Una Plataforma augura que los gastos financieros de la UV por los impagos del Consell pueden crecer en 2012 un 80%

VALENCIA.- Sindicatos y organizaciones estudiantiles de la Universitat de València (UV) se han unido para crear una Plataforma en Defensa de la Universitat Pública y exigir al Consell que "cumpla" con los compromisos adquiridos en el pago de subvenciones a la institución, cuyos retrasos le han acarreado ya un coste de dos millones de euros en intereses a los bancos en 2011, y se prevé, que de seguir así, los costes financieros se incrementen en un 80% a lo largo de 2012.

   Así lo han advertido durante la presentación de esta nueva Plataforma nacida en la UV, aunque ya se están llevando a cabo procesos similares en el resto de universidades públicas de la Comunitat Valenciana, y confían en que en poco tiempo pueda haber una plataforma como esta en cada una de ellas, que se aúnen en organización de ámbito autonómico.

   Según ha explicado su portavoz, Aman Sánchez, las "sucesivas agresiones" de la Generalitat, primero con un "recorte" del presupuesto para la UV de 14 millones de euros anunciado a mitad de 2011 (42 millones entre las cinco universidades públicas) acompañado de un "aplazamiento" de la deuda histórica que mantiene con la institución desde 2004 y que asciende a 292 millones de euros, está recayendo también sobre los estudiantes, que han visto aumentar las tasas "por encima del IPC", más de un 7%, con la "discriminación económica que esto supone en el acceso a la universidad pública".

   La situación de la tesorería de las universidades es "absolutamente asfixiante", ha continuado, teniendo en cuenta que la Conselleria de Educación, Formación y Empleo todavía no ha pagado la subvención correspondiente al mes de noviembre y diciembre de 2011, lo que está llevando a "serias dificultades para pagar tanto las nóminas de los trabajadores como a los proveedores".

   De hecho, si a final del presente mes de enero, el no cumple con su compromiso de abonar la subvención correspondiente a noviembre, de 18 millones de euros, "no sabemos si a final de mes se van a pagar los sueldos", ha alertado.

   "Ya es hora de que la Generalitat cumpla con la financiación y el ritmo de plazos establecido. La deuda es mayor incluso de la de los farmacéuticos" y el retraso en abonarla supone un "ataque" a las personas que trabajan en la universidad, a la investigación, a los estudiantes y "al conjunto de la sociedad", ha sentenciado.

   Para Sánchez, es "inadmisible" que en momentos de crisis se eleve el discurso de la necesidad de cambio de modelo productivo por uno más cualificado y a su vez se estén reduciendo los recursos de las universidades públicas.

   Según ha advertido, está en "peligro" que el personal de la universidad cobre, que se puedan seguir impartiendo clases y el desarrollo de la calidad universitaria, por lo que ha exigido al equipo rector "más firmeza de la que ha tenido hasta ahora ante la Generalitat" a la hora de reclamar los pagos.

   La UV "necesita energía para funcionar y los impagos van a afectar a todos: luz, agua, teléfono, limpieza, nóminas..." y habrá que plantearse si sin pagar al personal podrá seguir funcionando".

   En este sentido, desde el Personal de la Administración y Servicios de la UV, Miquel Coll, ha apuntado a la "posibilidad" de que la UV "caiga" y tenga que "cerrar" si no cobra lo que se le adeuda porque la situación es "límite" y ha adelantado que desde la Plataforma se apoyarán todas las medidas encaminadas a lograr "la normalización de la vida universitaria".

   "Parece mentira", ha dicho, que una institución como la UV, de más de cinco siglos de antigüedad, se plantee si tendrá que "cerrar" por primera vez en su historia, sería todo un "escándalo social", ha subrayado.

   Por el momento, la Plataforma en Defensa de la Universitat Pública se sumará a las concentraciones que todo el sector público ha convocado para el próximo viernes, y después de la reunión que el Consejo de Gobierno de la UV celebrará mañana, se planteará las siguientes acciones a llevar a cabo.

   Por otra parte, preguntado sobre la actividad inversora y constructora en edificios de la UV, Aman Sánchez, ha señalado que ésta "no tiene que ver con todas aquellas cuestiones faraónicas que en estos momentos están en boca de todo el mundo". 

"El campus de Tarongers no es Terra Mítica, el campus de Burjassot no es el aeropuerto de Castellón, el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Sociales o de la Facultad de Magisterio no son el aeropuerto de Castellón, ni el Ágora o las Torres de Calatrava".

   Es más, "pese a estas inversiones las carencias en cuanto a dotaciones físicas de la UV todavía son muy evidentes" y en ocasiones, es imposible realizar ciertas actividades porque "no espacio disponible, está saturado", ha concluido.

EUPV entiende pero no comparte que una protesta finalizara en casa de Camps

VALENCIA.- La portavoz de EUPV en las Corts, Marga Sanz, ha asegurado que entiende pero no comparte que una manifestación contra los recortes finalizara frente a la casa del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, porque "la responsabilidad de esto la tiene quien dejó que se pudriera el 'caso de los trajes' y el 'caso Gürtel". "Esos lodos trajeron estas tempestades", ha subrayado.

   Sanz se ha expresado en estos términos en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de las Corts, preguntada por su valoración de la protesta celebrada este domingo en Valencia en contra del decreto ley de medidas urgentes para la reducción del déficit, que algunos participantes finalizaron frente al domicilio de Camps.

   "No sería yo la que iría a los domicilios particulares de la gente", ha destacado la síndica de EUPV, aunque entiende que haya colectivos que sí lo hagan "cuando se ha arrastrado tanto un asunto y no se ha sabido poner punto y final a la corrupción".

"Lo entiendo pero no lo comparto", ha señalado.

   Marga Sanz ha hecho hincapié en que "la respuesta ciudadana contra la recortes está empezando a darse" por las "implicaciones gravísimas" del decreto ley. Además, ha añadido que a esto se une "un iceberg de casos de corrupción, la quiebra financiera de la Generalitat y los impagos a muchísimos colectivos". Por ello, ha dicho que no le "extraña" que se den este tipo  de situaciones.

   Respecto a este mismo tema, la portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, ha destacado que la libertad de manifestación es "muy importante" y considera que  entre este derecho y el derecho al honor y a la intimidad, debe prevalecer el primero "siempre desde los cauces pacíficos".

   No obstante, considera que hay "lugares más apropiados" que el domicilio particular y, así, entiende que hubiera sido mejor que la protesta se hubiera realizado frente a la sede del PP porque Camps "es militante" de este partido. 

Además, ha destacado que el exjefe del Consell "no es el único culpabe, ni el único responsable, ni el único que se ha beneficiado", de hecho entiende que "puede ser que haya algunos que se hayan beneficiado más, aunque no estén sentados en el banquillo".

   "No es solo Camps, está Carlos Fabra, Ripoll, Crespo, Sonia Castedo, Díaz Alperi, Hernández Mateo y la estructura y superestructura que se ha beneficiado de la presunta financiación  irregular", ha manifestado la diputada de Compromís.

    Por su parte, el síndic del grupo parlamentario popular, Rafael Blasco, ha señalado que es "normal" que las medidas de ajuste y los recortes del Consell "tengan resistencia en personas que se ven afectadas", lo que ha dicho que cuenta con la "máxima comprensión" tanto del PP como del Gobierno valenciano.

   Sin embargo, Blasco ha señalado que se debería saber si esta manifestación estaba autorizada o no, porque "el derecho a la manifestación es un derecho constitucional que hay que respetar", pero "no pueden permitir comportamientos antidemocráticos en la puerta de un domicilio particular".

   En este sentido, ha subrayado que si la protesta de ayer no estaba autorizada "no es legal y es algo absolutamente reprobable". Asimismo, ha indicado que "intentar agredir, aunque sea verbalmente, a una persona yendo a su domicilio particular, retrata a las personas que lo hacen".

   También se ha pronunciado sobre este asunto, al ser preguntada por el mismo, la portavoz adjunta del PSPV, Cristina Moreno, ha subrayado que las medidas que se están tomando "generan un malestar y una protesta". También ha destacado que si fue una protesta violenta, su grupo la rechaza "como rechaza la violencia venga de donde venga".

El juez que investiga la causa de presunta financiación irregular del PPCV reitera al PP que no está personado

VALENCIA.- El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana José Ceres, que instruye la conocida como causa por la presunta financiación irregular del PPCV, dentro del 'caso Gürtel', ha dictado un auto en el que reitera al PP que no está personado en este proceso como acusación popular hasta que no interponga una nueva y diferente querella a la que en su día presentó en Madrid en abril de 2009 por los hechos iniciales que han acabado derivando en este procedimiento.

