lunes, 5 de marzo de 2012

Montoro dice que a ninguna CCAA "le conviene" pedir flexibilizar el déficit

MÁLAGA.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que a ninguna comunidad autónoma "le conviene" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebra este martes, pedir una flexibilización del déficit, lo cual supone, a su juicio, "un flaco favor a su reputación ante los mercados e inversores". 

   Así, ha asegurado en Málaga, durante su intervención en el Forum Europa-Tribuna Andalucía, que está "seguro" de que en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera ninguna comunidad autónoma va a pedir que relaje el objetivo de déficit porque ni le conviene a esa CCAA ni al conjunto de España".
   Montoro ha reiterado que planteará a las comunidades autónomas un objetivo global de déficit del 1,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) para poder cumplir con la nueva senda de consolidación fiscal, que marca ahora un déficit público del 5,8 por ciento para este año.
   "Es lo que voy a plantear, y no hay que verlo como una relajación sino como un descenso respecto de lo que ha sido la realidad del 2,9 por ciento", ha dicho, y ha agregado que este es el "compromiso que hay que adoptar en los presupuestos autonómicos aunque algunos estén hechos sobre escenarios no realistas".
   Según el responsable de Hacienda del Ejecutivo central, ahora "la necesidad es adecuar los presupuestos autonómicos al objetivo del déficit público común, que se deriva a su vez de un escenario económico de recesión".
   "Hay menos recursos, que no son los mismos en todas las comunidades autónomas y no se puede generalizar, pero a nadie le conviene aparecer como que está pidiendo una relajación del objetivo de déficit cuando desde el Gobierno central estamos diciendo que es muy exigente la senda de reducción del déficit", ha continuado.
   Para Montoro, en ese CPFF "nadie va a utilizar el término relajar porque lo último que se puede escuchar --en dicho encuentro-- es hablar de relajación". La reducción del déficit público, ha continuado, no se hace "porque nos lo exija Bruselas, el Fondo Monetario Internacional o los mercados sino porque es el requisito para poder financiar el crecimiento económico y la creación de empleo" en España.
   El ser miembro del club de países del euro no implica, ha manifestado Montoro, "renunciar a la soberanía y nuestra capacidad para determinar el presupuesto". 
"España no es un país intervenido, es un país soberano que está tomando sus decisiones en materia de política presupuestaria, en materia de ingresos y gasto público y eso es lo que ocurre en el resto de países que no están intervenidos", ha recalcado.
   Ha insistido en que si España es un país "fuertemente endeudado" frente al exterior, "tenemos que hacer que con recursos propios de financiación recuperemos cuanto antes la actividad económica". Para ello, ha proseguido el ministro, hay que ejecutar "reformas profundas" que hagan que el Gobierno "sea fiable y esté comprometido con el desarrollo de la salida de esta crisis".
   Montoro ha reiterado que no se puede hablar de relajación sino que este año se deberá hacer "un doble esfuerzo" en la reducción del déficit público estructural, "que es el que revela el estado de las cuentas y cómo se financian los servicios públicos".
   Así, ha puntualizado que el pasado año "no se hizo nada", de ahí que en 2012 se tenga que acumular esa reducción. Para el ministro de Hacienda, en el CPFF "estoy seguro de que vamos a decir todos que sí, que vamos a estar en el mismo carro y en la misma orientación".
   Respecto a los planteamientos de algunas CCAA de que se "comparta el esfuerzo" entre el Estado y las regiones, el ministro de Hacienda ha incidido en que es algo que se está realizando "desde el minuto uno".
 "Tengo que pedir a los que tienen que ser más transparentes en el pago a proveedores que tienen que estar más comprometidos con la corrección de su déficit público", ha apostillado.
   A su juicio, la solvencia tanto de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos está "en la transparencia de las cuentas y en la anulación de esa cola de proveedores y no en relajar más o menos y en discutir más o menos el objetivo del déficit, que debe ser objetivo común".
   Durante su intervención, Montoro ha reiterado que el Gobierno central "no va a abandonar a nadie". "Vamos a estar con nuestras comunidades autónomas y corporaciones locales. Que nadie entienda la exigencia para recuperar el crecimiento y crear empleo con dejar a alguien tirado en esa carrera", ha sostenido.
   En definitiva, ha apostado por "sacar a esta gran nave que es España del atolladero, del embarrancamiento en el que se ha sumido" para que se pueda ver "cuanto antes, un futuro de prosperidad, esperanza y modernizando el Estado de los autonomías y provocando, desde la estabilidad, el saneamiento y transparencia de las cuentas, que son el principio de cualquier buen gobierno".
   También se ha referido al mecanismo de financiación del que dispondrán comunidades autónomas y corporaciones locales para hacer frente a las deudas pendientes con proveedores y del que se informará también en el CPFF. Para Montoro, este plan "es la operación económica más importante de la historia reciente del país" ya que permitirá al Ejecutivo "promover el pago de 35.000 millones de euros a los proveedores de las administraciones territoriales".
   Ha precisado que significa "un ingreso formidable en la economía real" de pequeñas y medianas empresas y autónomos, que van a recibir un ingreso en un año "muy difícil". Esto les permitirá, según el ministro, poner su contabilidad al día y pasar de ser empresas acreedoras a poder acometer nuevos proyectos de inversión.
   Montoro se ha mostrado convencido de que en dicho plan participará toda la banca a través de un crédito sindicado "que movilizará ese dinero a partir del 1 de mayo y con la garantía del Estado". Dicha medida, ha insistido, será "una inyección de confianza" puesto que tanto a los ayuntamientos como a las comunidades autónomas "se les facilita" un crédito a 10 años, con dos de carencia, y a un tipo de interés cercano al cinco por ciento, "que permitirá poner en orden las finanzas".

domingo, 4 de marzo de 2012

Tirado (PSPV) 'agradece' al PPCV su "aportación" al debate interno de los socialistas

VALENCIA.- La diputada socialista Clara Tirado ha 'agradecido' este domingo a la 'popular' Marta Torrado su "aportación" al debate interno y a las cuestiones orgánicas del PSPV, al tiempo que ha manifestado entender "el interés que suscita" en ella el proceso democrático que vive el partido, en el que eligen los militantes", ya que "el PP es una organización donde se nombra a dedo a sus cargos".

   En un comunicado, Tirado ha respondido así a las declaraciones efectuadas por la dirigente del PPCV, quien ha asegurado que el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, está "tocado y hundido" tras su derrota en Alicante. "Como dijo su compañero y alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, en el PPCV nombraron por fax a su presidente, pero nosotros elegimos a nuestro líder votando", ha recordado Tirado.
   La socialista ha señalado que entiende "perfectamente la curiosidad de Torrado hacia un mundo que les es totalmente ajeno" y ha agradecido, en tono irónico, "que entre todas las posibilidades que ofrece un domingo, haya decidido indagar en nuestra forma de organizarnos".
   No obstante, Tirado ha pedido tranquilidad a la diputada del PP y ha afirmado que el congreso de los socialistas "seguro que saldrá bien, y cuando termine la gente se irá a pie tranquilamente a su casa". "En el PP, su principal preocupación debería ser no salir todos en furgones de la policía camino a la cárcel de Picassent, con la ristra de imputados por los casos Gürtel, Emarsa, Blasco, Fabra, Brugal y ya no sé cuántos más", ha indicado.
   La diputada socialista ha explicado que los cónclaves socialistas difieren a los celebrados por el PP, en los que "algunos como González Pons estaban a punto de cortarse las venas por la depresión de no tener el cargo deseado, y el resto escondían la cabeza de vergüenza por la humillación de no ser nombrados por nadie, porque como todo el mundo sabe los 'populares' valencianos son sinónimo de quiebra y corrupción".
   Por otra parte, Tirado ha expresado la "honda preocupación que ha ocasionado no recibir hoy la carta dominical de Clemente contra Alarte", que "sorprendentemente ha sido sustituido por Torrado", lo que les ha dejado "en un sinvivir".
   "Le pido a la señora Torrado que no se ande con rodeos y que emita un comunicado de forma urgente en el que se aclare su paradero. Queremos saber que se encuentra bien y que la ausencia de su sainete semanal contra Alarte está justificada", ha ironizado la socialista, que ha manifestado su temor a que "la pugna orgánica que mantiene con Rafael Blasco le haya dejado malherido y nos encontremos ante un ajuste de cuentas".

