sábado, 14 de octubre de 2023

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià registra más de 35.000 matrículas para las pruebas de 2023

 


VALENCIA.- Las pruebas sobre conocimiento del valenciano de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià (JQCV) correspondientes a 2023, para las que se han efectuado más de 35.000 matrículas, han comenzado este sábado en distintos puntos de la Comunitat Valenciana.

En esta primera jornada se evaluaron las áreas de comprensión escrita, comprensión oral, de estructuras lingüísticas y de expresión e interacción escritas, y en una segunda jornada que se celebrará más adelante se evaluará el área de expresión e interacción orales.

A las 9 de la mañana han empezado las pruebas de los niveles B1 y C1, y a las cuatro de la tarde empezaron los exámenes del resto de niveles: A2, B2 y C2.

El área de expresión oral se evaluará a lo largo de los tres sábados siguientes: 21 y 28 de octubre y 4 de noviembre, unas pruebas orales que podrán ser tanto por la mañana como por la tarde, según cada una de las sedes.

Las persones aspirantes a los certificados oficiales tendrán que consultar en la página web de la JQCV el horario de la prueba antes de que se celebre y verificar las notas obtenidas en las áreas de comprensión escrita, comprensión oral y estructuras lingüísticas evaluadas en la primera jornada.

Según ha informado la Conselleria de Educación, el 50 % de las inscripciones corresponden al nivel C1, casi el 30 % al C2 y el 20 % restante corresponde a los niveles B2, B1 y A2.

El primero de estos tres, el B2, representa solo el 12 %. Las personas que acreditan un B2 tienen que ser capaces de expresarse, tanto de manera oral como escrita, por medio de textos claros y detallados, así como defender un punto de vista con pros y contras.

Los niveles con más demanda son lo C1 y C2, considerados de carácter avanzado. El primero acredita un dominio de la lengua operativo y eficaz, y el segundo se puede considerar un nivel de maestría, puesto que las personas que lo acreditan demuestran que, además de una alta comprensión, disponen de una comunicación que va desde la espontaneidad hasta la precisión, pasando por todos los matices de la comunicación.

Por provincias, la de Valencia es la que más inscripciones tiene, el 56 %, seguida de Alicante con el 26 %, y finalmente la de Castellón con el 18 % restante. No obstante, la de Castellón es la que tiene un porcentaje mayor para el niveles más avanzados C1 y C2: casi un 35 % de C2 y el 50 % del C1.

En cambio, la de Alicante no llega al 75 % entre los dos niveles, y el 53 % corresponde al C1. La provincia de Valencia tiene un 49 % de matrícula de C1 y un 31 % de matrícula de C2.

Las ciudades con mayor porcentaje de matrícula son València (18 %), Castellón de la Plana (5,8 %), Alicante (5,5 %), Torrent (5,4 %), Xàtiva (4,5 %), Elche (4,4 %), Alzira (4 %). El resto de sedes fluctúan entre el 3,7 % de Buñol y el 2,2 % de Villena.

El PPCV pide "explicaciones" al Gobierno por el "caos" del viernes en la alta velocidad entre la Comunitat y Madrid


VALENCIA.- El portavoz de Obras Públicas y Transportes del PP en Les Corts Valencianes, Joserra González de Zárate, ha pedido "explicaciones" por el "caos" en los trenes de alta velocidad durante este viernes y ha exigido al Gobierno de España que solucione "de una vez" el servicio de trenes entre la Comunitat Valenciana y Madrid.

"Una vez restablecido el tráfico, es el momento de asumir responsabilidades", ha expresado en un comunicado, al tiempo que ha avanzado que su grupo solicitará la comparecencia en Les Corts de la presidenta de Adif, Maria Luisa Domínguez, para que explique "qué ha sucedido, el porqué del aumento de incidencias en tan poco tiempo y qué medidas va a emprender Adif y Renfe para evitar, en la medida de lo posible, que vuelva a suceder".

"Es necesario más prevención con una mayor inversión del Gobierno estatal en infraestructuras", ha reclamado, y ha manifestado que espera que la máxima responsable de este organismo dependiente del Ministerio de Transportes "acepte por decencia institucional y respeto a la Comunitat Valenciana".

El portavoz 'popular' ha lamentado que la "inoperancia" del Gobierno provocara ayer "el caos en las estaciones de Alicante, València y Castelló, con pasajeros encerrados, trenes detenidos en medio de las vías, horas de retrasos, falta de información y viajeros valencianos obligados a pasar la noche en vela en Atocha y Chamartín".

"El descontrol y la falta de planificación han vuelto a dejar tirados a miles de valencianos y turistas por el puente del Pilar, el puente más importante para los valencianos, afectando a un sector clave para nuestra tierra como es el turístico", ha expuesto.

 "A estas alturas no te puedes quedar atrapado en un tren durante horas sin nadie que venga a recogerte, sin ninguna explicación y sin un plan alternativo para atender estas situaciones. Los miles de afectados por la avería en Cuenca merecían otro trato".

En este punto, ha advertido de que no se trata de "un caso aislado", puesto que el día de las últimas elecciones generales, el pasado 23 de julio, "volvió a ocurrir otro extraño accidente por el que miles de valencianos y madrileños casualmente se quedaron sin votar".

"El Gobierno de Sánchez está solo dedicado a su investidura y tienen España dejada sumida en un caos continuo. Parecemos la España de las dos velocidades y la Comunitat Valenciana está abandonada por Sánchez", ha afirmado.

Por último, el diputado 'popular' ha considerado que "tantas averías en poco tiempo" demuestran "la falta de inversión y nulo interés del ejecutivo nacional por uno de los servicios de alta velocidad más rentables y que mayor número de pasajeros registra".

"Sin embargo, la atención que recibe es escasa, cambiando la estación en Madrid, demostrando, una vez más, que Sánchez sigue despreciando a esta tierra", ha relatado, al tiempo que ha denunciado que el aumento en el número de frecuencias "no está yendo acompañado de un esfuerzo del ejecutivo por reforzar su mantenimiento técnico".

Restablecida la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia

 


MADRID.- La circulación de trenes de alta velocidad que conectan Madrid, la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia se ha restablecido a las 06.00 horas de este sábado, después de la avería de este viernes que dejó sin tensión un tramo de vías en la provincia de Cuenca que deparó la interrupción de todo el servicio, lo que provocó que algunos trenes llenos de pasajeros quedaran detenidos durante horas.

Adif ha comunicado en una nota que la circulación se ha retomado en ambas vías una vez finalizados los trabajos de reparación de un elemento de su sistema eléctrico, la catenaria, en las inmediaciones de Monteagudo de las Salinas (Cuenca). Reanudada la circulación, Adif ha indicado que analiza las causas de las diferentes incidencias.

Ha señalado que la coincidencia de cuatro incidencias en el mismo tramo, independientes entre sí y en un intervalo de poco más de tres horas, causó suspender la circulación entre el municipio de Monteagudo de las Salinas y Bifurcación Albacete.

La suspensión afectó a todos los servicios de las tres operadoras ferroviarias en la línea Madrid-Comunitat Valenciana y Región de Murcia. "De no haberse producido esta suma de incidencias, se habría podido mantener la circulación de trenes por la línea", indica.

Trabajos intensificados durante la noche

Equipos de mantenimiento de Adif han trabajado en reanudar el servicio de trenes desde que se registraron las incidencias y en coordinación con las empresas ferroviarias que, en el día de ayer, retiraron los trenes detenidos en el tramo afectado, añade.

Unos trabajos que se aceleraron a partir de las 22.00 horas del viernes, cuando las vías quedaron por completo liberadas de trenes, y que se han completado con la revisión de los elementos que conforman la infraestructura ferroviaria.

Adif señala que mientras se reparaban las incidencias, se desplegó un dispositivo informativo en las estaciones que discurren por esta línea de alta velocidad para los viajeros afectados.

También expone que durante la noche ha estado abierta la estación de Madrid-Chamartín Clara Campoamor para acoger a viajeros y en la de Madrid-Puerta de Atocha Almudena Grandes se habilitó una sala para los que llegaban de Albacete por la red convencional, además de gestionar la ampliación del horario comercial de algunos locales de restauración en la estación de Chamartín.

