El PSPV dice que la CAM ha sido "el juguete" del PPCV y se ha convertido en "el problema" de Fabra

VALENCIA.- El portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista en Les Corts, Francisco Toledo, ha afirmado que Caja Mediterráneo (CAM) ha sido "el juguete" del PPCV y se ha convertido ahora en "el problema" del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.

En un comunicado, el socialista ha subrayado que "el verdadero escollo de la caja ha sido su excesiva dependencia del Gobierno valenciano, que ha arrastrado y erosionado las cuentas y la gestión de la CAM a base de conductas presuntamente fraudulentas".

Así se ha pronunciado Toledo después de conocerse las presuntas irregularidades cometidas en la entidad en los últimos meses, como la concesión de créditos al 0% entre sus consejeros, la compra de deuda de la Generalitat días antes de ser intervenida por el Banco de España, o el cobro de 16.000 euros mensuales por asistir a reuniones que no se producían.

En este sentido, ha criticado que los gestores de la CAM "instrumentalizaran la caja para obtener condiciones ventajosas y un trato preferencial para ellos y para sus conocidos", un hecho que, a su juicio, "no debe quedar impune".

Toledo ha advertido de que "cuando las instituciones de control investiguen a fondo las connivencias entre los dirigentes de la caja y los poderes públicos, deberán asumirse las responsabilidades políticas por cada actuación y cada decisión que ha sido adoptada".

"Es intolerable que, sus gestores ahora expulsados, hayan disfrutado de jubilaciones de oro millonarias tras ser los máximos responsables de la quiebra de la caja", ha criticado.

Además, ha lamentado que "la participación de la caja en proyectos faraónicos y operaciones inmobiliarias del Consell, entre otras actuaciones, han hecho de la gestión de la CAM un problema que ahora hereda Fabra".

Ante esta situación, ha reiterado la necesidad de que Fabra dé explicaciones y ha reclamado la convocatoria de la Comisión Permanente de Les Corts y la comparecencia urgente del conseller de Economía, Enrique Verdeguer, para que aclare "las implicaciones, que no son pocas, de la Generalitat valenciana en todas las noticias que a diario aparecen en los medios de comunicación sobre la CAM".

Por último, ha recalcado que tras la intervención del Banco de España, los ahorradores e impositores de la caja "pueden estar absolutamente tranquilos porque su dinero está ahora en mejores manos".

La CAM avaló con 24 millones una venta de suelo fallida de Ortiz

ALICANTE.- La intervenida Caja Mediterráneo (CAM) avaló en septiembre de 2007, en la antesala del estallido de la crisis del ladrillo, con 24 millones de euros al promotor Enrique Ortiz en una operación inmobiliaria que finalmente resultó fallida. El objeto del aval era cubrir los riesgos del incumplimiento del contrato, la venta de una parcela en Benidorm, propiedad de Ortiz, a la sociedad Unibail Rodamco, uno de los mayores grupos comerciales de Europa y propietario de la red de supermercados Eroski, según 'El País'.

El grupo comercial adquirió el suelo al promotor Ortiz con el objeto de levantar un centro comercial, pero a fecha de hoy el complejo no está construido. El proyecto incluía unos 49.000 metros cuadrados de galería comercial, unos 13.000 de hipermercado, aparcamiento en superficie y sótano de unas 2.300 plazas y unos 14.000 de zonas comunes.

La escritura se firmó el 6 de septiembre de 2007 en una notaría de Alicante. De acuerdo con el documento mercantil al que ha tenido acceso este períodico, Enrique Ortiz, en representación de la mercantil Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras, SA, vendió una parcela de 71.091,31 metros cuadrados, en el término de Benidorm, a Thomas Orchard, en representación de la mercantil Rodamco Benidorm, SL [está firma está participada al 50% por la sociedad Unibail Rodamco]. El precio de la venta fue de 96.135.356,68 euros, más IVA (en total 110.357.013, 75 euros).

La forma de pago fue la siguiente: la cantidad de un millón de euros, más el IVA correspondiente, fue hecha efectiva con anterioridad a la firma de la escritura mediante dos cheques bancarios; y la cifra restante (95.135.356,68 euros), más IVA, lo abonó el comprador en el acto de la firma de contrato, igualmente mediante cheque bancario.

El comprador y vendedor incluyeron una serie cláusulas que de no cumplirse podrían anular o "modificar" el precio de la operación. En este último apartado, Ortiz se comprometió a rebajar el precio en 24.033.839,71, euros y como garantía de pago aportó el aval de la CAM.Las obligaciones entre las partes de compraventa de la parcela de Ortiz en Benidorm al grupo comercial Unibail Rodamco recogidas en la escritura son las siguientes: inscribir la parcela en el Registro de la Propiedad, como finca independiente, a nombre de la mercantil vendedora; obtener la aprobación definitiva y firma de la modificación de los instrumentos urbanísticos para la construcción del centro comercial; y obtener la concesión, con carácter definitivo y firme por parte de la Generalitat Valenciana para la construcción y explotación del centro comercial.

El plazo para la ejecución de la primera cláusula era de seis meses y para la segunda y tercera, de 36 meses. A la fecha de hoy, en el lugar donde estaba previsto levantar el centro no se ha colocado ni una piedra. La modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Benidorm para instalar en ese sector el centro comercial tampoco ha sido aún tramitada.

La escritura señala que en el caso de que se produjeran algunos de los supuestos que implicara la resolución de la compraventa, el precio final de la operación se reduciría en 24.033.839,17 euros, lo que significaba que el valor último de la venta sería de 72.101.517,51 millones de euros, más el IVA correspondiente.

En garantía de esa rebaja del precio, Ortiz aportó en el acto de compraventa un aval de la CAM por la misma cantidad en la que se comprometía a rebajar el valor de su parcela. Ortiz estaba obligado a devolver la diferencia del precio al comprador si no se ejecutaba la completa urbanización de la parcela, es decir, servicios, conexiones exteriores y accesos.

El aval fue emitido por la CAM el 6 de septiembre de 2007 con una validez de hasta el 6 de diciembre de 2010.

El Ayuntamiento de Benidorm dio luz verde a la modificación del PGOU para acoger nuevas grandes superficies comerciales, entre ellas el proyecto que impulsaba el grupo Unibail Rodamco, en diciembre de 2008. No obstante, un mes más tarde la multinacional pidió al Consistorio la suspensión temporal de la tramitación de la modificación del PGOU hasta que no se resolvieran los accesos al sector. La mercantil tomó esa decisión tras tener conocimiento de que la Dirección General de Carreteras informó desfavorablemente a las obras de urbanización y decretó su paralización. Las obras de urbanización, que tenía que acometer el promotor Ortiz, no han sido recepcionadas oficialmente por el Ayuntamiento. El promotor, según fuentes del anterior equipo de gobierno municipal de Benidorm, intentó entre los meses de agosto y septiembre de 2010 obtener el acta oficial de recepción de las obras de urbanización. Ortiz obtuvo una certificación emitida por dos ingenieros municipales que no fue validada, por Jaume Llinares, entonces concejal de Urbanismo del Ayuntamiento.

Este periódico intentó ayer sin éxito conocer la opinión del promotor Enrique Ortiz sobre esta operación inmobiliaria fallida en Benidorm. El empresario alicantino es uno de lo clientes de mayor envergadura de la intervenida CAM, en operaciones con su grupo empresarial (primero Ortiz e Hijos y ahora grupo Cívica). El promotor está imputado en el sumario del caso Brugal que investiga supuestas irregularidades en el Plan General de Alicante. En esa causa está imputado un exdirectivo de la caja por una compra de suelo con Ortiz para recalificarlo.

Indecencia

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, ha asegurado este lunes que le parece "rematadamente mal" que los directores de entidades bancarias se suban el sueldo "con la que le está cayendo a la gente" y ha recalcado que si ahora dicen que apoyan al PP, son "los últimos en llegar" y se debe a que se quieren "apuntar al caballo del cambio".

  "No es decente que los banqueros, que tanta responsabilidad tienen en lo que ha ocurrido, se suban el sueldo con lo que le está cayendo a sus clientes", ha asegurado González Pons tajante en rueda de prensa en la sede nacional del partido, en Génova. De hecho, ha defendido que lo que le gustaría es que "uno de esos banqueros" renunciara a su aumento de sueldo y dedicara eso que va a "ganar de más" a "que llegue crédito a las pymes".

   Además, en relación al supuesto apoyo que ahora le conceden al PP los directores de bancos, el portavoz del partido liderado por Mariano Rajoy ha reconocido que es "bienvenido", aunque ha apuntado que son "los últimos en llegar".