El PPCV asegura que Alarte está "tocado y hundido" tras su derrota en Alicante

VALENCIA.- La vicesecretaria de Comunicación del PPCV, Marta Torrado, ha asegurado este domingo que el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, está "tocado y hundido" y ha señalado que su derrota en Alicante "es el preámbulo de su salida de Blanquerías".

   Torrado se ha pronunciado así en un comunicado tras conocer el "estrepitoso batacazo" que ha recibido Alarte en la asamblea alicantina para elegir los delegados que irán al Congreso Federal del PSPV. Al respecto, ha recalcado que el dirigente socialista "se ha ido de vacío", ya que la lista encabezada por Ángel Luna en Alicante "no ha conseguido obtener ni un delegado".
   Para la dirigente 'popular', esta derrota evidencia "la soledad de un líder que tiene los días contados", ya que a medida que se acerca la fecha del cónclave del PSPV "son más los que alzan su voz en contra de Alarte, dejándole en una difícil situación de la que cada vez tiene menos salidas".
   Para Torrado, Alarte "se encuentra entre las cuerdas como consecuencia de una gestión oscura y sombría" que ha llevado al PSPV "a la situación más crítica de toda su historia, obteniendo los peores resultados electorales y haciendo que los militantes huyan despavoridos de un proyecto ante el que no se sienten identificados".
   Por ello, ha aconsejado a Alarte que deje "de buscar la paja en el ojo ajeno" y reconozca "que ha fracasado en su objetivo de dirigir el PSPV". Asimismo, ha subrayado que hasta el momento, el dirigente socialista "poco ha hecho por los valencianos y ahora los militantes le pasan factura por seguir anclado en discurso corrompido y vacío de contenido".

Compromís pregunta en las Corts sobre el estado de los expedientes a las emisoras piratas que emiten en la Comunitat

VALENCIA.- El portavoz del grupo parlamentario Compromís en las Corts, Enric Morera, preguntará en la Cámara valenciana sobre el estado de los expedientes que debería ejecutar el Consell sobre las televisiones y radios piratas que emiten en la Comunitat y cuya programación consiste, según ha advertido, en "consultas de tarot, pornografía o programas hechos desde fuera del territorio valenciano y que se emiten en cadena desde Madrid", incumpliendo la normativa.

   En un comunicado, Morera ha indicado que ya ha registrado ha registrado diversas preguntas para conocer el estado de estos expedientes. Desde Compromís consideran que muchas de las televisiones y radios "que incumplen a diario la ley no son ni multadas ni cerradas por el Consell" ya que se trata de "la 'Brunete' mediática del PP" en la Comunitat, "donde entrevistan al presidente (Alberto) Fabra, a los consellers o a la delegada del gobierno".
   Según Morera, la exconsellera y actual delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, dijo en febrero de 2011 que iniciaba los expedientes sancionadores de estas emisoras piratas, aunque hasta su marcha del Consell "no consta que multara o cerrara ninguna radio o televisión sin licencia, lo cual es muy preocupante porque ha permitido y tolerado el incumplimiento reiterado de la ley".
   Compromís ha recordado que la mayoría de televisiones piratas que emiten "con la permisividad del Consell" incumplen la ley de TDT y de radios locales, al no tener programación propia ni cumplir con las cuotas mínimas de espacios en valenciano, tal y como marca la ley.

La mitad de los expertos avalaría una nueva subida del IVA

MADRID.- La mitad de lo expertos y empresarios avalaría una subida de IVA para contener el déficit y el 69,7% aprobaría la introducción del copago en la sanidad pública, mientras que el 69% vería bien la devolución al Gobierno de algunas competencias transferidas a las comunidades y el 60,8% estaría de acuerdo con la introducción del copago en la Justicia (60,8%), según el consenso económico de PricewaterhouseCoopers (PwC). 

   Pese a estar a favor de estas iniciativas, las dos medidas más valoradas para contener el déficit son la reducción de los gastos de gestión de las administraciones públicas (97,9%) y la congelación de los salarios públicos, junto con la introducción de restricciones sobre el empleo público (83%).
   Además, el 92% de los panelistas considera que la Unión Europea debería suavizar los objetivos de déficit para que España no entre en una recesión "más profunda" de la prevista por los organismos internacionales, el Banco de España y el propio Gobierno.
   Los encuestados creen que el mayor problema de la deuda de la economía española reside en el sector privado (70,8%), por delante del sector público (33%). Además, el consenso cree que el mayor esfuerzo para contener la deuda lo está realizando el Estado central (75,4%) y el 61,1% culpa de la desviación del déficit a las CC.AA. En cambio, el 50,4% cree que se debe a una coyuntura económica peor a la prevista.
   En cualquier caso, la gran mayoría, el 89% del total, coincide en que las medidas de austeridad emprendidas por el Gobierno están condenadas al fracaso si no se acompañan de acciones "efectivas" de apoyo al crecimiento económico.
   En cuanto al suministro de liquidez del Banco Central Europeo (BCE) a las entidades financieras, el 67% asegura que "no está sirviendo en absoluto" para aumentar el flujo de crédito a empresas y familias, mientras que un 82,7% afirma que solo está sirviendo para que los bancos atiendan a sus propios vencimientos de deuda.
   Sobre la reforma del sector financiero, el 60,2% dice que cumplirá sus objetivos y solo un 3% cree que no lo hará en absoluto. Eso sí, más del 60% tiene la impresión de que el saneamiento de activos por valor de 50.000 millones se quedará corto.
   Para el 56,7% la reforma favorecerá la concentración en el sector financiero, aunque queda un amplio margen de recorrido hasta que el proceso se culmine de forma definitiva. El 58,7% cree que la reforma disipará las dudas sobre la valoración de los activos inmobiliarios, lo que se traducirá en una reducción "bastante significativa" del precio de la vivienda.
   Respecto a la situación económica, se ha elevado en casi 30 puntos el porcentaje de expertos y empresarios (hasta el 49,5%) que califican como "muy malo" el momento actual de la economía, aunque un 48,1% espera que la economía mejore. Para el conjunto de 2012, el 64,8% de los panelistas asegura que la economía se contraerá más allá del 0,5%. En 2013, el 35% estima que el PIB se situará entre el -0,5% y el 0,5% y el 38,8% cree que lo hará entre el 1% y el 1,5%.
   En cualquier caso, el 71% no ve una recuperación del consumo privado en los próximos seis meses ni de la demanda de vivienda (el 58,3%). Además, el 62% considera mala la situación económico-financiera de las empresas y no creen que vaya a mejorar en los próximos meses.
   Además, el 46,2% cree "desfavorables" las perspectivas de los mercados exteriores y el 55% asegura que lo seguirán siendo en los próximos seis meses. En concreto, los panelistas esperan una mala evolución en la economía de la UE, aunque el 54% piensa que la situación de EE.UU. mejorará en el futuro.

Sindicatos de cajas de ahorro piden a los diputados que se apliquen también ellos las nuevas indemnizaciones

MADRID.- El presidente de la Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros (CSICA), Luis Alameda, ha registrado esta semana en el Congreso de los Diputados una carta dirigida a todos los grupos parlamentarios españoles en la que reclama a diputados y senadores que se apliquen también a sí mismos las nuevas indemnizaciones de 20 días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades que recoge la reforma laboral aprobada por el Gobierno, y que será convalidada el jueves por el Pleno del Congreso. 

   La misiva reclama a los parlamentarios que apliquen la reforma "con coherencia y credibilidad", lo que a juicio de CSICA pasa por aplicar los nuevos criterios de indemnización a todos los parlamentarios que "renuncien al cargo o no sean reelegidos".
   "El cambio legislativo aprobado, susceptible de ser corregido, resulta de tan hondo calado que nos parecería razonable que su convalidación definitiva, en los términos que acaben siendo resultantes, esté sustentada en la coherencia y la credibilidad por parte de aquellos a quienes la ciudadanía ha otorgado su confianza representativa", justifica Alameda.
   Así, insta a diputados y senadores a aceptar esta petición porque "contribuiría a eliminar la incoherencia y el agravio comparativo que resultaría acordar medidas aplicables a los trabajadores para, supuestamente, mejorar la flexibilidad y la eficiencia de las empresas y, en cambio, eso no fuese aplicado a las instituciones" donde, según recuerda, los parlamentarios "pueden acceder  a la pensión máxima acreditando sólo el ejercicio de dos legislaturas completas".
   La Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros agrupa a 20.000 empleados del sector que, según denuncia, se verán "especialmente perjudicados por la reforma propuesta por el Gobierno".