Las incidencias, una detrás de otra

En la nota, Adif señala que la primera incidencia se registró a las 08.19 horas del viernes, al quedar detenido un tren en la señal de entrada de Monteagudo de las Salinas. Un minuto después se detectó una incidencia de desvíos en el mismo sitio.

Otra incidencia se produjo a las 08.47 por una falta de tensión eléctrica debido a una avería de varios vanos de catenaria en la vía 1 entre Monteagudo y Bifurcación Albacete, circunstancia que obligó a circular en vía única (la vía 2) en ese tramo.

A las 11.56 horas, una nueva incidencia en el sistema de electrificación (pantógrafo/catenaria) obligó a la suspensión de la circulación por las dos vías de este mismo tramo de la línea Madrid-Comunitat Valenciana y Región de Murcia.

El pantógrafo, incide Adif, es el dispositivo ubicado en el tren que transmite la energía eléctrica desde la catenaria, que es la línea aérea de alimentación que da la energía eléctrica a los trenes.

viernes, 13 de octubre de 2023

Los aeropuertos de Alicante y Valencia registran el mejor mes de septiembre de su historia


VALENCIA.- Los aeropuertos de Alicante-Elche (Miguel Hernández) y de València (Manises) han registrado el mejor mes de septiembre de su historia, con más de un millón de pasajeros en el aeródromo alicantino y 949.407 viajeros en el valenciano. Este incremento también afecta a las cifras del mismo mes en el año anterior, pues han aumentado hasta alcanzar el 15,1% y 17% respectivamente.

El récord se lo lleva el aeropuerto de Alicante al superar su anterior mejor cifra, que alcanzó en septiembre de 2019, ya que en este caso ha transportado a 1.552.541 pasajeros. Según indica la compañía Aena en un comunicado, los datos del noveno mes de 2023 también suponen un aumento del 15,1% respecto al ejercicio anterior.

Respecto a las operaciones realizadas por el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, éstas suman un total de 9.625 vuelos en septiembre, lo que supone un incremento de los movimientos gestionados en un 10,9% correspondiente al mismo período de 2022.

Por su parte, las personas que han escogido el aeropuerto de València como método para viajar suman 949.407 pasajeros este mes de septiembre. En consecuencia, ha superado la cifra del mismo mes en 2022, que era la mejor hasta el momento con 811.440 viajeros, y aumenta en un 17% respecto al tráfico del año pasado. 

Además, el aeródromo valenciano ha registrado un total de 7.564.164 pasajeros desde enero hasta septiembre de 2023, lo que implica un crecimiento del 23,6% respecto al mismo periodo del pasado año. En relación a las operaciones, durante los nueve primeros meses del año la infraestructura valenciana ha operado un total de 62.391 vuelos, un 11,9% más que en 2022.

En cuanto a las principales procedencias y destinos de los pasajeros internacionales registrados en septiembre de 2023, los países más frecuentes son Alemania y Países Bajos tanto en Alicante como València. 

Por otra parte, se ha detectado una gran afluencia de viajeros italianos, franceses y británicos en el aeródromo de Manises, mientras que el alicantino cuenta con más pasajeros procedentes de Noruega y Bélgica.

El PP no logra sacar adelante su nuevo organigrama para la EMT València al rechazarlo Vox, Compromís y PSPV


VALENCIA.- El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de València no ha logrado sacar adelante el nuevo organigrama que preparaba para la dirección de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València al rechazarlo Compromís, PSPV y Vox, que, según la alcaldesa, María José Catalá, es el "socio preferente" del PP en el Consistorio.

El Consejo de Administración de la EMT tenía previsto aprobar este viernes un nuevo organigrama en el que se planteaba a Raúl Castelblanque como nuevo director adjunto y a Juan Alumbreros como director corporativo de la empresa, ambos provenientes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), según anunció esta semana el PP, al frente del equipo de gobierno.

El equipo de gobierno sostenía que con este nuevo organigrama se buscaba "reducir el comité de dirección a once personas, dos menos que en el anterior mandato municipal en el que existía seis directores de área y cuatro directores de departamento, más tres personas adscritas a gerencia" y alegaba que esa reducción suponía "un ahorro anual de 85.000 euros". Ahora, se mantendrá la composición que ya había.

Los dos directivos se despidieron de sus compañeros de FGV el pasado miércoles con un ágape en el que no faltaron los clásicos discursos, regalos y abrazos. El lunes, para sorpresa de todos, volverán a verse las caras, ya que, según fuentes de la empresa que dirige Alfonso Novo, la baja no se había formalizado.

Sin embargo, según el portavoz de Vox en el consistorio, Juanma Badenas, el rechazo al nuevo organigrama responde a que "se trata de personas que se encuentran en el tránsito de una puerta giratoria que pasa de la Generalitat al Ayuntamiento de València, proviniendo de cargos que fueron nombrados por el PSPV y que ahora van a ser asumidos por María Jose Catalá".

"Debe ser que lo que no le gusta a Carlos Mazón sí que le gusta a María José Catalá. Hay que alabar el funcionamiento de la Generalitat en muchos aspectos pero deja mucho que desear el funcionamiento del Ayuntamiento de València", ha criticado Badenas en declaraciones remitidas a los medios.

Desde Compromís, en un comunicado, han expresado su satisfacción porque aseguran que su denuncia del "falso anuncio de rebaja de sueldos en la directiva del PP haya paralizado los nombramientos" pero también han mostrado su "tristeza" por "ver cómo se cumple lo que esperábamos y alertábamos: que con el PP al frente la deriva de deterioro de la EMT iba a ser muy rápida".

"La EMT, sus usuarios y València en general se merecen una gestión seria, centrada en ofrecer un servicio de calidad, y no a unos irresponsables como el señor (Jesús) Carbonell --concejal de Movilidad--, que solo se preocupa de incrementar el salario de los cargos de su confianza mientras descuida el día a día de la empresa", ha indicado el edil de Compromís y expresidente de la empresa pública, Giuseppe Grezzi.

Mientras tanto, ha criticado que "se apunta como únicos méritos el resultado de las últimas gestiones de Compromís o, en el peor de los casos, directamente mentiras, pues igual te vende como un incremento de plantilla su recorte de la contratación prevista, que te dice que reduce el coste de la dirección cuando se incrementan los salarios de los tres cargos de libre designación un 20 por ciento".

Por su parte, la portavoz socialista en el consistorio, Sandra Gómez, ha denunciado la "incapacidad" de Catalá y del PP para gobernar la ciudad. Para Gómez, "esta situación demuestra que el liderazgo frágil de Catalá ha derivado ya en un gobierno secuestrado por la ultraderecha y por el grupo Vox porque pretende aplicar un rodillo que no tiene".

A su juicio, "el fracaso del PP en la EMT no solo deja en manos de Vox la gobernabilidad de València sino que, además, ha destapado también las mentiras de la señora Catalá, que vendió este organigrama como un ahorro de sueldos en la cúpula de la EMT y hoy se ha revelado que la realidad es que un alto directivo iba a cobrar 20.000 euros más que su predecesor, llegando a cobrar incluso más que el presidente de la Generalitat Valenciana".

Según ha denunciado el PSPV en un comunicado, en el transcurso de la reunión se ha desvelado "el incremento de salario por encima de los 80.000 euros de uno de los nuevos directivos". 

La consejera socialista en la EMT María Pérez ha afirmado que Catalá "intentó camuflar el desproporcionado aumento de sueldo vendiendo un ahorro en los costes de la cúpula de la EMT y hoy hemos confirmado que no solamente era falso este ahorro sino que, además, el nuevo organigrama escondía una subida salarial escandalosa".

Vox rechaza las ordenanzas fiscales de Catalá en el Ayuntamiento de Valencia por no haber participado


VALENCIA.- Vox no respaldará las ordenanzas fiscales que ha aprobado este viernes el gobierno municipal en la Junta de Gobierno y que prevén una rebaja del 20% en el IBI y bonificaciones de hasta el 95% en las plusvalías de herencias o transmisiones de comercios y negocios intervivos para cumplir con la promesa electoral de la alcaldesa de València, Maria José Catalá. 

Estas medidas pasarán por la Comisión de Hacienda el próximo miércoles y deberán ser ratificadas en el pleno de octubre para poder aplicarse.