   En una resolución de 13 páginas, de fecha 10 de enero de este año, el magistrado señala que el PP optó por personarse ante el TSJ de Madrid mediante la regla legal general establecida para las acusaciones populares de interposición de querella, sin que esta denuncia tenga "referencia mínima alguna" a los hechos investigados en este procedimiento, en los que la admisión de su personación "lo ha sido a los lógicos efectos de ser oída tras un emplazamiento sobre la procedencia de la inhibición".

   De esta forma, el instructor desestima el recurso de reforma interpuesto por el PP contra la providencia de 13 de diciembre de 2011 en la que acordó no tener por personado y como parte al partido "en tanto en cuanto no interponga una nueva y diferenciada querella". El recurso tendrá que verlo ahora el conjunto de la sala dado que el PP interpuso junto al recurso de reforma subsidiariamente el de apelación.

   El juez instructor había considerado, en relación con el PP y esta causa, que debía presentar una nueva y diferenciada querella de la que presentó en el TSJM, porque los hechos relatados en ella hacen referencia a los sucedidos en esa comunidad, sin recoger "referencia alguna" a los hechos presuntamente cometidos en la Comunitat y, en concreto, a los referidos en el auto por el que el TSJCV asumió investigar parte de los hechos derivados del TSJM.

   Por contra, sobre el PSPV, que también figuraba como acusación popular en Madrid, no estimó que debía exigírsele este paso porque en su querella sí que hacían referencia a hechos ocurridos en esta autonomía.

   El PP recurrió esta decisión y pidió su nulidad y alegó vulneración de artículos de la Constitución y la Lecrim. Según este partido, el relato de hechos que se recogían en su escrito no realizaba "localización espacial de ningún tipo en cuanto al lugar de comisión de los presuntos hechos delictivos" y además indicaba expresamente que se podía hacer extensiva a otras personas, además de los querellados, "respecto de las cuales en el curso de las investigaciones se dedujeran aquellas responsabilidades así como cuantas personas hayan participado en los hechos delictivos objeto de esa querella".

   Además, alegaba que si el PP era y es legítima acusación popular para el TSJM frente a los mismos hechos que ahora se conocen en el TSJCV "por meras razones de territorialidad", no se entiende la exigencia de una nueva querella, algo que sostenía que es un "mero requisito formal superado por la jurisprudencia".

   El magistrado recuerda en su resolución que este procedimiento ha tenido una génesis "compleja", con distintos y plurales hechos objeto de investigación y en los que han intervenido diversos órganos judiciales al haberse fragmentado el procedimiento por razones de aforamiento y destaca que también resultó "compleja" la sustantación de la inhibición ante la sala del TSJCV.

   En esta línea, señala que la segunda inhibición parcial que dio lugar a este procedimiento se fundamentaba en un escrito del ministerio fiscal de mayo de 2010, que traía causa de otros informes como de la Policía y Hacienda, entre otros sobre el sistema de facturación dual y financiación de los actos del PPCV en las elecciones autonómicas y locales de 2007 y contratación de Orange Market con la Generalitat, entre otros.

   Al respecto, el magistrado señala que, en el aspecto subjetivo, las sociedades a las que hacía mención el PP en su querella en Madrid, no están investigadas en esta causa, ya que ni siquiera se citaba a Orange Market, y en el objetivo, que no se mencionan los hechos sucedidos en la Comunitat Valenciana cuando esto es "legalmente indiscutible", según la ley.

   Por ello, considera que la personación del PP se produjo sobre hechos que no han sido objeto de inhibición, cuya competencia sigue detentando el TSJM; que esa fecha de interposición no se habían emitido los informes policiales y de Hacienda y que esta parte pudo haber realizado una ampliación de querella que hubiera evidenciado la voluntad de ampliar el ejercicio de la acción penal a estos hechos.

Fabra viaja a Londres para pedir a Ecclestone que el contrato del Gran Premio se negocie "a la baja"

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat valenciana viajó ayer a Londres donde mantuvo una reunión con el magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, en la que le pidió que se negocien "a la baja" los contratos para la celebración en Valencia del Gran Premio de Europa.

   Así lo ha confirmado este martes en declaraciones a los medios de comunicación el vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, tras participar en la reunión del 'Consell de Consells' de la Federación Valenciana de Municipios y Provinas (FVMP), a la que también ha asistido el jefe del Consell.

   Císcar ha recordado que la Generaliltat remitió una carta a Ecclestone en la que le pedía una reunión, que "estaba pendiente de que las agendas la pudieran permitir". Finalmente, el lunes hubo una "reunión privada" entre Fabra y Eccestone, donde el jefe del Consell explicó al magnate de la Fórmula 1 la necesidad de "negociar los contratos a la baja porque la situación ya no es la misma".

   El vicepresidente ha asegurado que hubo "buena predisposición" por parte de Bernie Eccestone "para seguir hablando de estos temas", por lo que considera que "estamos en el buen camino". En este sentido, se ha mostrado convencido de que a esta primera reunión seguirán otras.

   Por otro lado, preguntado por la cifra del impacto económico directo que tiene la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia que dio el lunes el vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, --55 millones de euros anuales--, Císcar ha asegurado no dispone del dato.

   Respecto a la propuesta del vicealcalde de mirar este acontecimientos con una visión anglosajona, de modo que los empresarios colaboren, el vicepresidente del Consell ha subrayado que "si hay algo que tiene retorno para el mundo empresarial, lógicamente el mundo empresarial se debe implicar y debe de participar".

Las provisiones por suelo rústico en balance podrían hacer inviable 'Bankia'

VALENCIA.- El plan del Gobierno para que las entidades financieras saneen de una vez sus balances de los activos inmobiliarios tóxicos que han acumulado en los últimos años podría establecer provisiones del 95 % para el suelo rústico que tengan adjudicado. 

Según informaba ayer el diario económico Cinco Días, el suelo urbanizable recibiría una penalización del 60 %, mientras que las promociones sin acabar llegarían al 50 % y las terminadas, al 30 %. Con esta medida que afectaría a los activos adjudicados, si finalmente se consuma, el Ministerio de Economía quiere contribuir a que se saneen 50.000 millones de euros en el sistema financiero. 

El catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, Joaquín Maudos, considera que esa decisión sería la adecuada porque, en su opinión, hay que discriminar en función de cuál sea la situación del activo. Es decir, ofrece más garantías una vivienda terminada que una por acabar. 

No obstante, Maudos apunta en el diario 'Levante' que, si como se rumorea, la media de las provisiones a aplicar se queda en el 50 %, los activos adjudicados solo restarían 15.000 millones a los 50.000 que ambiciona el Gobierno: dado que la banca tiene 74.000 millones en activos y que ahora provisiona el 29 % de media, los 21 puntos restantes hasta llegar a 50 darían lugar a la citada cifra. 

El también investigador del IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) cree que los restantes 35.000 millones saldrán de préstamos morosos o subestándar que ahora no están calificados de esa manera y, por tanto, no se les aplica elevadas dotaciones. Sería algo parecido a las pérdidas que han aflorado en la CAM y el Banco de Valencia tras ser intervenidos.

A este respecto, El Periódico publicó ayer un informe que pone de relieve que solo seis bancos afrontarán sin apuros el saneamiento inmobiliario, que el Gobierno pretende que se haga principalmente contra la cuenta de resultados de las entidades. Una mayoría de bancos tendría pérdidas si se los obligase a hacer la limpieza en un año y con unas provisiones del 50 %. 

La que más padecería en volumen sería Bankia, con 5.177 millones. La situación más dramática sería para CatalunyaCaixa, Novacaixagalicia, Unnim, las tres nacionalizadas, y el Banco Mare Nostrum, que se verían abocadas a una situación casi insuperable, según el rotativo catalán. 

Junto a Bankia se sitúa un grupo, con el Popular, Ibercaja y el Sabadell, que podría salir airoso.

Las que sí lo harían son BBVA, Santander, La Caixa, Unicaja, Bankinter y Kutxa.

El Gobierno de Mariano Rajoy pone en marcha el relevo en el Banco de España

MADRID.- La reestructuración del sector financiero es imposible sin la colaboración estrecha del regulador. Así sucedió en los ochenta, que es el modelo que se ha tomado como referencia, y así se tiene que hacer en esta ocasión. Esto exige una relación fluida y, sobre todo, complicidad. Una situación que es imposible en un clima de desconfianza y sobre todo desde el convencimiento de que Miguel Angel Fernández Ordóñez ha hecho una gestión nefasta, según 'La Voz Libre'.

