El conseller de Territorio catalán cree que Marina d'Or llega tarde a la carrera para acoger 'Eurovegas'

BARCELONA.- El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya, Lluís Recoder, ha considerado este domingo que Marina d'Or llega tarde a la competición para acoger el proyecto de Eurovegas.

   En declaraciones a los medios durante la entrega de una promoción de pisos de protección oficial en L'Hospitalet de Llobregat, ha asegurado que no conoce la oferta del complejo turístico de Castellón, pero que "llega un poco tarde".

   "Aquí hay mucho trabajo y conversaciones, y todo está a punto para que tomen la decisión, que no sabemos cuál será", ha explicado.

   Por ello, ha opinado que sumar una tercera posibilidad a las que ya se manejan, en Barcelona y Madrid, "no está dentro del calendario con el que trabajan los que tienen que invertir el dinero".

   Recoder ha avanzado que confía que el empresario Sheldon Adelson haga pública la decisión de qué zona acogerá el complejo este mes de junio.

EUPV critica la hipotética instalación de Eurovegas en Marina d'Or ya que es una salida "desesperada" a la crisis

VALENCIA.- La diputada de EUPV en las Corts, Marina Albiol, ha criticado la intención de acoger el proyecto Eurovegas en el PAI de Marina d'Or Golf ya que se trata de "una salida absolutamente desesperada a la crisis". "Castellón no puede convertirse en el prostíbulo de Europa", ha insistido.

   En un comunicado, Albiol se ha pronunciado así después de que el presidente del grupo Marina d'Or, Jesús Ger, anunciara la existencia de contactos con los promotores de la iniciativa. A su juicio, este "no es el modelo turístico de calidad" por el que habría que apostar en la provincia, ya que "potenciará incluso patologías sociales, sin ir más lejos la ludopatía".

   Además, la diputada de izquierdas ha señalado que "no creará puestos de trabajo de calidad y estables" y supone continuar apostando "por un modelo fracasado".

   Por ello, Albiol ha criticado el apoyo de los poderes públicos a una iniciativa privada "que supone convertirse en un monumental prostíbulo".

'Tanquem Cofrents' realiza una marcha para pedir el cierre de la central nuclear

VALENCIA.- La plataforma 'Tanquem Cofrents' ha realizado este domingo una marcha en la que ha pedido nuevamente el cierre de la central nuclear y ha denunciado los peligros que genera este tipo de energía no renovable al medio ambiente.

   Según ha informado el portavoz de la entidad José Juan Sanchís, a la marcha han acudido más de 250 personas y ha transcurrido sin incidentes. Al llegar a la central han desplegado una pancarta con un símbolo antinuclear de 25 metros de diámetro, así como otra en la que se podía leer 'Cal tancar Cofrents ara més que mai'('Hay que cerrar Cofrentes ahora más que nunca'), además de leer un manifiesto.

   Por su parte, la integrante del grupo Lourdes Tejedor, ha subrayado que tenían "permiso de la Delegación de Gobierno para hacer la marcha por un carril" pero que la Guardia Civil quería que la realizaran por el margen, aunque al final les han dejado ocupar parte de la carretera. "Realmente queríamos circular por un carril pero no nos lo han permitido, es una cuestión política, es como un juego entre nosotros y ellos", ha sostenido Tejedor.

   Sanchís ha resaltado que los ciudadanos no quieren seguir viviendo con centrales nucleares "viejas y obsoletas" como la de Cofrentes y Garoña y ha criticado que mientras otros países "han aprendido de desastres como el de Fukushima, España no lo ha hecho y sigue exportando muchísima energía a otros lugares del mundo por lo que la central valenciana sobra".

   "Aquí se está potenciando aún más la vida de las centrales nucleares y el caso más sangrante es el de Garoña, que es una de las más viejas del planeta, y se le va a permitir vivir durante 50 años. Todo esto no es más que un negocio que estamos pagando los ciudadanos", ha apuntado el portavoz.

Ximo Puig anuncia que dejará la alcaldía de Morella el 30 de junio

CASTELLÓN.- El secretario general del PSPV, Ximo Puig, dejará la alcaldía de Morella el próximo 30 de junio, según ha anunciado el socialista en su perfil de Twitter. Le relevará en el cargo el primer teniente de alcalde, Rhamsés Ripollés, que se convertirá en primer edil de la localidad de Els Ports a sus 27 años de edad.

   De este modo, Puig ha concretado la fecha en la que abandonará el cargo para cumplir con el compromiso adquirido cuando fue nombrado secretario general del PSPV. La procesión del Corpus del próximo 10 de junio será el último acto público de Puig y su renuncia se materializará en el pleno municipal del 29 de junio.

   A continuación, se celebrará el pleno para proceder al nombramiento del nuevo primer edil. Está previsto que Puig entregue la vara de mando a Rhamsés Ripollés en un acto que tendrá lugar en las salas góticas del Ayuntamiento de Morella.

   Puig ha comunicado su decisión a los miembros de la asamblea del PSPV que se reunieron para elegir los delegados al congreso provincial de los socialistas y también se lo ha comunicado al portavoz del PP en el Ayuntamiento, Guillermo Sangüesa.

   "Desde el cariño y el compromiso, acabo de anunciar a mis compañeros la renuncia como alcalde el día 30. Gracias a todos los morellanos/as", ha indicado en su perfil de Twitter.

   La renuncia de Puig al cargo pone fin a 17 años de alcaldía y muchos más como concejal. En la actualidad, Puig es alcalde de Morella y diputado nacional por Castellón. El abandono de la política municipal de Puig también supondrá el regreso al consistorio de Palmira Mestre, quien ya fuese concejala de Educación en Morella la pasada legislatura.

El Gobierno afianza el plan de una banca pública

MADRID.- El Gobierno avanza progresivamente en la idea de conformar una banca pública liderada por José Ignacio Goirigolzarri ante el tibio interés que el sector financiero ha mostrado por las subastas de entidades nacionalizadas y la falta de recursos del fondo de garantía de depósitos, informaron hoy fuentes financieras.

 

   Los bancos no han mostrado excesivo entusiasmo por los procesos de adjudicación pendientes, los de Banco de Valencia y Catalunya Caixa, a los que se añadirá, con toda probabilidad, el de Novacaixagalicia, ya que exijen un elevado respaldo público para quedárselas.

   La idea inicial del Gobierno de Mariano Rajoy era concluir las adjudicaciones de las nacionalizadas durante el primer semestre del ejercicio y que el coste de la reestructuración del sistema financiero recayese exclusivamente sobre la banca y no sobre el contribuyente.

   No obstante, los dos últimos decretos de saneamiento financiero aprobados por el Gobierno obligan a la banca a acometer un esfuerzo en provisiones para cubrir eventuales pérdidas por el ladrillo de 84.000 millones de euros, lo que ha congelado su interés comprador.

   Asimismo, tanto las entidades como el Ministerio de Economía ven lógico aplazar las subastas hasta conocer las valoraciones que hagan sobre la banca española Oliver Wyman y Roland Berger de acuerdo al encargo del Gobierno para despejar las dudas de los mercados sobre la valoración de los activos.

   Además, la última adjudicación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) al Sabadell ha dejado esquilmado al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), instrumento que se nutre de las aportaciones privadas de las entidades y con el que se están sufragando las subastas.