En este sentido, el portavoz de la formación ultraderechista, Juanma Badenas, ha indicado que su voto no será “favorable” ante la “falta de información y participación de Vox en la elaboración de ese borrador”. Cabe recordar que la formación que dirige Santiago Abascal llevaba una propuesta similar en su programa electoral para las elecciones municipales.

“Si no quieren nuestra participación en la elaboración de las ordenanzas y en la gobernabilidad del Ayuntamiento de València, tampoco van a contar con nuestros votos” ha indicado el concejal, que con esta decisión y la votación contra el organismo de la EMT sigue presionando a la alcaldesa Maria José Catalá a pactar un gobierno y permitir la entrada de Vox en el consistorio.

Los partidos de la oposición, PSPV y Compromís, tampoco respaldarán estas medidas fiscales que han calificado de “estafa” y de beneficiar a los más ricos y a los que “más tienen”. En este sentido, la portavoz socialista, Sandra Gómez, ha criticado la “estafa fiscal que pretende perpetrar la señora Catalá porque se trata de unas ordenanza fiscales que beneficiarán a los que más tienen y a los grandes propietarios. Y siempre que consiga aprobarlos porque, como hemos visto en la EMT, la señora Catalá dirige un gobierno tremendamente frágil”.

“El borrador que ha aprobado en junta de gobierno la señora Catalá supone una estafa para la mayoría de valencianos y valencianas, que se ahorarrán unos pocos euros mientras se les recortan los servicios municipales porque el Ayuntamiento dejará de ingresar 70 millones de euros. Y todo para beneficiar a los que más tienen”, ha indicado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que a través de esta reforma “las grandes superficies y los grandes propietarios se ahorrarán miles de euros mientras que las familias corrientes se ahorren una media de 30 euros al año”.

La concejal de Compromís, Eva Coscollà, ha manifestado que “este viernes el gobierno municipal ha anunciado una bajada de impuestos, siendo los valencianos más ricos quienes más beneficiarán de estas bajadas, mientras que el 60% de la población se ahorrará tan solo 45€ al año, la cifra realmente importante”.

“Con estos 70 millones que dejarán de ingresarse podrían hacerse, por ejemplo, 200 jardines en nuestros barrios o comprar otros 100 autobuses, ampliar las ayudas de formación, actividades para personas mayores, ayudas al emprendimiento y la innovación, y nuevas oportunidades para los jóvenes” ha manifestado.

Igualmente, ha señalado que lo que “necesita” València es “más gasto social, más inversión y no una bajada regresiva de impuestos que perjudica a las personas con menos recursos y, en cambio, beneficia a las personas de mayores niveles de renta. Necesitamos mayor capacidad de gasto, no menos”.

La siega del arroz valenciano concluye con una merma media del 15% y precios en origen estables


VALENCIA.-  La siega del arroz valenciano está concluyendo en el parque natural de la Albufera en una campaña en la que los agricultores han notado una merma del 15 % en la cosecha y unos precios en origen estables a causa de la escasa oferta. Así lo han puesto de manifiesto fuentes de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), que ha hecho balance de la campaña del arroz.

La misma, han indicado, ha sido, "desigual según variedades y zonas, pero en líneas generales se caracteriza por una merma de la producción y unos precios en origen estables a causa de la escasa oferta de arroz en los mercados internacionales".

AVA-ASAJA prevé que la cosecha valenciana de arroz experimente un descenso del 15 % respecto a la media de los últimos años. En el caso de la variedad Bomba (especialmente sensible a los ataques del hongo de la Pyricularia oryzae) el desplome de la producción recolectada alcanza el 50%, hasta tal punto que se espera que haya "desabastecimiento" de este tipo de arroz tradicionalmente demandado para la elaboración de paellas.

La principal causa de esta merma radica en "la falta de soluciones eficaces" para hacer frente a las enfermedades como la misma Pyricularia oryzae, las plagas e incluso las malas hierbas, que al competir con las plantas del cultivo le restan luz y nutrientes.

Además, la combinación de adversidades climáticas, como el elevado número de noches tropicales, el exceso de humedad y las lluvias torrenciales en septiembre, afectaron negativamente al cultivo.

El responsable de la sectorial del arroz de AVA-ASAJA, José Pascual Fortea, ha indicado que las plantas y las espigas del arroz "presentaban un buen aspecto, pero pese a ello, a medida que avanzaba la siega observábamos que en algunos campos el grano no se había acabado de desarrollar y había más proporción de cascarilla de la habitual".

En cuanto a la comercialización, la asociación "ha constatado" una estabilidad de los precios en origen del arroz japónica (mayoritaria en los arrozales valencianos) y una bajada en el arroz índica debido a la entrada de elevadas importaciones a la Unión Europea.

Fortea ha animado a defender un precio digno porque "el arroz valenciano garantiza los máximos estándares de calidad, seguridad alimentaria y respeto al medioambiente, haciendo posible la preservación de espacios de alto valor ecológico".

La asociación ha asegurado que la producción es escasa en España por la sequía en Andalucía y Extremadura, donde se redujo un 30 % la superficie cultivada, y han recordado que la India (el mayor exportador mundial de arroz) ha suspendido parte de sus envíos de arroz, lo que "va a estresar aún más los mercados de materias primas en el marco de la guerra en Ucrania".

Ante las incertidumbres y amenazas que afronta el sector arrocero, AVA-ASAJA ha reivindicado ante la Unión Europea que "agilice la investigación y la autorización de soluciones fitosanitarias o biológicas que resulten verdaderamente eficaces para combatir las enfermedades, plagas y malas hierbas del cultivo".

Al mismo tiempo, ha solicitado reciprocidad a las importaciones de arroz procedentes de países terceros, es decir, "que cumplan las mismas exigencias fitosanitarias y medioambientales que la normativa europea establece a los arroceros europeos".

Colocan una bandera con versículos del Corán y un ejemplar de este libro en las Torres de Serranos de València

 


VALENCIA.- La Policía Local de Valencia ha retirado este viernes una bandera con versículos del Corán y un ejemplar de este libro que habían sido colocados en lo alto de las Torres de Serranos de esta ciudad, según han informado fuentes municipales.

La bandera, han precisado, se ha atado a uno de los elementos de una de las torres próximo a la Senyera que ondea en este monumento de la capital valenciana. Junto a la bandera, de color blanco, se ha encontrado un Corán.

Ambos objetos han sido localizados después del mediodía por el vigilante de las Torres de Serranos, han indicado las mismas fuentes, que han apuntado que se desconoce quién los ha puesto allí y en qué momento lo ha hecho.

El Corán y la bandera -formada por una sábana de hospital con el logo de la Conselleria de Sanidad- han sido entregados a la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación.

El IPC crece un 3,5% interanual en la Comunitat Valenciana en septiembre

 


VALENCIA.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) en la Comunitat Valenciana subió un 3,5 por ciento en septiembre respecto a un año antes, nueve décimas por encima del mes anterior, mientras la tasa intermensual aumentó apenas un 0,1%, según datos hechos públicos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El precio de los alimentos, por su parte, crece un 10,7%, 0,3 puntos más respecto al mes anterior. En el conjunto de España, el IPC aumentó un 0,2% en relación al mes anterior y elevó nueve décimas su tasa interanual, hasta el 3,5%, debido, principalmente, a la subida de los precios de la electricidad y de los carburantes y lubricantes para vehículos personales.

Con el dato de septiembre -el más alto desde abril de este año- los precios encadenan tres meses de subidas en la Comunitat Valenciana. En términos mensuales, la inflación aumentó un 0,1%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3,3%. 

Donde más subieron los precios en septiembre en la Comunitat Valenciana respecto al año anterior fue en alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento del 10,7% (+0,3 puntos respecto al mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 8,1% (+1,1 puntos); restaurantes y hoteles, un 6,8% (-0,5 puntos) y ocio y cultura, un 5% (-2,1 puntos).

En el lado contrario, donde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un -15,6% (+5,7 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron. 

La tasa interanual de la Comunitat se situó una décima por debajo de la media en España, que estuvo liderada por Melilla (5,3%), Ceuta (4,6%) y Canarias (4,3%). En el lado contrario se situaron Aragón (2,9%), Extremadura (3,1%) y La Rioja (3,2%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado. Donde más crecieron ha sido en Extremadura (+1,3%), Castilla-La Mancha (+1,1%) y Galicia (+1%), mientras que en el lado contrario se situaron Navarra (+0,6%) Asturias (+0,6%) y Ceuta (+0,7%).

