GANDIA.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reclamado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que sancione a las empresas que impulsan una oferta ilegal de pisos turísticos.
"Es su competencia, es su normativa, es su responsabilidad. No hay excusa para no actuar", ha aseverado el representante del Ejecutivo central, que ha anunciado que, según las estimaciones de su departamento, más de la mitad de las viviendas turísticas que se ofrecen en grandes plataformas en la Comunitat Valenciana "no cumplen con la normativa autonómica".
Así se ha expresado el ministro este viernes en declaraciones a los medios en Gandia, ciudad que ha visitado para iniciar una colaboración con el Ayuntamiento contra prácticas abusivas en el ámbito de los anuncios ilegales de pisos turísticos.
Bustinduy ha recordado que "empezamos esta semana con la noticia del aval de la justicia a las actuaciones del Ministerio del Consumo para ordenar el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos y la terminamos hoy en la Comunitat Valenciana, a donde vengo con un mensaje muy sencillo: cuando existe voluntad política y las administraciones actúan en favor de la ciudadanía para defender el derecho a la vivienda por supuesto que se puede revertir la situación inasumible que viven millones de familias".
El titular de Consumo, que ha puesto en valor "el espíritu de cooperación y lealtad institucional" con que se ha trabajado con ayuntamientos de distintos colores políticos, ha defendido que "a nadie se le pasa por la cabeza que en este país pudieran existir 65.000 bares o 65.000 tiendas o cualquier otro negocio que se desarrollara en condiciones de ilegalidad y que nadie hiciera nada".
"Y quiero poner en valor esta voluntad y esta actitud constructiva por parte de tantos actores políticos de signos diferentes porque enfrente hay quien no ha hecho absolutamente nada, quien no lo ha hecho desde hace mucho tiempo y quien sigue sin hacerlo", ha reprochado.
Aquí se ha referido al jefe del Consell, Carlos Mazón, a quien ha dicho querer "mandar un mensaje explícito": "sancione a las empresas responsables de la oferta ilegal de pisos turísticos. Es su competencia, es su normativa, es su responsabilidad. No hay excusa para no actuar".
Ha reivindicado que el Ministerio de Consumo "ya ha hecho el trabajo que no han hecho los gobiernos autonómicos, bloquear los anuncios ilegales conforme a la normativa autonómica".
"Esto era responsabilidad de los gobiernos autonómicos, no lo hicieron, lo ha hecho el Ministerio de Consumo", ha insistido.
"Ahora --ha continuado-- yo le pido al presidente de la Generalitat que sancione a las empresas responsables de la oferta ilegal de pisos turísticos en esta comunidad porque lo esencial ahora es conseguir que se respeten las normas y, a continuación, que esas viviendas donde antes residían familias, trabajadores o estudiantes vuelvan a ese uso y se pongan en alquiler asequible".
Bustinduy ha remarcado que "hay herramientas para ello", ya que "la ley de vivienda permite topar los precios de los alquileres abusivos y forzar a los grandes tenedores a poner esas viviendas donde deben estar, en la función social que debe cumplir la vivienda, que es que las familias y los trabajadores y trabajadoras puedan vivir en ellas".
"Y si la ley de vivienda no se aplica en esta comunidad es porque el señor Mazón no quiere", ha afeado.
En la misma línea, ha considerado que "los alquileres abusivos podrían bajar en la Comunidad Valenciana mañana si el señor Mazón tuviera la voluntad política para hacerlo".
"Por lo tanto, yo le insto, le conmino a que lo haga de manera inmediata, sin más dilación. Basta de excusas. Basta de proteger a quienes hacen un negocio con el derecho a la vivienda por encima de las familias trabajadoras de este país", ha repetido.
El ministro ha comentado que van a remitir a la Generalitat una carta poniendo a su disposición, como se ha hecho con todos los gobiernos autonómicos, "las herramientas del Ministerio de Consumo y la información de la que dispone".
"Si lo desean, no tienen más que solicitarlo y se la enviaremos", ha apostillado.
Y, preguntado por la cifra de oferta irregular en territorio valenciano, ha señalado que lo que puede adelantar es que "el trabajo que ha hecho la unidad de análisis del Ministerio de Consumo revela que más de la mitad de los pisos turísticos que se ofertan en grandes plataformas en la Comunidad Valenciana no cumplen con la normativa autonómica".
Y ha apuntado. "Sobre los datos concretos, si el Gobierno autonómico así lo desea, se lo remitiremos en los próximos días".
A Pablo Bustinduy también se le ha pedido valoración sobre el recurso anunciado por la Generalitat contra el Real Decreto 1312/2024 del Gobierno que regula el registro único de arrendamientos y crea la ventanilla única digital, al considerar que invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de turismo.
"Mi valoración es que las competencias están para ejercerlas. Y, por tanto, creo que el mensaje que yo le quiero enviar al gobierno de la Generalitat Valenciana es que aplique sus competencias y que sancione a las empresas responsables de la oferta ilegal de pisos turísticos en esta comunidad", ha abundado.
Ha puntualizado que no conoce el contenido del recurso pero, en todo caso, se ha preguntado "¿qué interés están defendiendo?".
"Creo que hay un clamor social absolutamente transversal para poner orden en el descontrol de los pisos turísticos irregulares que están haciendo que los vecinos y las vecinas se vean expulsados de sus barrios, que muchas ciudades en este país se estén convirtiendo en parques temáticos y que se esté anteponiendo sistemáticamente el interés comercial de grandes empresas sobre el derecho a la vivienda de los ciudadanos y las ciudadanas", ha asegurado.
Para el ministro, "cualquier gobierno y administración pública, sea del signo político que sea, se debe al interés general y se debe a proteger los derechos de la ciudadanía, específicamente el derecho constitucional a la vivienda, que es el principal problema que enfrentan las mayorías trabajadoras de este país".
"Cualquier actividad económica --ha argumentado-- tiene que cumplir lo que dictan las normativas y las leyes, porque, si no, ¿qué país es este? Un país en el que no se respetan las leyes de las que nos dotamos. Y se tiene que dar dentro de unos parámetros de sostenibilidad. Ninguna actividad económica, y creo que a lo largo de todo el país ha habido en el último año enormes movilizaciones de la ciudadanía expresando precisamente esto, por importante o lucrativa que sea, puede desarrollarse contra el bienestar, los intereses, los derechos o las necesidades de la ciudadanía", ha zanjado.
Finalmente, el responsable de Consumo ha puesto al alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y su equipo de gobierno como ejemplo de "un trabajo ejemplar por regularizar y controlar la que es, evidentemente, una actividad económica fundamental para la ciudad y para la zona y para todo el país, pero que debe hacerse en condiciones, primero, de respeto de la legalidad".
Por su parte, Prieto ha resaltado la apuesta por la "sostenibilidad y la calidad" de la capital de la Safor y la "unión contra el intrusismo".
Por eso, ha dicho, "estamos dispuestos a compartir con el Ministerio todos los datos relacionados con empleo, compatibilidad urbanística o líneas de actuación conjunta".
En el encuentro se ha abordado el Plan Estratégico de Accesibilidad Turística de la Ciudad de Gandia, una medida "fundamental para incidir en los derechos de las personas con diversidad funcional", ha comentado el alcalde.