   El rescate de Bankia, que acarrea respaldo público por importe global de 23.465 millones de euros, ha terminado de desbaratar el escenario del sector financiero, que ahora cuenta con la presencia del Estado en la quinta parte de su accionariado.

   Con este telón de fondo, el departamento que dirige Luis de Guindos es consciente de las dificultades de devolver las entidades nacionalizadas al sector privado, por lo que ha puesto sus ojos en Goirigolzarri, flamante presidente de Bankia, para liderar un banco público que aglutine a las entidades nacionalizadas.

   Las tres entidades nacionalizadas por el Estado suman un volumen de activos de 466.000 millones de euros en activos consolidaddos y contarían con una cartera conjunta de más de 17 millones de clientes y una red comercial compuesta por 5.475 oficinas.

El relevo en el Banco de España puede abrir otro conflicto jurídico

MADRID.- El anunciado relevo en el Banco de España, habida cuenta de que el actual gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, abandona el cargo el día 10 de junio, puede abrir un nuevo conflicto jurídico entre dos leyes sobre si el candidato debe o no comparecer previamente ante el Congreso para ser examinado.

 

   Esta situación deriva de la Ley de 2006 de Conflicto de Intereses de los Altos Cargos, que dejó establecido que los candidatos a los órganos constitucionales y reguladores debe ser sometidos a un examen en el Congreso "con carácter previo al nombramiento" para certificar su idoneidad para el puesto y la ausencia de incompatibilidades.

   El conflicto jurídico ya se produjo con el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, que no se sometió a examen previo porque el Gobierno, cuando le nombró, optó por seguir la ley específica de la institución, más antigua que la de 2006 pero de mayor rango por su carácter orgánico.

   Ante las protestas del PSOE, al final el Gobierno congeló el nombramiento hasta que Romay Beccaría compareció en el Congreso, donde pasó el examen sin problemas, y fue después cuando ya tomó posesión.

   Con el Banco de España puede suceder ahora lo mismo, según aseguran fuentes parlamentarias. La ley del organismo regulador, de 1994, establece que el gobernador será nombrado por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno, y que, "con carácter previo", el ministro de Economía y Hacienda habrá de informar al Congreso sobre el candidato.

   En cambio la citada ley de 2006 da a entender que quien debe ser examinado con carácter previo es el propio candidato a gobernador, pues habla de que el examen de idoneidad es exigible al "presidente y los miembros de los órganos rectores de cualquier organismo regulador y de supervisión".

   La cuestión es que no hay mucho tiempo para decidir el procedimiento, habida cuenta de que Fernández Ordóñez ha anunciado su marcha para el día 10 y se espera que su sustituto esté ya en su despacho al día siguiente, lunes 11 de junio, cuando recibirá los resultados de las auditorías independientes sobre el sector financiero encargadas a dos empresas extranjeras.

   Los ajustados plazos harían por tanto necesario que socialistas y 'populares' negociaran esta decisión a lo largo de esta próxima semana, especialmente si es necesario que el candidato comparezca en la Cámara baja, si bien la presidenta de la Comisión de Economía, Elvira Rodríguez, ha confirmado que este órgano no tiene prevista ninguna sesión hasta la semana siguiente.

   En todo caso, se espera que esta vez el relevo en la cúpula del Banco de España se haga con consenso entre los dos grandes partidos, con opción a que el PSOE pueda aportar nombres para el puesto de subgobernador.

   Hasta ahora despuntan tres nombres para suceder a Fernández Ordóñez: Luis María Linde, que acaba de ser nombrado consejero y cuya edad no le permitiría completar su mandato (todo gobernador debe dejar el cargo al cumplir 70 años); Fernando Bécquer, consejero autonómico y alto cargo del PP en los noventa y actualmente directivo de Iberdrola pero también de la nacionalizada Bankia; y José Luis González Páramo, que acaba ahora mandato en el Banco Central Europeo (BCE).

   Como subgobernador y a sugerencia del PSOE se ha mencionado a Vicente Salas, el consejero del Banco de España que ha sido relevado hace sólo una semana.

   Los socialistas se fían de la palabra del ministro Luis De Guindos de que elegirán a alguien con un "perfil profesional y adecuado" y esperan que no haya motivo para que tener que protestar. Por el mismo motivo, también confían en que el PP no les ponga trabas al nombre que propongan como subgobernador.

   Lo que sí han acordado los dos grandes partidos es negociar los nombramientos lo más cerca posible a la sucesión para evitar filtraciones y situaciones de interinidad. Ahí se decidirá quién presenta la propuesta al Parlamento, si es el ministro Luis De Guindos, como parece más probable, o se habilita una comparecencia del candidato a gobernador.

El 15-M grita: "¡Bankia es nuestra!"

MADRID.- "Si Bankia es nuestra, sus casas también", han proclamado hoy más de 200 madrileños en la calle Sebastián el Cano, cercana a la estación de Atocha. El edificio número 36 es ya emblemático para el movimietno 15-M, después de varias ocupaciones, desalojos y concentraciones. Y hoy han decido volver a él para "liberar" varias viviendas propiedad de la entidad financiera intervenida, según informa 'Público'.

La acción de los indignados ha comenzado a medio día en la plaza del barrio de Lavapíes, donde, armados con cacerolas y haciendo ruido, han protestado contra la gestión que el Gobierno está llevando a cabo con Bankia, inyectando un rescate de más de 23.000 millones de euros, mientras "especulan, nos roban y desahucian". La convocatoria venía de un conjunto de colectivos y grupos del movimiento 15-M relacionados con la temática de la vivienda y bajo el lema #Bankiaesnuestra.

En un momento, el estruendo metálico ha cesado y los convocantes han pasado a leer un comunicado en el que se ha dicho "¡Basta ya!" al rescate de Bankia, a los desahucios y al lucro con la vivienda, según ha relatado desde el lugar Abel Martínez a Público.es. Posteriormente, los manifestantes han dedicado unas palabras de solidaridad con los jóvenes detenidos en Barcelona durante los últimos días por los sucesos de la huelga general del 29-M.

Una vez se han acabado las palabras, han vuelto las cacerolas y los manifestantes han emprendido la marcha hasta Sebastián el Cano, donde se ha vuelto a leer otro comunicado en el que se ha acusado a Bankia de ser la "responsable del 80% de los desahucios que se producen en Madrid" y tener, precisamente en ese edificio, alrededor 80 viviendas de su propiedad vacías y con la puerta tapiada.

De esta forma, han anunciado públicamente su intención de "entregar esos pisos a personas desahuciadas, sin trabajo, precarios, los que no pueden acceder a una vivienda", según relata Martínez desde el lugar. También se ha desplegado una pancarta desde una de las viviendas, que había sido "liberada", en la que se puede leer: "Si Bankia es nuestra, sus casas también".

En esta iniciativa participa la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Asamblea de Vivienda de Madrid, el Grupo de Vivienda de Lavapiés, la Oficina de Vivienda, ‘Okupa tu también', el ‘Kolectivo Maricarmen' y ‘Paisaje Transversal'.