La ministra de Fomento, tajante: "Ni un euro para cosas superfluas" ni para "obras faraónicas que no sirven para nada"

PONTEVEDRA.- La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que el Gobierno va a presentar unos Presupuestos Generales del Estado para 2012 "austeros", así como "serios y rigurosos", en los que "no se gaste ni un euro en cosas que sean superfluas", después de que el líder del Ejecutivo, Mariano Rajoy, haya anunciado que se fijarán con un objetivo de déficit del 5,8% del PIB.

   "Vamos a hacer un presupuesto austero", ha dejado claro Ana Pastor, en declaraciones a los medios previas a su participación en la fiesta de la Arribada de Bayona  -que celebra el 519º aniversario de la llegada de la carabela Pinta a esta villa gallega--, para remarcar que: "tiene que ver con lo que nos está pasando, con los datos de paro que desgraciadamente tenemos".
   Así, preguntada por el anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que el déficit público de este año cerrará en el 5,8% del PIB, Pastor ha destacado que el Ejecutivo central "está trabajando" en este sentido.
   En concreto, Pastor ha destacado que en "la línea de reformas" del Gobierno con el fin de "crear empleo" se ha aprobado el proyecto de Ley de estabilidad presupuestaria, que "significa que no se puede gastar más de lo que se tiene como ha pasado hasta ahora".
   Por ello, ha identificado "el rigor, la seriedad y las reformas" con "los objetivos del Gobierno de España", para lo cual ha puesto a modo de ejemplo, la Ley de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto fijado en la Constitución. "Y desde luego, no destinar en el caso mío, recursos a obras faraónicas que no sirven para nada", ha defendido la ministra de Fomento.

UPyD exhorta al Gobierno de Rajoy a tomar medidas contra el "despilfarro", como las televisiones autonómicas

MADRID.-   Unión, Progreso y Democracia (UPyD) quiere que el Gobierno central adopte de una vez medidas para evitar el "despilfarro" y las duplicidades en el conjunto de las administraciones públicas a tenor de la actual coyuntura económica y, entre otras propuestas, el partido de Rosa Díez aboga por eliminar diputaciones provinciales y por fusionar municipios.

   Éste es uno de los asuntos que UPyD ha venido reivindicando en los últimos años y el próximo miércoles lo volverá a reclamar en el Congreso con la interpelación que dirigirá al Gobierno y que dará lugar a la votación de una moción en el Pleno del próximo día 13.
   En su iniciativa, la formación magenta considera que las políticas de recortes que está adoptando el Ejecutivo de Mariano Rajoy, y que recaen principalmente sobre el Estado central, no son "la solución ideal" al problema.
   "El Gobierno se está contentando con recortar de donde resulta más fácil, que muchas veces es en servicios públicos esenciales, ahondando en las desigualdades entre los españoles, cuyos derechos y prestaciones son cada vez más diferentes en función de la región en la que vivan", subraya.
   Así las cosas, UPyD defiende la necesidad de elaborar un plan nacional para "racionalizar" el entramado institucional autonómico y eliminar los miles de organismos --entre los que cita las televisiones autonómicas-- entidades, fundaciones, patronatos y observatorios "que pueblan el paisaje institucional autonómico y su tupida red clientelar".
   Y es que, en opinión de la portavoz nacional de UPyD, la supresión o fusión de determinados organismos reguladores de ámbito nacional, medida aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros, tan sólo suponen cuantitativamente una reducción significativa del gasto.
   Por ello, frente a un modelo de Estado "insostenible e ingobernable" y para evitar más "despilfarro" y "corrupción", UPyD propone fusionar municipios, eliminar diputaciones provinciales y adoptar medidas legales que permitan un "verdadero" control presupuestario por parte del Estado respecto de las comunidades autónomas, que son actualmente las responsables de dos terceras partes del déficit total del Estado.
   Según cálculos de la formación magenta, si el Gobierno del PP opta por llevar a efecto estas medidas, se podría llegar a ahorrar hasta 40.000 millones de euros. "Aunque el ahorro fuera menor, es por ahí por donde hay que empezar y no subiendo impuestos y tocando lo imprescindible", ha resumido el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo.

Nuevos protectorados / Ignacio Ramonet


El 21 de febrero será recordado en Grecia como la jornada de la Gran Capitulación. Ese día, a cambio de la promesa de un segundo plan de rescate financiero,  el gobierno heleno aceptó las humillantes condiciones exigidas por el “clan europeo de la triple A” liderado por Alemania: draconianos recortes del gasto público, rebaja del salario mínimo, reducción de las pensiones, despido de 150.000 funcionarios, subida de impuestos y privatizaciones masivas.

De nada ha servido que los griegos lleven ya cuatro años de terapia de choque y de sacrificios sociales muy duros, ni que hayan tenido que someterse, el pasado 10 de noviembre, a un “golpe de Estado financiero” mediante el cual Berlín impuso, sin ninguna consulta democrática, al banquero Lukas Papademos (exvicepresidente del Banco Central Europeo) como Primer ministro de un gobierno tripartito compuesto de social demócratas, conservadores y extrema derecha.

Esta vez la afrenta ha sido mayor. Lo que se le ha exigido a Atenas es claramente una enorme cesión de soberanía, “probablemente la mayor realizada por un país en tiempos de paz” (1). De hecho, Grecia ha sido colocada bajo tutela europea, y dispone ahora, para todo lo que concierne a su presupuesto y a su economía, de un estatuto de soberanía limitada.

Semejante agresión se veía venir. Como una advertencia además a los otros países en dificultad de la zona euro, entre ellos España. En julio de 2011, ya Jean-Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo y presidente del Eurogrupo (2), había avisado: “La soberanía de Grecia será enormemente restringida” (3). Y el 27 de enero pasado, el diario británico Financial Times reveló un documento alemán que exigía el envío a Atenas de un Comisario con derecho de veto para dirigir el presupuesto público de esa nación y bloquear cualquier gasto no autorizado por sus acreedores. La víspera, en una entrevista al semanario Der Spiegel, el jefe del grupo parlamentario de la Unión Cristiano-Demócrata (CDU), Volker Kauder, fue aún más lejos: reclamó el envío a Grecia de “funcionarios alemanes que ayuden a construir una administración financiera eficiente”. Cosa que también pidió el propio ministro alemán de Economía, el muy liberal Philipp Rösler.

A tanto no se ha llegado, pero el acuerdo del 21 de febrero prevé “una presencia permanente en Grecia de una misión de la Comisión Europea” para controlar y vigilar sus cuentas, así como “una presencia reforzada de la troika [Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional] para supervisar permanentemente el pago de la deuda”. Los fondos transferidos en el marco del Plan de ajuste serán ingresados en una cuenta bloqueada que sólo la troika gestionará, no el gobierno griego. Y que únicamente servirá para reembolsar la deuda soberana, no para pagar los salarios de los funcionarios, por ejemplo, o las pensiones de los jubilados. Los nuevos bonos del Estado heleno no serán de derecho griego sino de derecho británico... En caso de conflicto entre Atenas y los acreedores privados, el litigio será juzgado en Luxemburgo, no en Grecia... Aunque no es oficial, la República Helénica ha dejado de ser un Estado soberano.

De modo encubierto, la Unión Europea (UE) ha entrado en una nueva etapa en la que los Estados fuertes (“el clan de la triple A” más Francia) exigen de los demás, y en particular de los Estados de la periferia, un cambio de régimen. No se trata directamente de un estatuto colonial. Pero se asemeja bastante a un tipo de administración que las grandes potencias establecieron durante la era colonial: el de protectorado.

Para los colonizadores, el protectorado era una manera de extender su influencia política y económica, y de colocar bajo tutela territorios extranjeros a los que se deseaba extraer las riquezas, sin asumir los inconvenientes y los gastos que acarrea habitualmente una anexión pura y simple. La diferencia con la colonia, es que el “Estado protegido” conserva formalmente sus instituciones, pero cede a la “potencia protectora” su política exterior y, sobre todo, su economía y su comercio exterior.

No puede sorprendernos pues que, desde el comienzo en 2008 de la crisis financiera, hayamos asistido, en el seno de la UE, y más particularmente en la Eurozona, a una pérdida manifiesta de soberanía de los Estados más deprimidos (Irlanda, Grecia, Portugal, Italia, España).

