"El Estado no es una máquina, es un organismo vivo
que debe adaptarse a las necesidades de sus ciudadanos."
Otto von Bismarck
Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre el subtexto de la
catástrofe ocurrida en Valencia, la cual ha desencadenado una profunda
reflexión sobre la naturaleza del contrato social y la responsabilidad
del Estado hacia sus ciudadanos.
Más allá de la devastación material y
el dolor humano, este evento ha puesto de manifiesto una sensación
palpable de abandono, que resuena con algunas preocupaciones expresadas
por filósofos políticos desde tiempos inmemoriales.
Recordemos a Thomas Hobbes, quien en su obra “El Leviatán” (1651) ya
nos advertía sobre la necesidad de contar con un poder soberano capaz de
garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en un estado
de naturaleza caracterizado por el conflicto.
Pues bien, la catástrofe
de Valencia nos interpela a preguntarnos si el Estado ha cumplido
satisfactoriamente con su papel de protector y proveedor, tal como se
concebía en aquel contrato social originario en el cual los ciudadanos
otorgan al monstruo total potestad para actuar- e impuestos, muchos
impuestos- a cambio de cierta protección.
Por su parte, John Rawls (1971), en su obra titulada “Teoría de la
Justicia”, propugnaba la idea de que una sociedad más justa es aquella
que se organiza de tal manera que las desigualdades tiendan a beneficiar
a los más desfavorecidos. En este contexto, ¿cómo podemos evaluar la
justicia de una sociedad a la luz de un evento que ha exacerbado las
desigualdades preexistentes y ha dejado a los más vulnerables en una
situación de extremo abandono y vulnerabilidad?
Es evidente que la sensación de abandono experimentada por los
afectados por la catástrofe nos remite a pensar la noción de ciudadanía y
los derechos y garantías que esta conlleva. Al respecto, Hannah Arendt,
en “La condición humana” (1958), destacó la importancia de la acción
política como medio para construir un modelo común y garantizar el
cuidado de la dignidad humana. Ahora bien, la pregunta que nos tenemos
que hacer aquí y ahora es: ¿qué implica ser ciudadanos en un contexto en
el que los derechos fundamentales parecen estar en juego?
La catástrofe de Valencia ha dejado a relucir la fragilidad de las
infraestructuras del poder y la necesidad de replantear las políticas
vigentes de urbanización. Muchos han señalado que la construcción
indiscriminada en zonas de riesgo, sumada a la falta de inversión en
sistemas de drenaje y protección costera, ha agravado los efectos de la
DANA.
Incluso han circulado estudios recientes que revelan que parte del
territorio afectado se encontraba en zonas catalogadas como de alto
riesgo hídrico, sumado a la ocupación del suelo agrícola y la
impermeabilización del suelo urbano como contribución colateral para
aumentar el caudal de los ríos y reducir así su capacidad de
infiltración.
Sin embargo, lo que más ha causado molestias, tanto en España como en
el resto del mundo, es la revelación mediante redes sociales de cientos
de rescatistas de una falta de respuesta coordinada y oportuna por
parte de las autoridades nacionales, lo cual agravó severamente la
situación.
A través de numerosos testimonios, se ha denunciado una
demora y retención vulgar en la llegada de los equipos de rescate, como
también la escasez de recursos básicos en las zonas más complicadas.
Esta situación puntual nos lleva a reflexionar y a cuestionar la
efectividad del Estado de bienestar y a pensar sobre el concepto del
“corrimiento del Estado”, es decir, la tendencia de las instituciones a
desvincularse de sus obligaciones constitucionales y sociales para así
priorizar intereses partidistas por encima del bien común: la rivalidad
política y la falta de coordinación entre todos los estratos del
gobierno impidieron una acción efectiva y oportuna.
Como bien sabemos, el modelo de Estado de bienestar, concebido como
un sistema de protección social que garantiza a todos los ciudadanos
unos niveles mínimos de dignidad común, viene sufriendo una
transformación y una correspondiente devaluación en las últimas décadas.
La crisis económica de 2008 aceleró un proceso de desmantelamiento
gradual de los servicios públicos, caracterizado por permanentes
recortes presupuestarios, privatizaciones y precarizaciones en el seno
del empleo público, sobre todo en salud y educación.