Una microbióloga explica por qué no es recomendable comer paella recalentada



LONDRES.- Primrose Freestone es profesora de microbiología clínica de la Universidad de Leicester y, al menos sobre el papel, no parece la "alegría de la huerta". Nada de comer en picnics, barbacoas o cualquier tipo de evento que incluya comida al aire libre. Nada de buffets, claro; da igual que sean fríos o calientes. Ni ostras, ni ensaladas de bolsa, ni (por supuesto) nada que esté más allá de la fecha de consumo preferente.

No obstante, lo que más me ha sorprendido es otra cosa. Algo que no hacía escuchado, que he visto hacer cientos de miles de veces y que amenaza con destrozarme las comidas del domingo: en su último artículo en The Conversation, la doctora Freeston no recalienta el arroz cocinado.

El problema, sin embargo, es otro: que el argumento tiene sentido.

Una pequeña obviedad. La microbiología clínica, como disciplina, no tiene nada que ver con los sitios donde uno come o deja de comer. Tiene que ver, en realidad, con saber dónde están los riesgos. El resto es una decisión personal. Por ejemplo, en el caso de Freestone su aversión no se traduce en una negativa tajante y taxativa a desayunar en un buffet de hotel.

Pero sí a desayunar pan tostado con mermelada de fresa más a menudo de lo que le gustaría.

No tiene tanto que ver con "lo que hay que hacer" o "lo que no hay que hacer" (que cada uno verá); como con ser conscientes de problemas que están ahí, aunque no los veamos claramente. El caso del Vibrio en las ostras parece claro. Un ejemplar infectado de estas bacterias no parece infectado, no huele ni sabe diferente. Y, sin embargo, el CDC de EE. UU. estiman que unas 80 000 personas contraen infecciones de este tipo por consumir ostras crudas. Y cien de ellas mueren de vibriosis cada año.

Vale, pero ¿qué pasa con el arroz? Freestone explica que "el arroz crudo puede contener esporas de Bacillus cereus, un germen que envenena los alimentos". También puede contener bacterias, pero estas mueren al cocerlo y, por lo tanto, no suponen un problema. El problema, según Freestone, es que las esporas sobreviven.

Es decir, si el arroz se deja enfriar y reposar a temperatura ambiente, las esporas pueden convertirse en bacterias con mucha facilidad. Por lo visto, el arroz es un "medio de cultivo" sensacional para este tipo de bacterias. Así que un descuido (algo relativamente habitual en las sobremesas paelleras de los domingos), puede acabar con una gran cantidad de Bacillus colonizando el plato.

¿Y de verdad puede causar problemas? La bacteria produce toxinas y consumirlas en una alta dosis puede provocar "vómitos y diarrea que duran hasta 24 horas". No es algo agradable.

Por supuesto, hablamos de un problema que afecta a los preparados de arroz mal conservados (y mal recalentados). Si queremos evitarnos un disgusto, lo mejor es no dejarlo a temperatura ambiente, por un lado; y recalentarlo de forma adecuada (para acabar con las posibles bacterias), por el otro.

El conseller de Sanitat de Mazón declara una participación de 1,9 millones en la empresa que pagó a una trama corrupta



MADRID.- El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha declarado una participación de 1.978.467,54 euros en la empresa Iniciativas Médicas y Farmacéuticas SL, según indica el portal de transparencia de GVA Oberta. Se trata de una de las dos compañías del conseller de Carlos Mazón que abonó pagos injustificados a una trama presuntamente corrupta que saqueó 35 millones de euros en adjudicaciones públicas de la sanidad valenciana, según eldiario.es

Dos consultoras de Marciano Gómez abonaron 37.400 euros a dos empresas instrumentales del 'caso Osvaldos', la presunta trama liderada por Sergio Blasco, sobrino del exconseller popular Rafael Blasco y exgerente del Hospital General de Valencia. Los pagos no estaban justificados, según un auto del juez instructor de la causa. 

Gómez ha declarado una participación de 1,9 millones en la consultora, además de 85.387,50 euros en acciones de Telefónica. El conseller de Sanitat también anota 419.003,98 euros en fondos de inversiones, un seguro de vida de 48.080,97 euros y un plan de pensiones de 63.055 euros, todos en el Banco Sabadell.   

En el apartado de “joyas, pieles de carácter suntuario, objetos de arte, antigüedades, vehículos, embarcaciones y aeronaves”, el conseller declara 28.000 euros, además de 56.499,44 euros en depósitos en cuentas.

El conseller también posee bienes inmobiliarios (tres viviendas y sendos garajes en València) que suman un valor catastral total de 305.304,39 euros. Su renta declarada por rendimiento de trabajo ascendía a 83.402,88 euros, mientras que los rendimientos de capital apenas sumaban 3.859,21 euros.

Pagos por “indicación” del líder de la trama

Marciano Gómez declaró en calidad de testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia, encargado de las pesquisas sobre el 'caso Osvaldos'. El conseller reconoció que “no conocía de nada” a las dos empresas a las que abonó los fondos y que lo hizo por “indicación” de Sergio Blasco. El juez indica que los pagos no tenían “justificación documental alguna”.

Gómez, ocho días antes de su nombramiento como conseller, cesó como administrador único de la consultora Iniciativas Médicas y Farmacéuticas SL, una empresa especializada en el sector sanitario en la que también figuraban sus dos hijos y su esposa.

Valencia aplicará la ley de Zonas de Bajas Emisiones "solo si se superan umbrales de contaminación"


VALENCIA.- El Ayuntamiento de València ha informado este viernes que está ultimando la aplicación de la Ley de Zonas de Bajas Emisiones, "que sólo se aplicará en las zonas que se establezcan si se excede del límite establecido", un hecho que es "una posibilidad remota", ha dicho el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell.

Carbonell ha asegurado que, tras los primeros estudios relativos a los umbrales de contaminación en la ciudad para determinar la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), "ningún barrio de Valencia alcanza los límites estipulados, por lo que no hará falta aplicar medidas restrictivas".

El concejal ha explicado que como la legislación contempla que todos los municipios de más de 50.000 habitantes deben elaborar una ordenanza, se hará la regulación correspondiente para la ciudad, cumpliendo con la normativa estatal y europea pero "en el caso de València no se va a necesitar aplicar medidas restrictivas".

"La ZBE se pondrá en marcha y se instalarán las cámaras, pero no hay necesidad de aplicar medidas restrictivas si se confirman todos los estudios realizados. Solo aplicaremos restricciones cuando se superen los umbrales, pero es una posibilidad remota", ha afirmado Carbonell.

El no derecho al aborto / Juan Carlos M. Torrijos *

 

 Una simplificación en la búsqueda del camino
 

Vivimos en una sociedad afortunada, en un tiempo privilegiado, pero parece que no somos conscientes de ello. 
 
Nuestro entorno, ciñéndonos a nuestro país, es privilegiado, tanto en el espacio como en el tiempo: en el espacio, porque en muchos países las mujeres no tienen garantizados sus derechos, como ocurre en Irán, Afganistán y otros muchos o en los que sus ciudadanos tienen que luchar a diario simplemente por sobrevivir al hambre, la inseguridad, las pandemias seculares... que amenazan su existencia y dónde, por ejemplo, la esperanza media de vida es de 53 años, como ocurre en Lesotho; cuando en España es de unos 83 años; siendo el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida, detrás de Japón. 
 
En el tiempo, porque en la España de hace 100 años a la mujer le quedaban aún 12 para poder votar y en 1960 aún necesitaban permiso de su marido para determinados actos de contenido jurídico y patrimonial (es decir para disponer de sus propios bienes o dinero), situación está que se prolongaría nada menos que hasta 1975.

El camino equivocado

España hoy, y desde 1978 en que se aprobó nuestra vigente Constitución, es un país democrático y seguro jurídicamente hablando, en el que imperan la ley y el derecho y en el que todos los ciudadanos gozamos de unos derechos y libertades garantizados por nuestra norma suprema (o eso debería ser).