El Gobierno es consciente de que no tiene tiempo, porque quiere que el proceso esté concluido en el primer semestre. Pero Mariano Rajoy ha dejado claro que cumplirá estrictamente los calendarios establecidos por ley. Está convencido de que sólo así podrá combatir la crisis institucional que también asola España.

De acuerdo con este calendario, el gobernador del Banco de España tiene que estar en su cargo hasta junio, que es cuando cumple el mandato de seis años para el que fue elegido. No obstante, existe un resquicio, que fue precisamente el que utilizó el propio Fernández Ordóñez. En marzo abandonó la Secretaría de Estado de Hacienda y se incorporó al Banco de España. No fue designado gobernador hasta junio, pero el gesto fue suficiente para inhabilitar a Jaime Caruana y su equipo y dejar claro quién tomaba el mando.

El PP puede repetir ahora esta misma jugada y ganar al menos un trimestre para rematar la operación de saneamiento financiero, principal objetivo del PP en estos momentos.

De momento ha empezado a estrechar el cerco a Fernández Ordóñez. Cuenta con los informes de la inspección en los que se pone de manifiesto que la gestión en las siete entidades intervenidas durante la crisis ha sido arbitraria. Es decir, ya no se trata del conocido retraso en la adopción de decisiones, sino de adoptar medidas que no han sido suficientemente contundentes cuando los afectados eran del Partido Socialista.

El ariete de la estrategia popular para descalificar al gobernador es muy sencillo y populista: los sueldos a los ejecutivos de las entidades intervenidas. Se trata de hacer frente a la “inquietud y el rechazo social” que han producido en la ciudadanía los salarios o indemnizaciones millonarias percibidas por los directivos de firmas que han terminado siendo intervenidas o nacionalizadas, como Caja Mediterráneo o Novacaixagalicia. Tal como ha explicado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, “la voluntad del Ejecutivo es afrontar de forma directa” el problema e involucrar al supervisor en el control de los emolumentos percibidos. Luego, el Ejecutivo actuará en consecuencia.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, remitirá esta misma semana una carta al gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, exigiéndole que “explique, razone y justifique” la retribución fija y variable recibida por los directivos de las entidades financieras, a fin de conocer si las considera “adecuadas” dada la situación actual. El Ejecutivo, aseguró, busca evitar que se premie “a aquellos gestores que han colocado a las entidades en la necesidad de recibir dinero público para continuar su actividad”.

Tras esta noble intención del Gobierno de evitar algunos de los abusos que se han producido, se esconde el inicio del cerco al gobernador que irá creciendo hasta forzar su salida lo antes posible.

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/395671/el-gobierno-de-mariano-rajoy-pone-en-marcha-el-relevo-en-el-banco-de-espana

'El Bigotes' llama "gilipollas" a Camps por no ir a una reunión con un embajador

VALENCIA.- El tribunal del jurado que juzga al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y al exsecretario general del PPCV y diputado en las Corts, Ricardo Costa, por un delito de cohecho pasivo impropio en la conocida como 'causa de los trajes' dentro del 'caso Gürtel', ha podido escuchar este lunes nuevas grabaciones en las que hay insultos hacia Camps y muestras de cariño entre Costa y Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes' --considerado uno de los presuntos cabecillas de la trama--.

   En total, la sala ha escuchado, a petición de la acusación popular --PSPV--, ocho grabaciones, la mayoría de ellas entre 'El Bigotes', Pablo Crespo --otro cabecilla de la trama-- y Ricardo Costa. También hay una en la que aparece el vicesecretario de Organización del PPCV y actual diputado en las Corts David Serra, y otra con el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano. En ellas también aparecen los nombres del exdirector de RTVV Pedro García; del exvicepresidente del Consejo valenciano y exconsejero Vicente Rambla; y de la extesorera del PP, Yolanda García.

   En la mayoría de las grabaciones se pueden escuchar numerosos insultos hacia Camps por parte de Pérez. En concreto, en una, le cuenta a Pablo Crespo que 'Paco Camps' ya ha hablado con el embajador de EEUU en España pero "mañana tiene un acto con 60 empresarios y no lo puede suspender...", así que no se podrán ver. Tras ello, afirma que Camps es un "gilipollas", y dice que por ello tiene ganas de llorar. "Iría a verle y le daría dos hostias". Crespo le intenta tranquilizar y le dice que él lo ha intentado. Pero Pérez insiste: "Es un gilipollas... consigo que vea a uno de los tres tíos más importantes del puto planeta...", y añade que Camps "tenía que haber mandado a tomar por culo a esos gorrones --los empresarios--".

   Sobre este mismo asunto, en otra conversación, 'El Bigotes' cuenta a Costa lo ocurrido con este encuentro, y le dice: "me llama antes de ayer Romero, el exembajador de EEUU en España, con el que habló Paco Camps para decirle que no podía ir a casa de Richardson, y me dice que si voy a ir al encuentro el martes". 

"Y yo me quedé flipao, resulta que el hijo de puta --en referencia a Camps-- ha estado llamando día sí y día también para ver si se podía ver con Richardson y no me ha dicho ni pío. Heavy, ¿eh?", y le contesta Costa: "Molt heavy".

   Tras ello, Pérez le señala a Costa que mandó un mensaje a Camps y se ofreció a acompañarle en el viaje, y que éste no le había contestado: "le he mandado un mensaje diciéndole si quería que le acompañara a la reunión y ni me ha contestado el hijo de puta, y se lo mandé ayer".

   Junto a ello, el jurado ha escuchado otra conversación con más insultos entre Pérez y Costa. En ella, este último le dice que "entre mañana y el viernes vas a tenerlo todo lo que te falta, lo que te debemos nosotros, pero necesito que el presidente esto no lo sepa". Tras ello, Pérez le comenta que el presidente le había llamado y le había comentado que estaba intentando "solucionarlo todo". Ante esta afirmación, Costa le pregunta "desde hace cuanto tiempo" lleva intentando solucionarlo, a lo que Pérez le dice: "es un jeta, es un jeta". Costa insiste en que iba a dar instrucciones "de dónde tiene que salir el dinero y aunque me quede sin poder pagar el alquiler".

   En otra conversación, 'El Bigotes' dice al alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, que le había llamado Isabel, "la mujer del presidente", para decirle que la próxima semana iba a cenar con ellos. "No sé si era verdad o mentira, no sé si en enero el presidente va a hacer reestructuración del Gobierno... yo voy a volver a darle caña para que te haga consejero". Cano le dice que si cree que le interesa, y él le responde que "depende de la consejería". Cano contesta: "si me dan Sanidad, ¿tú sabes los envolados que hay y el dinero que se debe?".

   Luego se ha escuchado otra grabación en la que Crespo le dice a 'El Bigotes' que Costa le quiere. "Tío, de verdad, te quiere de verdad", le asegura, a lo que él contesta que "eso es un amigo de verdad". En otra conversación entre ambos, 'El Bigotes' le describe un reloj por el que habían llamado a la relojería a preguntar lo que valía "y le ha flipado a Costa", afirma. "Entonces --agrega-- se lo han ajustado, le han ajustado la correa e iba como un niño, con una cosa de éstas se vuelve loco, pero le he dicho que no se lo puede poner por Valencia porque es un cante de cojones".

   En otra conversación, entre 'El Bigotes' y Crespo, este último le comenta al primero que ha estado mirando "el tema de la gala del deporte" y "no podemos ir ahí". "Lo que me preocupa --añade-- es tener que hablar con nueve personas de una cosa que es una irregularidad, y no sé si has visto que han detenido hoy a otra alcaldesa por cuestión de 5.000 euros".

   Seguidamente señala a 'El Bigotes': "no podemos hacer en este momento una cosa tan irregular. Porque Ripoll y Bernabé andan a hostias, Ripoll contra todos los demás, y va a entar allí Orange Market, que es la imagen de sus enemigos, y de una forma irregular... si nos metemos ahí nos van a dar de hostias y yo creo que no compensa, aunque ganemos dinero, que tampoco está claro que lo ganemos". 

"Otra cosa es que para marzo del año que viene haya un concurso y nos presentemos, en obra pública es legal. En la situación actual, la empresa que trabaja para el partido no puede cometer ninguna irregularidad, porque el presidente no nos lo perdonaría. Ni Ricardo ni nadie, y menos con Alicante que es un avispero", señala.