Esta situación no
ha hecho otra cosa que debilitar la capacidad de respuesta del Estado
ante situaciones de emergencia y ha dejado a amplios sectores de la
población en un estado de desprotección nunca antes visto desde el
regreso de la democracia.
En el caso puntual de Valencia, la crisis del precitado Estado de
bienestar se ha manifestado de manera especialmente aguda. La falta de
inversión en prevención de riesgos, la reducción de personal en los
servicios de emergencia y la precarización constante de las condiciones
laborales de los trabajadores públicos han contribuido a agravar los
efectos de la catástrofe. Además, la desigualdad social existente,
silenciosamente creciente a ritmo sostenido durante la última década, ha
hecho que los sectores más vulnerables de la población sean los más
afectados por la crisis.
Lo acontecido recientemente en Valencia nos interpela a reflexionar
sobre el futuro del Estado de bienestar, puesto que es necesario
replantear el modelo actual, superando la lógica mezquina y mentirosa de
una austeridad selectiva para proceder a apostar por una mayor
inversión en servicios públicos de calidad. Asimismo, es fundamental
pensar en el fortalecimiento de la gobernanza inter y multi nivel,
promoviendo redes de colaboración entre las diferentes administraciones y
la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones en
momentos drásticos.
Los eventos precitados han manifestado la urgencia de superar las
estrechas divisiones partidistas que caracterizan la tan vapuleada
política española. Al respecto, John Stuart Mill sostuvo que es esencial
que haya un amplio acuerdo sobre los principios fundamentales de la
política, a fin de que la sociedad pueda funcionar de manera más eficaz y
profunda. Aún así, la polarización política ha puesto palos en la rueda
para alcanzar dicho consenso, obstaculizando la implementación de
políticas públicas efectivas y generando una creciente desconfianza en
las instituciones.
Cuando suceden este tipo de tragedias, como ya vimos
en el contexto del COVID-19, las disputas partidistas pueden poner en
riesgo el bienestar de la ciudadanía y socavar la cohesión social.
Justamente por ello, es necesario y urgente que se pueda trascender la
ambición individualista de las ideologías partidistas y construir un
proyecto nacional común, basado en los valores de la solidaridad, la
justicia y la protección de la dignidad de todos los ciudadanos.
Si bien la reacción tardía por parte del gobierno nacional ante la
crisis de Valencia ha sido repudiada en redes sociales, la respuesta
inmediata se ha traducido en paquetes especiales de ayudas económicas
que, por supuesto, siempre serán una buena noticia, sobre todo si se
utilizan esos fondos con honestidad, seriedad y criterio.
Ahora bien, la
tendencia a solucionar los problemas regionales mediante la
transferencia de fondos desde el centro, aunque es necesario en
situaciones de emergencia, puede generar una peligrosa relación de
dependencia mientras que socava la capacidad de las comunidades
autónomas para gestionar sus asuntos sin el peso del “compromiso” que
los paquetes conllevan tras de sí.
Como advirtió oportunamente Alexis de
Tocqueville en “La democracia en América”, la centralización excesiva
del poder puede llevar a la pasividad de los ciudadanos y a la atrófica
de las instituciones locales.
Al respecto, es fundamental que se logre
encontrar un equilibrio entre la solidaridad nacional y la autonomía
regional, promoviendo la subsidiariedad y fortaleciendo las capacidades
propias de cada comunidad para hacer frente a los desafíos que
enfrentan.
No obstante lo anterior, es crucial aclarar que la defensa de la
autonomía regional no implica en absoluto desentenderse de las
responsabilidades y obligaciones del Estado central.
La construcción del
precitado equilibrio requiere de un compromiso a largo plazo por parte
de ambas instancias: el Estado nacional debe garantizar la cohesión
territorial, proporcionando los recursos y las herramientas necesarias
para que las comunidades autónomas puedan desarrollar sus
potencialidades, mientras que las comunidades deben asumir sus
responsabilidades en la gestión de sus servicios públicos y la promoción
del desarrollo local, respetando los principios básicos de solidaridad y
equidad.