En el comunicado de la convocatoria, publicado en la web de la asamblea de Lavapiés, los indignados afirma que la ciudadanía está cargando sobre "nuestra espaldas el peso del rescate de la pésima gestión y el gran expolio perpetrado por sus directivos y consejos de administración". En paralelo, denuncian que "Bankia expulsa a diario de sus casas a decenas personas que caen por la pendiente de la precariedad, encadenadas a trabajos basura (o aun peores, de semi-esclavitud) o viéndose expulsadas del mercado laboral para que finalmente se vean expulsadas brutalmente a la calle con sus cosas o sin ellas".

Por todo ello, los organizadores de la iniciativa han proclamado que junio va a ser el 'Mes contra Bankia' para intentar que frene sus desahucios y reclamar que las viviendas con las que cuenta pasen a formar un parque de casas en régimen de alquiler social.

Marina d'Or mantiene contactos para alojar en sus terrenos el proyecto Eurovegas

CASTELLÓN.- El presidente de Marina d'Or, Jesús Ger, ha anunciado que el grupo ha mantenido contactos con los impulsores del proyecto Eurovegas para alojar el macrocomplejo en sus terrenos, aunque ha indicado que aún es pronto para avanzar más sobre el tema.

   Así lo ha indicado durante la celebración de la Fiesta de la Primavera celebrada en el complejo de Marina d'Or en Oropesa del Mar, en la que se mostró "encantado" de que Eurovegas pudiera instalarse en el recinto por la generación de riqueza y trabajo que supone para la zona, según ha informado el grupo en un comunicado.

   La apuesta de Marina d'Or por alojar en sus terrenos a Eurovegas --para el que se han postulado ya Madrid y Barcelona-- cuenta, además, con el apoyo de la Generalitat, tal y como apuntó la consellera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson, también presente en el acto que dio el pistoletazo de salida a la nueva temporada del complejo.

   No obstante, Ger ha recordado que el complejo se ha caracterizado por ser un espacio familiar y para los niños, una entidad que --ha advertido-- no van a perder, "por lo que todo aquel que quiera asociarse con nosotros, lo debe respetar".

   El complejo cuenta actualmente con cinco parques temáticos destinados a niños, un balneario, un centro médico y áreas deportivas, una oferta que se incrementará próximamente con el Parque Acuático Polinesia. Actualmente, Marina d'Or ofrece 5.500 plazas hoteleras, 80 comercios, cafeterías, restaurantes y en un futuro próximo 180.000 plazas hoteleras con el complejo Marina d'Or Golf.

   "Hay que transformarse si queremos avanzar, por lo que junto a políticas de austeridad hay que aplicar políticas de crecimiento", ha insistido Jesús Ger durante el primer encuentro con más de 500 touroperadores y agencias de viajes nacionales e internacionales llegados de Francia, Reino Unido, Emiratos Arabes, los países bálticos, Egipto e Irak.

Abrir la «Europa fortaleza» a los inmigrantes

BRUSELAS.- Europa se debate entre dos ideas opuestas: el rechazo a los inmigrantes que ocupan deseados puestos de trabajo y no se integran en nuestras sociedades y la necesidad de recibir extranjeros por cuestiones económicas, demográficas y sociales. Bruselas apremia a los Estados miembros a articular una política migratoria común que ofrezca seguridad a los europeos y abra canales a la migración legal y la movilidad. Hay más de 20 millones de inmigrantes regulares en la UE.

 

Son exactamente 20,2 millones los nacionales de terceros países presentes en la UE con papeles, lo que representa el 4% de la población total, según el informe sobre las migraciones en 2011 presentado por la Comisión Europea. No hay datos fiables sobre la inmigración ilegal. Según Bruselas, el año pasado se denegó la entrada en la UE a alrededor de 343.000 personas, un13 % menos que en 2010. También en 2011, bajó ligeramente el número de detenidos, ue fueron 468.500 y los Estados miembros expulsaron en torno a 190.000 nacionales de terceros países (un 15 % menos que en 2010). Aumentó, sin embargo, el número de solicitudes de asilo, que llegó a 302.000, un 16% en comparación con el año anterior, pero muy por debajo de las solicitudes recibidas hace una década.

Más datos, aunque referidos a 2010 cuando la crisis económica ya afectaba al mundo laboral. Entonces la tasa media de empleo de los nacionales de terceros países entre 20 y 64 años fue del 58,5%. Los visados Schengen que se expidieron en 2011 fueron 12,7 millones, la gran mayoría en Rusia, seguida de Ucrania, China y Turquía.

De esta lluvia de cifras, la Comisión Europea saca unas conclusiones que resumió la comisaria de Interior, Cecilia Malmström: «La Unión Europea necesita una política de migración sólida y coherente, que responda tanto a corto como a largo plazo a las necesidades. Precisamos una gestión eficaz de nuestras fronteras exteriores, con el fin de garantizar la libre circulación dentro de la UE, de aportar una auténtica protección a quienes la necesiten y, al mismo tiempo, de brindar canales para la migración legal y la movilidad». 

¿Y qué piensan los ciudadanos europeos de todo esto?

Pues, según una encuesta de Eurobarómetro, hay división de opiniones. Mientras un 42% de los encuestados cree que la UE debería promover la inmigración laboral desde países no pertenecientes a la UE para ayudar a abordar los retos demográficos y la escasez de mano de obra, un 46 % discrepa.

El 68 % de los encuestados considera que los inmigrantes legales deben tener los mismos derechos que los ciudadanos nacionales. Sin embargo, son mayoría los que piensan que los inmigrantes pueden tener dificultades de integración, a causa de la inmigración, y la mitad de los europeos cree que la inmigración enriquece a los países de la UE económica y culturalmente.

El informe sobre inmigración y asilo de 2011 recomienda superar la retórica anti-inmigración, que amplifica las desventajas y olvida la contribución positiva de la migración a Europa para crecer y prosperar. Propone actuaciones en un doble sentido de concienciar a la población europea sobre esa idea y, a la vez, a los inmigrantes de la necesidad de adaptarse a las sociedades en las que viven.

Infundir confianza es esencial, dicen los expertos de la Comisión Europea. Por tanto, hay que evitar que se implante el concepto de «Europa fortaleza», sin renunciar a tener unas fronteras seguras con vías legales de entrada de extranjeros. La UE no puede vivir aislada. Por eso, se necesita una mayor implicación de asociaciones de migrantes, empresarios y sindicatos para establecer una política que responda a las necesidades europeas y también ofrezca seguridad a quienes necesitan protección.

En consecuencia, Bruselas plantea a los Estados actuar en diferentes frentes: garantizar que las oportunidades de migración legal y movilidad respondan a las necesidades de la UE, trabajar en la integración efectiva, responder a las presiones migratorias aplicando las medidas existentes para reducir la migración irregular mediante la cooperación con países terceros y lograr un sistema europeo común de asilo en 2012.

Para conseguirlo, la UE es consciente de los problemas de financiación de los Estados y afirma, un tanto abstracta, que «el apoyo de la UE a través de la ayuda financiera en materia de migración y movilidad sigue siendo un aspecto importante de solidaridad en el interior de la UE y de la cooperación con los países no pertenecientes a la Unión».

Las colas de la pobreza se alargan en la Comunidad Valenciana

VALENCIA.- Una jubilada cuenta entre sollozos que come todos los días gracias a la caridad. No se lo ha dicho a sus tres hijos parados, porque reparte su pensión de 540 euros entre ellos. Un matrimonio tenía una empresa de alquiler de maquinaria para obra pública. Con ella se hizo un tramo del AVE. Ahora guardan cola para recibir arroz, aceite y leche. Él, autónomo, no cobra nada. Ella, 426 euros de la renta activa de inserción. Tienen cinco hijos, relata 'El País'.