"La gente, sus clientes, los que pagan hipotecas hace ya mucho que apostaban por el PP", ha asegurado.

   González Pons ha señalado que, con este respaldo, los directores de bancos "se están intentando apuntar al caballo del cambio" y les ha recordado que este caballo "es de la gente, es del pueblo, no es el caballo de las grandes finanzas". 

De hecho, ha garantizado que el Partido Popular hará "economía" si llega al Gobierno pero ha dicho que será "para crear empleo" y no "para que los banqueros ganen más", porque en los últimos años "no se ha creado empleo y los banqueros ganan más".

Caja Mediterráneo renegoció 2.110 millones de activos 'tóxicos'

ALICANTE.- Una gran porción del crecimiento de la Caja Mediterráneo (CAM) en la última década es de la inversión en el sector del ladrillo a través de la financiación de megaproyectos de las grandes empresas españolas, como Martinsa, Nozar, Polaris, Sacresa, Tremón, Hábitat u Onde 2000, la empresa de Francisco Hernando El Pocero. Solo estas promotoras recibieron casi 600 millones de euros de la CAM. Todas, excepto Onde 2000 y Polaris, que al final renegoció su deuda, acabaron presentando concurso de acreedores, lo que implica revisar a la baja la devolución de los créditos, según publica hoy 'El País'.

Estas inversiones fallidas son una parte muy relevante del deterioro de los activos financieros de la caja alicantina. De hecho, el informe de auditoría de 2010 resume en poco más de una frase la realidad de su balance: "Los activos financieros de la cartera de inversiones crediticias que estarían vencidos o que se habrían deteriorado en el ejercicio 2010 si no se hubieran renegociado sus condiciones alcanzan los 2.110 millones de euros". El proceso se aceleró notablemente el año pasado, ya que en 2009 solo tuvo que renegociar 96,7 millones. Tras la novación de las condiciones de los propietarios de esta deuda refinanciados, la CAM incluyó en el epígrafe de pérdidas por deterioro de activos financieros 199 millones.

Por otro lado, el movimiento de los instrumentos de la cartera de inversiones crediticias en suspenso que fueron dados de baja en el balance de situación de la caja durante 2010 fue de 1.776 millones de euros, 50 millones más que en 2009. La Caja Mediterráneo también reclasificó los dos últimos años casi 1.300 millones de euros que tenía como activos financieros disponibles para la venta, que resituó en su balance como cartera de inversión a vencimientos.

A pesar de todo ello, tuvo que realizar correcciones valorativas negativas en la cartera de crédito a la clientela (de casi 51.000 millones de euros) por un importe de 1.135 millones, realizando un ajuste contra reservas y fondos de reservas de cuota partícipes de 739 millones de euros en 2010. Los auditores no pudieron siquiera precisar el plazo de vencimiento de los instrumentos que componen la cartera de inversiones crediticias deterioradas y vencidas, pero también de la deuda vencida y todavía no deteriorada. Sobre esta última, que suponían a finales de 2010 2.872 millones, el 90% del riesgo estaba localizado en España, pero casi 181 millones eran de otros países de la Unión Europea.

La semana negra de la CAM

ALICANTE.- Todo el mundo lo esperaba pero no por eso causó menos impacto. La nacionalización de Caja Mediterráneo, una entidad con 136 años de historia y la mayor empresa de la provincia, ha sido una de las noticias de mayor repercusión de los últimos tiempos en Alicante, sobre todo a medida que se divulgaba el mal estado de sus cuentas, la ruinosa situación de muchas de sus participaciones empresariales y los privilegios que disfrutaban algunos consejeros, como los créditos a bajo interés. A pesar de ello, la entidad ha logrado superar la prueba de fuego y no se han registrado retiradas masivas de depósitos, uno de los grandes temores de sus gestores.

Por el camino la CAM se ha dejado una parte considerable de su prestigio y, una semana después de la intervención, su futuro o el de la Obra Social siguen sin estar nada claros. Habrá que esperar hasta septiembre, cuando los nuevos administradores nombrados por el Banco de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria –el ya famoso FROB– esperan tener lista la caja para su subasta.

Aunque la nacionalización se produjo formalmente el viernes 22 de junio, la sentencia de muerte de la entidad se dictó la semana anterior, cuando el FROB se negó a concederle parte de las ayudas que la CAM necesitaba para su recapitalización en forma de préstamos, y cuando se hicieron públicos los tests de estrés europeos. Los resultados fueron desastrosos. La caja no sólo era la peor parada de todo el sistema financiero español, sino que obtuvo la segunda peor calificación de todo el continente.

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, intentó frenar el golpe asegurando que, con las provisiones genéricas –el «colchón anticrisis» que el supervisor obliga a guardar a todas las entidades– ninguna caja ni banco necesitaba capital adicional. La realidad era otra y Fernández Ordóñez ya tenía muy claro lo que iba a suceder.

Aún así esperó a que Bankia y Banca Cívica salieran a Bolsa y a que el Eurogrupo alcanzara un acuerdo sobre el segundo rescate de Grecia. Además, las tensiones en el consejo de administración, donde la figura de su presidente, Modesto Crespo, era cada vez más cuestionada, le proporcionaron otro argumento más.

El jueves 21 lanzó un ultimátum a la caja: o se le presentaba un nuevo plan de recapitalización convincente o intervendría. La incapacidad del consejo de presentar una alternativa, tras cinco horas de reunión, provocó que el viernes exigiera su dimisión. Los consejeros acataron la decisión y solicitaron la inyección de 2.800 millones de euros del FROB. Es decir, la nacionalización de la caja.

La plantilla se enteró por la prensa
Sin embargo, nada trascendió y ese mismo día la inmensa mayoría de los trabajadores de la CAM se fueron a su casa sin saber que el lunes estarían trabajando para una entidad pública. La bomba estalló a las siete menos cuarto de la tarde, cuando el Banco de España hizo pública la noticia y dio comienzo la semana más negra de la historia de la caja alicantina.

El FROB tomó inmediatamente el control de la entidad, relevó al consejo de administración y, para asegurar la liquidez de la caja, le concedió una línea de crédito de 3.000 millones de euros. No hubo ese día –ni tampoco la ha habido hasta hoy– denuncia alguna contra los consejeros o el equipo directivo, pero el supervisor tampoco descartaba emprender acciones más adelante.

Al día siguiente, este diario ya se hacía eco de las jubilaciones millonarias de los altos directivos –el ex director general Roberto López percibió 3,8 millones–, la primera de muchas informaciones polémicas que irían apareciendo a lo largo de la semana.

Ese mismo sábado llegaban a Alicante los nuevos administradores de la CAM –José Antonio Iturriaga, Tomás González y Benicio Herranz–, que comunicaron a los consejeros su cese y tuvieron la primera reunión con la cúpula directiva, a la que decidieron mantener en sus puestos hasta la subasta de septiembre.

El domingo fue el día del análisis. El periódico desgranaba los pésimos resultados de los pruebas de solvencia, los más de 4.500 millones de pérdidas que podría sufrir la entidad por su excesiva exposición al ladrillo, y el temor del Banco de España a que el goteo de retiradas de depósitos que se estaba registrando desestabilizaran la entidad.

En el sector financiero ya tenían claro que la subasta de la CAM sería por el método de la puja inversa: se quedaría la caja quien menos dinero público pidiera para sanearla. BBVA y Santander volvían a sonar como los principales candidatos en el proceso, como ocurrió en abril, tras la ruptura con Cajastur, aunque entonces la negativa del Banco de España a conceder un Esquema de Protección de Activos impidió el acuerdo.

El sueldo de Crespo
También salieron a la luz las sustanciosas retribuciones que recibía el presidente de la entidad, Modesto Crespo, el primero en ocupar el cargo que no renunciaba a cobrar. Es más, como se supo días más tarde, parte de sus ingresos procedían de su supuesta asistencia a los consejos de administración de participadas que nunca se celebraban.

Mientras, los nuevos administradores de CAM se preparaban para la apertura al público de las oficinas. Lo hicieron suspendiendo de sus funciones, temporalmente, a todos los directores de oficina para evitar que se concedieran créditos o que salieran adelante otro tipo de operaciones no deseadas. El sindicato mayoritario de la entidad, el Sicam, por su parte, enseñaba los dientes y dejaba claro que no aceptarían nuevos recortes de personal.
,
Y llegó el momento de la verdad. El lunes las sucursales abrieron sus puertas pero no hubo colas ni retiradas masivas de fondos. Al contrario, tras cuatro meses de especulaciones, después de la ruptura del SIP, para muchos clientes la nacionalización aportó tranquilidad.