Cerca de 300 funcionarios exigen la paralización del decreto ley de Generalitat Valenciana

VALENCIA.- Una concentración de protesta de empleados públicos en la puerta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública ha celebrado este lunes una asamblea en la que ha solicitado la "paralización o derogación" del decreto ley aprobado por el Consejo valenciano para reducir el déficit.

   Alrededor de 300 funcionarios, según han estimado los organizadores, se han dado cita en la puerta de la consejería. A las 11.00 horas han llegado para concentrarse con pancartas en las que se podía leer "Vuestro despilfarro = nuestro sacrificio", "Empleados públicos inocentes", "No podemos apretarnos el cinturón y bajarnos los pantalones" o "Vela dimite, funcionarios no te admiten".

   Los organizadores han leído un manifiesto, que se ha visto interrumpido en varias ocasiones por los pitos y las proclamas contra el consejero de Hacienda, José Manuel Vela, en los que se ha pedido su dimisión por los recortes aprobados.

   La concentración se ha organizado por parte de los propios trabajadores y al margen de los sindicatos, "aunque apoyamos todas sus iniciativas", ha aclarado el portavoz que ha leído el manifiesto. Al mismo tiempo no ha descartados nuevas concentraciones y movilizaciones durante los próximos días "porque el objetivo es que se paralice o derogue el decreto ley que se ha aprobado y que busca la sumisión de todos los empleados públicos".

   El portavoz de los funcionarios ha calificado el decreto ley de "humillación" para todos los empleados públicos que "no se puede consentir". Además intentarán parar el decreto porque "vulnera la normativa europea vigente en lo referente a la no discriminación entre personal fijo y no fijo".

   El manifiesto también recoge que con la aprobación del decreto ley "la Generalitat demuestra su violencia contra todo su personal recortando salarios, complementos y derechos sociales". También se ha recordado que el Consejo "se niega a aplicar la recaudación del impuesto de patrimonio, que supondría unos ingresos de más de 1.000 millones de euros, los mismos que le quieren robar a los funcionarios".

   Los organizadores de la concentración han pedido al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y al consejero de Hacienda que "aprieten ellos los dientes".

"Ustedes con su política han llevado a la Comunitat Valenciana al borde de la quiebra", han indicado.

   El portavoz de los funcionarios ha asegurado que los empleados públicos son "inocentes". "No tenemos que apretar ahora los dientes porque antes no pusimos la mano", ha destacado.

   Una vez concluida la asamblea que ha durado alrededor de media hora, se ha invitado a todos los asistentes a presentar un escrito individual dirigido al presidente de la Generalitat y al consejero de Hacienda en el que se solicite la "paralización inmediata" del decreto ley y el "cese inmediato" del consejero.

Ecclestone apuesta por la alternancia entre Valencia y Barcelona

LONDRES.- El patrón de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, se ha mostrado "abierto" a que Valencia y Barcelona se alternen como sedes del Gran Premio de Europa de Fórmula Uno y ha asegurado, en declaraciones al rotativo económico Financial Times, que, "quizá", la alternancia es "el camino a seguir".

   Ecclestone apunta, según la citada noticia, que firmó el año pasado un acuerdo a largo plazo con el Gobierno valenciano, aunque apostilla que "las autoridades de esta región no han hablado todavía con él sobre este tema". 

"Sobre lo que se ha hablado ha sido si a Barcelona le gustaría alternarse con Valencia. Tal vez sea una buena idea. Quizá sea el camino a seguir", manifestó.

   El artículo explica que el Gobierno valenciano está buscando renegociar el acuerdo para albergar el Gran Premio de Europa de F1 a causa de las deudas de esta región, lo que ha "forzado" la adopción de "severas medidas de austeridad" emprendidas por el Gobierno central para evitar los impagos. La Comunidad Valenciana "es la más endeudada de las 17 regiones españolas tras años de especulación inmobiliaria a lo largo de su costa", indica el Financial.

   "Los detalles exactos del acuerdo, y la rentabilidad de la carrera, no se han hecho públicos, pero fuentes cercanas al Gobierno valenciano aseguran que el acuerdo ha sido deficitario", señala el rotativo.

   El diario manifiesta que, "enredada en varios escándalos de corrupción política, la endeudada región tuvo que demorar el pago de un préstamo de 123 millones de euros al Deutsche Bank y sólo fue capaz de hacer efectivo ese pago después de que el Gobierno central interviniera la región".

   "La Generalitat ha comenzado a negociar para comprar Valmor Sports, la compañía que gestiona el Gran Premio de Europa, después de algunas acusaciones de mala gestión", según el periódico.

   Financial Times concluye diciendo que Europa fue durante tiempo el continente dominante de la F1, pero cada año surgen nuevas sedes como Singapur, Malasia, Corea e India para montar las carreras, que traen nuevas audiencias a este deporte. 

"Podría ayudar si perdemos una u otra de las carreras --que hay en España--", finaliza Ecclestone.

Camps lee un libro sobre el Santo Job con referencias al 'chivo expiatorio'

VALENCIA.- El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps está leyendo en la sexta semana del juicio que se celebra contra él y contra el exsecretario general del PPCV y diputado en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa, por un delito de cohecho pasivo impropio en la conocida como 'causa de los trajes' dentro del 'caso Gürtel', un libro sobre el Santo Job con referencias al 'chivo expiatorio'.

   Camps se ha presentado este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) con el libro entre las manos, y desde que ha comenzado la vista, no ha dejado de leerlo y de mostrarle algunos pasajes a su letrado, Javier Boix, quien le asentía y le mostraba una sonrisa.

   El libro, llamado 'La ruta antigua de los hombres perversos', del antropólogo francés René Girard, analiza la historia de Job en la Biblia, y de cómo, tras perderlo todo, fue repudiado por los suyos. Asimismo, hace varias referencias al 'chivo expiatorio'.

   La lectura del libro por parte de Camps --Costa por su parte lee un periódico-- se produce durante la sesión del juicio de este lunes en la que el ministerio público continua con la exhibición al jurado de varios documentos relacionados con los acusados.

   El fiscal también ha solicitado la lectura de las sentencias condenatorias para las otras dos personas acusadas inicialmente en esta causa: el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turisme, Rafael Betoret; y el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos.

Un juez de Valencia traslada a Palma la denuncia de Manos Limpias contra Urdangarín

VALENCIA.- El titular del juzgado de Instrucción número 6 de Valencia se ha inhibido y ha trasladado al juzgado nº 3 de Palma la denuncia interpuesta por 'Manos Limpias' contra el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su socio Diego Torres por presuntos delitos de estafa, falsedad documental, apropiación indebida y delito societario, y contra los responsables de la Generalitat valenciana que pudieran ser imputados a raíz del convenio firmado con el Instituto Nóos para conseguir que Valencia pudiera ser sede de la primera edición de unos juegos deportivos. 

   Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la denuncia de este sindicato, interpuesta el 23 de diciembre, recayó sobre el juzgado número 6 de Valencia, que abrió diligencias previas de investigación y se inhibió en favor del juzgado de Palma que lleva el grueso de este caso.

   Este juzgado de Palma, que es el que elaboró el auto de imputación contra Urdangarin, todavía no se ha pronunciado sobre si acepta o rechaza incorporar la denuncia de 'Manos Limpias' al procedimiento que está tramitando, han indicado las mismas fuentes.

   'Manos Limpias' presentó la denuncia al amparo del artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que quienes por razón de su cargo tuvieran noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al ministerio fiscal, al tribunal competente, al juez de instrucción.

   La denuncia se basaba en una serie de hechos consistentes, según relata, en la que la Generalitat valenciana, siendo conseller Esteban González Pons, a través de la sociedad pública Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, firmó un Convenio con el Instituto Noós para conseguir que Valencia fuera sede de la primera edición de unos supuestos juegos olímpicos.

   El precio fijado fue de seis millones de euros cuyos pagos se librarían desde la Vicepresidencia, indica el texto. Asimismo, añadía en la denuncia que el convenio tenía como objetivo "realizar la confección de un dossier de la candidatura, con una documentación anexa, y presentarla ante organismos deportivos nacional e internacionales para recabar los apoyos necesarios".

   Además, agregaba que el convenio se extendía durante dos años --2006/2007-- y que en el primer ejercicio se abonaría la cantidad de tres millones de euros. Según Manos Limpias, los denunciados "pese a no realizar trabajo alguno cobraron 382.000 euros". En esta línea, sostiene que los responsables de la Generalitat "tenían la obligación, como cualquier administración pública, de fiscalizar el gasto y de denunciar conductas delictivas, circunstancias éstas que no se llegaron a efectuar".