Ellos pertenecen a los 200.000 hogares de la Comunidad Valenciana en que todos sus miembros están en paro. Los indicadores asustan. Una de cada cuatro familias valencianas está bajo el umbral de la pobreza (renta mensual inferior a 627 euros). Uno de cada tres ancianos vive en la miseria. La gente forma colas, que crecen y se multiplican, para recibir alimentos de primera necesidad. Ya no tienen por qué ser mayoritariamente inmigrantes, como antes de la crisis. El 23% de las personas que en 2007 atendió Cáritas en Valencia era española; el pasado año esa cifra se elevó al 40%. Y la escalada continúa. La pobreza se ha extendido y acosa a los que antes pertenecían a la clase media, a mayores que no tenían cargas, a parejas con niños que trabajaban, a los jóvenes preparados. Como la enfermera veterinaria que vivía sola con sus tres gatos. Se quedó sin trabajo y ha vuelto a la casa de sus padres pensionistas. También ella hace cola para llevar algo al hogar.

Junto a los ancianos y los inmigrantes, los jóvenes valencianos son los más castigados por la crisis. Uno de cada tres (258.000) está en riesgo de pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), y la recesión ha duplicado las penurias de un colectivo que sobrevive, en buena parte, gracias al colchón familiar.

Hace tiempo que las organizaciones asistenciales e instituciones benéficas levantan la voz de alarma. Pero el problema se ha recrudecido en los últimos meses. La constante destrucción de trabajo y el fin de las prestaciones por desempleo han provocado un notable aumento de personas que han de echar mano de la ayuda social.

La Casa de la Caridad de Valencia ha repartido en el primer trimestre de este año un 9,5% más de raciones que en el mismo periodo de 2011, alcanzando su récord. En ese mismo periodo, la Encuesta de Población Activa (EPA) de finales de marzo refleja un incremento del 5,2% de los hogares valencianos con todos sus miembros en paro. El paro creció dos puntos hasta llegar al 27,3% en ese intervalo. La espiral de datos, a veces tan fríos, encuentra su correlato inmediato en el drama que se vive en las calles.

Para Cruz Roja, la situación es de “emergencia”. Ha lanzado una campaña para paliar la “extrema vulnerabilidad” con entrega de comida básica, paquetes de higiene e incluso ayudas para pagar el recibo de la luz, el material escolar o los medicamentos.

Los rostros actuales de la pobreza / Joaquín García Roca

La crisis financiera y económica, que golpea a amplias capas de la población, junto a una gestión política que secuestra los derechos sociales, y al cambio cultural que debilita las estructuras colectivas ha transformado las formas de la pobreza como resultado de las profundas desigualdades sociales, del ocaso de los servicios públicos y la ruptura de los vínculos sociales.

Si antes los pobres confiaban en superar a futuro las privaciones, ahora se sienten sometidos al azar o al destino, y sus decisiones quedan fuera de su dominio. Las pobrezas actuales se han aliado con la impotencia colectiva como marionetas en manos de grandes poderes anónimos.

La precariedad económica ha desbordado los lugares y grupos sociales tradicionales para extenderse por toda la sociedad como una vulnerabilidad que empuja hacia abajo y expulsa de los dinamismos y relaciones sociales. Personas de clase media, jóvenes expulsados de los estudios, profesionales con éxito académico se sienten sobrantes, postergadas e instaladas en la inseguridad económica, en el desánimo personal y en la desconfianza política. Esta situación ha generalizado la pérdida y cuando todos son perdedores, el desinterés es mutuo. Lo cual justifica que cada grupo se ocupe únicamente de sus propios intereses sin lugar para cooperar con aquellos que intentan sobrevivir cada día.

En la medida que la precariedad económica golpea a personas acomodadas y solventes, se asiste al camuflaje de la pobreza. Se oculta ser cliente del Banco de Alimentos, se invisibiliza acudir a los comedores benéficos, se disimula vivir de la pensión del anciano. Para el pobre tradicional mostrarse era una estrategia de supervivencia, los nuevos pobres se hacen invisibles y por lo mismo poco fiables; de ahí la sospecha sistemática sobre los mayores que usan mal los fármacos; sobre los discapacitados que abusan de la ley de dependencia; sobre los mendigos que ocultan sus intenciones; sobre los inmigrantes indocumentados que no podrán acceder al sistema sanitario; sobre los desempleados que deberán presentarse periódicamente en las oficinas del INEM; sobre los destinatarios de la renta mínima que se convierten en parásitos sociales.

El mito del mercado penaliza a los pobres ya que si no acceden a las oportunidades es culpa propia; en lugar de reconocer que el mercado es despiadado, caprichoso e injusto se cree que cada uno está allí donde se merece. Se afirma, con especial descaro, que toda intervención pública, que intente cambiar los resultados del mercado, se convierte en el enemigo de los pobres, ya que alienta la pereza. De este modo, se ha producido una alarmante criminalización de los fenómenos derivados de la pobreza: la mendicidad, el trapicheo de drogas, un cierto tipo de prostitución, pequeños robos y manteros de CD’s. Mientras los sistemas de control amplían sus competencias, se reducen los sistemas de protección. Muchos beneficiarios de los servicios asistenciales, sanitarios y educativos se convierten en un problema de seguridad ciudadana. Nace de este modo los guetos donde se concentran familias pobres, poblaciones consideradas marginales, zonas deprimidas, minorías étnicas, desempleo estructural y desafiliación cultural.

Frente a las pobrezas actuales, se necesita la vía política que garantice los bienes de justicia por debajo de los cuales no hay vida humana, la vía social que facilite el acceso a esos bienes mediante la colaboración ciudadana y movilización social y la vía cultural que desarrolle capacidades para elegir la vida que se considere deseable.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/02/valencia/1338667731_886697.html 

Alberto Fabra intenta reconstruir las estructuras provinciales del partido

VALENCIA.- El corto periodo de tiempo entre el congreso regional y el provincial ha propiciado que Rus sea, finalmente, candidato único a la reelección. Pese a aparecer en el 12º congreso regional del PP como traidor —sus seguidores castigaron la inclusión de Castellano en la candidatura de Fabra con un 19% de votos en blanco—, Rus ha intentado en la última semana recomponer puentes con Alberto Fabra, a quien ha solicitado disculpas, según 'El País'.

La opción de presentar un candidato alternativo —se tanteó incluso con la posibilidad de que pudiese ser el concejal de Valencia, Jorge Bellver— fue descartada por Fabra esta misma semana. Fuentes del PP arguyen dos razones. Por un lado, una confrontación abierta en el seno del PP hubiese provocado una crisis institucional en la Diputación de Valencia. Por otro, Rus ya había recogido la gran mayoría de los 2.500 avales que ha presentado como candidato.

Este congreso, sin embargo, no está cerrado, porque la dirección regional intentará en las semanas que restan para el congreso provincial que la votación sobre Rus evidencie su declive. Y el castigo tendrá forma de votos en blanco, como los que recibió Fabra

El PP valenciano está a punto de completar su tercera reinvención desde que se alzara con la presidencia de la Generalitat en 1995. En poco más de dos meses y medio, los populares habrán renovado la dirección regional, que entronizó a Fabra el pasado 19 de mayo, y las tres direcciones provinciales —los cónclaves están previstos para el 13 y el 14 de julio—.