Los administradores –dos de los cuales ya tenían experiencia en una operación similar, la intervención de Cajasur– aprovecharon el día para reunirse con los representantes de la plantilla. Les confirmaron que su objetivo era estabilizar la caja, sanearla y tenerla lista para su subasta a finales de septiembre. Para ello, anunciaron que una de sus primeras medidas sería la de revisar todos los créditos en tramitación y modificar los criterios de control del riesgo.

El martes siguieron las reuniones y se trasladó a todos los empleados con responsabilidad (desde los directores de oficina hasta la alta dirección) que debían suspender sus vacaciones.

El miércoles estalló uno de los mayores escándalos, cuando se publicó que muchos consejeros habían recibido créditos blandos –algunos de ellos al 0% de interés–, y provocó que el Banco de España se planteara revisar estos préstamos. Además, se conocía el ruinoso estado de su cartera de participadas, de las que un 60% acabó el año anterior con pérdidas. A ello había que añadir que el futuro de la Obra Social únicamente estaba garantizado hasta final de año.

Al día siguiente, el periódico se hacía eco de una nueva polémica: la caja prestó a la Generalitat 200 millones de euros sólo dos días antes de la nacionalización, a pesar de su delicada situación. Una actuación que se sumaba a una larga historia de injerencias políticas en el funcionamiento de la entidad.

Los empresarios, engañados
El viernes trascendió la sensación de engaño que los empresarios alicantinos sentían y que hicieron patente en el comité ejecutivo de la patronal Coepa, el día anterior. Habían estado dando la cara por la CAM, creyendo ciegamente en las informaciones que se les facilitaban desde la caja y ahora veían que la entidad no estaba tan sana como se les hizo creer. Mientras, se conocía que la cartera inmobiliaria de la caja se había devaluado en 522 millones el año anterior y también las nuevas medidas que adoptaron los administradores para evitar la fuga de depósitos y para controlar más la concesión de créditos.

Fue el punto final a una semana que pocos podrán olvidar en la CAM y que, sin embargo, sólo es el inicio de un proceso que puede acabar con la desaparición de la entidad, diluida en uno de los grandes bancos españoles tras la intervención. 

La semana que ha transcurrido no ha servido, sin embargo, para resolver algunas de las mayores incógnitas de la nacionalización de la CAM

­¿Qué porcentaje de la CAM se quedará el FROB?

Aunque los gestores nombrados por el FROB ya administran la entidad, lo cierto es que aún no se ha producido el desembolso de los 2.800 millones de capital que debe inyectar a la caja porque el fondo público aún no tiene una valoración definitiva de la misma. Por este motivo, aún se desconoce que porcentaje de las acciones de banco CAM quedarán en manos del Estado, y cuál será la participación de la caja, que ahora deberá transformarse en fundación.

¿Seguirá la CAM como entidad independiente en el mercado?
Dependerá del futuro comprador, que deberá decidir si integra las oficinas de la CAM en su propia red comercial, o decide mantenerla como una segunda marca. En el caso de que sea uno de los grandes bancos españoles el que se quede la entidad, las posibilidades de supervivencia de la marca son menores ya que históricamente han tendido a unificar todo su negocio bajo un mismo paraguas. Será diferente si la compra otra caja o si es un fondo de inversión el que decide adquirir la entidad alicantina.

¿Seguirá la Obra Social?
De momento las actividades benéfico-sociales de CAM tienen presupuesto asignado hasta final de año. Más allá de esa fecha no hay nada garantizado. En teoría, debe seguir ya que la futura fundación CAM tendrá un porcentaje del negocio y, por tanto, derecho a recibir dividendos. El problema vendrá si esa participación es muy pequeña (puede incluso no existir), o si el banco no logra generar los suficientes beneficios. En ese caso, dependerá de la voluntad del comprador.

¿Pagarán los anteriores responsables por su mala gestión?
A priori, el Banco de España no ha presentado ninguna denuncia ni ha iniciado expedientes sancionadores. Al contrario que en los casos de Cajasur y CCM, que fueron intervenidas, la CAM fue nacionalizada y, por tanto, puede no haber ningún tipo de consecuencias. Sin embargo, si durante el proceso de saneamiento se descubre que ha habido mala praxis sí se pondrían en marcha los castigos pertinentes.

http://www.levante-emv.com/economia/2011/07/31/semana-negra-cam/828815.html

La caída de la CAM

MADRID.- "¿A quién representas tú, si no controlas ni tu propio consejo?". Esta fue la respuesta que cosechó Modesto Crespo, expresidente de Caja Mediterráneo (CAM) en su última y desesperada visita a la sede central del Banco de España en Madrid, cuatro días antes de que la máxima autoridad bancaria optara por intervenir la entidad a la vista de las dudas sobre su viabilidad económica en solitario.

Crespo, según fuentes oficiales, reprodujo esta contestación en el último consejo de la caja, celebrado en la mañana del viernes día 22 de julio, cuando el exmandatario, tras corroborar que el Banco de España no aceptaba ni un minuto más de prórroga para buscar el salvador socio privado, comunicó oficialmente al consejo su decisión de adelantar a las cero horas del día siguiente la entrada de la ayuda de 2.800 millones de euros del FROB en el accionariado del nuevo banco, que en la práctica suponía la pérdida de la autonomía de la caja a favor del Estado.

Ese consejo significó el último acto del drama que la caja alicantina comenzó a escenificar apenas un año y unos meses antes, cuando azuzada por el Banco de España, inició la carrera en pos de consolidar una fusión fría, en el argot bancario y técnicamente un SIP (sistema institucional de protección). Todo parecía encarrilado cuando la CAM se integró en el SIP del Banco Base, junto a Cajastur, Caja Cantabria y Caja de Extremadura. Pero el sueño apenas duró unos meses. En abril de este año, las asambleas de sus tres socios en la fusión fría expulsaron a la CAM del nuevo grupo bancario. En la forma, por diferencias del peso de la caja en el SIP; y en el fondo, por el lastre de la inversión del ladrillo en los balances de la entidad alicantina.

Entre abril y mediados de este mes de julio, Crespo prosiguió en su huida hacia adelante en busca de un socio privado. Todo antes que entregarse a los brazos del Banco de España. Pero los esfuerzos del empresario volvieron a resultar estériles.

Mientras, el reloj corría vertiginosamente en contra de los intereses de la CAM. Se avecina otra fecha marcada en rojo por la cúpula de la entidad. El viernes 15 de julio el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, dio a conocer los resultados de las pruebas de solvencia a la banca realizados por la Unión Europea.

La dirección de la CAM se temía lo peor. Un grupo de consejeros solicitó una reunión oficiosa del consejo para seguir los resultados del examen en la planta noble de la sede principal de la CAM, en la céntrica avenida alicantina de Óscar Esplá. El gobernador del Banco de España confirmó los negativos presagios de los consejeros: la CAM obtenía un suspenso rotundo en la prueba, el peor resultado de las cinco entidades bancarias españolas que no superaron el examen.

Crespo encajó el golpe del suspenso con una nueva huida hacia adelante. Dejó plantados a los consejeros, que esperaban una respuesta de su presidente, y optó por trasladarse a Elche a una reunión con el patronato del Misteri d'Elx. Crespo, de profundas convicciones religiosas, ha compaginado la presidencia de esa entidad (símbolo de la cultura oral ilicitana) con sus responsabilidades en otras organizaciones, como la presidencia de la patronal alicantina, cargo que dejó para pilotar la CAM.

El grupo de consejeros críticos, comandados por el vicepresidente segundo, Nemesio Benito, y Martín Sevilla, exconsejero del PSOE del Gobierno valenciano y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante, no solo urgía una explicación a Crespo. Los críticos plantearon un escrito con dos reivindicaciones: elegir los miembros del Consejo de Administración del Banco CAM antes de la nacionalización, que llegaría en virtud de la ayuda de 2.800 millones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en forma de capital social; y volver a pedir al Banco de España que incluyera a la caja en el paquete de ayudas del FROB-1, extremo que evitaba la nacionalización.

Crespo acudió al Banco de España el lunes siguiente. Planteó la demanda del grupo de consejeros díscolos. Y como respuesta cosechó una clamorosa desautorización. El Banco de España no veía creíble ya a un presidente que había fracasado en el proceso de fusión fría y seriamente contestado por sus consejeros.

Ese lunes, la entidad celebró un consejo de administración. En el cónclave, Crespo contó con la alianza de otro sector del consejo y logró aplazar la elección de los consejeros del Banco CAM hasta el jueves siguiente. Oficialmente, la CAM informó de la reunión con una nota en la que se limitaba a reiterar que la caja no necesitaba de capital adicional tras el suspenso en el test.