   Para el sindicato, los hechos pueden ser constitutivos de un delito de estafa del artículo 248 del Código Penal ya que considera que existe "una presunción más que razonable de que por parte de los denunciados se actuase con engaño"; de otro de falsedad documental contemplado en el 395, porque igualmente hay "una presunción más que razonable de que por parte de los denunciados se falsearan documentos para justificar gastos" y de uno societario del 290 por la posibilidad de que los denunciados "manipulasen la contabilidad del Instituto Nóos".

   En relación con el delito de no perseguir delitos y de encubrimiento --del artículo 451 del Código Penal--, apunta que hay "una presunción más que razonable de que los responsables de la Generalitat no fiscalizaron el gasto y no persiguieron el delito de estafa".

Barberá declara un patrimonio de casi 322.000 euros y deudas por valor de 15.700 euros

VALENCIA.- La alcaldesa de Valencia posee un patrimonio total de 321.886 euros y un pasivo por importe de 15.689 euros, según la declaración de bienes y derechos patrimoniales de los miembros de la corporación local publicada este fin de semana en el Boletín Oficial de la Provincia, que muestra que tres concejales del consistorio poseen un patrimonio superior al millón de euros.

   Se trata de la segunda declaración de bienes remitida en virtud de la Ley de Régimen Local de 2010 de la Generalitat, que obliga a los ediles a hacer públicos sus bienes y deudas.

   El vicealcalde y concejal de Turismo, Alfonso Grau, es uno de los ediles que declara un mayor patrimonio, con 722.372 euros en bienes inmuebles y otros 746.946 procedentes de otros activos, mientras que sus deudas son de 27.216 euros.

   Tan sólo le supera en volumen de activos la concejala de Cultura, María Irene Beneyto, que posee 419.973 euros en bienes inmuebles, según su valor catastral y porcentaje de titularidad en los mismos, y 1,1 millones de euros en otros bienes. Por el contrario, la también presidenta del Palau de la Música de Valencia tan sólo declara deudas por importe de 5.580 euros.

   También el concejal de Pedanías y Albufera, Vicent Aleixandre, declara un activo total de 1.054.504 euros y unas deudas de 7.400 euros y por encima de los 500.000 euros se encuentran el concejal de Hacienda, Silvestre Senent, con 652.666 euros, y el concejal de Alumbrado, José Vicente Jurado, con un patrimonio total de 562.734 euros.

   En los grupos de la oposición, el portavoz socialista declara bienes por valor de 107.013 euros, de los que algo más de 83.000 proceden de bienes inmuebles y 23.354 de otros activos. Asimismo, asegura tener deudas por importe de 90.386 euros.

   Por su parte, el portavoz de Compromís, Joan Ribó, manifiesta tener un patrimonio de 120.000 euros, el más alto de los ediles de la oposición, y un pasivo de 44.235 euros, mientras que el portavoz de EUPV, Amadeu Sanchis, declara un activo de 30.103 euros y un pasivo de 102.060 euros.

   Los ediles con menos patrimonio son María Pilar Soriano (Compromís), con 1.637 euros, y Salvador Broseta (PSPV), con 8.183 euros.

   En el lado contrario, los más endeudados son la concejala de Sanidad, Lourdes Bernal, con un pasivo de 416.000 euros, y el edil de Alumbrado, Juan Vicente Jurado, con deudas por importe de 300.000 euros.

Familia y amigos del profesor Broseta lo recuerdan en el X aniversario de su asesinato

VALENCIA.- El presidente de la Asociación de Amigos de la Fundación Profesor Manuel Broseta e hijo del jurista, Pablo Broseta, ha señalado este domingo que su padre, "como jurista, hombre de derecho y una persona que siempre defendió que en democracia la ley debe de ser igual para todos" estaría de acuerdo en que la banda "se disolviese, pidiera perdón, reconociera el daño causado a la sociedad y se sometiera a la ley y a la justicia". 

   Así se ha manifestado el hijo del profesor de derecho mercantil asesinado hace hoy 20 años por ETA en el centro de Valencia durante el acto en homenaje de su padre, el primero que se realiza tras el anuncio del cese definitivo de la violencia por parte de la banda.

   El homenaje, al que han acudido por primera vez todos los nietos del profesor por haber caído en día festivo, se ha celebrado, como es habitual, en el monolito 'in memoriam' del catedrático de derecho mercantil Manuel Broseta (Banyeres de Mariola, 1932), situado en los jardines centrales de la avenida Blasco Ibáñez, frente a la antigua Facultad de Derecho de la Universitat de València, el mismo lugar donde fue asesinado el 15 de enero de 1992 de un tiro en la nuca.

   Al acto, que ha consistido en una ofrenda floral al jurista, secretario de Estado para las Comunidades Autónomas entre 1980 y 1982 con UCD y miembro en su día del Consejo de Estado, han asistido numerosas personalidades del mundo de la política, la cultura, el derecho y la educación. Entre ellos, la delegada del Gobierno en la Comunitat, Paula Sánchez de León; el conseller de Gobernación, Serafín Castellano; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y la senadora, Carmen Alborch, quien fue alumna del profesor Broseta.  

   En un discurso antes de comenzar el acto, Pablo Broseta ha recordado a todos los asesinados por ETA y ha dicho que los terroristas "no han logrado hacer olvidar la figura de Manuel Broseta, ni su trayectoria, ni su legado", a pesar de que sí que consiguieron "destrozar" la vida de su padre y llenar su vida, y la de todas las personas que lo conocían "de inmenso dolor".

   También ha hecho referencia a la nueva situación de la banda terrorista ETA y ha comentado que espera que este cambio de escenario "no fomente la tendencia al olvido", por lo que piensa que es "mejor unirse, para ser más fuertes y mejores".  

   Por su parte, la alcaldesa de Valencia ha recordado durante su intervención la figura de Broseta, a quien ha calificado como "uno de los juristas más importantes de España", quien "no quiso renunciar a la libertad ni ceder al miedo en su vida cotidiana".

   Asimismo, ha defendido que las víctimas de ETA "no pueden caer en el olvido" y son "la poderosa razón para no transigir ante quienes, desde el mundo de los violentos, reclaman ahora generosidad y olvido de todo el sufrimiento que han causado durante décadas".

   "Nunca podremos olvidar que la criminal estrategia de ETA arrancó la vida de ciudadanos tan valiosos como Manuel Broseta", quien, tal y como recoge la moción aprobada por el consistorio tras el asesinato, era "un hombre bueno, siempre conciliador, afable y cordial; un brillante catedrático del que todos sus alumnos guardan un inmejorable recuerdo; un eminente jurista que convirtió el ejercicio de su profesión en una demostración de capacidad, honestidad y prestigio; un hombre público, activo participante en el restablecimiento de la democracia en España y en la recuperación de nuestra libertad como pueblo".

   "Veinte años después, Valencia y los valencianos reiteramos en este aniversario nuestro recuerdo y admiración al ilustre ciudadano, profesor Manuel Broseta, que con su vida y su muerte dio ejemplar testimonio de su amor por la libertad", ha agregado Barberá.

Cientos de personas se manifiestan en Valencia al grito de "los recortes para los de las Cortes"

VALENCIA.- Más de un centenar de personas se ha manifestado este domingo por el centro de Valencia en defensa de los derechos sociales y para protestar contra los recortes en servicios públicos aprobados por el Consell, al grito de "los recortes para los de las Cortes".

   La manifestación ha sido convocada por el Movimiento 15M bajo el lema 'Contra los recortes en sanidad' y ha congregado a cientos de valencianos de todas las edades, aunque especialmente jóvenes, que han recorrido el centro de la ciudad para reclamar una sanidad "pública, universal, gratuita y de calidad".

   Durante la marcha, los asistentes han animado a los viandantes a unirse con tradicionales cánticos como "no nos mires, a ti también te roban" o "no nos mires, únete", que han compartido protagonismo con las también habituales consignas contra la corrupción.

Muere a los 89 años el político español Manuel Fraga, fundador del Partido Popular

MADRID.- Este domingo 15 de enero ha fallecido a las 22.30 horas en Madrid, a los 89 años de edad, Manuel Fraga, un símbolo de la política española. Admirado por unos y denostado por otros,  deja una larguísima carrera como político en la que ofreció algunos capítulos y frases que ya son parte de la historia de España. Desde hace varios días agonizaba, aunque consciente, en su domicilio como consecuencia de una crisis respiratoria.