De todos esos derechos vamos a fijarnos solo en tres: el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la tutela judicial efectiva. El artículo 15 de nuestra Constitución, al afirmar que “todos tienen derecho a la vida", viene a proteger a cualquier ser humano que se encuentre en España, sea o no ciudadano de nuestro país. Por su parte, el artículo 33.1 reconoce el derecho de todos los ciudadanos a la propiedad privada. 
 
Finalmente, el artículo 24.1 de la misma norma legal dice que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.

Consecuentemente, en España es delito asesinar o simplemente matar a una persona, robar sus bienes y, además, todos tenemos derecho a que la justicia vele por nuestros intereses.

A la vista de esto sería impensable conceder un derecho al robo legítimo del patrimonio privado y a nadie se le ocurriría (espero) legislar que se despenalice el robo o el hurto, aún en supuestos de necesidad económica grave, aunque se trate de casos en los que la cantidad sustraída fuera inferior a un determinado importe. 
 
Por ello, el Código Penal en su artículo 234, castiga la sustracción de bienes ajenos sin que medie violencia. Pero supongamos que el día de mañana esta progresía política que rige sin rumbo fijo nuestros destinos decidiera despenalizar, por ejemplo, lo que hoy es hurto leve (cuando el valor de lo sustraído es igual o inferior a 400 €) en algunos supuestos como el ya citado de necesidad económica grave. 
 
A pesar de ello, a nadie se le ocurriría decir (Dios no lo quiera) que esta despenalización consagra el derecho a sustraer bienes ajenos de escasa entidad y, aún menos, a criminalizar todo intento de oponerse a ser objeto de una sustracción de pequeñas cantidades de dinero o de bienes de escaso valor.

Sin embargo aunque nuestro patrimonio se halla protegido contra apropiaciones indebidas, aún cuando estás sean de escasa cuantía o valor, nuestra vida, valor supremo al del patrimonio para cualquier persona con dos dedos de frente, no está  igualmente protegida; porque a pesar de que en España se garantiza el derecho de todos a la vida, cuando uno de esos “todos” es de escasa cuantía (en este caso un embrión humano de menos de 14 semanas) o de "cuantía intermedia” (si el embrión es menor de 22 semanas y se practica una interrupción voluntaria del embarazo por causas contempladas en la ley), se le puede eliminar impunemente. 
 
Es más, a nivel social ya no se habla de "despenalización del aborto", cómo rezaba el título de la Ley Orgánica 9/1985 de 5 de julio, que despenalizó lo que sigue siendo un delito: el aborto voluntario, en determinados supuestos, sino que se pretende elevar el aborto a la categoría de “derecho”,

Aquí entra en juego el tercer derecho: el de obtener la tutela efectiva de los jueces, que asiste a toda persona. En una interrupción voluntaria del embarazo hay tres tipos de actores: un sujeto activo, que es la mujer que decide abortar; un sujeto proactivo, que es quién facilita, mediante su intervención (y a menudo lucrándose de ella) la práctica del aborto y, el gran olvidado, el sujeto pasivo, que es el abortado o, en román paladino, el muerto (por no llamar asesinado) y a quien nadie parece querer proteger en nuestro país desde los poderes públicos.

Tristemente hemos llegado hoy al punto en el que en España se habla abiertamente de un derecho que no existe: el derecho de la mujer a abortar; pues aunque ella pueda considerarse dueña de su cuerpo, no lo es de la otra vida que lleva dentro de sí, que es un ser vivo diferente de la madre, en lo que hoy podemos encontrar un consenso casi universal y, además, no está en ninguna de los catálogos de derechos en la legislación española o en la internacional relativa a los derechos humanos (aunque no faltan quienes quieren convencernos de lo contrario).

Sin embargo, y aunque sea triste, en España hemos llegado de despenalizar lo que con un eufemismo comparativo podríamos denominar “hurto de vidas humanas de escasa cuantía” y estamos en camino de consagrar el derecho a hacerlo.

Hacia el camino bueno

A pesar de que he tratado reducir la exposición de un grave problema a términos simples, soy consciente complejidad del asunto y de las graves situaciones que siempre conducen a tomar una decisión que ninguna mujer desea. Al fin y al cabo soy padre y abuelo de mujeres y un día pueden verse (también Dios no lo quiera) en esa tesitura.

No obstante en medio de esta complejidad y a semejanza de cuando en una marcha en medio de la Naturaleza nos desorientamos y hacemos un alto para tomar referencias y encontrar la senda adecuada, en este tema es necesario hacer un alto y plantearnos una reflexión que nos permita retomar la el buen camino.

Una vez hecho este alto, he llegado a una conclusión: creo que hay una vía teóricamente muy sencilla y en la práctica asumible, incluso en términos económicos, aunque los que viven del negocio del aborto intenten hacernos creer lo contrario y que, incomprensiblemente, parece que nadie la quiere abordar desde el poder.

Siguiendo el principio de derecho “quien puede lo más, puede lo menos”; es decir, que quien tiene poder para hacer cosas grandes o importantes, puede hacer sobre el mismo tema cosas menores, accesorias, o derivadas de las primeras, vamos a situarnos en el caso posiblemente más desagradable y difícil en esta materia: el del embarazo no deseado motivado por una agresión sexual, por una violación, cuando además la mujer es menor o económicamente dependiente. 
 
A partir de ahí, como supuesto de lo más, es fácil inferir que la misma solución es aplicable a lo menos, como pudiera ser un embarazo no deseado en el seno del matrimonio.

Desde el punto de vista de cómo actuar con el fruto de ese embarazo, se debería abordar ni más ni menos como lo que es, un accidente no deseado. Para clarificar esto pongo un ejemplo: si una persona viaja en cualquier medio de transporte como pasajero y el vehículo sufre un accidente que le produce una lesión irreversible, nuestra sociedad tiene asumido que hay que proteger a la víctima inocente y facilitarle al máximo que pueda llevar una vida plena. 
 
Con el embarazo no deseado, en el supuesto analizado hay que actuar igual: hay que proteger a ambos sujetos: madre e hijo no nacido. A la madre, facilitando que tenga todo tipo de ayudas desde el minuto cero del embarazo (sanitarias, económicas, sociales, psicológicas…) para llevar a buen término el mismo, aún no habiéndolo deseado, como víctima del “accidente" del embarazo. Al futuro bebé, al embrión, que también es sujeto de derechos, hay que protegerlo para garantizar su “derecho” a nacer. Y si la madre decide, por el motivo que sea, no quedárselo, deben ser los poderes públicos los que atiendan tanto a su cuidado con a su educación.

No sólo es una cuestión de pura humanidad (¿a alguno de nosotros nos gustaría estar en el lugar del feto que va a ser abortado?) sino también de supervivencia social. Los datos disponibles hablan de que en España se produjeron en 2022, 98.316 interrupciones voluntarias del embarazo, lo que supuso un incremento del 9,01% respecto al año anterior, lo que supuso casi el 30 % (29,8%) sobre el número de nacimientos registrados en España en ese año (329.892); es decir, la reducción de abortos podría suponer un incremento notable de la tasa de natalidad española (y aún así no llegaríamos a cubrir la tasa de fallecimientos anuales, que en 2020 alcanzó las 463.133 personas).

Como ciudadano aspiro a que el derecho a la vida sea una realidad absoluta en España y que el más débil, el no nacido, sea el más protegido, pero sin olvidar nunca a la madre, aun manteniendo claramente que el derecho a la vida impide dar carta de naturaleza al aborto como derecho y, consecuentemente, esto debería impedir dedicar fondos públicos a financiar, cómo lo hacemos, una actividad inmoral para una sociedad que se declara mayoritariamente católica (según el Centro Español de Investigaciones Sociológicas, el 56,8 % de los ciudadanos españoles se auto identifican como católicos, de los que el 37,9 % se definen como no practicantes, mientras que el 18,9 % como practicantes.



(*) Abogado actualmente

jueves, 12 de octubre de 2023

Aguirre pide en Bruselas que se vote contra la importación de arroz tratado con triciclazol


BRUSELAS.- El conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Luis Aguirre, ha pedido en Bruselas que los eurodiputados voten "contra la importación a la Unión Europea de arroz tratado con el fungicida triciclazol".