El consejo del Banco CAM contaba ya con cinco componentes: Modesto Crespo; el exdirector general, Roberto López Abad; su sucesora en el puesto, María Dolores Amorós; y el secretario, José Forner; y el consejero y amigo del presidente, el también empresario de automoción Ginés Pérez. La ley autoriza a ampliarlo hasta 15 nuevos miembros.

Crespo cumplió su promesa y el jueves convocó el que iba a ser el penúltimo consejo de su mandato. Los críticos comenzaron el cónclave manteniéndose firmes en sus demandas. Crespo era consciente de su derrota si había votación (el sector rebelde contaba con 12 de los 20 consejeros). Entonces, pidió un tiempo muerto. Durante el receso el presidente comunicó a uno de los consejeros que esa misma tarde dimitía. El confidente frenó el amago de dimisión. "Si lo haces será el caos", le comentó.

A continuación, Crespo y la directora general se encerraron en otro despacho por espacio de una hora y media. "El presidente salió del despacho con el rostro desencajado", asevera un exconsejero. "Todos nos quedamos en silencio porque suponíamos que algo grave había ocurrido", añade. En efecto, durante el receso se personó en la sede social de la CAM el director del Banco de España en Alicante, Luis Expósito Pineda, con una carta en la mano. La misiva era contundente: daba un plazo de diez días a Crespo para reconducir la situación y buscar in extremis un socio privado o la caja era intervenida. Y llevaba una posdata: Crespo tenía que leerla íntegramente al consejo.

El presidente acató la orden, leyó la carta del emisario del Banco de España y levantó la sesión. Luego se envolvió en su silencio habitual. Los consejeros abandonaron la sede de la caja con la sensación de que el plazo de diez días iba a ser mucho más corto.

La noche de ese jueves Crespo tomó la decisión más dura de su carrera en la cúspide de la caja: acortar los plazos y entregar al día siguiente la entidad al Banco de España.

A primeras horas de la mañana del viernes, día 22, el Banco de España ya había pactado con Crespo la fecha tope de las cero horas del sábado para la nacionalización. El presidente convocó por la vía de urgencia un consejo para comunicar la noticia al resto de miembros de la cúpula directiva de la caja.

Al improvisado cónclave apenas acudió media docena de los 20 miembros del consejo de administración. El resto fue compareciendo a lo largo de la mañana. "Fue un consejo patético y ridículo", comenta un exconsejero con relación a este último cónclave de la caja.

Crespo, tras admitir ante el consejo que definitivamente arrojaba la toalla, hizo otros comentarios que dejó atónitos a sus compañeros. "Camps es un hombre honrado y siempre lo defenderé", espetó, señala un consejero, sin venir a cuento. O sí. Crespo llegó a presidencia de la CAM por deseo expresó del expresidente del Gobierno Valenciano, Francisco Camps, que dos días antes se vio obligado a dimitir por su imputación en el caso Gürtel.

Crespo concluyó su último consejo con críticas, algunas en tono despectivo, hacía los consejeros rebeldes, en especial sobre el vicepresidente segundo y Martín Sevilla, al que según los presentes se refirió con el apelativo de "El Sabio Catedrático".

A media tarde de esa jornada, la CAM emitía una nota oficial en la que el consejo de la CAM renunciaba a más de un siglo de autonomía propia. Muchos exconsejeros abandonaron la caja con la sensación de haber sido unos convidados de piedra en el devenir de la entidad. En realidad, el consejo de administración de la caja nunca tuvo un poder real en la estrategia de inversión. "Ese apartado estaba en manos del equipo directivo. Nosotros [los consejeros] éramos aves de paso, como nos llamaban algunos de empleados", comenta un exconsejero. "Aves de paso, la mayoría, y raras avis una minoría, la que no se implicaba en los viajes y prebendas con las que nos agasajaban", añade ese exconsejero. -

http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/caida/CAM/elpepueconeg/20110731elpneglse_3/Tes

¿Personajes modélicos? / Franci Xavier Muñoz Sánchez

El lema de la última manifestación del 15-M, "No es la crisis, es el sistema", se aplica a la perfección en el caso de los consejeros de la recién intervenida Caja Mediterráneo, que obtuvieron pingües créditos preferenciales, a bajos tipos de interés, por debajo de mercado, que les sirvió, sobre todo, para invertir en negocios y propiedades. ¿Cómo habrán recibido esta noticia todos aquellos asalariados, autónomos y empresarios que, a lo largo de los últimos años, vieron denegadas sus peticiones de crédito en esta entidad?

Lo grave del asunto es que el encargado de controlar estas operaciones, también consejero, era uno de los más beneficiados por esta política de "toma asiento y abre tu caja". Los consejeros de la CAM son, lamentablemente, un ejemplo más de la corrupción del sistema económico, al que sin duda hay que someter a más y mejores controles. 

Aunque su caso pone de manifiesto, una vez más, esas enormes diferencias que separan a las clases populares y medias de las clases privilegiadas y que, como dice un amigo mío, se resumen en una certera frase: "No es solo lo que ganan, sino, sobre todo, lo que no gastan". Lo triste es que haya tanto ciudadano de a pie a quien este tipo de personajes y conductas les parezca modélico.

Las CCAA y los ayuntamientos españoles reducen un 57% la licitación de obra pública

MADRID.- Las comunidades autónomas y los ayuntamientos españoles redujeron a más de la mitad (un 57,8%) la licitación de obra pública en la primera mitad del año respecto al mismo periodo de 2010, según datos de la patronal de grandes constructoras Seopan.

   Los gobiernos autonómicos y locales promovieron obras por un total de 4.755,2 millones de euros hasta junio, lo que implica un recorte de 6.516 millones de euros respecto a los 11.271 millones de euros invertidos un año antes.

   Las restricciones presupuestarias y el parón derivado del proceso electoral y la posterior constitución de los nuevos gobiernos y ayuntamientos constituyen los principales factores de este recorte de la obra pública en las comunidades y los ayuntamientos.

   De esta forma, la Administración local y la autonómica redujeron hasta el 53% su peso en el volumen total de obra pública promovida en el Estado desde el porcentaje del 81% que supusieron en junio 2010.

   El descenso fue más pronunciado en los ayuntamientos, que recortaron en un 62,4% sus obras, hasta 2.561,9 millones. En las comunidades, la reducción fue del 50,8%, si bien promovieron obras por una menor cuantía (2.193,3 millones).

   La licitación de obra pública total del conjunto de las distintas administraciones públicas en el primer semestre del año sumó 8.914 millones de euros, lo que supone un descenso del 35,8% en comparación a un año antes.

   El Gobierno central acaparó el 46,7% de estas obras públicas, impulsado por Ministerio de Fomento, principal organismo inversor del Estado que, gracias a las obras promovidas con capital público, duplicó (+105%) su inversión en obra pública en la primera mitad del año.

   En concreto, el departamento que dirige José Blanco sacó a concurso proyectos por 3.524,25 millones de euros en los seis primeros meses. Este importe incluye no obstante 956 millones correspondientes a un contrato del AVE a Galicia que se abordará en colaboración con el capital privado.

   Por tipo de obras, el 71% del total de las promovidas hasta junio por el conjunto de las administraciones corresponden a grandes infraestructuras, y el 30% restante a obras de edificios públicos, si bien éstas son las que más se reducen (un 59,6%).

   En concreto, entre enero y junio se sacaron a concurso contratos para levantar edificios públicos por 2.596,7 millones, de entre las que destaca el descenso del 74,4% registrado en la construcción de nuevas instalaciones deportivas, el del 50% de centros sanitarios y el del 57% de nuevos colegios.

   De su lado, la licitación de grandes infraestructuras cayó un 15,3% en el primer semestre, hasta suponer 6.317 millones. En este subsector sobresalen los 3.000 millones de euros destinados a ferrocarriles, más del doble que un año antes, que contrasta con la caída del 23% en la promoción de nuevas carreteras y las del 53,7% y 69,3% en los proyectos de urbanización y medioambientales, respectivamente.

"Indignados y por la Regeneración", nuevo blog sobre movimientos y tendencias sociales

Editado para contribuir a la regeneración de la vida pública española con toda aquella opinión e información de interés general, que sirva de motor para la inevitable catarsis del sistema, tras ser carcomido por la codicia y la impostura, http://www.indignadosyporlaregeneracion.blogspot.com nace de la mano de sociólogos y periodistas profesionales universitarios para dar noticia de la evolución y tendencias de los nuevos movimientos sociales aflorados en nuestro país como consecuencia de la severidad de la crisis económica y de valores, con sus efectos devastadores sobre determinadas y amplias capas de la población, verdaderas víctimas finales de una asfixiante corrupción institucionalizada y sin medida por inherente al modelo político-económico devenido e impuesto al ciudadano.