En vistas de ello, se torna necesario establecer un marco de
colaboración que defina claramente las competencias de cada nivel de
gobierno y que permita una coordinación efectiva en la gestión de las
políticas públicas.
El evento catastrófico en Valencia dejó al descubierto una serie de
gallos en la gestión de la emergencia que, según indican algunos
especialistas, pudieron haberse evitado.
La tardanza en la activación de
los protocolos de alerta, la insuficiencia de los medios de rescate y
la descoordinación entre las diferentes administraciones provocaron una
situación de caos y desamparo que, no quedan dudas, agravó las
consecuencias del desastre.
La imagen de personas atrapadas en sus
vehículos y en sus viviendas durante horas y días, sin recibir ayuda
inmediata, es una muestra de la fragilidad de un sistema que reveló no
estar preparado para afrontar un acontecimiento de esta magnitud.
Estos
hechos trágicos pusieron de manifiesto la urgencia de reformar en
profundidad el sistema de protección civil y de garantizar una respuesta
más rápida y eficaz ante cualquier tipo de infortunio, ya sea natural o
no.
Aún así, y a pesar de la ineficiencia de algunos burócratas a cargo
de instituciones públicas, la catástrofe de Valencia también nos mostró
la cara de la fuerza transformadora de la solidaridad ciudadana. Miles
de voluntarios, provenientes de todo el país, se movilizaron
espontáneamente para brindar ayuda a los afectados. Bomberos, equipos de
rescate, personal sanitario y ciudadanos de a pie están trabajando
incansablemente en labores de limpieza, búsqueda, rescate y asistencia.
Este tipo de respuesta, desinteresada y coordinada a través de
organizaciones no gubernamentales mediante redes sociales y plataformas
digitales, pone de manifiesto el poder de la acción colectiva y la
importancia de los vínculos comunitarios. Como afirma Arendt, la acción
humana, entendida como la capacidad de los seres humanos para iniciar
procesos nuevos y transformar el mundo, se manifiesta con especial
intensidad en los momentos más difíciles.
El amor que están poniendo los
voluntarios valencianos es un claro ejemplo de cómo la acción política,
en su sentido más amplio, puede surgir desde la sociedad civil, y no
desde un escritorio en Madrid, para transformar positivamente la
realidad.
La DANA en Valencia es un crudo recordatorio de las fragilidades de
nuestro sistema democrático a nivel mundial, y de la urgencia de
replantear nuestras prioridades.
La desazón que produce el desastre ha
puesto de manifiesto todas las limitaciones de una gestión basada en la
improvisación y la falta de coordinación, así como las consecuencias de
una visión cortoplacista que siempre prioriza los intereses particulares
de una pequeña casta política por sobre el bien común.
Es necesario,
pues, realizar una profunda reflexión sobre nuestro modelo de desarrollo
y sobre la relación entre el ser humano y el ambiente en el que habita.
Las palabras de Edmund Burke resultan especialmente pertinentes en este
contexto, cuando señala que la sociedad es una asociación entre los
vivos, los muertos y los que aún no han nacido.
Pues bien, amigos míos,
la gestión del territorio nacional y la protección del mismo no pueden
limitarse a una perspectiva mezquina y coyuntural, sino que se deben
tener en cuenta las implicaciones para las generaciones futuras.
A pesar de la gravedad de la situación, la crisis valenciana también
ha revelado algo maravilloso: la capacidad de resiliencia y solidaridad
de la sociedad española. La respuesta espontánea y gratuita de miles de
voluntarios demuestra que, ante la adversidad, los seres humanos somos
capaces de superar nuestras diferencias y unirnos en torno a un objetivo
común.
Esta experiencia es, sin duda, un punto de partida para
construir un futuro más justo y sostenible, basado en los principios de
solidaridad, cooperación y respeto por la dignidad humana.
Por ello, es
crucial aprovechar este momento, para fortalecer las instituciones,
mejorar los sistemas de prevención y respuesta ante emergencias y
fomentar una cultura de la responsabilidad y la participación ciudadana
antes, durante y después de que se limpie el barro. Aunque el camino sea
largo y tortuoso, debemos conservar la esperanza y trabajar juntos para
que, cuando la tierra lo decida, estemos mejor parados y preparados.
(*) Filósofo y profesor
