VALENCIA.- El número de concursos presentados durante el segundo trimestre de
este año en los Juzgados de lo Mercantil de la Comunitat Valenciana
experimentó un importantísimo incremento interanual, al alcanzar los
1.450, es decir, un 111,1% más que los registrados entre abril y junio
de 2022.
Por tipo de concurso, los que mostraron un mayor
incremento --del 251,9%-- fueron los impulsados por personas naturales
no empresarios, que sumaron 1.200 frente a los 34 de un año antes.
Por
el contrario, los concursos de personas jurídicas descendieron un 32,8%,
al pasar de 265 a 178 y los de personas naturales empresarias bajaron
un 11,1%, de 81 a 72, según se desprende del informe trimestral 'Efecto
de la Crisis en los Órganos Judiciales' que ha publicado este viernes la
sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Sumadas todas las modalidades de concursos, la Comunitat Valenciana es
la tercera autonomía con una mayor cifra en España, solo por detrás de
Cataluña (4.074) y Andalucía (1.475).
En el segundo trimestre de
2023 se presentaron en los Juzgados de lo Social 4.517 demandas por
despido, un 42,4% más que las presentadas un año antes, cuando se
contabilizaron 3.171.
Esta cifra sitúa a la Comunitat Valenciana como la
tercera comunidad autónoma de España con mayor número de demandas por
despido, tras Cataluña (7.160), Andalucía (5.336) y Madrid (5.230). Una
situación similar se dio con las demandas de reclamación de cantidad,
que ascendieron a 3.222, un 13,8% más que las 2.548 registradas entre
abril y junio de 2022.
Por su parte, los procedimientos
monitorios presentados en el trimestre analizado en los Juzgados de
Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de la Comunitat
Valenciana alcanzaron los 34.940, lo que implica un incremento
interanual del 38,2% respecto de los 25.279 formulados en el segundo
trimestre de 2022.
Por el contrario, los lanzamientos practicados
volvieron a experimentar una disminución, en este caso del 28,5%. El
total registrado entre abril y junio de este año fue de 1.090, mientras
que un año antes se habían practicado por los órganos judiciales y sus
servicios comunes 1.524.
De ese total de 1.090 lanzamientos practicados, más de tres cuartas
partes, 803, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley
de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 251 derivaban de
ejecuciones hipotecarias. Los 36 restantes obedecieron a otras causas.
Los lanzamientos por la LAU bajaron un 16,9%, pues en 2022 se
contabilizaron 966, mientras que los provocados por procedimientos de
ejecución hipotecaria disminuyeron un 50,9% en relación a los 511
registrados entre abril y junio del pasado año.
Los lanzamientos
derivados de ejecuciones hipotecarias experimentaron durante una
disminución interanual del 37%, mientras que los derivados de la Ley de
Arrendamientos Urbanos se redujeron en un 32,6%. Los derivados de otras
causas descendieron el 16,2%.
Cataluña ?-con 2.274 lanzamientos,
el 31,2 por ciento del total nacional-- fue la comunidad autónoma en la
que se practicaron un mayor número durante el segundo trimestre de 2023,
seguida de la Comunitat Valenciana, Andalucía (1.051) y Madrid (561).
Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos
derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con
1.621, el 30,6% del total. Por detrás, la Comunitat Valenciana, con 803;
Andalucía, con 658, y Madrid, con 492.
En cuanto a los derivados de
ejecuciones hipotecarias, Cataluña, con 415, fue el territorio que
presentó el mayor número, seguida de Andalucía, con 316, y la Comunitat
Valenciana, con 251.
El informe
estadístico incluye también la cifra de procedimientos de ejecución
hipotecaria, que en la Comunitat Valenciana ascendió a 821, un 28,8%
menos que las 1.043 que un año antes. El mayor número se dio en
Andalucía, con 1.064, un 20,6% del total nacional, seguida de Cataluña,
con 1.027 y, en tercer lugar, la Comunitat Valenciana.
Sin embargo, si
se pone el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con
la población, la Comunitat comanda la estadística, con 15,7
procedimientos ingresados por cada 100.000 habitantes.
En el
segundo trimestre de 2023 ingresaron en los juzgados especializados
2.295 demandas por acciones individuales sobre condiciones generales
incluidas en contratos de financiación con garantías reales
inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, asuntos conocidos
como cláusulas suelo.
Esa cifra supuso un aumento del 10%
respecto a las demandas interpuestas en el segundo trimestre de 2022,
que ascendieron a 2.086.
Entre abril y junio de este año se resolvieron
2.625 demandas de este tipo en la Comunitat, frente a las 3.879
resueltas un año antes, lo que significa un descenso interanual del
32,3% y quedaron en trámite 7.641, un 9,2% menos que los 8.411 asuntos
que quedaron en trámite en ese mismo trimestre de 2022.
En el segundo
trimestre de 2023 ingresaron 137 asuntos de este tipo, un 20,2% por
ciento más que el año anterior.
Las
estadísticas hechas públicas por el CGPJ constatan la misma tendencia
apreciada en el conjunto de la Comunitat Valenciana en cada una de las
tres provincias.
Así, en Alicante se registraron durante el segundo
semestre de este año un total de 572 concursos, sumadas todas las
modalidades, un 188,9% más que un año antes, cuando se contabilizaron
198.
En Castellón, la cifra ascendió a 136, un 88,9% más que los 72 de
2022, y en Valencia la cifra ascendió a 742, con un incremento
interanual del 77,79% en relación a los 417 del segundo trimestre del
pasado año.
Una situación similar se produjo con los despidos
presentados en los Juzgados de lo Social, que en Alicante fueron 1.424,
un 42,8% más que el año anterior, cuando se registraron 997.
Por su
parte los juzgados castellonenses asumieron 365 demandas por despido,
con un aumento interanual del 50,2% respecto a los 243 de 2022.
Finalmente, en Valencia se contabilizaron 2.728 asuntos por las 1.931 de
un año antes, lo que significa un crecimiento del 41,3%.
Por el
contrario, los procedimientos de ejecución hipotecaria y los
lanzamientos practicados bajaron en cada una de las provincias, al igual
que ocurrió a nivel autonómico.
De este modo, los primeros alcanzaron
un total de 388 en la provincia de Alicante, un 27,9% menos que los 538
del segundo trimestre del año anterior.
En Castellón se registraron 73,
un 22,3% menos que los 94 registrados entre abril y junio de 2022. En la
provincia de Valencia, ese descenso fue menor, en concreto del 12,4%,
ya que se presentaron 360 demandas frente a las 411 presentadas un año
antes.