En ese corto espacio de tiempo, Fabra habrá ahormado el partido a su figura, aunque no sin problemas, como lo demostró el 19% de voto en blanco que obtuvo su candidatura en el congreso regional. Pese a ello, apenas unas semanas le han bastado para dejar claro que su liderazgo se va a consolidar en el seno del PP valenciano en un tiempo récord.

Alberto Fabra ya ha dejado claro a cargos y militantes que el partido ahora tiene la misión de arropar al Consell y al Gobierno y explicar en las calles las decisiones adoptadas. Un escenario en el cual Fabra ha decidido que no tienen cabida las luchas internas. Estas dos ideas y el posibilismo del que ha hecho gala se ha traducido finalmente en una candidatura única en cada uno de los tres cónclaves que tendrán lugar el mes que viene.

En Castellón, la transición entre el presidente saliente del PP provincial, Carlos Fabra, y el entrante, Javier Moliner, estaba ya encarrilada desde que Alberto Fabra sustituyó a Francisco Camps en la presidencia de la Generalitat. En esta provincia, todos son conscientes de que el auténtico poder territorial de la provincia lo ostenta ahora el jefe del Consell, que ha promocionado en la Administración valenciana a un buen número de castellonenses.

El poder territorial del PP en la provincia de Alicante ya está, aunque de manera oficiosa hasta la celebración del congreso, en manos del vicepresidente del Consell, José Ciscar.

Las distintas tribus populares que pueblan la provincia, tras años de enfrentamiento entre zaplanistas y campistas han sido agrupados bajo la égida de Ciscar, mano derecha de Fabra en Presidencia de la Generalitat.

Ciscar tuvo luz verde en el congreso regional celebrado en Alicante para allanar su camino. En ese cónclave situó de número tres de la dirección regional a un hombre de su confianza —César Sánchez, alcalde de Calp— y dio entrada en puestos de relevancia a un buen número de alicantinos, como Miguel Ortiz o Macarena Montesinos. El debilitamiento de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de la portavoz de Orihuela, Mónica Lorente, tocadas por los escándalos del caso Brugal; así como el poco músculo del partido en Benidorm y Alcoi —ahora en la oposición— han facilitado la toma de control por parte de Ciscar, que solo ha tenido que reprimir las pretensiones de la alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso. La alcaldesa ilicitana, con fama de impulsiva, no dudó en postularse ante Alberto Fabra como presidenta provincial del PP en Alicante. La negativa, lejos de achantarla, la llevó a exigir el puesto de secretaria provincial. Una pretensión que, esta vez, rechazó el propio Ciscar, que consideró la idea poco menos que descabellada.

Ante el desplante, Mercedes Alonso anunció su intención de presentarse como candidata contra Ciscar. El farol, sin embargo, apenas ha durado unos pocos días. La ausencia de apoyos en una provincia donde todos han identificado ya al caballo ganador y, sobre todo, la advertencia de que la elección de los compromisarios de Elche al congreso provincial podía convertirse en su tumba llevaron a Alonso a retirarse con la única promesa de que los ilicitanos estarán bien representados en la nueva dirección.

En la provincia de Valencia, el resultado no ha sido tan satisfactorio como deseaba Alberto Fabra.

El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, apoyado por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha aguantado el envite del nuevo secretario regional, Serafín Castellano, para intentar desalojarlo de la presidencia provincial del PP.

El corto periodo de tiempo entre el congreso regional y el provincial ha propiciado que Rus sea, finalmente, candidato único a la reelección. Pese a aparecer en el 12º congreso regional del PP como traidor —sus seguidores castigaron la inclusión de Castellano en la candidatura de Fabra con un 19% de votos en blanco—, Rus ha intentado en la última semana recomponer puentes con Alberto Fabra, a quien ha solicitado disculpas.

La opción de presentar un candidato alternativo —se tanteó incluso con la posibilidad de que pudiese ser el concejal de Valencia, Jorge Bellver— fue descartada por Fabra esta misma semana. Fuentes del PP arguyen dos razones. Por un lado, una confrontación abierta en el seno del PP hubiese provocado una crisis institucional en la Diputación de Valencia. Por otro, Rus ya había recogido la gran mayoría de los 2.500 avales que ha presentado como candidato.

Este congreso, sin embargo, no está cerrado, porque la dirección regional intentará en las semanas que restan para el congreso provincial que la votación sobre Rus evidencie su declive. Y el castigo tendrá forma de votos en blanco, como los que recibió Fabra.

Casos similares a Bankia han conseguido vender con beneficios

BARCELONA.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho este sábado que "otros países han hecho algo similar al rescate de Bankia y han vendido con beneficios", y ha recordado que acudir en ayuda de la entidad es necesario para no poner en peligro el sistema financiero español.

   En respuesta a preguntas del público en la clausura de la XXVIII Reunión del Círculo de Economía en Sitges, ha sostenido que la nacionalización se ha hecho a petición de la entidad, y que se ha hecho "para sanearla, y venderla a continuación".

   Rajoy ha constatado que muchos países han rescatado entidades, y también con casos de grandes inyecciones de fondos, y no tiene "ninguna duda sobre la inmensa mayoría de las entidades financieras que hay en España".

   Ha instado a dejar actuar al Banco de España y al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), y ha incidido en que España ha acudido al Banco Central Europeo y a dos evaluadores independientes para clarificar la situación actual y mirar hacia el futuro, ya que el pasado "se puede discutir, pero ahora es desgraciadamente irrelevante".

   Se ha mostrado optimista sobre la resolución del saneamiento financiero español, y ha defendido que la elevada exigencia de provisiones para las entidades "no va ser inútil en el futuro", ya que cualquier recuperación de créditos y de venta de inmuebles producirá una plusvalía en la cuenta de resultados.

Méndez se pregunta "cómo no hay dinero para la sociedad, pero sí para Bankia"

MURCIA.- El secretario general de la UGT, Cándido Méndez, se ha preguntado "cómo es posible que haya dinero para lo que la sociedad necesita, para la educación o la sanidad, pero sí para despilfarrarlo de esa manera tan brutal con en una entidad financiera como Bankia", tras lo cual ha añadido que "es fundamental que se abra una comisión de investigación para que se den las explicaciones pertinentes".

   Méndez se ha referido al informe emitido por el presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, "contra la decisión del Gobierno de inyectar más de 20.000 millones de euros de recursos públicos en Bankia, un informe presentado por un militante del PP, del que se ha dicho que es el mejor ministro de Economía de la Democracia en España".

   El líder de UGT ha añadido que de ese informe se desprende que "no tiene justificación que se haga esa inyección brutal de dinero público a una entidad financiera, cuando se dice que no hay fondos para la educación, la sanidad, para los trabajadores de la minería, para la inversión en investigación y desarrollo, para un programa de choque para luchar contra el paro juvenil o los parados de larga duración, que en Murcia son casi la mitad de los desempleados".