Como fase preliminar del nuevo estatuto de “protectorado europeo”, al que acaba tristemente de acceder Grecia.

Angela Merkel acuñó en septiembre pasado el concepto de “marktkonforme demokratie (democracia en conformidad con el mercado). Lo definió de la manera siguiente: “La elaboración del presupuesto del Estado es una prerrogativa fundamental del Parlamento, pero hay que hallar vías para que ese requisito democrático esté en conformidad con el mercado” (4). El mercado es ahora la pauta. Lo cual significa que ya no son los electores los que determinan las decisiones legislativas sino las Bolsas, los especuladores y los bancos (5).

Esta nueva filosofía antidemocrática triunfa hoy en Europa. Se está traduciendo ya en normas, leyes y tratados que limitan los márgenes de maniobra de los gobiernos y funcionan como un “piloto automático” para domesticar a las sociedades. A ese respecto, Grecia funciona como un modelo de lo que amenaza a los demás países de la periferia. Y que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) va a establecer, a partir del proximo mes de julio, como norma legal en la Unión Europea.

Concebido por Angela Merkel y aprobado ya, en su principio, por el Presidente del Gobierno español Mariano Rajoy, el MEDE es un nuevo organismo intergubernamental, una suerte de FMI europeo. Está siendo ratificado por los Parlamentos de los países  europeos sin ningún debate público, a pesar de que sus características podrían tener consecuencias nefastas para los ciudadanos. En efecto, el MEDE prevé la concesión de ayudas financieras a países en dificultad, a condición de que cedan soberanía, acepten colocarse bajo la tutela de una troika europea y apliquen despiadados planes de ajuste.

El MEDE está articulado con el “Pacto fiscal” adoptado el pasado 30 de enero por 25 de los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la UE. Este temible Pacto (cuyo nombre verdadero es “Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria”) es también una exigencia de Alemania, y obligará a los Estados firmantes a incluir en sus Constituciones la llamada “regla de oro”, que impone mantener el déficit estructural anual por debajo del 0,5 % del PIB. Los países que no incluyan en sus Constituciones ese techo de gasto podrán ser denunciados ante el Tribunal de Justicia de la UE por cualquier otro de los Estados miembros.

Carlos Marx decía que los gobiernos, en la era industrial, no eran más que los consejos de administración de la burguesía. Hoy podríamos decir que, en la Europa “austeritaria” de Angela Merkel, los Gobiernos se están convirtiendo en los consejos de administración de los mercados. ¿Hasta cuándo?

(1) El País, Madrid, 21 de febrero de 2012.#
(2) El Eurogrupo coordina y supervisa las políticas y estrategias económicas comunes de los Estados de la zona euro (eurozona). Una vez al mes congrega a los ministros de Economía y Finanzas de esos Estados.
(3) Entrevista al semanario alemán Focus, 4 de julio de 2011.
(4) Declaración a la radio pública alemana Deutschlandfunk, 1 de septiembre de 2011.
(5) Léase Rafael Poch, “Un documento alemán pide un comisario para Grecia”, La Vanguardia, Barcelona, 28 de enero de 2012.

sábado, 3 de marzo de 2012

EU pide que Cabré comparezca en las Corts para que "dé cuenta" de la investigación de los expedientes de cooperación

VALENCIA.- La diputada autonómica de EUPV en las Corts Valencianes Marina Albiol ha presentado una solicitud en la Cámara autonómica para pedir  la comparecencia del conseller Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, en la Comisión de Derechos Humanos y Tercer Mundo del Parlamento autonómico con el fin de que "dé cuenta de los resultados de la investigación interna que va a hacer el Consell sobre los expedientes de cooperación". 

   Albiol ha indicado, en un comunicado, que EUPV espera que el conseller "informe de manera completa" y que "el PP no ponga ni una sola traba a la oposición para acceder al transcurso de la investigación" de este asunto.
   La parlamentaria ha criticado que el portavoz del PP en las Corts y ex conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, "continúe negando la mayor, descartando que tuviera responsabilidad alguna sobre los hechos y sin intención de dejar de estar en la primera fila política".
   Ha indicado a Blasco "que no intente" hacer "creer que existe un juicio paralelo porque lo que hay es la obviedad de unos hechos", según ha dicho, "la detención de numerosas personas implicadas en una trama corrupta". Ha agregado que una de ellas "era su mano derecha" y ha considerado que "por lo tanto, su responsabilidad política es una realidad indudable".
   Asimismo, Marina Albiol ha opinado que el presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, lo que tendría que hacer "si lo que verdaderamente quiere es que no haya ni la más mínima sombra de duda sobre ningún miembro de su gobierno" es "apartar a Blasco".
 "Él era el máximo responsable político en el momento en que se produjeron estos hechos", ha manifestado.

Puig apuesta por un equipo económico "solvente" para sacar a la Comunitat de la "bancarrota

VINAROZ.- El candidato a la Secretaria General del PSPV, Ximo Puig, ha apostado por la "necesidad" de que se pueda configurar un equipo económico "solvente, de primer nivel capaz de sacar a la Comunitat de la bancarrota en la que la ha metido el PP". 

   Así se ha pronunciado Puig, durante su intervención en la sede del partido en Vinaròs donde, al igual que está haciendo por toda la Comunitat, está presentado las propuestas que pondrá en marcha como posible secretario general.
   Puig ha afirmado que la sociedad verá como "alternativa" al PSPV, si es capaz de poner sobre la mesa propuestas "concretas y sólidas" que demuestren "que se puede sacar la Comunitat adelante". "Además de que se pueda corregir los gravísimos errores que ha cometido el PP durante estos 17 años de gobierno al frente de la Generalitat", ha agregado.
   El candidato a la secretaria general del PSPV ha insistido en que la sociedad "está pidiendo que se haga algo, que plante cara al PP, y que se haga con propuestas rigurosas y creíbles" porque el PP, "en apenas tres meses, ya ha demostrado con su reforma laboral, y con sus medidas fiscales que no van a sacar a España de la crisis".
   Puig considera "especialmente grave" la situación de la Comunitat Valenciana, después de que el jueves el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "dijera estar preocupado por los proveedores a los que debe dinero desde hace años". "Incluso llegaba a decir que para él la Fórmula 1 no es lo más importante y, sin embargo, al instante, ni siquiera sabía si ya le habían pagado a Ecclestone los millones correspondientes al canon del campeonato mundial previsto para este verano", ha explicado.
   El alcalde de Morella ha recordado que Alberto Fabra, como diputado autonómico, ha aprobado los presupuestos de la Generalitat en las  Corts, y, "por tanto es plenamente conocedor de cuáles han sido las prioridades del PP durante todos estos años", ha indicado.
   Del mismo modo, ha apuntado que como diputado, ha votado en contra de todas las enmiendas que planteaban los socialistas, cuando "se decía que era mejor destinar los recursos públicos a los parques tecnológicos y a impulsar una economía sostenible, en lugar de destinarlo todo a parques temáticos ruinosos y a sobrecostes".
   Por estos motivos, ha asegurado que "quien ha sido corresponsable de esas políticas, y quien las ha amparado durante tantos años, no tiene ninguna credibilidad ahora para hacer creer que puede cambiar las cosas".
   Puig ha señalado que se debe trabajar "duro para salir unidos y fuertes" del congreso nacional, para que los ciudadanos "empiecen a ver realmente como alternativa y confíen en nosotros para capitanear el futuro de la Comunitat", ha finalizado.

EU propone penalizar a los agentes de la Policía que no lleven de forma "clara y visible" la identificación

VALENCIA.- El diputado valenciano de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Ricardo Sixto, ha registrado una proposición no de ley para instar al Gobierno central a adoptar las medidas necesarias para "garantizar la obligatoria identificación de forma clara y visible de los miembros de las fuerzas de seguridad y su obligación de identificación cuando así lo soliciten los ciudadanos con respecto a la actuación policial". En este sentido, pide también establecer como "falta disciplinaria la negativa a identificarse por parte del agente". 