Reunión secreta de Zaplana para analizar el nuevo escenario del PPCV / David Lozano

¿Eduardo Zaplana vuelve o Zaplana nunca se ha ido? Es una pregunta que se hacen frecuentemente algunos dirigentes del PP valenciano y es un sentimiento, el de la presencia permanente, vivo entre los más adeptos a Joaquín Ripoll que toman la figura de Zaplana cuasi como un líder de adoración religiosa. Lo cierto es que Zaplana sigue atesorando cierta autoridad moral entre algunos dirigentes y mucha veces es consultado sobre asuntos que conciernen a la actualidad más interna del PP valenciano. 

Sin ir más lejos esté sábado, según ha podido saber en exclusiva El Semanal Digital, tanto Eduardo Zaplana como Joaquín Ripoll se han reunido en un hotel próximo a Alicante para abordar la actualidad del PPCV y la nueva situación política actual forzada por la marcha de Francisco Camps y el relevo tomado por Alberto Fabra.
La reunión entre ambos ha servido para elaborar estrategias de cara al futuro político y personal de Ripoll pero también de todo el sector que él capitanea. Básicamete, según algunas fuentes consultadas, Eduardo Zaplana se ha ofrecido para "tutelar" el proceso de acercamiento al nuevo presidente regional del PP y para ello ha dado una serie de pautas y consejos al dirigente alicantino.

El encuentro, que se prolongó prácticamente toda la tarde, ha dejado también un par de jugosas anécdotas: Ripoll eligió ese hotel (a unos 5 kilométros de Alicante) para garantizarse cierta discreción y sobre todo evitar las especulaciones en la prensa, sin embargo el presidente del PP alicantino desconocía que en esas mismas instalaciones se celebraba a esa hora una gala de festeros de Alicante y entonces la discreción brilló por su ausencia.

Como consecuencia de ello se produjo la segunda anécdota, muchos de los presentes pidieron fotografiarse con Zaplana al que no hay que negarle el tirón del que aún goza en tierras alicantinas.

Una reunión que se ha producido 24 horas después de que el propio Ripoll mantuviese un encuentro con Alberto Fabra también en otro hotel del centro de Alicante. Según ha podido confirmar este diario, de fuentes solventes del PP, la cita se produjo a petición de Joaquín Ripoll quien se había puesto en contacto con Fabra para felicitarle por su recién nombramiento. 

El nuevo presidente de la Generalitat, al contrario de lo que se había contado hasta ahora, en ningún caso telefonó al presidente provincial del PP alicantino. La reunión entre ambos dirigentes, apenas tuvo una duración de media hora, fue de carácter formal, institucional y se produjo en un ambiente de cordialidad pero sin "demasiadas alegrías", según explican a El Semanal Digital las mismas fuentes consultadas.

Sin embargo, y pese al carácter protocolario del encuentro, este diario ha podido constatar que Joaquín Ripoll sí quiso abordar su futuro "institucional" más inmediato. En este sentido, el presidente provincial del PP alicantino le expresó sus deseos a Alberto Fabra de ser nombrado presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, una salida política –tras su exclusión de la Diputación- que supuestamente ya tendría previamente pactada con Camps.

La situación actual de Ripoll es que mantiene su acta de concejal en el Ayuntamiento de Alicante pero Sonia Castedo ni le ha otorgado competencias ni concedido sueldo alguno.

Mohamed VI pide normalizar las relaciones bilaterales con Argelia

RABAT.- El rey de Marruecos Mohamed VI ha vuelto a pedir este sábado la normalización de las relaciones bilaterales con Argelia para poder construir un bloque económico magrebí, durante un mensaje televisivo dirigido a la nación en el duodécimo aniversario de su coronación, que ha recogido la agencia oficial de noticias de Marruecos, MAP.

   "Fieles a los ancestrales vínculos fraternales existentes entre nuestros dos pueblos hermanos (...) estamos empeñados en aportar una nueva dinámica capaz de resolver todos los problemas pendientes, con el fin de alcanzar una completa normalización de las relaciones bilaterales entre nuestros dos países hermanos incluida la apertura de las fronteras terrestres", ha señalado Mohamed VI.

   De esta manera, el monarca ha insistido en que su empeño está "lejos de cualquier estancamiento o aislamiento que no hacen sino perturbar las relaciones de buena vecindad, la integración magrebí y las expectativas de la comunidad internacional y del espacio regional".

   Asimismo, el monarca ha recordado "su compromiso para construir la Unión Magrebí como una elección estratégica" y que se hará "en el seno de un proceso viable y homogéneo, superando las trabas que, lamentablemente, dificultan la puesta en marcha de dicha unión".

    El rey de Marruecos ha insistido en su empeño por desarrollar unas relaciones bilaterales con los países de la región y ha destacado "la positiva cadencia que están registrando los actuales encuentros ministeriales y sectoriales, acordados con el país hermano de Argelia".

   El proyecto de Unión del Magreb Árabe, que surgió en 1989 y del que forman parte Argelia, Libia, Mauritania, Marruecos y Túnez, intenta asemejarse al modelo de la Unión Europea de integración económica y política. Sin embargo, no ha llegado a ser puesto en práctica a consecuencia de las difíciles relaciones que mantienen Argelia y Marruecos, especialmente por la cuestión del Sáhara Occidental.

Camps renunciará a su sueldo como diputado y entrará en el Consejo Jurídico Consultivo

VALENCIA.- El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps entrará a formar parte del Consejo Jurídico Consultivo (CJC) como miembro nato, con voz pero sin voto, y mantendrá su escaño en Les Corts, aunque renunciará a su sueldo como diputado.

   Según han confirmado hoy fuentes próximas al expresidente, Camps ya ha solicitado su ingreso en el órgano asesor del Consell, tal y como prevé el Estatuto de ex presidentes de la Comunidad Valenciana.

   Asimismo, Camps mantendrá su acta de diputado en la cámara valenciana, aunque renunciará a su sueldo. Camps ocupa el asiento número 43, en la tercera fila del hemiciclo, entre las alcaldesas de Valencia y Alicante, Rita Barberá y Sonia Castedo, desde el pasado jueves, cuando el nuevo presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, tomó posesión de su cargo y pasó a ocupar el sillón azul de presidente, ubicado en la primera fila, al lado de la vicepresidenta del Consell, Paula Sánchez de León.

   Además, el expresidente habría renunciado también a la posibilidad que plantea el estatuto de contar con una oficina de apoyo con dos asesores, chófer y coche oficial a cargo de la Administración.

   La normativa le permite disponer también de un servicio de escoltas y mantener de forma vitalicia el tratamiento de Molt Honorable.

Franco seguirá siendo alcalde honorario de Valencia con los votos del PP

VALENCIA.- El pleno del Ayuntamiento de Valencia ha rechazado la retirada del título de alcalde honorario de la ciudad al dictador Francisco Franco, con los votos del PP, que ya se opuso en 2009, por considerar que dejó de serlo con su muerte.

   Así lo ha defendido el vicealcalde, Alfonso Grau, quien ha justificado su rechazo a la moción presentada por Compromís --y a la que se han adherido PSPV y EUPV-- "porque no es posible" aceptar esa petición. "Si no ha vuelto a la vida, no puedo retirarle algo que no existe", ha dicho.

   El edil 'popular' considera un "error conceptual grave" que los grupos de la oposición aseguren que Franco "continúa siendo alcalde honorario de la ciudad" dado que, de acuerdo con el artículo 32 del Código Civil --que señala que la personalidad civil se extingue por la muerte de las personas--, "el próximo 20 de noviembre hará 36 años que dejó de ser alcalde honorario de ningún sitio".

   Grau ha refutado así las críticas de Compromís acerca de la "dudosa legalidad" del mantenimiento de ese título tras la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica, que han sido suscritas por el representante del PSPV, Salvador Broseta, quien ha exigido que "con la muerte, se extingan también los honores del finado".

   El portavoz de la coalición y firmante de la moción, Joan Ribó, ha defendido que "por encima del Código Civil, lo importante es querer dejar claro que la ciudad y el Ayuntamiento de ahora no se corresponden con el planteamiento" que motivó el nombramiento mediante la retirada de honores "a una persona que no se los merece".