Fraga ha fallecido de un fallo cardíaco. Lo ha hecho rodeado de sus hijos y después de más de una semana aquejado de una infección respiratoria causada por un catarro que arrastraba desde comienzos de 2012.
Los días previos a su fallecimiento el expresidente de la Xunta de Galicia y exsenador conservador había sido atendido en su casa de Madrid por una de sus hijas, médico de profesión, y había recibido las visita de sus hermanas ante el agravamiento de su estado.
Hasta el pasado mes de abril, don Manuel, como todos se referían a él en el PP, había participado de forma muy activa en todos los actos de partido. Da igual que fuesen en Madrid o fuera de Madrid, Fraga no se perdía ni congresos, ni convenciones ni reuniones internas de partido. Y jamás se quedaba callado cuando la prensa le reclamaba una declaración que, por cierto, casi nunca estaban exentas de polémica. "Palabra de don Manuel", bromeaban con cariño algunos de sus compañeros en el partido cuando le escuchaban.
El punto de inflexión que provocó que Fraga pusiese freno a su actividad fue una caída en su domicilio. A causa de ello, tuvo que ser sometido a una operación de cadera en un hospital madrileño. Y su salud se resintió. Hasta tal punto que tuvo que renunciar a una de sus tradiciones veraniegas: la de trasladarse a su Galicia natal para pasar las vacaciones.
Precisamente esta ausencia estival hizo que en algunos sectores se desataran todas las alarmas sobre la gravedad del estado de salud del expresidente gallego. Unos rumores que intentó acallar su círculo de confianza permitiendo que el diario El Mundo publicase una fotografía de Fraga en silla de ruedas, conducido por su hija, a su regreso de misa por las calles de Madrid.

En este contexto, el pasado septiembre, anunciaba su retirada de la vida política activa y, por tanto, su renuncia a volver a integrar las listas del PP al Senado de cara a las elecciones generales que dieron la mayoría absoluta a Mariano Rajoy.
Con este gesto, el expresidente gallego ponía fin a la carrera del político en activo más longevo de España. Esta había arrancado en 1951 como secretario general del Instituto de Cultura Hispánica y continuó con cargos de responsabilidad en diferentes Gobiernos del dictador Francisco Franco. Fue también uno de los padres de la Constitución Española.
En la pasada legislatura, su última en política, el presidente fundador de los conservadores presidió la mesa de edad de la Cámara Alta en su condición de parlamentario de más edad. En esta cita, dio "gracias a Dios" por haber llegado a los 85 años que tenía por entonces y mostró su deseo de poder ser testigo de la "famosa" reforma del Senado.



 Biografía

Los más cercanos a Manuel Fraga Iribarne (Villalba, 23 de noviembre de 1922- 2012) subrayaban constantemente su adicción al trabajo. Comenzó en 1945 como número uno del Cuerpo de Letrados de las Cortes y ya no dejaría de ejercer hasta, prácticamente, el día de su muerte.
Ministro de Turismo de Franco. 'Spain is different' y el baño de Palomares.
El primer cargo relevante de Fraga fue el de ministro franquista de Información y Turismo, que ejerció desde 1962 hasta 1969. Durante esta etapa peleó contra la reticencia del régimen a abrirse a la llegada de turistas. La conciencia conservadora católica del país chocó en seguida contra el estilo de turismo que se implantó en las costas mediterráneas. Es en esta etapa, con Fraga al frente, cuando nace el lema 'Spain is different', que hasta hoy perdura. Sin embargo, si hay algo que marcaría a Fraga el resto de su vida, fue el baño en Palomares. En 1966 un bombardero estadounidense dotado con bombas de hidrógeno se estrelló en aguas de la playa de Palomares. La preocupación por la radiactividad quiso ser zanjada po Fraga mostrando imágenes del político gallego dándose un baño en, supuestamente, esa playa.
Si algo se le ha recriminado a Fraga durante toda su vida política democrática ha sido su lealtad al franquismo y, sobre todo, el dar el visto bueno a ejecuciones tras condenas de muerte. Así lo hizo en varias ejecuciones cuando era ministro de la Gobernación (1975-1976). Fraga nunca se arrepintió públicamente de ello ni tampoco condenó nunca el régimen franquista. De hecho, en una entrevista en 'El Faro de Vigo' en 2007, declaró que "el franquismo ha sentado las bases para una España con más orden".
Tras la caída del régimen franquista, Fraga funda Alianza Popular (AP), en 1976, rodeándose de expolíticos franquistas y dando la espalda al centro, ocupado por Adolfo Suárez y su UCD. Fracasa en las primeras elecciones en una etapa (primero UCD y después PSOE) llamada la travesía en el desierto. En 1989 da el relevo al frente de AP, ya PP, a José María Aznar. Y se traslada a Galicia.
 'Jefe' de Galicia durante 15 años.
Tras una breve etapa como eurodiuputado, Fraga regresa a Galicia donde se hace con la presidencia. Gana con mayoría absoluta cada una de las elecciones hasta que, en su última legislatura, comienza a desgastarse. En 2005 cede el poder y se retira de la carrera electoral gallega. De esta última etapa quedan 'perlas' como la amenaza a un buque petrolero que pasaba frente a las costas gallegas justo tra sla catástrofe del 'Prestige': "Si no se aleja, le damos un cañonazo y punto", dijo. También se recuerda su "que entren los antidisturbios", ante las protestas en una acto público y otras tantas salidas de tono que ponían en tensión a los líderes del PP en Madrid.
La recta final de su vida política la dedicó a su labor como senador. Ejerció prácticamente hasta el día de su muerte. En su haber cuenta con más de 80 obras escritas y el logro de haber sido uno de los políticos en activo más ancianos del mundo.

Genio y figura



Un año antes de la Carta Magna viera la luz, en 1977, fundó Alianza Popular (AP) y fue elegido su secretario general. En 1989 el partido celebraría el Congreso de la refundación y nacería el PP, del que fue nombrado presidente honorífico. Durante unos meses también fue presidente de esta formación hasta que cedió el testigo a José María Aznar.
De estas fechas es la famosa carta de dimisión por anticipado del expresidente del Gobierno que Fraga rompió ante los compromisarios de ese Congreso que se celebró en Sevilla. Lo hizo al grito de "Ni tutelas, ni tutías". Era su forma de dar vía libre al ahora presidente del FAES para que tomara las riendas de la formación conservadora.
Junto a la anterior, otra de las instantáneas de su vida le retrata en traje de baño, adentrándose en la playa almeriense de Palomares en su etapa como ministro de Información y Turismo-lo fue entre 1962 y 1969- para alejar los rumores sobre la radioactividad de las aguas tras el accidente de un avión estadounidense cargado con material nuclear.
Su etapa en la Xunta (1990-2005), tampoco estuvo exenta de polémica. En 2002, cuando Galicia parecía haber superado la crisis de las vacas locas, estallaba la crisis del Prestige, el petrolero que se hundió frente a las costas gallegas provocando una de las mayores catastrófes ecológicas de la historia. En 2005 no pudo revalidar su mayoría absoluta.

Elogio de Rajoy

Ayer mismo, el presidente fundador del PP, Manuel Fraga, había recibido el mensaje de afecto que le había dirigido el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en el que le había deseado su pronta recuperación, según aseguraron fuentes de su entorno.
Mariano Rajoy, que aprovechó su primera intervención en un acto del PP como presidente del Gobierno para desear a Fraga que se recupere lo antes posible, había recordado a todos los asistentes que participaban en un multitudinario mitin en Málaga, que sin él el partido no hubiera existido como tal.
El estado de salud del expresidente de la Xunta, que abandonó hace pocos meses la política por expreso deseo de su familia, continuaba ayer siendo grave después de que un fuerte catarro le ocasionara problemas respiratorios.
Rodeado de su familia, Fraga, de 89 años, se encontraba en cama, pero consciente, y estaba siendo tratado allí mismo por su hija, Isabel, que era también su médico de cabecera.

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Rita Barberá: "El ahorro es una virtud y se lo recomiendo a todo el mundo"

VALENCIA.- La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha señalado este domingo que el ahorro "es una virtud" que siempre le han enseñado y ha recomendado a todo el mundo que lo haga. "Mejor nos iría si todos ahorráramos", ha agregado.

   Barberá se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios tras asistir al acto de homenaje al profesor Manuel Broseta en el XX aniversario de su asesinato a manos de ETA, al ser cuestionada sobre la declaración de patrimonio publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, que refleja activos por importe cercano a los 322.000 euros. Si se compara esta cantidad con la declarada el pasado año, las cuentas muestran que la primera edil ha ahorrado más de 4.000 euros en el ejercicio.

