VALENCIA.- Cuatro de los siete detenidos en noviembre de 2009 en la operación policial del llamado caso Polop están hoy en libertad bajo fianza. Los dos supuestos sicarios checos sospechosos de haber disparado contra el ex alcalde, Alejandro Ponsoda, en octubre de 2007 siguen en prisión, pero porque no pueden pagar la fianza. Ya han pedido que se les rebaje. El séptimo está en prisión, pero porque está condenado a seis años de cárcel por otro delito del que fue juzgado estando ya encarcelado.
Y cada vez está más extendida la opinión de que no hay pruebas concluyentes contra ellos y de que la causa pende de un hilo: más allá de la declaración de un testigo protegido al que le ofrecieron matar a Ponsoda en el verano de 2007 y que entonces no sólo no denunció aquella trama, sino que ofreció los nombres de quienes podían ejecutar su plan.
¿Cómo es posible que la Unidad Operativa de la Guardia Civil, que ha investigado y resuelto casos como los asesinatos del alcalde de Fago, de dos jóvenes en Càlig o del asesino en serie de Castellón, Joaquín Ferrándiz, todavía no haya conseguido cerrar este? ¿Por qué los casi 30 agentes que investigaron el caso Polop no tenían ni una sola prueba un año y medio después del homicidio de Ponsoda?, se pregunta hoy 'El País'.
Lo cierto es que en el seno del equipo que ha llevado a cabo la investigación, hay preocupación. Existe desde que se decidió iniciar las detenciones. Fue precipitado. Desde entonces, la duda sobre lo que realmente ocurrió, y sobre todo, las dudas sobre las posibilidades de probarlo y a quién o quiénes imputar, han ido creciendo.
Nueve meses después del espectáculo mediático en el que se convirtió la sucesión de arrestos, todos los detenidos siguen negando su vinculación con el asesinato, siguen sin aparecer las armas del crimen y la declaración este mes en la República Checa de una camarera del club cuando se produjeron los hechos contradice la del testigo protegido.
"La realidad es que la Guardia Civil le otorgó veracidad a una declaración sin tener todos los cabos atados y el arresto de siete personas durante meses no se corresponde con las pruebas acumuladas", afirma un conocido abogado penalista de Alicante.
El 3 de noviembre de 2009 la Guardia Civil detuvo de casualidad en Albatera a Raúl Montero Trevejo. Ese día entró en prisión acusado de haber participado en un compló para asesinar al ex alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, del PP. Fue él quien, según las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, facilitó las dos pistolas, probablemente manipuladas, que dispararon contra el alcalde a las puertas de su casa hasta causarle la muerte.
La policía estuvo esperando tras la detención de Trevejo a que pasara algo, porque no tenía pruebas concluyentes contra nadie. Tan solo la declaración de un testigo protegido de nacionalidad portuguesa, que en julio de 2009 desveló una reunión en el reservado del club Mesalina, a las afueras de Benidorm en dirección a Finestrat, donde le ofrecieron en agosto de 2007 matar a Ponsoda.
Él se negó y, según dijo en dos declaraciones sin aparentes contradicciones, propuso a los presentes tres nombres para llevar a cabo el macabro plan. Era conocido que este testigo protegido tenía antecedentes penales y había trabajado de mercenario para gobiernos y guerrillas en algunos países africanos, donde reconoció en su declaración haber matado a gente.
Para colmo, había denunciado al club Mesalina, donde dijo que trabajaba de portero en el verano de 2007, por despido improcedente, tras haber estado un año de baja laboral. Sin embargo, una camarera del reservado, de nacionalidad checa, declaró este mes que el testigo portugués empezó en el club en la primavera de 2008, y él mismo reclamó la indemnización a la empresa por su despido desde julio de ese año.
Todo lo demás que había acumulado la investigación referido al crimen eran indicios y sospechas. Para mayor complicación, provenían del ámbito de la prostitución, donde resulta más difícil vigilar o controlar a cualquier sospechoso. Y las decenas de pinchazos telefónicos practicados con orden judicial tampoco habían desvelado gran cosa.Hasta siguen sin ser identificados un hombre y una mujer rubia -los datos que ofreció el testigo- que habrían participado en la reunión del reservado donde se fraguó el asesinato.
Las fuentes jurídicas consultadas, que prefieren guardar el anonimato, se sorprenden precisamente por la dimensión que se dio al único testimonio que construía una historia de corrupción y venganza para acabar con la vida del que fuera alcalde de Polop. "La prisión provisional es una medida muy excepcional, que debe aplicarse con extraordinaria cautela porque implica un recorte de derechos.
Se supone que se valoró el riesgo, probablemente de fuga, aunque se pueden activar mecanismos de control de movimiento, y que se valoró la posible contaminación de los testimonios si se dejaba en libertad a los supuestos implicados, pero no parece suficiente teniendo en cuenta lo que después se ha sabido", afirma un fiscal.
"Da la sensación de que no se ha trabajado en equipo", asegura una magistrada. "No es tan fácil valorar un testimonio de esta naturaleza, ¿por qué tiene que ser menos creíble que otro? Lo importante, en cualquier caso, es la solidez de los indicios, más allá de la testifical", replica otro juez. "Es difícil tener una opinión de una causa que sólo conocemos por los medios de comunicación. La información lleva a pensar que podría haber habido alguna precipitación, pero sería prudente valorar los parámetros que manejan los investigadores", apostilla otro.