   "Hemos de cerrar este paréntesis con todo el simbolismo político que tiene", ha recalcado Ribó, quien ha insistido en que representa "una forma de pensar" que "debe ser rechazada por todos". "Me preocupa que continúe en la cabeza de muchos valencianos", ha comentado en alusión a la existencia de grupos de extrema derecha que se identifican con esa ideología y, en concreto, al nuevo ataque sufrido la noche anterior por la fachada de la sede de Compromís.

   En su opinión, "no tiene sentido que una ciudad democrática y moderna como Valencia continúe honrando esas acciones". "No nos gusta, queremos que Valencia se aleje de eso", ha zanjado.

   El portavoz de EUPV, Amadeu Sanchis, ha ratificado el apoyo de su grupo a la moción por considerar que "ante este tipo de mociones, no debería haber ningún tipo de división para que esos grupos sepan que ninguna fuerza política de este consistorio y del país tiene ningún tipo de relación con una dictadura".

   Desde la oposición han recordado en varias ocasiones que el Ayuntamiento de Alicante, donde también gobierna el PP con mayoría absoluta, sí que acordó la retirada de ese título a Franco con el apoyo de los 'populares'.

   No obstante, Alfonso Grau ha insistido en que "no es posible" hacerlo y ha agregado que "si otros lo han hecho, allá ellos".

"La estupidez humana es inalcanzable en su dimensión", ha sentenciado.

   El vicealcalde también ha lamentado que los grupos de la oposición "vivan obsesionados con Franco" y sean sus "mejores propagandistas", a diferencia de los representantes del PP, que comparten el rechazo a la represión franquista, pero prefieren mirar "hacia adelante".

En la escuela del rigor, las autonomías españolas son los peores alumnos

MADRID.- Cada una tiene su Parlamento, algunas incluso su propio idioma oficial... pero las Comunidades Autónomas españolas tienen sobre todo una gran autonomía financiera y una enorme deuda, suficiente como para preocupar a los mercados, pese a los esfuerzos para que adopten el rigor. El déficit fiscal de numerosos gobiernos regionales es una de las razones que da la agencia Moody's para amenazar con bajar la nota de España.

Como lo destacaba irónicamente el diario económico Expansión el jueves "las comunidades han pasado de un mundo feliz en el que concentraban poder y dinero, a un territorio hostil dominado por facturas pendientes de pago, la espiral de la deuda y la sequía de ingresos".

Las 17 comunidades autónomas se aprovecharon al máximo del boom inmobiliario antes de que estallara en 2008.

"Han realizado un gasto suntuoso, excesivo, no necesario", gracias a los ingresos del sector de la construcción en los años anteriores a la crisis, cuenta Rafael Pampillon, economista del Instituto de Empresa Business School de Madrid.

Ya no cuentan con estos ingresos en medio de un crecimiento económico mediocre del 0,3% en el primer trimestre y un desempleo del 20,89%, el doble que la media europea.

Mientras el Estado central ha hecho sus deberes aplicando varios planes de austeridad estos últimos años, no se puede decir lo mismo de los gobiernos regionales: en 2009, 14 incumplieron el objetivo del déficit dictado por Madrid y al año siguiente, 9.

El gobierno les ha exigido un déficit del 1,3% en 2011 y del 1% para 2014, pero Cataluña ha elaborado un presupuesto que contempla un déficit del 2,66% este año, el de Castilla La Mancha supera ya el 6% y Extremadura ha admitido que es incapaz de respetar el objetivo.

"Las Comunidades Autónomas se mueven mucho por sus propios intereses" y piensan que en caso hipotético de suspensión de pagos por el Estado, "no les vaya a afectar", dice Gonzalo Gómez Bengoechea, profesor de IESE Business School.

Esto puede comprometer el objetivo del gobierno de reducir el déficit global al 3% en 2013.

Las agencias de calificación miran con lupa su endeudamiento acumulado, de 121.000 millones de euros. Las peores alumnas son Valencia (17,4% de su PIB) y Cataluña (17,2%).

Desde las elecciones municipales de mayo, el problema ha adquirido un cariz político: con la mayoría de las regiones dirigidas ahora por el Partido Popular (PP), éste presiona al gobierno socialista y espera convertirlo en arma de su campaña electoral para los comicios de noviembre.

Las Autonomías deben devolver al Estado una parte del dinero que éste le adelanta para llevar a cabo las competencias que les ha transferido. La factura supera los 23.000 millones de euros. Han pedido, en vano, poder devolverlo en diez años, en vez de los cinco previstos.

Para mostrar su buena voluntad, se comprometieron el miércoles a limitar su presupuesto. La idea, explica el gobierno, es no volver a repetir los errores del boom inmobiliario, aprendiendo a gastar menos incluso en periodo de prosperidad.

Pese a ello, los economistas son críticos: las finanzas regionales "van a seguir siendo un motivo de preocupación" para los mercados, predice Bengoechea, que pide al Estado que sea "más duro".

Botella considera que la "tarea de supervisión y responsabilidad política" del Consell sobre la CAM ha sido "lamentable"

VALENCIA.- La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ana Botella, ha afirmado este viernes que la "tarea de supervisión y responsabilidad política" ejercida por la Generalitat sobre Caja Mediterráneo (CAM) ha sido "claramente lamentable".

En este sentido, ha subrayado que el ámbito de actuación tanto de la CAM como de Bancaja "ha estado vinculado estos últimos años al gobierno del PP" y que las entidades han financiado "grandes proyectos y eventos de la Generalitat que han tenido unas consecuencias más que cuestionables". "Basta ver cómo se está desarrollando el caso de Terra Mítica en los tribunales actualmente", ha añadido.

Por otra parte, Botella ha afirmado que espera que en la nueva etapa del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se produzca una "normalización" de las relaciones institucionales entre el Gobierno central y el Consell, de manera que "mejore la imagen de la Comunitat que Fabra ha reconocido que ha quedado dañada".

En este sentido, la delegada ha recalcado que las relaciones entre ambas Administraciones han sido "especialmente difíciles" en la última legislatura, en la que a su juicio se han sucedido "los rechazos y desencuentros, en una actitud que iba paralela a unas complejidades políticas que a nosotros nos son ajenas".

Asimismo, ha subrayado que las desavenencias se han producido "no solo por cuestiones meramente políticas, sino por casos de corrupción que afectan a una férrea opacidad que ha mantenido el Consell sobre las cuentas públicas".

En la misma línea, ha explicado que la Generalitat "no ha tenido muy clara la separación entre su posición institucional como Gobierno autonómico y su posición política", ya que "daba la impresión que el Consell se planteaba como oposición al Ejecutivo central".

Botella ha destacado que en la última semana las relaciones institucionales han empezado a "tener resultados en ciertos temas que habían sido utilizados de una manera muy desafortunada y poco proporcionada con la realidad de los hechos", en referencia al convenio firmado entre el Gobierno y la Generalitat sobre el tema de los chiringuitos.

Asimismo, ha subrayado la reanudación de la actividad del Consorcio Valencia 2007 "para darle un impulso dentro de la necesidad de que haya un aprovechamiento económico y de empleo para la ciudad de unas inversiones importantes que se realizan desde el 2004".

El escándalo de la CAM desata todo tipo de peticiones en parlamentos, partidos y sindicatos

MADRID.- El grupo socialista en las Cortes Valencianas exigió la convocatoria de la Diputación Permanente para que comparezca el conseller de Economía, Industria y Comercio, Enrique Verdeguer, y explique los motivos que han conducido a la intervención de la CAM por el Banco de España. El portavoz de Economía del PSPV-PSOE en las Corts, Francisco Toledo, informó en un comunicado de que su grupo se adherirá a la petición de Esquerra Unida (EU) para que se cree una comisión de investigación parlamentaria sobre este tema.

Francisco Toledo instó a Alberto Fabra a depurar «todas las responsabilidades» que han llevado a la CAM a la actual situación. Toledo recordó que la ley de cajas establece en su artículo 35 que los miembros del consejo de administración, sus empresas y familiares «no pueden obtener ni créditos ni avales sin la autorización expresa del consejo de administración y del IVF» y que también señala que los cargos son «honorarios y gratuitos» de lo que se deduce, en opinión de Toledo, «que el IVF tuvo que autorizar los créditos y que Modesto Crespo —expresidente de CAM— no debía cobrar por ser consejero de Tinser».
Por su parte, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, dijo que los datos que están surgiendo sobre la gestión de Caja Mediterráneo apuntan a que la entidad «era una pieza más de la trama de la Comunidad Valenciana protagonizada por el Partido Popular». Madina apuntó que, con las informaciones sobre la concesión de créditos «con la firma de la Generalitat» a altos directivos de la caja al 0 % de interés, «todo indica» que, antes de ser intervenida por el Banco de España, la CAM «estaba intervenida previamente por el PP».
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, calificó de «despreciable, nociva y muy esclarecedora la trayectoria seguida por la CAM entre 2004 y 2010». A su juicio, los datos hechos públicos tras la intervención «revelan la frescura, la insensatez y hasta la impunidad con la que se han manejado los consejeros».
El grupo parlamentario Compromís en las Corts pidió, por su parte, la comparecencia de los actuales administradores de la CAM nombrados por el FROB, José Antonio Iturriaga, Tomás González y Benicio Herranz, para que expliquen cuál es la situación de la CAM y las soluciones que se pueden adoptar. 

