM), Modesto Crespo, intentó el jueves convencer a los principales consejeros de la entidad para que aceptaran las exigencias de Cajastur y aprobaran, sin enmiendas, el contrato de integración del SIP que concede a esta última entidad, no sólo la dirección del nuevo banco, sino poderes irrevocables.


La polémica por esta última condición ha puesto al borde de la ruptura la "fusión fría" entre CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, pero también ha provocado una clara fractura entre el consejo de la caja alicantina y su presidente, y entre éste y los máximos directivos de la entidad, contrarios a ceder poderes irrevocables a quien será consejero delegado del futuro banco, Manuel Menéndez, revela hoy el diario 'Información'.

Crespo reunió a almorzar el jueves, antes de que el consejo se reuniera a las cinco de la tarde, a los tres vicepresidentes de CAM -Ángel Martínez, de Murcia; Benito Nemesio, de Valencia, y Armando Sala, de Alicante-, el secretario general del consejo, José Forner, un hombre que estuvo al frente del órgano coordinador de las cajas valencianas y que ha estado ligado a éstas durante casi toda su vida profesional, con un breve paréntesis en que, bajo mandato de Zaplana, ejerció como director general de RTVV; y los presidentes de las dos empresas participadas por la CAM, Ginés Pérez, de Incomed, y Martín Sevilla, de Gesfinmed, el fondo de inversiones de la caja, que fue también conseller de Industria, en este caso con gobiernos socialistas.

Mientras Crespo trataba de persuadir a los citados consejeros de que el SIP no se podía parar y de que había que aprobar el contrato de integración hecho por Cajastur aunque no coincidiera, en la cuestión de la irrevocabilidad de los poderes que la futura junta universal delegaría en el primer ejecutivo del nuevo banco, con el protocolo inicial del acuerdo aprobado semanas antes, en otro restaurante directivos de la caja mantenían otro almuerzo con otro grupo de consejeros y con un mensaje diametralmente opuesto: el SIP, en esas condiciones, no se podía aprobar.

Rechazo unánime

El resultado es conocido. Crespo no tuvo éxito, puesto que el consejo, por unanimidad, rechazó el contrato de integración, lo que provocó una contundente réplica de Cajastur, dando por roto el SIP, y la inmediata salida a escena del Banco de España, que el viernes abrió conversaciones para tratar de reconducir la situación.

Consejeros de peso en la caja han criticado en las últimas horas la actuación de Modesto Crespo, poniendo énfasis en que es quien personalmente más gana si el SIP sale adelante y achacando a ello su posición. Crespo no tiene poderes ejecutivos como presidente de la CAM, y tampoco los tendría como presidente de la nueva entidad nacida de la "fusión fría" con Cajastur y las otras dos cajas. Pero no es lo mismo presidir la cuarta caja de España, con graves problemas, que el tercer grupo de ahorro español o el quinto financiero.

Además, de acuerdo con el contrato de integración, el mandato de Crespo se prolongaría todo el tiempo que durara el de Menéndez como máximo ejecutivo, esto es, doce años: seis, con una prórroga de otros seis. Crespo, de hecho, ya ha saboreado las mieles de lo que sería su nueva posición: fue uno de los llamados a Moncloa para escuchar de viva voz del presidente Zapatero las reformas que está introduciendo en el sistema financiero español y ya ha salido en varias fotos con el presidente de Caja Madrid, el ex ministro y ex responsable del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, algo impensable hace apenas unos meses.

En el seno del consejo crece el malestar por todo lo que está ocurriendo. De una parte, hay quien critica cada vez más abiertamente la gestión del equipo directivo, al que se acusa de no haber hablado claro nunca a los consejeros de cuál era realmente la situación de la caja ni haber informado suficientemente de las distintas negociaciones que se han ido abriendo y cerrando en los últimos meses hasta llegar al SIP, ahora en peligro, que controla Cajastur.

Dimisión
Pero, de otra parte, varios consejeros importantes piensan que el presidente, Modesto Crespo, debería haber dimitido el mismo jueves después de que el consejo no aprobara el contrato del SIP en su integridad y, por tanto, en la práctica le desautorizara, puesto que él sí lo defendía. De hecho, hay consejeros que opinan que Crespo no debería seguir siendo quien representara a la CAM ante el Banco de España, puesto que su posición no coincide con la del consejo, que es el órgano de gobierno de la entidad y el que puede aprobar o rechazar el SIP.

Para complicar aún más las cosas, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de que la operación tenga que ser aprobada por la asamblea, algo que hasta aquí se había intentado eludir, pero que ahora se pide desde distintas instancias. Tal como están las cosas, todo el mundo es consciente de que la asamblea general es muy difícil que aprobara una integración con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria como la que se propone.