Aguirre se ha desplazado a la capital de la Unión Europea, donde se ha reunido con representantes de las principales organizaciones agrarias y representantes de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, a quienes ha planteado la necesidad de votar el próximo 19 de octubre negativamente a la comercialización en la Unión Europea de arroz procedente de países donde el triciclazol no está prohibido, a diferencia de lo que sucede en la Unión Europea, según ha explicado la administración autonómica en un comunicado.

Además, ha trasladado las preocupaciones del sector agrario valenciano en relación a las últimas interceptaciones de plagas y enfermedades registradas en suelo europeo y que afectan sobre todo a los cítricos.

El Parlamento Europeo someterá a votación esta iniciativa que ya rechazó en la Comisión de Agricultura del Europarlamento el pasado 19 de julio, por lo que José Luis Aguirre pide de nuevo el voto negativo "por coherencia interna y por coherencia con el sector agrario europeo".

A este respecto, ha calificado la propuesta de "injusta e intolerable para la rentabilidad del sector y un fraude para los consumidores europeos y su salud".

Además, según Aguirre, "esta medida no está alineada ni con los compromisos que contrajo la UE sobre las importaciones conforme a la nueva Política Agrícola Común, ni con la estrategia 'De la Granja a la Mesa', en la que se afirma que no se revisarán tolerancias para sustancias prohibidas en la UE. Supondría claramente una competencia desleal y un paso atrás en la reciprocidad de las relaciones comerciales".

El triciclazol es un fungicida prohibido a los agricultores en la Unión Europea, esencial para el control de la principal enfermedad del cultivo del arroz, la Pyricularia oryzae. Desde su prohibición, los arroceros valencianos sufren importantes mermas de producción, sobre todo en la variedad Bomba, más sensible a este hongo.

El Grupo de Trabajo de Medio Ambiente del Consejo de Europa votó a favor de apoyar la propuesta de la Comisión para aumentar en los arroces importados el nivel máximo de residuos (LMR) de 0,01 a 0,09 mg/kg del Triciclazol, a pesar de que se trata de una materia fitosanitaria cuyo uso tienen prohibido los arroceros europeos.

Por ello, el conseller considera contradictorio que se prohíba a los agricultores europeos y se permita la importación de terceros países a la Unión Europea, y por tanto, se mantenga el límite máximo de residuos (LMR) de triciclazol en arroz en el límite de detección mientras la sustancia activa triciclazol no esté aprobada para su uso en ninguna parte del territorio de la UE.

Además, ha añadido que "desde el punto de vista de salud pública es inaceptable que se tolere la importación de arroz procedente de terceros países, con residuos de plaguicidas cuyo uso está prohibido en la Unión Europea" y que, en consecuencia, "deberíamos defender que se aplique a las importaciones de productos agroalimentarios, los mismos estándares que se exigen a nuestros productores".

El conseller señala que es perjudicial para la producción agraria de arroz y para la soberanía alimentaria, a la que contribuye el arroz en España y en otros Estados miembros productores de arroz en la UE, que prosperara esa propuesta de Reglamento.

El sector de la edificación advierte de la falta de mano de obra en la Comunitat Valenciana


VALENCIA.- Profesionales del sector de la construcción han advertido que la "coyuntura favorable para la edificación" en la Comunitat Valenciana se ve afectada "por la falta de mano de obra y la reducción de los márgenes de beneficio para los proveedores".

Es la principal conclusión de las aportaciones de los patrocinadores de los I Premios de la Arquitectura Técnica Valenciana, que han ofrecido en un desayuno de debate, organizado por el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Valencia (COAT Valencia), su visión sobre el panorama edificatorio, según ha informado la institución en un comunicado.

La mesa ha ofrecido una representación del sector desde sus diferentes parcelas de actividad: Federico Esteve, vocal de Musaat; Miguel Ángel Arranz, director general de Obras y Reformas Levante; Sergio Bautista, director de desarrollo de negocio de billdin; Martina González, directora de Sabadell Professional; Pascual Martínez Cabañero y Mireia Martínez, director general y arquitecta en Cabañero Ventanas respectivamente; César Fos, director técnico de Marina Nou Fontana; Carmen Machirán, consejera delegada en Laboratorios CyTEM; y Carlos del Pozo, socio-director de Absotec Absorción Acústica; moderados por Borja Nebot, director gerente de COAT Valencia.

Todos los presentes se han mostrado de acuerdo en la escasez de mano de obra, y en especial la cualificada, que dificulta el afrontamiento de una coyuntura favorable para la edificación, potenciada, principalmente en rehabilitación, por la convocatoria de ayudas procedentes de los fondos europeos Next Generation.

Los proveedores de edificación han acusado además la reducción de los márgenes de beneficio, propiciada por el incremento de precio de las materias primas y la entrada de productos de menos calidad que aminoran los precios.

No obstante, han afirmado que la edificación afronta un periodo favorable, con oferta de obra y demanda del cliente final, en el que profesiones como la arquitectura técnica han alcanzado el pleno empleo.

Los órganos judiciales de la Comunitat recibieron un 11 % más de asuntos de abril a junio


VALENCIA.- El número de asuntos recibidos en los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana durante el segundo trimestre de este año fue de 200.392, lo que supone un aumento del 11,1 % respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que se resolvieron 186.815 asuntos, un 2,1 % más.

Asimismo, la tasa de litigiosidad autonómica se situó en los 38,4 casos por cada 1.000 habitantes, ligeramente superior a la media nacional (37,8), según el informe estadístico sobre la "Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2023" que el Consejo General del Poder Judicial ha publicado este miércoles.

Los mayores incrementos en la carga de trabajo se dieron en la jurisdicción Civil, con 2.225 nuevos asuntos (un 18,7 % más que un año antes) y la Social, con 11.849 asuntos (un 23,4 % más). Los 91.995 nuevos asuntos del orden Penal significaron un crecimiento interanual del 3,5 %, y los 4.323 del Contencioso-Administrativo un aumento del 2,3 %.

En el trimestre analizado se han juntado dos elementos distorsionadores: la admisión masiva en algunas comunidades de procedimientos pendientes por la huelga de letrados del primer trimestre de 2023, y la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia del segundo trimestre del año.

En España tuvieron entrada durante el segundo trimestre de este año 1.816.522 asuntos en el conjunto de los órganos judiciales, un incremento del 7,7 % respecto al mismo trimestre de 2022, mientras que se resolvieron 1.629.971, un 4,7 % menos, y quedaron pendientes 3.664.388 asuntos, un incremento del 17 %.

A diferencia de esa tendencia a la baja, en la Comunitat Valenciana los órganos judiciales resolvieron entre abril y junio 186.815 asuntos, un 2,1% más que un año antes, aunque quedaron en trámite al final del periodo 358.889 asuntos, un 19,6 % más.

En la jurisdicción Civil, el número de asuntos resueltos durante el trimestre fue 81.325, un 4 % más que un año antes, y quedaron en trámite al final del periodo 201.301, un 19,8 % más. En la Penal, se resolvieron 90.238 asuntos, con un incremento interanual del 0,9 %, y quedaron pendientes de resolución 107.291, un aumento del 18,9 %.

En la jurisdicción Contencioso-Administrativo se resolvieron 4.698 asuntos, un 10,4 % menos que en el segundo trimestre de 2022, y quedaron en trámite 13.284, un 8,7 % más, mientras que en el orden Social se resolvieron 10.554, un 4 % más que el año anterior, y quedaron en trámite 37.013, un 19,6 % más.

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España ha sido de 37,8 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las comunidades con una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (47,9), Cataluña (42,6), Baleares (39,8), Andalucía (39,2), Madrid (38,6) y Comunitat Valenciana (38,4). Las comunidades con tasa de litigiosidad más baja fueron País Vasco (26), La Rioja (27,3) y Navarra (27,8).

Entre abril y junio de este año los órganos judiciales de la Comunidad Valenciana dictaron 44.385 sentencias, con una disminución interanual del 10 %, así como 97.742 autos, un 9,7% más que un año antes, y 46.010 decretos.