   Asimismo, se ha mostrado crítico con el Gobierno de España por avalar las decisiones que se toman en Berlín "y que favorecen las estrategias de Merkel, pero que no favorecen nuestra situación", o por aceptar las decisiones del Banco Europeo, "pero sin adoptar las medidas que el país necesita", por lo que ha pedido un cambio en la orientación de la política económica y el modelo de afrontar la crisis en la Unión Europea.

   Y es que, en su opinión, la cumbre europea que se va a celebrar este mes de junio "va a ser decisiva y esperamos que el cambio de gobierno operado en Francia ayude a cambiar el rumbo de Europa en la lucha contra la crisis, para que se apueste por el empleo y el crecimiento económico y se reconozca que las políticas de restricción son fatales para salir de las crisis".

   De este modo, ha subrayado que, en esta cumbre de junio, "se debería pasar de la pura palabrería, que normalmente es lo que reviste a estas cumbres europeas, para pasar a la acción, con la creación de un programa de choque urgente contra los parados jóvenes y de larga duración".

   Por otro lado, Méndez se ha referido a la posibilidad de que la Unión Europea amplíe hasta 2014 la fecha para que España reduzca su déficit. "Esta ampliación viene a reconocer que, diga lo que diga la Comisión o el Gobierno de España, es imposible conseguir esa reducción, no sólo para 2014 sino incluso para 2015", ha aseverado.

   En su opinión, "por muchas políticas de recorte que se lleven a cabo, como lo que sigue cayendo son los ingresos fiscales, no se puede cumplir el objetivo del déficit. Creo que Europa no puede plantear, y el Gobierno debería negarse, una ampliación del plazo a un precio intolerable para la sociedad española".

   Por ello, ha reclamado a la Unión Europea "más tiempo para España pero a un precio razonable, porque el precio que quieren cobrar para alargar ese compromiso es intolerable. Estamos hablando de cosas tan sensibles como recortar la prestación por desempleo, las pensiones o ampliar definitivamente la edad de jubilación a los 67 años, que significaría una ruptura con el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales, que consiguieron que los españoles pudiéramos jubilarnos a los 65 o a los 67".

La Comunitat Valenciana es la tercera con más déficit con un -0,70% del PIB

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana es la tercera con más déficit con un  -0,70% del PIB. En total, las comunidades autónomas registraron equilibrio presupuestario en el primer trimestre del año en términos de Contabilidad Nacional, aunque si se valora la cifra en términos homogéneos (descontando los anticipos a cuenta), registraron un déficit de 4.787 millones de euros, el 0,45% del PIB.

   Así lo ha adelantó el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado que es la primera vez que se dan los datos en términos de Contabilidad Nacional.

   En términos homogéneos, todas las comunidades han registrado déficit en el primer trimestre menos el País Vasco (+0,25%). Las regiones con más déficit fueron Navarra (-1,44%), Murcia (-0,85%) y Comunidad Valenciana (-0,70%).

La Asociación de Clientes Financieros pide al Banco de España que denuncie ante la Fiscalía a los gestores de Bankia

ZARAGOZA.- El presidente de la Asociación de Clientes Financieros (ACF), José Ignacio Martín, ha denunciado ante el Banco de España la actuación de los gestores de Bankia, entidad bancaria intervenida por el Gobierno de España, y le ha solicitado que denuncie el caso ante la Fiscalía y abra a los miembros del Consejo de Administración de Bankia un expediente sancionador.

   Martín ha registrado la demanda en la Delegación del Gobierno de Aragón este viernes. En su escrito solicita al organismo regulador que abra una investigación y que se proceda a inhabilitar "de modo permamente" a los gestores de Bankia y al embargo de todos sus bienes.

   ACF entiende que la entidad bancaria ha cometido una infracción de la legislación sobre disciplina de las entidades de crédito. Según Martín, "la actuación presuntamente irregular" en los últimos años de los directivos de Bankia y el Banco Financiero de Ahorros (BFA), al igual que la de los directivos de las entidades de ahorro que dieron lugar a la creación de las dos primeras corporaciones han causado a los impositores, los accionistas y los empleados un perjuicio económico "de proporciones gigantescas".

   La demanda formulada ante el Banco España indica que el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y el resto de directivos cometieron infracciones de carácter muy grave al vulnerar el deber de veracidad y por no poner en marcha los mecanismos internos de control.

   José Ignacio Martín también ha formulado la demanda ante la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado. En ella, el presidente de ACF ha puesto en cuestión el principio de autorregulación de las entidades bancarias y ha señalado al respecto que todos los movimientos realizados por la banca española en este sentido no han conseguido los objetivos de regenerar el crédito y la capacidad de atraer inversiones fuertes.  

   La Asociación de Clientes Financieros menciona en su escrito varios tipos delictivos, el primero de ellos el delito societario, cuyos sujetos activos son los administradores de hecho o de derecho y los socios de una sociedad constituida, sin que les eximan de su presunta responsabilidad las instrucciones recibidas.

   También recoge el delito de administración desleal o fraudulenta, es decir, el abuso de las funciones propias del cargo. Igual que en el anterior caso son responsables los administradores y los supuestos en que se aplica son la concesión de créditos a sociedades insolventes y en las que los administradores tienen una importante participación, así como el trato de privilegio con los créditos vencidos y no pagados, gestionar una empresa filial de otra sociedad causando a la primera perjuicios irreparables y la percepción de retribuciones o beneficios no autorizados.

   Otro caso es la utilización de fondos de una empresa para atender gastos personales y la adquisición de bienes a precios revalorizados para beneficiar al vendedor o pagar por supuestos servicios profesionales que no han sido prestados.

   El delito de administración desleal o fraudulenta conlleva una responsabilidad civil, lo que supone que exista un daño atribuible a un responsable. La responsabilidad civil comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales.

   Se está produciendo un proceso de saneamiento de las entidades bancarias que, salvo en España, consiste en trasladar las pérdidas a los Gobiernos, lo que repercute en los contribuyentes, expresa el texto de la demanda.

   En España se está llevando a cabo un proceso de fusión de cajas de ahorro que incluye la intervención del Banco de España en entidades infracapitalizadas o en situaciones de insolvencia no detectadas, aunque en el caso de Bankia y BFA es el Gobierno de España el que "ha asumido el timón".

   José Ignacio Martín señala que para ocultar "situaciones problemáticas" se han utilizado instrumentos como las refinanciaciones de operaciones inviables o la sobrevaloración de los bienes recibidos en pago de deuda de las acciones canjeadas por créditos, de tal forma que los créditos impagados no se contabilizan como morosos.

   Se debe tener en cuenta el "infraprovisionamiento" a la hora de evaluar la solvencia real de las entidades, porque podría darse el caso de una "ocultación contable de una descapitalización real", de tal forma que "el papel ético de los gestores es fundamental".

   Tanto las entidades como el Estado han puesto en marcha mecanismos de liquidez y ahora el debate se centra en activar mecanismos de capitalización y cambiar la gestión de las entidades, "para lo que debe existir voluntad política".

   José Ignacio Martín señala en la demanda que "se ha visto clara la resistencia a abandonar el cargo" por parte de los directivos de entidades infracapitalizadas. Martín exige una investigación profunda de la situación real de las entidades.

   El presidente de ACF prevé que suba la prima de riesgo suba. El crédito no fluye todavía en el sistema financiero porque las antiguas cajas de ahorros necesitan inyecciones de capital fijo, ha apuntado en su escrito.