   Al respecto, ha indicado que siempre le han enseñado que el ahorro "es una virtud" y ha explicado que si deja de gastar "un dinerito", la cantidad que va acumulando es lo que ahorra. "Y dejar de gastar o invertir mejor 314 euros al mes dan como conclusión 4.000 euros al año", ha apuntado.

   Así, ha insistido en que "el ahorro es una virtud y se lo recomiendo a todo el mundo", ya que "mejor nos iría si todos ahorráramos".

Montoro señala que subir el IVA "duplicaría la caída económica"

MADRID.- El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha señalado que subir el IVA "duplicaría la caída económica" del país y "aumentaría el fraude fiscal". En este sentido, ha indicado que éste último "ya está subiendo como consecuencia de la subida del Gobierno socialista en las ventas minoristas y en la presentación de presupuestos sin IVA".

   En una entrevista a ABC, el ministro de Hacienda ha indicado que "en un contexto de economía parada, y con una subida del IVA hace un año y medio y de los impuestos especiales, el Gobierno lo que hace es tomar un préstamo de la sociedad durante dos años para tapar el agujero del déficit y financiar al Estado para tener un margen de aplicar las reformas que conduzcan a la creación de empleo".

   Para Montoro, "el IVA hubiera supuesto subidas de precios sin crecimiento y hubiera reducido los márgenes de pymes y autónomos porque éstos no hubieran podido trasladar la subida a precios". "Y, además, es muy importante la equidad en los impuestos, y que por defender esa equidad me acusen de socialdemócrata me hace mucha gracia, porque yo soy liberal moderado, como toda la vida lo he sido, como lo fue mi maestro Eugenio Domingo Solans", ha apuntado.

   Por otra parte, Montoro se ha referido a la subida el IRPF y el IBI, una decisión que, según ha explicado, se tomó como "medida correctora inmediata" a pesar de que "no es una medida del agrado del Gobierno". Así, ha apuntado que la subida de impuestos "es la consecuencia de una herencia y la política de reformas, en la que el PP cree".

   En cuanto a las críticas de que se "ha subido más a las clases medias y bajas", Montoro ha señalado que "no es cierto", sino que "se ha subido más a los que más ganan, pero hay más contribuyentes con ingresos medios, de modo que se va a recaudar más en ese tramo de rentas".

   En relación a que Standard&Poor's rebaje dos escalones la nota de la economía española, Montoro ha señalado que "está convencido de que España recuperará pronto su prestigio con las reformas y la consecución de la estabilidad presupuestaria". Así, ha indicado que "hay que volver al crecimiento y cambiar el escenario económico cuanto antes".

   "La crisis también es una oportunidad para hacer las reformas necesarias empezando por la del sector público, la de las autonomías y la de estabilidad presupuestaria", ha declarado el ministro popular, quien también ha añadido que "estos cambios, junto con la reforma y reestructuración del sector bancario, la reforma laboral y las liberalizaciones para incrementar la competencia en todos los sectores, cambiarán el escenario económico de España".

   El ministro de Hacienda ha señalado que el PP "acabará la legislatura en un periodo de crecimiento económico y creación de empleo, de forma que cada español, como contribuyente, pagará menos impuestos".

   Montoro ha indicado que la situación económica que se ha encontrado en su vuelta al Gobierno "es diferente en cuanto a contenidos" a la que tuvo que afrontar en 1996 "cuando el primer objetivo político era fundar el euro, y para ello había que introducir en España el concepto de estabilidad presupuestaria".

   Así, ha apuntado que ahora el Ejecutivo del PP ha heredado una crisis de identidad del euro "como consecuencia de que los valores del euro y la estabilidad no se han cumplido". A su juicio, esta situación es consecuencia de que "han fallado los diferentes gobernantes en Europa, incluido el Gobierno socialista español" que, según ha apuntado, "no ha entendido que estar en el euro es estar asentado en una cultura de la estabilidad".

"Si se quiere tener una moneda común hay que estabilizar las economías de todos los países", ha apuntado.

   En este sentido, Montoro ha destacado que una de las dificultades que se le presenta al país, con respecto a 1996, es que ser miembros del euro supone "hacer unas políticas dentro de unos márgenes y unos plazos" lo que "puede provocar cierto dolor social".

   Para el ministro de Hacienda "la estabilidad presupuestaria es la única manera de volver a recuperar la senda del crecimiento y de la creación de empleo", y para eso, según ha dicho, "hay que renunciar a gasto público, a tener un mercado laboral que no es adecuado a la globalización, hay que modernizar el sector bancario y financiero que durante mucho tiempo fue un éxito pero que ahora hay que cambiar, hay que hacer una apuesta por la innovación empresarial en todos sus ámbitos, y hay que seguir en esa línea de internacionalización".

Alarte considera "vergonzoso" que Fabra "responsabilice a los valencianos del exceso y la corrupción"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha afirmado este sábado que es "vergonzoso" que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "responsabilice a las familias valencianas del exceso, despilfarro y corrupción del PPCV que nos ha llevado a la quiebra". 

   Alarte se ha expresado de esta manera en un comunicado en relación a las declaraciones de Fabra, quien ha afirmado que "hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora lo estamos pagando".

   Alarte, que ha asistido al tradicional Mercado dels Borja que la localidad valenciana de LLombai, ha apuntado que "el único responsable de la quiebra de la Generalitat Valenciana es Fabra y su partido, el PPCV, porque fueron ellos quienes malgastaron 5.257 millones de euros en derroche y grandes eventos".

   "Han sido ellos quienes, con las empresas públicas que gestionan, la RTVV y los grandes fastos, desde 2001, han consumido 2.755 millones de euros públicos y han generado una deuda de 2.507 millones más", ha precisado.

   El dirigente socialista ha calificado de "cínico e inaceptable" que ahora Fabra "diga que los responsables de la quiebra son los ciudadanos y ciudadanas que están sufriendo las consecuencias de la mala gestión, ineficacia y derroche de los Gobiernos del PPCV". "Es directamente mentira", ha señalado.

   Alarte ha criticado que Fabra "haya tomado la decisión de que la quiebra de la Generalitat la paguen ahora nuestros médicos, maestros, enfermeros, ATS y en general los valencianos y valencianas, pagando más cara la gasolina y subiendo los impuestos a las clases medias".

   "Lo que Fabra está consiguiendo, al reducir la inversión pública, es más paro y que los valencianos y valencianas pasen más penuria". "Eso sí, --ha lamentado--, muchas vaguedades y muchas mentiras, pero la Fórmula 1 se volverá a hacer en julio; muchas mentiras y vaguedades, pero no afronta el problema real: que elimine los 1.000 millones de euros del Decreto-Ley del Consell de los más de 2.500 que gastan en fundaciones innecesarias, organismos y grandes eventos", ha reclamado.

   Por otro lado, Alarte ha reconocido que "el modelo de financiación autonómico no es bueno", motivo por el que "Rajoy debe revisarlo inmediatamente, tal como le pidieron las Corts Valencianes por unanimidad". 

"Ahora es su responsabilidad", ha remarcado.

   "Pero estamos convencidos de que si Fabra y el PPCV hubieran tenido más recursos, con un modelo de financiacion autonómica mejor, lo que hubieran hecho con ese dinero es más grandes eventos, más despilfarro, más corrupción y, por tanto, más quiebra", ha agregado.  

   El síndic socialista en las Corts ha criticado que el PPCV "se ha equivocado los últimos 16 años y, lamentablemente, Fabra sigue equivocándose".

"Nadie podrá creer en esta Generalitat mientras Fabra no depure responsabilidades por el despilfarro y los grandes eventos, cesando en sus responsabilidades dentro del PP a Francisco Camps, a Ricardo Costa, a la Rita Barberà de la Fórmula 1, el Rus de los excesos de todo tipo, y a quien él mismo apadrinó, consintió, obedeció y aplaudió mientras construía el Aeropuerto sin aviones de Castellón y la escultura de 300.000 euros de la vergüenza, a Carlos Fabra", ha concluido.

La morosidad de las administraciones supone un foco de destrucción

MÁLAGA.- El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, Lorenzo Amor, ha advertido este sábado de que la morosidad en las administraciones públicas supone "un foco de destrucción de empresas, autónomos y empleo", por lo que ha destacado la necesidad de que haya austeridad en las mismas como "medida de apoyo" al sector.

   En concreto, ha explicado, en la Convención Regional del PP que se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga hasta este domingo, que "el derroche" genera morosidad pública, la cual ha supuesto 36.000 autónomos y 94.000 empleos menos. Asimismo, ha indicado que estas administraciones adeudan 2.242,23 millones a los autónomos andaluces, que ya han adelantado 251 millones en concepto de IVA de facturas no cobradas.