Por provincias, en la de Alicante los órganos judiciales registraron entre abril y junio de este año 70.065 nuevos asuntos (34.589 en Civil, 30.353 en Penal, 1.236 en lo Contencioso-Administrativo y 3.887 en lo Social), lo que implica un incremento interanual del 15,1 %. Resolvieron 64.648 asuntos, un 3,9 % más que un año antes, y quedaron en trámite 137.781 procedimientos y causas, un 23,1 % más.

En la provincia de Castellón, la cifra total de asuntos ingresados en el segundo trimestre del año llegó a 20.613 (10.157 en Civil, 9.108 en Penal, 360 en Contencioso-Administrativo y 988 en Social), con un aumento del 10,6 %. Se resolvieron 19.151 asuntos, un 1 % más que el año anterior, quedaron en trámite 44.994, un 17,6 % más.

En la provincia de Valencia tuvieron entrada 100.779 nuevos asuntos (47.473 de la jurisdicción Civil, 46.142 de la Penal, 1.221 de la Contenciosa y 5.943 de la Social), con un crecimiento del 8,8 %. Los asuntos entre abril y junio de 2023 fueron 93.427, un 0,2 % más, y quedaron en trámite 163.532, un 20,1 % más.

La UE detecta en septiembre cinco cargamentos más de cítricos sudafricanos con mancha negra


VALENCIA.- La Unión Europea (UE) detectó el pasado mes de septiembre cinco cargamentos de cítricos procedentes de Sudáfrica contaminados con la plaga de cuarentena Phyllosticta citricarpa, el hongo causante de la mancha negra de los cítricos: una intercepción en limones, una en mandarinas y tres en naranjas, según ha denunciado AVA-Asaja en un comunicado.

Con estas interceptaciones, sumadas a las 33 de mancha negra en lo que va de campaña de exportación a Europa, los cítricos sudafricanos «ya acumulan un total de 38 detecciones infestadas de esta enfermedad que, en caso de introducirse y propagarse en la citricultura comunitaria, provocaría graves pérdidas al sector».

La Asociación Valenciana de Agricultores ha denunciado que este número de interceptaciones de mancha negra en los cítricos sudafricanos es «una barbaridad y coloca a la Comisión Europea en una posición insostenible y vergonzosa».

Por ello, ha solicitado a los europarlamentarios que impulsen «una reprobación a los comisarios, direcciones generales y responsables políticos con competencias en esta materia si no cierran indefinidamente las fronteras a todos los cítricos de Sudáfrica hasta que los inspectores comunitarios comprueben que este país tercero es capaz de garantizar su sanidad vegetal».

«Mientras continúen mirando hacia otro lado, serán cómplices de un riesgo fitosanitario intolerable que amenaza la citricultura europea por unos particulares intereses comerciales», ha advertido la organización agraria.

El informe mensual de la UE también informa de una interceptación de la falsa polilla (Thaumatotibia leucotreta) en un envío de mandarinas originarias de Sudáfrica. 

Al respecto, AVA-Asaja ha alertado de que «este caso »vuelve a poner de manifiesto la necesidad de extender el tratamiento en frío a todas las especies de cítricos que tienen el riesgo de propagar esta plaga de cuarentena".

«No tiene ningún sentido científico que únicamente se aplique este mecanismo a las naranjas, cuando las mandarinas y los pomelos también entrañan el mismo riesgo fitosanitario», ha recalcado.

 La organización presidida por Cristóbal Aguado también recuerda que Sudáfrica «no está haciendo bien el tratamiento en frío en sus envíos de naranjas, ya que, tal como denunció la interprofesional Intercitrus, no está aplicando la temperatura de tratamiento sobre la parte central de la fruta tal como establece la normativa, sino sobre la temperatura ambiente del contenedor».

Por ello, «no está garantizando la eliminación de las posibles larvas de la plaga en el interior de los frutos». 

En este sentido, considera que la Comisión «está beneficiando a Sudáfrica permitiendo que este país tercero incumpla su propia normativa».

 «Sus representantes no son dignos de ostentar el cargo que ocupan», ha insistido.

Por último, AVA-Asaja ha destacado que Sudáfrica «encabeza de nuevo el ranking mundial en número de incidencias comerciales, alcanzando en septiembre la cifra total de 99 notificaciones, especialmente en cítricos». 

La organización asegura que «todas estas notificaciones demuestran que Sudáfrica no es un país tercero de fiar y que los responsables europeos que lo consienten tampoco lo son».

La Generalitat va a iniciar el proceso para elaborar una nueva ley de Costas autonómica

 


VALENCIA.- El portavoz de Medio Ambiente del grupo parlamentario del PP en Les Corts Valencianes, Jesús Lecha, ha pedido al Gobierno central que «acelere al máximo las obras pendientes de protección de la costa de la Comunitat Valenciana que tiene paralizadas» y cuentan «con un ritmo exageradamente lento».

El PP ha anunciado la presentación en la Cámara autonómica de una propuesta en la que solicita que se ejecuten las obras programadas en 2015-16 por la administración central.

«De las 61 obras proyectadas, solo se han ejecutado tres por parte del Gobierno de España. Mientras tanto el litoral de la Comunitat se encuentra cada vez más deteriorado y, con el paso de cada temporal, las afecciones son más graves», ha afirmado Lecha en un comunicado.

Asimismo, el parlamentario 'popular' ha manifestado que «la costa valenciana necesita sin demoras que se acometan estas actuaciones» y ha insistido en que la administración central «debe agilizar toda la tramitación para hacerlas realidad de una vez y desatascar todas estas actuaciones programadas desde hace años, para que puedan ejecutarse con prontitud».

Jesús Lecha ha comentado que «entre 2015 y 2016 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente presentó y aprobó las Estrategias para la protección de la costa y contra la erosión del litoral, señalando dos zonas de mayor afección: una en el tramo comprendido entre Castellón y Sagunto (Valencia), y la otra para el tramo comprendido entre Valencia y Dénia (Alicante)».

«Desde el PP pedimos, además de ejecutar las actuaciones programadas en su día por el Ministerio, que se permita mayor participación de entidades, asociaciones vecinales y ayuntamientos costeros, rediseñando los proyectos a partir del proceso participativo», ha añadido el portavoz 'popular' de Medio Ambiente.

Lecha ha manifestado la «necesidad» de «mejorar la conciliación entre la protección del dominio público marítimo terrestre con los derechos consolidados de los ocupantes y el reconocimiento del valor etnológico, cultural e histórico de los núcleos de población costeros tradicionales para otorgarles protección».

«La solución está. El problema es la falta de voluntad política para llevarla a cabo durante los últimos años, con el ninguneo del gobierno socialista de --Pedro-- Sánchez», ha expuesto el diputado.

Nueva ley de costas autonómica

Jesús Lecha ha exigido que el Gobierno «haga de una vez todo lo necesario para solucionar el problema de regresión de la costa y de una normativa costera que no se ajusta a las necesidades de la Comunitat Valenciana» y ha asegurado que «la Generalitat va a iniciar el proceso para elaborar una nueva ley de Costas autonómica».

La Guardia Civil contará con una nueva casa-cuartel en Almassora


VALENCIA.-  La Guardia Civil ha contabilizado desde enero a septiembre de 2023 un total de 13.864 delitos relacionados con la ciberdelincuencia en la Comunitat Valenciana frente a los 10.470 que se detectados en 2022, según datos facilitados por la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana coincidiendo con el Día del Pilar, patrona de la Benemérita.

La delegada del Gobierno en esta autonomía, Pilar Bernabé, ha destacado, en los actos conmemorativos de este jornada, las acciones de la Guardia Civil en la lucha contra las nuevas tipologías delictivas. Asimismo, ha subrayado el papel de este cuerpo de seguridad también ante situaciones «difíciles» como los incendios forestales.

Pilar Bernabé ha presidido este jueves junto al general jefe de la VI Zona, Arturo Prieto, los actos conmemorativos del día de la patrona de la Guardia Civil celebrados en la explanada Prado del Rey del Real Monasterio de la localidad valenciana de El Puig de Santa María.

La delegada del Gobierno ha apuntado, al remarcar las acciones desarrolladas por el Instituto Armado en la lucha contra las nuevas tipologías delictivas, que «la tecnología y sus desafíos están a la orden del día» y que «los delitos en la red retan continuamente a la Guardia Civil», ha informado la Delegación en un comunicado.