   Sixto ha registrado esta iniciativa, publicada en el Boletín del Congreso con motivo de las actuaciones policiales en los últimos meses en protestas y movilizaciones sociales con el movimiento 'Yo no pago', la reforma laboral y en la denominada 'primavera valenciana', entre otras, donde se produjeron "cargas" e "identificaciones indiscriminadas" por parte de los agentes, ha explicado.
   El diputado considera que, en estas intervenciones policiales es "especialmente llamativo que ninguno de los agentes de policía llevase su preceptiva identificación visible en cada una de las intervenciones policiales que se han reseñado". También resulta "preocupante el elevado número de identificaciones indiscriminadas en las mismas, con efectos intimidatorios y/o criterios de productividad inaceptables".
   Asimismo, apunta que por la forma de proceder en las referidas  intervenciones policiales "podría decirse que existe una orden para la represión sistemática del movimiento ciudadano de protesta".
   La resolución propuesta por Izquierda Plural insta al Gobierno a elaborar un protocolo específico que "regule y acote" las intervenciones policiales en manifestaciones y acciones de protesta organizadas por los ciudadanos, "garantizando con mayor amplitud" los derechos de manifestación, reunión y libertad de expresión.
   Además de que se garantice la identificación "clara y visible" de los agentes cuando lo pidan los ciudadanos, pide que se haga también durante las identificaciones policiales y cacheos en el ámbito de las movilizaciones ciudadanas "evitando el uso de esta práctica con fines intimidatorios".
   Otra de las acciones que promueve esta formación es establecer como falta disciplinaria la negativa a identificarse por parte de un agente; así como regular e instalar videocámaras en todas las dependencias policiales para la grabación de las actuaciones; y también posibilitar la grabación de todas las actuaciones policiales en los dispositivos desplegados para las movilizaciones sociales o actos de protesta ciudadana.
   Finalmente, solicita adoptar las medidas necesarias para establecer un procedimiento de investigación sistemático ante posibles extralimitaciones en las actuaciones policiales, tanto por parte de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como de las Delegaciones del Gobierno y, en su caso, exigir las responsabilidades que procedan.

viernes, 2 de marzo de 2012

El paro alcanza las 566.131 personas tras subir un 2,60% en febrero en la Comunitat

VALENCIA.-   El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) se situó al finalizar febrero en más de 566.131  personas, tras subir en el mes en 14.338 desempleados, con un aumento porcentual del 2,60 por ciento respecto a enero, según ha informado este viernes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En la Comunitat Valenciana, el paro aumentó en Alicante en 4.399 personas, un 2,00 por ciento más, hasta los 224.328; en Castellón un total de 63.971 personas tras incorporarse 3.041 a las listas del paro en febrero, un 4,99 por ciento más. por último, en Valencia el número total de desempleados está en los 277.832 tras subir  6.898 el pasado mes, un 2,55 por ciento más.
   Del total de 566.131 parados, 285.957 son hombres y 280.174 son mujeres y por edades 56.275 menores de 25 años, 31.003 chicos y 25.272  chicas.
  Por sectores económicos, el mayor desempleo se concentra en Servicios con 331.175 parados, 8.689 nuevos desempleados, seguido de Construcción con 90.817 parados, 1.285 más, Industria con 89.950, 1.513 más, el Colectivo de Sin Empleo Anterior (SEA) con 36.950, 1.127 y Agricultura con 17.239, 1.724 más.
   El paro de los extranjeros afecta a un total de 89.140 personas,  6.171 en Agricultura, 6.777 en Industria, 18.300 en Construcción,  48.660 en Servicios y 9.232 en el Colectivo d Sin Empleo Anterior.
  Asimismo, en el mes de febrero se realizaron un total de 84.050 contratos en la Comunitat Valenciana, lo que supone 2.684 menos que el mes anterior, un 3,09 por ciento menos. De los nuevas contrataciones 6.612 fueron indefinidas y 77.438 temporales.

El Consell asegura que la Comunitat presenta en el último año una evolución del empleo "menos desfavorable" que España

VALENCIA.- El secretario autonómico de Formación y Empleo, Santiago Martí, ha señalado este viernes que la Comunitat Valenciana registra "el tercer  mejor comportamiento interanual en materia de desempleo entre todas las autonomías, por detrás de Canarias y Cataluña" y presenta na evolución "menos desfavorable" en el desempleo en el ultimo año que el conjunto de España.

   Santiago Martí ha realizado estas manifestaciones en un comunicado para valorar los datos mensuales del paro registrado en febrero. El secretario autonómico de Formación y Empleo ha insistido en la necesidad de articular "nuevas medidas de apoyo a la creación de empleo conjuntamente con los agentes económicos y sociales que faciliten la recuperación económica y la creación de empleo".
   A pesar de los datos, --que muestran un aumento de 14.338 personas desempleadas, lo que sitúa la cifra en 566.131--, el secretario autonómico ha destacado que la Comunitat Valenciana "presenta, en el último año, una evolución menos desfavorable que en el conjunto de España", al presentar un incremento del 7,54 por ciento, inferior al del Estado, que fue del 9,60 por ciento, "lo que significa que ha aumentado dos puntos menos que en el conjunto de España".
   Los datos, según Martí, demuestran que "la valenciana es la  comunidad autónoma española donde más ha bajado el paro entre los jóvenes menores de 25 años en el último año". "Los parados de larga duración, el colectivo sin empleo anterior, y la construcción, que presentan incrementos de parados en el conjunto de España en el último año, mientras descienden en nuestra autonomía", ha dicho.
   Además, el secretario autonómico ha destacado "la evolución del desempleo en la provincia de Castellón, pues es la provincia española con menor incremento relativo del paro, con un 3,8 por ciento, frente al 9,60 por ciento del conjunto de España".
   Por grupos de edad, destaca la disminución del desempleo interanual entre los menores de 25 años, con un descenso, por segundo mes consecutivo, del -1,79 por ciento, y 1.026 parados menos, después de un ligero incremento del mes de diciembre, con lo que vuelve a una línea descendente interanual consecutiva de los últimos 13 meses.
   También ha destacado el descenso interanual del desempleo entre el colectivo de parados de larga duración, --sin empleo anterior--,  que, se reduce respecto al mes anterior, en un 0,94 por ciento, con 347 parados menos, lo que supone una reducción interanual de este sector por primera vez desde el año 2007.
   En cuanto a la contratación en la Comunitat Valenciana, ha resaltado que también presenta un mejor comportamiento que el conjunto de España durante el mes de febrero, al haber disminuido en un -3,04 por ciento respecto al mes menor, menos de la mitad de lo que lo hace en España con un descenso del 7,64 por ciento, mientras que la contratación indefinida disminuye en tres décimas menos que en España.
   Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social durante el último año  tuvo un comportamiento "similar" al del conjunto de España, al disminuir la afiliación en la Comunitat, en un -3,25 por ciento, "al igual que lo hace en todas las regiones españolas".

EUPV y PSPV piden el cese de Blasco "de inmediato" y "hoy mismo"

VALENCIA.- El portavoz adjunto de EUPV en las Corts Valencia, Ignacio Blanco, ha pedido este viernes el cese "inmediato" del portavoz del PP en la Cámara autonómica, Rafael Blasco, mientras que la síndic adjunta del PSPV, Cristina Moreno, ha pedido su cese "hoy mismo".