   Para valorar los activos de las cajas e identificar la necesidad de provisiones específicas de las entidades será necesaria una supervisión "in situ" de la salud de las mismas, indica el texto. Dar un poder mayor a los inspectores del Banco de España "permitiría acometer los cambios desde la profesionalidad que les caracteriza".

   ACF resalta la "preocupación" de los clientes de los bancos y en su nombre, "ante el evidente descalabro financiero que surge a partir de una errónea gestión en la mayoría de los casos", se suma a las voces que reclaman una actuación decidida de los poderes públicos. Exigen que se aplique el Código Penal "y depurar responsabilidades".

   Martín reclama una enérgica posición de los poderes públicos "en defensa de la restauración de la legalidad vigente", que ha sido "conculcada y manifiestamente vulnerada" por varias entidades financieras, lo que ha provocado "una auténtica alarma social".

   La asociación lamenta en su escrito que "no hay ningún ejecutivo financiero ni de bancos, ni de cajas de ahorros, o de otras entidades de intermediación, que hayan sido sentados ante un Tribunal de Justicia, durante todos estos años, hasta fechas muy recientes".

   "La sensación de estafa a los clientes cada día es mayor" a causa de "una actividad delictiva llevada a cabo por diversas entidades, que han provocado la falta de crédito a familias y empresas, y sin embargo se mantienen cuantiosos contratos blindados, y remuneraciones multimillonarias, a parte de una innumerable lista de privilegios concedidos a amigos y círculos de clientes preferentes. Toda esa remuneración debe ser inmediatamente suspendida".

Defensa suspende las convocatorias de soldados y marineros por la crisis

MADRID.- El Ministerio de Defensa mantiene suspendidas las convocatorias para incorporar nuevos soldados y marineros a las Fuerzas Armadas y no prevé ofertar nuevas plazas por el momento, una situación inédita desde que acabó el servicio militar obligatorio en 2001, han informado hoy fuentes del Departamento que dirige Pedro Morenés.

   Según han indicado las citadas fuentes, actualmente no hay previsión de ofertar ninguna plaza para tropa y marinería, en espera también de que se concrete la "reducción coyuntural" anunciada por el ministro de Defensa para afrontar la crisis económica. El año 2011 se hicieron cuatro convocatorias para reclutar unos 4.300 soldados y marineros.

   De este modo, una vez pasado ya el primer semestre del año, resultará imposible que en 2012 se incorporen a los Ejércitos y la Armada soldados reclutados este año, ya que, aunque se abrieran en los próximos meses convocatorias, no se incorporarían a las unidades hasta 2013.

   El ministro de Defensa ya ha anunciado que pretende poner en marcha una "reducción coyuntural" de las Fuerzas Armadas, aunque no ha fijado techos y ha insistido en que cualquier redimensionamiento en el terreno militar necesita de un escenario de al menos cinco años. Se espera que Morenés fije el nuevo horizonte una vez que el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante Fernando García Sánchez, le presente su informe 'Visión 2025' sobre el futuro de las Fuerzas Armadas.

   Hasta entonces, la única cifra recortada que se conoce es la del nuevo máximo de tropa y marinería, que la ley de presupuestos ha bajado desde los 83.000 a los 81.000 soldados y marineros como límite máximo.

   La Ley de la Carrera Militar establece que las Fuerzas Armadas deben situarse entre los 130.000 y los 140.000 militares, una horquilla en la que no se encuentran en la actualidad. Según datos aportados en el Congreso por la subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, en la actualidad hay 126.541 militares.

   De ellos, algo más de 81.000 son soldados y marineros y se espera que esta cifra baje de los 80.000 este año, según fuentes de Defensa. En ello puede influir, además del reclutamiento, que algunos contratos de tropa y marinería no sean renovados.

   Desde la profesionalización de las Fuerzas Armadas y hasta 2009 todos los años abrían alrededor de 11 convocatorias para tropa y marinería, con alrededor de un millar de plazas cada una. El reclutamiento se paralizó en 2010, cuando sólo hubo una oferta de 325 plazas, y en 2011 volvió a aumentar a las 4.300 plazas.

   A día de hoy, la previsión de Defensa es no ofertar ninguna plaza, aunque otras fuentes apuntan a que en septiembre podría abrirse una única convocatoria de alrededor de un millar de plazas, en función de cómo evolucione la situación.

   De ser así, estos militares de nuevo ingreso no se incorporarían a las unidades hasta 2013, ya que antes de hacerlo deberían pasar por los Centros de Formación de Tropa (CEFOT), donde los soldados reciben cuatro meses de instrucción.    

   El pasado viernes, el Ministerio de Defensa confirmó que los dos centros de formación de tropa de Cádiz y Cáceres continuarán activos, recibiendo tropa "en función de la evolución de la oferta de empleo público".

   Fuentes militares han asegurado que esta situación no variará si este año no se convocan nuevas plazas, aunque los centros pasarían a dedicarse a otro tipo de tareas y se proyectarán otras actividades para mantener su actividad.

   Hasta el momento, las únicas plazas de ingreso directo ofrecidas por el Ministerio de Defensa para las Fuerzas Armadas son para oficiales y suboficiales. En concreto, se han establecido 248 para los centros docentes militares de oficiales y 30 para las academias de suboficiales.

   Asimismo, hay 25 plazas para la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, en la especialidad de Medicina, de las que 10 son por ingreso directo, siete para militares de carrera y ocho para tropa y marinería.

Rato lamenta que el plan de Bankia sea "a costa" del Estado

MADRID.- El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha lamentado que el saneamiento de la entidad se haya realizado "a costa" de fondos públicos, en torno a un 2% del PIB, y causando un "grave perjuicio" a los actuales accionistas, puesto que el efecto dilutivo va a provocar una "enorme caída" en la cotización de sus títulos. Por su parte, el PSOE ha desvelado que varios miembros del anterior consejo de administración de la entidad "están estudiando" emprender acciones legales por lo sucedido en Bankia.

   Pese al lamento de Rato por la forma en que se está gestionando el saneamiento de la entidad que hasta el mes pasado presidía, ha puesto en valor los efectos positivos del plan.

   "El plan de recapitalización es magnífico para Bankia y para su nuevo equipo gestor, pues dota las posibles pérdidas futuras derivadas de inversiones inmobiliarias excesivas en el pasado", ha explicado en una carta de tres páginas repartida a los consejeros de Caja Madrid y adelantada a la Cadena Ser, para después señalar que estas inversiones se tienen que "ubicar en el tiempo".

   En este sentido, Rato ha situado "cualquier exceso" inversor inmobiliario a antes de la mitad de 2007, cuando la crisis de las hipotecas 'subprime' provocó que se frenaran nuevas operaciones de financiación a este sector.

   "Lógicamente el consejo de administración de Bankia (constituido en junio de 2011) es muy posterior a esta fecha", ha indicado, para eludir responsabilidad sobre la situación que ha llevado al Estado a rescatar a la entidad.

   El expresidente de Bankia ha asegurado que la recapitalización va a dejar al grupo BFA-Bankia en una "magnífica" situación financiera, pues supone una "inyección brutal" de fondos para elevar sus provisiones de forma "notable".

   Rato ha considerado por este motivo que la entidad ahora nacionalizada tendrá "múltiples y mullidos" colchones para posibles pérdidas futuras. Precisamente, ha concretado que la cifra de la ayuda a Bankia asciende a 22.000 millones y no a 19.000 millones como ha trascendido.