   Además, ha señalado que la deuda de las administraciones públicas generan menos crédito disponible para empresas, autónomos y familias, ya que, según Amor, copan "el 70 por ciento" del mismo. Por ello, ha enumerado algunas medidas que, a su juicio, debieran ponerse en marcha para afrontar esta situación, como un régimen sancionador para los gestores públicos que no cumplan "escrupulosamente" con la Ley de Morosidad.

   Asimismo, el presidente de Autónomos-ATA ha considerado necesario una "priorización" de los pagos a autónomos y pymes, así como llegar a un acuerdo para poner en marcha una línea ICO solicitada y gestionada por las entidades financieras para poder cobrar facturas impagadas con un importe inferior a 6.000 euros.

   La hoja de ruta planteada por la federación, que aboga por "un giro radical" en la política económica andaluza y "una idea clara de hacia donde enfocar las medidas y las reformas necesarias para una salida definitiva y duradera de la crisis y una economía saneada y competitiva"; se sustenta en otros tres ejes.

   En primer lugar, actuar sobre las relaciones laborales, el diálogo social, el empleo y la formación, con una mesa del autónomo para el desarrollo de la Ley Andaluza del Autónomo; garantizar la liquidez en los pequeños negocios, y, por último, la puesta en marcha de un plan o una ley integral para fomentar las iniciativas del emprendedor.

   En este punto, ha mencionado la autorización "única y express" para la creación de empresas válida en todo el territorio nacional; la creación de una red de oficinas técnicas de asesoramiento al emprendedor; cotizaciones sociales en los primeros 24 meses para los menores de 30 años y mayores de 45; la creación de un fondo de capital semilla mixto público-privado y la inclusión de asignaturas sobre emprendimiento desde el inicio del sistema educativo.

   Amor ha lamentado que "durante la crisis se ha asistido con indiferencia a la desertización del tejido empresarial andaluz y a la desaparición de miles de autónomos". Es decir, "se ha intentando combatir las consecuencias, el paro, pero no el origen, la destrucción de empleo, igual que cuando se combate la fiebre, pero no la enfermedad", ha explicado.

El juez Castro indaga si la empresa pública de González Pons operó con entidades 'pantalla'

PALMA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma, José Castro, instructor del caso Palma Arena, está investigando dentro de la pieza centrada en el presunto desvío de fondos a través del Instituto Nóos, si la empresa que presidió el dirigente del PP Esteban González Pons --la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana--, operó con entidades que pudieran ser consideradas 'pantalla' o sociedades interpuestas.

   Para ello, el magistrado ha oficiado a la Agencia Tributaria para que aporte a las pesquisas de la pieza separada número 25 cuantos datos consten sobre las operaciones económicas efectuadas con terceros por parte de la Sociedad Gestora, que en diciembre de 2005 firmó un convenio con Nóos por seis millones de euros para la preparación de la candidatura de la Comunidad Valenciana como sede de la primera edición de los Juegos Europeos, que nunca llegarían a celebrarse.

   En concreto, en el acuerdo, aparecen plasmadas las firmas de González Pons, del exvicepresidente de la Generalitat valenciana, Víctor Campos, y del exsocio de Nóos Diego Torres, en la actualidad uno de los principales imputados en el marco de estas investigaciones junto al Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, quien presidió la entidad entre los años 2004 y 2006.

   Tal y como reza el convenio, la intención de la empresa dependiente de la Generalitat pasaba por contar con la colaboración de Nóos en el diseño de "un gran evento polideportivo de carácter internacional y de nueva creación, cuya primera edición se dispute en Valencia, que permita potenciar y proyectar la imagen de la Comunidad Valenciana en el mundo como referente en la organización de grandes eventos deportivos", denominado genéricamente Juegos Europeos.

   Sin embargo, nada de lo que contemplaba el documento se llevó finalmente a cabo -contratación de asesores conocedores de la problemática olímpica de 45 países, confección del dossier de la candidatura, favorecer la presencia del proyecto en foros internacionales-, a pesar de que el Instituto Nóos acabó percibiendo por el convenio un total de 382.203 euros procedentes de los fondos de la Generalitat.

   De hecho, el área jurídica de la Administración pública ya indicaba en un informe fechado el 21 de diciembre de 2005 que, puesto que el convenio establecía una previsión de financiación para los años 2006 y 2007, se trataba de un expediente de tramitación anticipada del gasto por lo que su eficacia quedaba condicionada a la efectiva existencia de crédito "adecuado y suficiente". Precisamente, por estos hechos está citado a declarar González Pons como testigo el próximo 15 de mayo.

El PSPV asegura que el PP está dirigiendo desde Madrid el "expolio" de RTVV

VALENCIA.- El portavoz socialista en la Comisión de Control a Radio Televisión Valenciana (RTVV), Josep Moreno, ha lamentado que quien está dirigiendo "el desmantelamiento de las televisiones públicas autonómicas y de la valenciana sea el PP desde Génova con el consentimiento y beneplácito de Fabra y su Consell". 

   Moreno, en un comunicado, ha denunciado que el presidente de la Generalitat, Fabra, y su Consell "autoricen, con su silencio, el expolio que pretende ejecutar el PP, al entregar las televisiones públicas autonómicas, y por tanto el patrimonio de todos los españoles, a los intereses empresariales de sus amigos de siempre".

   Asimismo, ha lamentado que "ahora, después de que Fabra y el PPCV de los últimos 16 años haya llevado a la quiebra a la radiotelevisión pública, con el exceso, el despilfarro y la corrupción que ha estado más que presente en la RTVV, las pérdidas las tengamos que pagar entre todos los valencianos y valencianas, mientras que las ganancias se las llevarán otros".

   El diputado ha explicado que los 'otros' a los que se refiere son "los mismos intereses empresariales que han colaborado en las campañas electorales del PP, los mismos que han llevado a las televisiones públicas autonómicas a los peores niveles de audiencia y a las lamentables cuotas de desprestigio que hoy día tiene, concretamente, la Radio Televisión Pública Valenciana".

   Josep Moreno ha calificado de "imperdonable" que en un momento en el que "se amenazan directamente los puestos de miles de trabajadores, como es el caso de la Radio Televisión Pública Valenciana, ni oculten, ni se tomen las molestias de disimular que todo es una farsa ya que todas las modificaciones legales y las propuestas corresponden a un plan urdido desde Génova, que es quien al final pretende entregar todas las televisiones públicas autonómicas a sus amigos".

   "Los socialistas valencianos vamos a defender el carácter público de la televisión y no vamos a permitir ni un solo despido de profesionales, mientras se mantenga a los directivos enchufados del PP", ha apuntado Moreno.

   En este sentido ha afirmado que lo que RTVV necesita es un modelo de gestión "público, sostenible y razonable, tal y como figura en la propuesta que los Socialistas Valencianos presentamos en el documento 'Base para una nueva Ley de Televisión Pública'".

   Moreno ha asegurado que los socialistas valencianos "jamás avalaremos ni la privatización del ente, ni el despido masivo de trabajadores sin que exista un modelo claro y viable que solucione el agujero negro de 1.250 millones de deuda que se han generado a base de corrupción, exceso, nepotismo, despilfarro, manipulación y falta de pluralismo".

Sanz (EUPV) dice que las movilizaciones contra los recortes "obligan" a Fabra a retirar el decreto

VALENCIA.- La portavoz del grupo parlamentario de Esquerra Unida en Les Corts, Marga Sanz, ha señalado este sábado que las movilizaciones contra los recortes anunciados por el Consell "obligan" al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a retirar un decreto que "se ceba con el personal del sector público" e incluye "recortes brutales que afectan a su salario actual y a sus prestaciones". 

   En un comunicado, la diputada ha señalado que si el Ejecutivo autonómico no da marcha atrás en este paquete de medidas para reducir el déficit las movilizaciones irán en aumento. Asimismo, ha apuntado que los recortes "amenazan gravemente el buen funcionamiento de los servicios públicos", especialmente en educación y sanidad.

  "No son medidas temporales, puesto que a los trabajadores públicos no se les devolverán las pérdidas que tengan durante los próximos dos años", ha agregado Sanz, que ha criticado que mientras tanto "los altos cargos y sus asesores se salvan del recorte".

   Sanz ha insistido en que si los responsables de la administración "se equivocaron, como reconoce el propio Fabra, no rectifiquen haciendo lo mismo" y ha pedido medidas que apuesten por la economía productiva y por la creación de puestos de trabajo.