   Blanco ha considerado en un comunicado que la decisión de la Generalitat de revisar los expedientes de las ayudas de cooperación investigadas por Anticorrupción es "una rectificación en toda regla, porque hace solo seis meses la diputada de EUPV Marina Albiol pidió ya una comisión de investigación en las Corts Valencianes sobre este caso, y el PP se opuso, argumentando de manera insólita que las ayudas tramitadas por Blasco fueron las más transparentes y auditadas".
   "Ahora el Consell, forzado por la investigación policial y por las imputaciones judiciales que ya afectan a personas de confianza de Rafael Blasco y que acabarán con toda probabilidad cerrando el círculo con él, se decide por abrir una investigación a fondo del asunto", ha dicho el parlamentario, que ha exigido que se den a conocer los resultados.
   El diputado de EUPV afirma que "más allá de la anécdota del pseudónimo 'Roger Rabbit' atribuido a Blasco" por la Policía en la causa, según informaciones publicadas, "se confirma que se está investigándolo, y es totalmente lógico, porque él es el jefe de una trama personal y económica que se ha ido desarrollando a su entorno cada vez que ha dirigido una conselleria".
   "Las mismas personas están detrás de las empresas que han orbitado a su entorno para conseguir fondos públicos de la administración. Igual han obtenido contratos de Sanidad o Bienestar Social, cuando Blasco estaba de conseller, que después han fundado consultoras y ONG, cuando Blasco ocupaba la conselleria de Solidaridad y Ciudadanía", ha señalado Blanco.
   Por su parte, la diputada del PSPV ha reclamado en un comunicado "todos y cada uno de los expedientes de la Cooperación Internacional para que podamos revisarlos en la cámara autonómica" y ha señalado que el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, "tiene 15 razones, para que si Rafa Blasco no dimite, sea cesado hoy mismo".
   La parlamentaria aludía así al número de personas detenidas en relación con este caso, aunque posteriormente se ha sabido que la cifra asciende a 19 entre imputados y detenidos, de los que únicamente uno permanece en prisión.
   Moreno ha recalcado que el todavía portavoz del PP en las Corts "fue quien nombró directamente a muchos de los detenidos, que han sido estrechos colaboradores suyos, y por eso él es el responsable político".
 "Fabra debe nombrar de inmediato a otro portavoz honrado y honorable, así como asumir las responsabilidades pertinentes", ha demandado tras denunciar que "la corrupción, como demuestran los casos de Emarsa, Gürtel, Fabra, Brugal ha sido una manera de hacer del PPCV, en estado puro".
   Sobre la investigación anunciada por el Gobierno, Cristina Moreno se ha mostrado "profundamente preocupada, porque la Generalitat no puede decir ahora que abre un procedimiento; no basta con eso", ha señalado.
   "Lo que tiene que hacer es abrir las puertas y las ventanas de la conselleria que está tras el presunto desvío de dinero, mejorar la imagen de nuestra comunidad lastrada por los casos de corrupción, reponer la legalidad, restaurar el buen nombre de las ONG que sí trabajan en la Cooperación Internacional, así como saber dónde está el dinero que no llegó y que fue destinado, entre otros fines, a la compra de pisos", ha exigido.
   En relación con la información acerca del nombre de 'Roger Rabbit' con el que la Policía aludiría a Blasco, Moreno ha señalado que "se trata de la ironía de la Policía judicial porque, en esa película, un juez corrupto está a la cabeza de una mafia de corruptelas".

Català pide "paciencia y comprensión" a las universidades y recuerda que acaba de abonar el mes de diciembre

VALENCIA.-   La consellera de Educación, Formación y Empleo, María José Català, ha pedido este viernes a las universidades valencianas "paciencia y comprensión" ante el retraso en los pagos por parte de su departamento de los meses de enero y febrero y ha recordado que "se les acaba de ingresar" el importe correspondiente al mes de diciembre pasado, por un importe de 66 millones de euros.

   Así se ha pronunciado Català en declaraciones a los medios momentos antes de mantener una reunión con los directores de 20 centros educativos de la Comunitat para tratar el Plan de Choque contra el fracaso escolar, al ser preguntada sobre las dificultades financieras que atraviesan las universidades por el retraso en los pagos correspondientes a los dos primeros meses de 2012 por parte de Educación.
   Al respecto, ha señalado que su departamento tiene previsto hacer el ingreso de una mensualidad "a lo largo de este mes" y que seguirá cumpliendo con sus obligaciones conforme vaya "pudiendo". "Es un importe muy elevado, nosotros vamos a seguir respaldando a las universidades, pero todo el trabajo que estamos desarrollando por parte del Gobierno valenciano para ponernos al día y que las mensualidades se retrasen lo menos posible tiene que verse reflejado en un comportamiento de las universidades de compromiso y de colaboración".
   En este sentido, les ha pedido que intenten "tener paciencia" y ayuden al Consell "en este trance que estamos atravesando y que efectivamente estamos superando".
   Asimismo, ha recordado que la Conselleria de Educación, Formación y Empleo ha abonado en dos meses más de 238 millones de euros en transferencias, de ellos "más de 160 millones de euros en materia educativa, unos 120 en universidades y unos 50 millones en formación y empleo", lo que, a su juicio, "es un buen dato".
   "Lo único que les pido es paciencia y comprensión, porque todo el mundo tenemos que ponernos al día en muchos conceptos y tenemos que ir haciéndolo poco a poco", ha concluido.

El PSPV asegura que la subida del paro en la Comunitat refleja que la crisis es mayor que en el resto de España

VALENCIA.- La portavoz adjunta del grupo socialista en las Corts y secretaria de Economía y Hacienda de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV, Cristina Moreno, ha lamentado este viernes que "una vez más ha subido el paro en la Comunitat más que en el resto de España", lo que, en su opinión, "demuestra nuevamente que en la autonomía la crisis mayor". La parlamentaria ha denunciado que, ante esta situación, "lo único que seguimos viendo es parálisis" por parte del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.

   Moreno se ha pronunciado de este modo en un comunicado tras conocer que la cifra de parados se sitúa ya en 566.131 personas en la Comunitat y ha insistido en que "por ser especialmente grave la crisis que viven valencianos, castellonenses y alicantinos, debería ser mayor la responsabilidad del Gobierno de Fabra y del PP, deberían de actuar ya e intentar acabar con esta lacra que supone el paro".
   Así, ha lamentado que en la Comunitat "aportamos uno de cada ocho parados del conjunto de España". Sin embargo, ha criticado que "por desgracia" el Consell de Fabra "sigue completamente paralizado ante la lucha contra el paro y ante la respuesta al gran drama que están sufriendo más de 566.000 valencianos y valencianas".
   La diputada socialista ha manifestado su "pesimismo" por las consecuencias que sobre estas cifras producirá la reforma laboral recién aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, ya que considera que "lejos de suponer un incentivo a la contratación y a la creación de empleo, generará más despidos, más inseguridad laboral y, por lo tanto, más paro".
 "Con esta reforma laboral no vamos a ver cómo se reducen las cifras del desempleo, sino todo lo contrario", ha apuntado.

La Audiencia de Valencia anula los 'swaps' que Bancaja vendió a nueve fotovoltaicas

VALENCIA.- La Audiencia Provincial de Valencia ha anulado los contratos de cobertura frente a los riesgos derivados del tipo de interés leasing vendidos por Bancaja (integrada en Bankia) a nueve empresas fotovoltaicas y deberá devolver 30.393 euros a ocho de ellas y 18.236 a una, según la sentencia dictada el pasado 22 de febrero.

   El tribunal concluye que los productos que Bancaja vendió al representante legal de las nueve pymes no se ajustaba a lo que el propio cliente deseaba y entendía, por lo que en la firma del contrato hubo "error en el consentimiento".
   La sentencia considera que la entidad dio al cliente "una información contractual y precontractual no veraz e incorrecta", por lo que el cliente creyó que "suscribía un producto de cobertura" y "se encontró con que se le ejecuta como si fuese un producto de inversión o especulativo".
   La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia confirma así la sentencia anterior dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Valencia, que también anuló los nueve 'swaps'.
   Bancaja argumentó en su recurso de apelación que las nueve sociedades, por su volumen de negocio, cualidad profesional de su administrador y asistencia de asesores, estaban "plenamente" capacitadas para entender el negocio suscrito.
   Además, la entidad defendió que sí se advirtió de los riesgos que podía reportar la operación derivados de una bajada brusca de los tipos de interés, que argumentaba no estaba prevista y que provocó pérdida a los clientes.
   Al respecto, la sentencia considera que el volumen de negocio y la calificación profesional de asesor legal es de "escasa trascendencia", ya que lo que el cliente buscaba para asegurarse un tipo de interés y lo que la entidad le vendió "no se armoniza con lo que efectivamente contrató, siendo esta divergencia completamente imputable a la entidad".

La Generalitat abona 2.200 millones de euros en enero y febrero para pagar deudas

CASTELLÓN.- La Generalitat Valenciana ha abonado en los dos primeros meses del año un total de 2.200 millones de euros para hacer frente a pagos en diferentes conceptos y partidas, tanto a proveedores como a distintos colectivos, según ha informado este viernes el vicepresidente del Consell y conseller de Presidencia, José Císcar, tras la celebración del Pleno del Consell.