Mónica Oltra pidió que se esclarezcan las razones por las que el Consell «aprobó créditos blandos, de incluso interés cero, a consejeros de la CAM cuando el tipo medio estaba al 4 %».
También los principales sindicatos con representación en la caja reclamaron la depuración de responsabilidad por la concesión de créditos blandos a los consejeros. Así, el secretario general del Sicam, Manuel Navarro, reclamó que los nuevos administradores de la caja nombrados por el FROB investiguen si se produjo «algún tipo de abuso», ya que considera que las cantidades prestadas fueron «muy elevadas». 

Por su parte el portavoz de CGT, Juan José Martínez, se sumó a la petición de responsabilidad y denunció que este tipo de prebendas se han utilizado «para que los consejeros no se cuestionaran nada y aprobaran todo lo que se les ponía delante». Desde CC OO, Isidro Grao exigió que los anteriores responsables de la entidad «paguen por lo que han hecho».

KPMG auditará de urgencia a la CAM

MADRID.- Caja Mediterráneo (CAM) ha encargado a la firma de servicios profesionales KPMG, por orden de los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), una auditoría de urgencia de la entidad al objeto de conocer su grado de deterioro patrimonial en los siete primeros meses del año, informaron hoy fuentes financieras.

El equipo de auditoría de KPMG, firma que ha auditado a la CAM desde principios de los años 90, debe trabajar contrarreloj durante este mes de agosto para determinar el valor que presentaban los activos de la caja hasta el 31 de julio, dado que la intención del FROB y del Banco de España es subastar la entidad a principios de septiembre.

La auditoría se realizará en el contexto de la ampliación de capital que llevará a cabo la CAM para dar entrada al FROB con una inyección de 2.800 millones de euros con el fin de sanear la entidad y elevar su solvencia. Además, el Fondo concederá un préstamo de 3.000 millones a la caja alicantina para atender sus necesidades de liquidez.

En los recientes test de estrés, la entidad anteriormente presidida por Modesto Crespo obtuvo uno de los ratios de capital más bajos de las entidades españolas, con un core Tier 1 del 3%, que ascendería al 5,1% se incluyen las provisiones genéricas y otras medidas mitigadoras.

El diario 'El País', que adelanta hoy la noticia, señala que además el supervisor ha pedido al banco de inversión suizo UBS que haga un informe de valoración de mercado de la caja, con el fin de determinar con qué parte del capital se queda el FROB, que estará cerca del 85%.

Moody's empieza a dejar de creer en las posibilidades de la Comunidad Valenciana

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Moody's ha rebajado hoy un escalón las calificaciones a largo plazo de seis regiones españolas, y ha colocado en revisión para un posible recorte la de otras cuatro comunidades.

   En concreto, la agencia ha recortado un escalón la calificación de Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Castilla y León, y ha puesto en revisión la de Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco.

   En el caso de Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia, Moody's explica su decisión por las dificultades que espera que atraviesen estas regiones a la hora de mejorar sus déficit en 2011, aparte de su vulnerabilidad a los mercados debido a sus grandes necesidades de financiación.

   Por su parte, la agencia señala que la rebaja de Andalucia y Castilla y Leon refleja la preocupación de Moody's en relación con las obligaciones comerciales de estas regiones y la ausencia de planes claros sobre cómo y cuándo serán financiadas.

Zapatero aprobará el 19 de agosto un decreto para acelerar la reducción del déficit

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado la aprobación de un decreto-ley el próximo 19 de agosto para acelerar la reducción del déficit público, que contemplará medidas para mejorar la recaudación del Impuesto de Sociedades y el recorte del gasto farmacéutico, así como nuevas iniciativas para crear empleo, pero que no incluirá nuevos recortes sociales.

   Durante una rueda de prensa en Moncloa para ofrecer el balance del primer semestre, Zapatero indicó que aunque a cinco meses de que concluya el ejercicio presupuestario existen "buenas condiciones" para alcanzar el objetivo de déficit (6% del PIB), es necesario llevar a cabo un "esfuerzo adicional" para asegurar su consecución, y así se lo ha pedido a la vicepresidenta económica.

   En este sentido, apeló también a la "indispensable contribución leal y responsable" de los distintos niveles de la administración pública en la consecución de este objetivo, y valoró positivamente el compromiso del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para aprobar en cada comunidad una regla de gasto coherente con la aprobada para el Estado.

   "El proceso de consolidación fiscal está encauzado, aunque existe una tensión permanente sobre el control del gasto. La recuperación continúa y comienza a ofrecer síntomas positivos en el empleo, pero aún falta tiempo para que la recuperación general tenga el ritmo que deseamos y se vuelva a crear empleo, por lo que habrá que continuar en la dura tarea, pero el rumbo está fijado", reiteró Zapatero.

   El jefe del Ejecutivo destacó que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre, junto con otros indicadores, determinan que la economía siguió creciendo entre abril y junio por séptimo trimestre consecutivo desde que comenzó la crisis, al tiempo que precisó que esta recuperación está caracterizada por la "fortaleza" del sector exterior y la "debilidad" de la demanda interna.

   Según Zapatero, la recuperación se está produciendo en un contexto "muy difícil" porque el Gobierno debe hacer frente a un "exigente" programa de reducción del déficit, mientras persisten las "tensiones" en los mercados de deuda soberana. Así, destacó que los pasos dados por el Eurogrupo son de "gran relevancia", pero tienen que desarrollarse en los próximos meses y, por tanto, llevará "su tiempo reducir la volatilidad en los mercados".

   Tras resaltar que durante este semestre el Gobierno ha aprobado siete decretos-leyes, 26 proyectos de ley y un número muy importante de acuerdos y medidas no legislativas, Zapatero centró en tres ámbitos las iniciativas llevadas a cabo por el Ejecutivo en este periodo: socio-laboral, competitividad y sector financiero.

   Sobre el primer aspecto, recordó la firma del acuerdo social y económico con sindicatos y patronal, la reforma de las políticas activas de empleo, el plan 'Prepara', el impulso a la contratación a tiempo parcial, la mejora de la negociación colectiva y la aprobación definitiva de la ley de pensiones que, según dijo, garantiza la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.

   En materia de competitividad, subrayó la aprobación en marzo de la Ley de Economía Sostenible, de la Ley de Ciencia, la nueva línea del ICO para entidades locales por 3.000 millones, estímulos fiscales para la inversión en nuevos proyectos empresariales, la mejora de la fiscalidad de las empresas de reducida dimensión o el nuevo modelo de formación profesional.

   También destacó la privatización de Aena y de Loterías del Estado, así como la subasta del espectro radioeléctrico, procesos que reportarán una cifra de ingresos superior a los 13.000 millones de euros.

   Finalmente, respecto a la reestructuración del sistema financiero, el jefe del Ejecutivo resaltó que hay tres nuevas entidades cotizando en Bolsa y que la mayor parte de las necesidades de capital que tenían bancos y cajas ya se han cubierto.

El negocio inmobiliario de la CAM creció el año pasado pese al hundimiento del ladrillo

MURCIA.- El negocio del Grupo de Caja Mediterráneo siguió creciendo el año pasado a base de su participación en sociedades inmobiliarias, que controla en un 100, o en las que tiene participaciones. Cuando la Caja empezó a mostrar signos de debilidad después de la fallida fusión con Cajamurcia y su búsqueda de nuevos socios, sus gestores siguieron engordando la estructura, y el conglomerado financiero pasó de 35 a 40 sociedades dependientes de la empresa matriz y bajo la dirección de sus responsables. 

En todas ellas, la entidad de crédito tiene el 100% de participaciones, excepto algunas en las que se queda en el 98%, controlando los respectivos consejos de administración a los que fueron asignados los consejeros de la Caja intervenida el viernes pasado por el Banco de España, según publica 'La Verdad'.

Las dificultades que empezaron a asomar en 2010, y que se hicieron más visibles dentro del proceso de reestructuración bancaria, no impidieron que la CAM siguieran apostando por el sector del ladrillo aumentando su exposición a la burbuja inmobiliaria que había explotados dos años antes. El año pasado, los responsables de Caja Mediterráneo incorporaron a su grupo nueve sociedades, algunas de ellas en Marruecos, México, Holanda y Madrid, según se refleja en el informe anual de Gobierno Corporativo. Varias aparecen con distintas sociedades en cartera.