El 15 de noviembre, un domingo, la UCO detuvo en Polop a Salvador Ros cuando salía de un bar. Tenía un billete de avión para el día siguiente. Se iba a China, supuestamente a comprar calzado que luego vendía como fabricado en España cambiando las etiquetas de los zapatos, según han desvelado a este periódico algunas ex trabajadoras de sus tiendas. Su detención precipitó un rosario de arrestos por el sistema de goteo.
Tres días después de la detención de Ros se produjo la del gerente del Mesalina, Ariel Gatto, de nacionalidad uruguaya e íntimo amigo del empresario, con quien, según descubren las transcripciones telefónicas, se habría dedicado a la extorsión.
Gatto, que además ejercía de agente de mediocres futbolistas de su país, había sido investigado por la denuncia de un trabajador en noviembre de 2007, un mes después de perpetrarse el asesinato de Ponsoda. La Guardia Civil entró en el Mesalina buscando a empleados en situación irregular y encontró en su bolsillo 17,5 gramos de cocaína.
Otros dos días después que Gatto cayeron los dos supuestos sicarios de nacionalidad checa y Pedro Hermosilla, uno de los dueños del Mesalina, otrora un prostíbulo de lujo y una de las localizaciones de la película Huevos de Oro, que dirigió Bigas Luna y protagonizó Javier Bardem.
El 24 de noviembre era detenido, finalmente, Juan Cano. La última reunión entre la juez que instruyó el caso y la UCO fue al filo de la medianoche del día 23, en plena calle, frente a las puertas del jardín de La Barbera, en La Vila. De allí salió la Guardia Civil por la autopista de peaje para hacer diez kilómetros y detener a Cano, que ya dormía.
Casi todos los agentes habían estado consumiendo grandes cantidades de café y bebida energética pocas horas antes a la vista de los periodistas que esperaban la finalización del interrogatorio de Hermosilla. "Todo ha parecido estar acompañado de un alto grado de improvisación", reconoce un secretario judicial de la Marina Baixa con más de 20 años de ejercicio.
Lo cierto es que, al margen del asesinato, la policía tenía otras razones para actuar contra todos los detenidos. Trevejo fue juzgado mientras estaba en la cárcel y le cayeron seis años por un delito de tráfico de drogas. Ros podía ser investigado por extorsión y falsificación de calzado; los dos checos tenían antecedentes porque habían sido detenidos una par de veces, una de ellas en un chalé de Paterna en el marco de una operación internacional en la que fueron arrestadas 14 personas de diferentes nacionalidades.
Gatto tenía pendiente un juicio por tráfico de drogas, delito del que fue absuelto. Pedro Hermosilla había sido condenado a dos años por delitos contra los derechos de los trabajadores y de Cano ya había indicios suficientes como para abrir una causa separada por los supuestos delitos que habría cometido en la gestión del urbanismo de Polop como concejal y alcalde, como así ha sucedido.
Si en algo coinciden todas las fuentes consultadas es en la gran capacidad de trabajo de la magistrada que ha instruido el caso. "Probablemente ha cometido el error de dejarse llevar por la fiscalía y la UCO, dada la fama de resolver casos difíciles que atesoran", confirma una fuente judicial. Otra de las actuaciones de la Guardia Civil mientras investigaba fue solicitar un cambio de fiscal, que finalmente llegó en abril de 2009 con el nombramiento de Lourdes Giménez Pericás como fiscal del área de Benidorm. Desde entonces, encontraron más facilidades.
La juez fue desestimando uno a uno todos los recursos presentados por los abogados de los detenidos contra los autos de prisión que había dictado. Hasta que el 18 de junio la Audiencia de Alicante aceptó dejar en libertad bajo fianza de 30.000 euros (luego rebajada a 20.000) a Robert Franek, uno de los dos checos. El 28 de julio hizo lo propio con Salvador Ros con fianza de 12.000 euros. Así que la decana de los juzgados de La Vila, harta de que le enmendaran la plana, rectificó por si misma y el 30 de julio decretó la libertad de Juan Cano, Pedro Hermosilla, Radim Rakowski y Ariel Gatto bajo fianza de 12.000 euros, "una suma ridícula atendiendo a la gravedad del delito de asesinato que se les imputa", dicen todos los abogados consultados
La sorpresa por cómo evoluciona la causa es el sentimiento común. Y la crítica más extendida entre las fuentes consultadas apunta a la investigación de la Guardia Civil. Quien la dirigió no está ahora al frente de la unidad que se hizo cargo del caso. Y los que lo heredaron han puesto internamente en duda la idoneidad de algunas decisiones tomadas. La que más, el momento en el que se iniciaron las detenciones, cuando aún faltaban cosas por atar, cuando los supuestos implicados aún no se habían relajado lo suficiente como para evidenciar su posible participación en el crimen.
La segunda crítica es a la que se considera exagerada decisión de mantener a los sospechosos el tiempo que han estado en prisión. Bastaba, dicen, con tres meses, para evitar contaminaciones entre ellos, para intentar conseguir confesiones. Y la principal duda aborda el valor de un testimonio que podría haber estado viciado desde el principio si se tiene en cuenta quién es el testigo protegido.
"Tal vez algunas de las afirmaciones que ofreció se dieron por buenas porque eran lógicas, sencillas, oportunas, con apariencia de objetividad, y no se tuvo el celo de comprobar cada detalle, no porque tuviera antecedentes ni su perfil pudiera ser el de alguien dudoso, sino por responsabilidad, por seguridad", apostilla un miembro del ministerio público.