   Císcar, que ha detallado el informe de pagos presentado en el Pleno del Consell por la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, ha destacado que en estos 60 días, es decir, enero y febrero, la Generalitat "ha pagado una media diaria de 36,6 millones de euros".
   El vicepresidente ha hecho hincapié en que la sociedad valenciana ha de ser "consciente" del "esfuerzo diario" que está realizando esta administración "por mantener el complejo engranaje del sistema de bienestar en conceptos como sanidad, educación o justicia".
   Císcar ha incidido en la "magnitud económica" de las cantidades abonadas, "que suponen el doble del presupuesto anual de La Rioja, la construcción de seis nuevos hospitales como La Fe de Valencia o la puesta en marcha de 485 nuevos centros educativos, más de lo que ha construido la Generalitat durante el periodo 2003-2011".
   Entre otros conceptos o partidas abonados, el sector farmacéutico ha recibido un total de 316.636.822 euros. En materia educativa, se han pagado 106.808.399 euros para transporte escolar, gastos de funcionamiento de los centros públicos y concertados, comedor escolar, bonolibro y educación infantil. También se han transferido 110,4 millones de euros para atender los gastos de los hospitales.
   Asimismo, en concepto de nóminas de profesores, maestros, médicos y enfermeros, entre otros colectivos que prestan servicio a la ciudadanía, se han pagado 597,1 millones de euros. En materia de dependencia y gasto social se han atendido pagos por valor de 76.971.754 euros. Por su parte, los abogados del turno de oficio han recibido 12.304.980 euros.

El Gobierno español distribuirá alimentos por valor de 80 millones de euros a los "más necesitados"

MADRID.- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente distribuirá a lo largo de este año alimentos por valor de 80 millones de euros para las personas más necesitadas, en el marco del Plan de ayuda alimentaria de la Unión Europea 2012. 

   Esta cantidad ha sido asignada a España por la Comisión Europea, a través de un Reglamento Comunitario en el que se establece la distribución presupuestaria para cada Estado miembro del montante económico del Plan de Ayuda Alimentaria 2012, dotado con 500 millones de euros.
   La Comisión Europea establece la asignación presupuestaria de cada Estado según los siguientes indicadores: la inversa del Producto Interior Bruto (PIB), el porcentaje de población en riesgo de exclusión social y la población total.
   Así, España, con la asignación de más de 80 millones de euros y 10.094 toneladas de leche desnatada en polvo procedente de los almacenes de intervención pública, se convierte en el segundo país de la Unión Europea, por detrás de Italia, que más fondos comunitarios va a recibir para la implementación de esta medida.
   El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) es el responsable, desde 1986, de la ejecución en España del Plan de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas. Dicho plan distribuye alimentos de primera calidad entre más de 1,8 millones de personas necesitadas de nuestro país
   El Plan 2012 tiene previsto distribuir distintos tipos de alimentos. Por un lado, se suministrarán tres productos (leche entera UHT, galletas y pasta alimenticia a la leche) obtenidos a partir del intercambio de la leche desnatada en polvo de la intervención pública por dichos alimentos.
   Además, está prevista la compra directa en el mercado de los siguientes alimentos: arroz, legumbres, aceite de oliva, tomate frito, conservas de pescado, verdura en conserva, fruta en conserva sin azúcar añadido, zumos de frutas, leche de continuación infantil, cereales y potitos infantiles. Esta distribución se hará a través de las organizaciones benéficas que en los próximos meses designará el FEGA.
   En 2011 el Plan fue desarrollado por Cruz Roja Española y la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), que repartieron más de 130 millones de kilos de alimentos a unas 8.000 entidades benéficas que, a su vez, los entregaron a las personas más necesitadas.
   La última fase de dicho Plan 2011 se está llevando a cabo en estos momentos ya que se planificó el establecimiento de una fase de enlace entre los planes de 2011 y 2012 para que los alimentos pudieran llegar de una manera periódica y constante hasta los beneficiarios.
   La Unión Europea ha aprobado recientemente la continuidad de este plan de ayuda alimentaria en 2012 y 2013. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente defenderá la continuidad de este plan comunitario a partir de 2014, tal y como ha venido haciendo en los últimos 25 años.

Nuevas proyecciones económicas de España para 2012

MADRID.- España anunció este viernes el techo de gasto y las proyecciones macroeconómicas y de déficit público que servirán de base para la elaboración de los Presupuestos (actualmente prorrogados) de 2012 que previsiblemente aprobará el Gobierno el 30 de marzo.

El Gobierno de Mariano Rajoy, que ya había aprobado un ajuste de 15.000 millones de euros a finales de diciembre, estableció un límite del gasto público de 116.295 millones de euros (en términos homogéneos), con un descenso del 4,7 por ciento en términos sobre el techo de gasto del año pasado. 

El techo de gasto previsto por el anterior Gobierno socialista para 2012 ascendía a 117.353 millones.

A continuación, las principales magnitudes previstas por el Ejecutivo de Rajoy para el año que viene.

CUADRO MACROECONÓMICO (**)
2011 ant 2012 ant
PIB real 0,7 1,3% -1,7 2,3%
Consumo final -0,7 0,9% -4,0 1,4%
Consumo AAPP -2,2 -1,3% -11,5 -0,8%
Formación Bruta Capital Fijo -5,1 -1,3% -6,9 2,7%
Demanda Nacional -1,8 0,0% -4,6 1,3%
Exportación Bienes/Servicios 9,0 8,3% 3,4 7,9%
Importaciones de ByS -0,1 3,0% -5,9 4,1%
Aportación exterior* 2,5 1,3% 2,9 1,0%
Empleo -2,0 0,2% -3,7 1,4%
PIB nominal (Variación %) 2,1 2,6% -0,8 3,8%

(*) Contribución al crecimiento en puntos porcentuales (**) Previsiones realizadas teniendo en cuenta una "ligera depreciación" del euro y un precio del petróleo prácticamente a 120 dólares por barril, según informó el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Tasa de paro: pasa del 21,6 por ciento de 2011 a una previsión de una media del 24,3 por ciento de la población activa.

Necesidad de financiación: pasa del -3,4 por ciento de 2011 al -0,7 por ciento del PIB en 2012.
Gasto de los ministerios pasa de 66.249 millones de euros en 2011 a 57.978 millones de euros en 2012.
Nota: Los datos anteriores corresponden al Cuadro macro presentado el 24 de junio de 2011 bajo el anterior Gobierno socialista.

PREVISIONES DEFICIT/SUPERÁVIT ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
%/PIB 2010 2011 ant 2012
Administración Central -5,66 -5,1 -4,8 -4,0
Comunidades Autónomas -2,83 -2,94 -1,3 -1,5
Corporaciones Locales -0,40 -0,38 -0,3 -0,3
Seguridad Social -0,24 -0,39 +0,4 0,0

DÉFICIT TOTAL AA.PP. -9,3 -8,51 -6,0 -5,8

CCAA y ayuntamientos recibirán 35.000 millones para pagar a proveedores

MADRID.- Las comunidades autónomas y los ayuntamientos recibirán 35.000 millones de euros en un préstamo sindicado a diez años y a un interés cercano al 5% para pagar las facturas pendientes a proveedores, con un periodo de carencia de dos años. 

   Así lo anunció la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros junto a los titulares de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, y el de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. 
   "Las administraciones tienen que pagar a partir de ahora puntualmente las obligaciones. Será la tónica general", explicó la vicepresidenta, quien argumentó que este plan de pago a proveedores es "clave" para dar confianza, y defendió esta medida como "estímulo" para la recuperación y la creación de empleo en las pymes y autónomos.
   De Guindos, quien concretó que el interés será el que paga el Tesoro (en el entorno del 3,5%) más un diferencial de 115 puntos básicos, aseguró que prácticamente todos los bancos españoles participarán en el préstamo sindicado, entre los que se incluirá también el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
   "Se inyecta liquidez en un momento de estrangulamiento del crédito, lo que supondrá un alivio importantísimo que tendrá su impacto en el crecimiento", explicó el titular de Economía, quien agregó que la emisión estará avalada por el Tesoro y contará con el "contraaval" de los ingresos estatales de las regiones y corporaciones locales. 
   "Las administraciones tienen que pagar a sus proveedores", enfatizó la vicepresidenta, para después agregar que persigue erradicar la morosidad, que se ha llevado por delante a "muchas" empresas y puestos de trabajo.  
   El Gobierno anunció la semana pasada que las corporaciones locales tendrán que suministrar al Ministerio de Hacienda con anterioridad al 15 de marzo el listado de facturas pendientes de pago con los proveedores hasta el 31 de diciembre de 2011, y antes del 31 de marzo tendrán que remitir un plan de ajuste que les permita hacer frente en el futuro al pago de dichas deudas.
   Según avanzó la Sáenz de Santamaría, este plan se hará extensible a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal que se celebrará el próximo martes 6 de marzo.
   Por su parte, Montoro coincidió en la "importancia" de este préstamo, al considerar que abre "una gran ventana" para acometer la reforma de los servicios públicos. "Poner las cuentas al día es la manera para hacer viables los servicios públicos", concluyó.