Todas están vinculadas a la construcción y promoción inmobiliaria, lo que revela la estrategia de los anteriores responsables de tratar de seguir apostando por un modelo económico que estaba en crisis, aunque pretendieran invertir en otros países que podían considerarse a resguardo de la crisis. Es el caso de las sociedades Tasaciones y Avalúos, Artemus Capital, Playa Caribe Holding, Procom Residencial Rivas, Costa Mujeres Investment, Mercurio Alicante Sociedad de Arrendamientos y Sagemed. Algunas de éstas ya figuraban en el informe anual de 2009 destinado a los inversores, y se incluyeron el año pasado en la memoria corporativa.

Caja Mediterráneo posee además intereses en una veintena larga de sociedades, con participaciones que oscilan entre el 20 y el 50%, muchas de ellas relacionadas también con el sector de la construcción y el mundo inmobiliario. Asimismo, está asociada con otra lista de cincuenta empresas, entre las que aparecen Terra Mítica -donde la entidad se vio obligada a invertir en el proyecto estrella de la Generalitat Valenciana-, Hansa México, El Mirador del Delta, Aqua Mayacoba, Tremon Maroc y Rigolisa Residencial, entre otras. La caja valoró sus sociedades en más de 1.700 millones de euros. De las cuarenta empresas del sector inmobiliario que controla o en las que participa la CAM, la tercera parte radica en el extranjero.

Invirtió en proyectos urbanísticos que luego entraron en dificultades como Martinsa, Seseña o Polaris World; así como en otros negocios inmobiliarios en México, donde compró una sociedad por la que ha llegado a pagar hasta 300 millones de euros, el doble de lo inicial debido a las pérdidas.

La CAM aseguró todas las pensiones de su cúpula por más de 30 millones

VALENCIA.- Los altos directivos de Caja Mediterráneo tenían asegurada, mediante una póliza contratada con una aseguradora, una compensación para su jubilación. Concretamente, en una reunión del consejo celebrada en septiembre de 2007 se acordó suscribir una póliza que garantizaba a los miembros del comité de dirección de la caja alicantina que percibirían el 60% de su sueldo bruto cuando llegaran a la edad de 65 años.

Éste es un tipo de cobertura habitual en el caso de los altos directivos de las entidades financieras, y no es de los casos en los que se suscriben compensaciones más elevadas, ya que existen ocasiones en las que se puede llegar a superar el 80% del sueldo bruto percibido durante el último año que se ha trabajado en un banco o caja de ahorros, según publica 'Expansión'.

El contrato suscrito para los directivos de CAM permite que esa pensión se perciba o bien en forma de renta vitalicia o bien en forma de capital, en un único pago. En este último caso, el cálculo actual que se realiza suele estar entre diez y doce veces el salario percibido en el último ejercicio.

En su informe de gobierno corporativo, CAM revela que la remuneración percibida por el “personal clave de la dirección y por los miembros del consejo de administración en su calidad de directivos” ascendió el año pasado a 2,86 millones de euros. Este grupo de dirección no incluye a todo el comité de dirección, sino sólo a la directora general y a los directores generales de área, pero no a los cuatro directores territoriales, que también están en el comité de dirección.

Sólo con esa parte de la alta dirección contemplada, las pensiones complementarias percibidas rondarían los treinta millones de euros, realizando ese cálculo actuarial.

Las condiciones de este seguro de pensiones señalan que no se podrían cobrar las compensaciones en el caso de que se produjera un despido procedente.
Algunos de los directivos ya han cobrado su parte correspondiente de estos seguros de jubilación, tres de ellos en las últimas semanas, y además acogiéndose también a las indemnizaciones por prejubilaciones pactadas en el ERE. Este plan permite prejubilarse a los empleados de la caja que superen la edad de 55 años y que tengan una antigüedad de más de diez años de trabajo en CAM.
El primero de todos los directivos en prejubilarse fue Vicente Soriano, director general de Recursos, que se acogió al plan de prejubilaciones desde el mismo momento en que fue aprobado por la Dirección General de Trabajo, en la primera semana de junio. Su salida incluía la percepción del seguro de pensiones.

Le siguió Agustín Llorca. En su caso, CAM anunció su prejubilación precisamente el 22 de julio por la mañana, unas horas antes de que se diera a conocer la intervención de la caja por parte del Banco de España. En el comunicado que ese día emitió la caja afirmaba que este directivo se acogía a la prejubilación “ante la inminente puesta en marcha de Banco CAM”. La nota también dice que el directivo ya tenía previsto anteriormente dejar la caja, pero que había aplazado su salida a petición de la directora general, María Dolores Amorós.

Agustín Llorca era en ese momento director general adjunto-secretario general, un cargo al que accedió en febrero, tras la salida de José Pina, que había pasado a Banco Base. Llorca –que llevaba trabajando en la caja desde 1972– había compatibilizado en los últimos meses este cargo con el de director territorial de Alicante, que ya desempeñaba anteriormente.

También el antiguo director general de CAM, Roberto López Abad, se acogió a este plan de prejubilaciones del ERE, aunque desde el año pasado ya no formaba parte del comité de dirección, al haber pasado al frustrado Banco Base, y se encontraba sin un puesto definido en la caja tras la ruptura del SIP.

Saqueo

Ajenos a la debilidad financiera de CAM, la alta dirección de la entidad se repartió el año pasado una remuneración conjunta 2,9 millones de euros, un 2% más que un año antes, según se desprende del Informe de Gobierno Corporativo de la caja y que recoge 'Expansión'.

Entre los directivos clave de la entidad que forman parte de este paquete retributivo están la directora general, María Dolores Amorós; José Pina, secretario general; Vicente Soriano, director de recursos; Joaquín Meseguer; director de participaciones; Francisco Martínez, director de riesgos; y Teófilo Sogorb, director de planificación y control. En este grupo también hay que incluir a Roberto López Abad, ex director general de la caja, que abandonó el cargo el pasado mes de noviembre.

La generosidad de la CAM con sus consejeros llegó incluso a permitir algunas líneas de descuento y préstamos a cinco y seis años al 0% de tipo de interés. Esto sucedió sobre todo en 2008, y los agraciados fueron Modesto Crespo, que luego ocupó la presidencia, Manuel Navarro, Gregorio Fernández y Juan Ramón Avilés, según los datos del informe de Gobierno Corporativo de la entidad que publicó esta semana El País.

Las dietas por asistencia también aumentaron. Los veinte consejeros de la entidad ingresaron 79.000 euros por asistir a las dieciocho reuniones de este órgano de gestión. Esta cantidad supone 39% más que un año antes. Lo mismo sucede en la comisión de inversiones (con un aumento del 22%) y en la de retribuciones (un 50%).

En total, los directivos y consejeros de la entidad se repartieron el año pasado en dietas 129.000 euros, a los que cabe sumar 1,4 millones recibidos por directivos de CAM por asistir a los consejos de administración de sus participadas.

Las aportaciones a los planes de pensiones de estos directivos se redujeron, en cambio, más de un 31%, hasta los 175.000 euros CAM estuvo durante la segunda mitad de 2010 trabajando en su integración en Banco Base, junto a Cajastur, Cantabria y Extremadura. Finalmente, la unión de estas cuatro cajas se frustró por diferencias entre la caja alicantina y la asturiana, que discrepaban sobre la gestión y saneamientos del grupo.

Tras la ruptura de este acuerdo, la entidad continuó el proceso de segregación de su negocio a un banco y puso en marcha un proceso de reducción de costes que contemplan una reducción de plantilla a través de prejubilaciones a través de un ERE de 937 personas, con un coste de 200 millones, y la reducción de 106 oficinas, hasta su intervención el pasado viernes.
Durante el proceso de reestructuración de las cajas de ahorros, la tónica general de las entidades ha sido elevar la remuneración de sus consejos. En total, veinte cajas lo hicieron el año pasado de las treinta y tres que publican datos, según adelantó 'Expansión' el 13 de mayo. 

 Bancaja, Caja Navarra, CAM y Caja Murcia fueron las que más subieron estas retribuciones. En total, las dietas de los consejeros del conjunto del sector aumentó de media el año pasado un 3,6%, hasta los 11,05 millones. En las entidades defienden esta subida debido al mayor número de reuniones que han tenido que mantener los consejos de administración, involucrados en la toma de decisiones para la creación de los nuevos grupos bancarios.