Bernabé ha valorado igualmente la labor de la Benemérita en la erradicación de la violencia de género y ha manifestado que solo en el primer trimestre del año las denuncias de violencia de género han aumentado un 17 por ciento. Hasta septiembre de 2023 desde la Guardia Civil se han registrado 6.784 denuncias en la Comunitat Valenciana.

La representante del Ejecutivo central ha indicado que «la Guardia Civil está inmersa en una lucha diaria contra esta lacra social». A su vez, ha aludido a la lucha de sus agentes contra los delitos de odio, «que combaten para mantener los parámetros democráticos que avalan la convivencia democrática de la ciudadanía».

De enero a septiembre de este año, la Benemérita lleva registrados 111 delitos de odio en la Comunitat Valenciana, mientras que el año pasado se contabilizaron un total de 147 delitos de odio de enero a diciembre.

Bernabé ha aseverado, por otro lado, que la Guardia Civil «siempre ha estado al lado de la ciudadanía» en situaciones «tan difíciles» como han sido los incendios que han asolado a la Comunitat en 2022 y 2023.

Este territorio dispone de 7.417 agentes en activo, de los que 794 son mujeres. La presencia de la mujer en la Guardia Civil ha experimentado, según ha afirmado la delegada, un incremento del 18,7 por ciento en la zona. 

Bernabé ha felicitado al Instituto Armado por «la progresiva incorporación de la mujer, muestra de que los techos de cristal se rompen» y ha animado «a seguir trabajando por la igualdad real y efectiva».

Infraestructuras

Desde la Delegación del Gobierno han señalado también en cuanto a infraestructuras, que el Ministerio del Interior tiene previstas en la Comunitat Valenciana inversiones por más 18,7 millones de euros destinadas a la mejora y renovación de las instalaciones de acuartelamientos en las tres provincias, así como a los proyectos de los nuevos acuartelamientos de Almassora (Castellón) y San Juan de Alicante.

La Guardia Civil está presente y garantiza la seguridad en 515 municipios de esta autonomía y protege así a las personas del 90 por ciento del territorio valenciano y a casi a la mitad de su población total.

Pilar Bernabé ha expuesto que la Benemérita es uno de los cuerpos de seguridad «más querido y mejor valorado por la ciudadanía» por «la efectividad, la profesionalidad y la ejemplaridad ». España, ha dicho, necesita a la Guardia Civil «para seguir siendo una sociedad diversa, plural e igualitaria, y uno de los países más seguros del mundo».

El mundo rural español se moviliza de nuevo para proteger la agricultura y su economía

 


MADRID.- El mundo rural español se pone de nuevo en marcha de forma coordinada y con una agenda de largo recorrido y gran profundidad política y social. SOS Rural, que surgió en abril de este año gracias al apoyo de cientos de organizaciones a este movimiento ciudadano independiente, anunció en Madrid esta semana la puesta en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), con una campaña masiva de recogida de firmas, cuyo objetivo central es “proteger la agricultura y la economía rural en España, en especial el regadío”, ya que es un “sector estratégico que aporta un gran valor económico, social, territorial y medioambiental, y que se encuentra sometido a fuertes presiones y amenazas que requieren de una respuesta regulatoria integral”.

Una ILP, también conocida como iniciativa ciudadana, es un mecanismo de democracia directa amparado en la Constitución, por la que los ciudadanos pueden presentar proposiciones de ley al Congreso de los Diputados si reúnen al menos 500.000 firmas en un plazo de nueve meses tras la presentación de la iniciativa a la Cámara Baja.

SOS Rural informó también de que esta ILP irá acompañada de una acción a nivel europeo con sus aliados de países como Alemania, Holanda, Francia, Polonia o Rumanía. Se trata de una Iniciativa Ciudadana Europea, cuyo objetivo es garantizar la soberanía y seguridad alimentarias, defendiendo la agricultura nacional y europea contra la competencia desleal de terceros países.

Para ello, se quiere “promover el uso de la política comercial de la UE para establecer aranceles y defender el producto agrícola español y europeo contra la competencia desleal de terceros países que no son parte de la Unión Europea, así como para dar preferencia a las cadenas de suministro locales”, como explicó José Andrés García Cuesta, director-gerente de ADESPOFA.

La portavoz de SOS Rural, Natalia Corbalán, explicó durante una jornada, organizada junto con la Asociación de Periodistas Agroalimentarios (APAE), que “el maltrato al campo tiene una incidencia decisiva en los precios de los alimentos y en el bolsillo de los españoles”. 

Y tiene además otra incidencia económica de calado: desmantelada la industria, “si desmantelamos la producción de alimentos, España será un país de sólo servicios, empleo precario y rehén de otros para algo tan elemental como comer a buen precio”.

Corbalán incidió en esta línea: “La soberanía alimentaria es un factor estratégico para un país. Para naciones como Canadá, Estados Unidos, China o Rusia el sector primario es una cuestión de Estado”.

El también portavoz de SOS Rural Salvador Marqués explicó las líneas maestras que se incluirán en la ILP. Así, detalló que, además de impulsar una campaña masiva de recogida de firmas, el texto pedirá “la protección de la agricultura y la economía rural con un marco regulador integral que persiga el objetivo de la seguridad alimentaria y que gire en torno a varios ejes: uso prioritario de tierras agrícolas para la producción de alimentos y protección de las tierras de regadío, que desempeñan un papel crucial en la producción de alimentos”.

Además, incluirá la petición de proteger “el sector primario en conjunto con un marco regulador integral para dotar al sector productivo y al resto de la industria agro alimentaria de herramientas para impulsar su actividad económica, basada en la producción de alimentos seguros, saludables, suficientes y asequibles”. 

También, la “protección del acceso a insumos ganaderos esenciales para la supervivencia de los animales de granja a un precio razonable, incluyendo piensos y fertilizantes”, así como la “protección de la actividad pesquera para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del sector”.

Defendió Marqués que la ILP incluirá la petición de “acceso de las comunidades rurales a servicios como infraestructuras y transporte, financiación especializada, digitalización, emprendimiento y educación, áreas que forman los pilares para la sostenibilidad de la vida fuera de la ciudad”. 

También, la ancestral reivindicación del mundo rural de una “actualización de la política hídrica en España que favorezca el desarrollo socioeconómico y agro alimentario, que respete el riego y garantice los caudales. Y también la vigilancia sobre la contaminación de las aguas sobre la base de criterios técnicos e independientes, no ideológicos”.

Rusos y ucranianos se mudan a España

 


MADRID.- La compra de vivienda en España por parte de ciudadanos rusos se disparó más de un 50% en la primera mitad del año, mientras que las transacciones realizadas por los ucranianos registraron un incremento superior al 40% en un contexto marcado por una guerra que dura ya más de un año y medio, se recoge en La Razón.

Entre enero y junio de este año los rusos cerraron 2.137 compraventas de vivienda en nuestro país, la cifra más alta desde hace 9 años, cuando batieron su récord con 2.573 transacciones, según los datos que maneja el Consejo General del Notariado.

De hecho, es la primera vez desde 2014 que los rusos superan las 2.000 operaciones. Una cifra que contrasta, por ejemplo, con las 571 viviendas que adquirieron en la primera mitad de 2007.

Coincidiendo con la invasión rusa de Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, y las sanciones internacionales impuestas al país que dirige Vladímir Putin, la compra de vivienda en España por parte de rusos encadena cinco semestres de subidas interanuales.

Los rusos protagonizan su mayor subida y pagan por sus viviendas más que el extranjero medio.

En el primer semestre del año, la compra de vivienda por parte de los rusos creció un 50,2% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone el mayor avance registrado en su historia y el mayor incremento que se observa entre todas las nacionalidades extranjeras que adquirieron una vivienda en nuestro país.

Además, los rusos pagaron por sus propiedades en España más que la media del conjunto de extranjeros. En concreto, los rusos desembolsaron de media 2.293 euros/m2, el mayor importe en 13 años y el 15,2 % más que el año anterior. Este precio supera así los 2.094 euros/m2 que pagaron de media el conjunto de extranjeros.

La mayor parte de las compras las hicieron los residentes rusos en España, un total de 1.447 operaciones, el 45,3 % más, y la mayor cifra de la serie histórica. Además, pagaron de media 2.139 euros/m2, el 27 % más.