El Gobierno español aprueba la ley de Estabilidad Presupuestaria

MADRID.- El Gobierno español ha aprobado el proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que obliga a las administraciones públicas a tener déficit cero a partir del año 2020, y lo ha remitido a la Cámara Alta para su convalidación.

   Una vez que el Congreso dé 'luz verde' al texto y se introduzcan las enmiendas correspondientes, el proyecto de ley será enviado al Senado para recibir también el visto bueno de la Cámara Alta. Finalmente, volverá de nuevo al Congreso para ser aprobado de forma definitiva.
   La nueva ley introduce la deuda pública como criterio de sostenibilidad presupuestaria, que no podrá superar el 60% del PIB, y obliga a todas las administraciones públicas a presentar equilibrio o superávit computado en términos SEC a partir de 2020, por lo que ninguna podrá incurrir en déficit estructural desde entonces.
   Este objetivo es mucho más estricto que el que pactaron este verano PP y PSOE, con motivo de la reforma de la Constitución para controlar el gasto público, y que contemplaba un déficit estructural máximo del 0,4% del PIB.
   Ahora, este déficit estructural del 0,4% sólo podrá registrarse en caso de que las administraciones estén llevando a cabo reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo o en situaciones excepcionales, como catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria.
   Para conseguir estos objetivos, el proyecto recoge que la deuda pública se reducirá siempre que la economía nacional experimente una tasa de crecimiento real positiva. Además, cuando se alcance una tasa de aumento del PIB del 2% o se genere empleo neto en términos anuales, la ratio de deuda se reducirá anualmente, como mínimo, en dos puntos del PIB.
   En la misma línea, el déficit estructural del conjunto de las administraciones se deberá reducir un 0,8% del PIB nacional en el promedio anual hasta llegar al déficit cero en 2020. En 2015 y 2018 se revisarán las sendas de déficit y deuda.
   Además, todas las administraciones deberán aprobar un techo de gasto, similar al que ya aprueba la Administración Central, consistente con el objetivo de estabilidad, y el gasto público no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB, de acuerdo con la normativa europea.
   El proyecto de ley contempla la prioridad absoluta de atender los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro gasto, tal y como establece la Constitución.
   El incumplimiento de los objetivos de déficit exigirá la presentación de un plan económico-financiero que permita la corrección de la desviación en el plazo de un año. Dicho plan deberá explicar las causas de la desviación y las medidas que permitan retornar a los límites.
   En caso de incumplimiento del plan, la administración incumplidora deberá constituir un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. Pasados nueve meses, el Ministerio de Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración en cuestión.
   En realidad, se trata de una forma de intervención de las cuentas públicas, pero nada tendrá que ver con la suspensión de competencias autonómicas, sino que será algo similar a lo que sucede en la UE con los países que han sido intervenidos.
   El cumplimiento de los objetivos se tendrá en cuenta para autorizar emisiones de deuda, conceder subvenciones o suscribir diferentes convenios, y las sanciones impuestas a España por la UE en materia de estabilidad serán asumidas por la administración responsable.
   Antes de llegar a situaciones de incumplimiento del déficit, la ley también refuerza el principio de transparencia y, por ello, cada administración deberá dar información sobre las líneas fundamentales de sus presupuestos antes de aprobarlos. Además, se amplía la información a suministrar para mejorar la coordinación en la actuación económico-financiera de todas las administraciones.
   Según el Gobierno, ésta es una de las grandes reformas estructurales que vendrá a reforzar la estructura institucional de España, mostrando que hay unos controles establecidos para asegurar el cumplimiento del déficit.

El fiscal general del Estado declara la guerra a la corrupción

MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha adelantado hoy que piensa ser "extremadamente beligerante" con la "corrupción política, social y económica", hasta el punto de que ha dado  instrucciones a los responsables de la Fiscalía Anticorrupción para que se muestren "extremadamente vigilantes en esta cuestión". 

   A su entender, la corrupción es "un cáncer social" que "mina elementos esenciales de la convivencia, lastra recursos necesarios para la propia convivencia y establece un clima de enorme desconfianza en instituciones importantes para la convivencia social y el Estado de Derecho".

Organizaciones cristianas piden proteger el domingo como día festivo

MADRID.- Doce organizaciones cristianas de España han pedido a las administraciones locales, provinciales, autonómicas y estatales del conjunto del Estado español que protejan el domingo como día de descanso laboral en la futura legislación nacional y comunitaria relativa al calendario de trabajo, con el fin de "mejorar la protección de la salud de las personas trabajadoras y la conciliación de la vida laboral y la vida familiar".

   Estas organizaciones son la Federación de movimientos de Acción Católica --integrada por Acción Católica General (ACG), Juventud Obrera Cristiana (JOC), Juventud Estudiante Católica (JEC), Mujeres Trabajadoras Cristianas (MTC), Profesionales Cristianos (PX), Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos (MJRC), Movimiento Rural Cristiano (MRC), Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y la Fraternidad Cristiana de personas con discapacidad de España (Frater)--, la Comisión General de Justicia y Paz (JyP), Acción Católica Obrera (ACO) y las Hermandades del Trabajo (HHTT).
   De esta forma, se suman a la jornada de acción en defensa del 'Domingo Libre' del próximo 4 de marzo, convocada por la Alianza Europea por el Domingo Libre de Trabajo, que reúne a más de 65 organizaciones civiles, sindicales y eclesiales --incluida la Comisión de Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea (COMECE) y la Conferencia de Iglesias Europeas (KEK)--.
   En esta jornada, se pedirán medidas legislativas y políticas "que permitan una mejor conciliación de la vida privada y profesional" y una regulación "más humana" del tiempo de trabajo. En este sentido, reivindicarán el domingo libre porque, a su juicio, permite el encuentro con la familia y con los amigos, así como tomar conciencia de las cuestiones fundamentales de la vida.
   Además, las organizaciones animan a todas las entidades, especialmente del ámbito eclesial, a que "difundan y den visibilidad a esta Alianza, que pretende garantizar el descanso dominical" ya que, según recuerdan, es "lo que recuerda la Iglesia insistentemente en su magisterio".
   Por todo ello, confían en que la sociedad civil reconozca "que el día del Señor es también el día de descanso del trabajo" para que sea posible "liberarse de las actividades laborales sin sufrir por ello perjuicio alguno". En esta línea, recuerdan la exhortación apostólica de Benedicto XVI del 22 de febrero de 2007 'Sacramentum Caritatis', que proclama que "es indispensable que la persona no se deje dominar por el trabajo, que no lo idolatre, pretendiendo encontrar en él el sentido último y definitivo de la vida".

jueves, 1 de marzo de 2012

Sánchez de León: "Me siento con más fuerza para seguir adelante"

MADRID.- La delegada del Gobierno en la Comunidad Valencia, Paula Sánchez de León, ha asegurado este miércoles que se siente con "más fuerza para seguir adelante" y que su objetivo es demostrar que se pueden celebrar manifestaciones "sin utilizar la violencia". Además, ha señalado que es mayor el "clamor" para que no dimita de su cargo. 

   "No pienso dimitir. Me siento con más fuerza para seguir adelante y demostrar que hay posibilidades para manifestarse y reunirse, pero sin utilizar la violencia. Con más clamor he oído a más personas que no dimitiera", ha asegurado Sánchez de León en declaraciones a la Cadena Ser.
   La delegada del Gobierno ha insistido en que la Policía actuó en las manifestaciones de estudiantes valencianos en "situaciones límite" y se ha quejado de ha habido "mucha manipulación" en este sentido.
   "Se actuó porque había actuaciones ilícitas que no se podían evitar de otra forma", ha dicho, "el resto de días los políticos estaban ya hablando de carga cuando la policía solo quería mantener el orden dentro de la proporcionalidad".
   No obstante, ha admitido que si algún agente se ha excedido en las cargas policiales, la Delegación del Gobierno tendría que "ver las consecuencias" y que "en breve" se sabrá los resultados de la investigación. "Se están analizando los hechos", ha insistido, "las garantías de los ciudadanos están garantizadas".
   Sánchez de León ha asegurado que no fue adecuado usar el término enemigo referido a los estudiantes por parte del jefe superior de Policía de Valencia, Antonio Moreno. "No hay que descontextualizarlo, ya se han pedido disculpas", ha apostillado.