   Además, ha argumentado que determinados "ajustes técnicos-fiscales" llevan a la cifra final de 19.000 millones. "El nivel de cobertura de los préstamos inmobiliarios debe ser la más alta del mundo", ha asegurado Rato.

   En la misiva repartida entre los miembros del consejo de administración que todavía preside, Rato ha repasado también los 3.000 millones de pérdidas registrados en 2011, frente al beneficio inicial declarado de unos 300 millones.

   "El cambio es solo consecuencia de unas provisiones adicionales para el ejercicio 2011", ha justificado, para concluir recordando que estas dotaciones se deben al deterioro del mercado inmobiliario y crediticio depués del 31 de diciembre de 2011. Asimismo, para reforzar su argumento, Rato ha indicado que esta afirmación la realizó el auditor de las cuentas.

   Por su parte, algunos miembros del anterior consejo de administración de Bankia "están estudiando" emprender acciones judiciales por lo sucedido e la entidad, tal y como ha indicado el portavoz económico del PSOE en el Congreso de los Diputados y exministro de Trabajo, Valeriano Gómez.

   Gómez, en declaraciones a RNE, ha subrayado que los problemas de Bankia comienzan a partir de 1996, cuando Miguel Blesa entra en la presidencia de la entidad en sustitución de Jaime Terceiro y la caja se vincula "excesivamente" al 'ladrillo'.

   El portavoz del PSOE ha asegurado que "no se puede culpar a los dos consejeros socialistas" que tenía Bankia de la crisis del banco teniendo en cuenta que el consejo estaba formado por una quincena o más de miembros y que la gestión estaba en manos de Blesa, "amigo íntimo" del expresidente del Gobierno, José María Aznar, y posteriormente de Rodrigo Rato.

   El exministro de Trabajo ha considerado hasta cierto punto "entendible" que el sector financiero español y las cajas en particular se comprometieran demasiado en el sector inmobiliario, pero eso, ha precisado, no explica por qué durante diez días se ha conocido cifras distintas del agujero que había en Bankia, de unos 4.000 millones de euros iniciales a más de 23.000 millones.

   Asimismo, ha explicado que su Grupo decidió este jueves abstenerse de manera "crítica", pero "esperanzada" en el debate de convalidación del decreto de saneamiento de los activos tóxicos de los de los bancos al decidir el Ejecutivo tramitarlo como proyecto de ley y abrirse así a la posibilidad de negociar algunos cambios.

   Sin salir de la formación socialista, su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha confiado en que el Banco de España estudie la situación de Bankia y aclare la cifra de ayudas que realmente necesita, ya que, a su juicio, el Gobierno no ha justificado por qué finalmente se han estipulado 23.000 millones.

   Rubalcaba ha criticado que "a nadie se le ocurre abrir una crisis bancaria y mantenerla tres semanas, y con un coste con noticias sucesivas hasta 23.000 millones, incrementando a una velocidad supersónica una cantidad que ya de por sí es estratosférica" sin una explicación del porqué de los sucesivos aumentos.

   Por ello, ha defendido que el PSOE no va a tolerar "que se metan bajo la mesa las ayudas" sin pasar por las Cortes y ha alertado de que si la forma en que se ha valorado Bankia se reproduce en el conjunto del sistema financiero, se creará "un problemón que no existe".

   Más crítico se ha mostrado el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran, al acusar al PP y PSOE de querer imponer la "ley del silencio" en el caso de la nacionalización de Bankia y de que no se sepa de este modo lo que ha ocurrido.

   "El Gobierno del PP se equivocaría si impone la ley del silencio. ¡Peor no se podía hacer!", ha exclamado Duran, quien ha recordado, no obstante, que no culpa a los 'populares' en exclusiva de la situación porque en la composición del consejo de administración hay tanto representantes del PP, como del PSOE y de sindicatos.

   Además, ha reprochado que haya exgestores de Bankia que pretenden cobrar 14 millones de euros de indemnización pese a la situación de la entidad bancaria.

   Pese a las críticas, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha vuelto a remitirse a la subcomisión del Fondo de Reestructuración ordenada Bancaria (FROB) para que el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, expliquen las causas del rescate de la entidad nacionalizada.

   "La subcomisión del FROB está abierta para ello", ha respondido Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntado sobre el ofrecimiento de Ordóñez para explicar su punto de vista sobre Bankia.

   El ministro, preguntado sobre si debería comparecer el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha insistido en que ya existe un procedimiento para explicar el proceso de reestructuración financiera, al tiempo que ha recordado que se creó con el apoyo del PSOE.

   Montoro ha defendido el "futuro y la solvencia" de Bankia, y ha confiado en que volverá a "merecer la pena" desde el punto de vista de los inversores. Además, ha enfatizado que los depositantes de la entidad tienen que tener "tranquilidad absoluta".

Las CCAA registran equilibrio hasta marzo

MADRID.- Las comunidades autónomas registraron equilibrio presupuestario en el primer trimestre del año, aunque si se valora la cifra en términos homogéneos (descontando los anticipos a cuenta que han recibido del Estado), registraron un déficit de 4.787 millones de euros, el 0,45% del PIB.

   Así lo ha adelantado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado que las comunidades han registrado un déficit cero gracias a los anticipos que han recibido del Estado en los primeros meses del año.

   Estos anticipos han incrementado considerablemente el déficit de la Administración Central en los primeros meses del año (hasta 25.462 millones, el 2,39% del PIB) y han permitido a las comunidades cerrar el primer trimestre en equilibrio.

   Así, el Estado se ha acercado ya considerablemente a su objetivo para el conjunto del año (3,5%), mientras que las comunidades siguen lejos del déficit del 1,5% del comprometido para el cierre de 2012.

   El Gobierno no ha querido cuantificar estos anticipos porque hay comunidades que han necesitado más que otras, aunque ha dicho que la influencia de estas medidas tanto en el déficit del Estado como de las comunidades se diluirá en los próximos meses.

   Con o sin anticipos, la cifra de las comunidades al cierre del primer trimestre es inferior a la del año anterior, cuando ascendió a 8.090 millones de euros (-0,75% del PIB), cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no concedió estos anticipos.

   Según las cifras totales, ocho comunidades han registrado superávit gracias a estos anticipos en el primer trimestre, encabezadas por Castilla-La Mancha (+0,59%) e Islas Baleares (+0,57%). A continuación se situaron Cataluña (+0,45%), Canarias (+0,30%), La Rioja (+0,26%), País Vasco (+0,25%), Asturias (+0,11%), Castilla y León (+0,08%) y Aragón (+0,07%).

   La Comunidad Valenciana, por su parte, ha registrado déficit cero, mientras que Navarra (-1,44%) y Murcia (-0,61%) son las que más déficit tuvieron en los tres primeros meses del año. A continuación se situaron Andalucía (-0,44%), Canarias (-0,30%), Extremadura (-0,23%), Galicia (-0,19%), Madrid (-0,10%) y Cantabria (-0,02%).

   En cambio, en términos homogéneos, todas las comunidades registraron déficit en el primer trimestre menos el País Vasco (+0,25%). Las regiones con más déficit fueron Navarra (-1,44%), Murcia (-0,85%), Comunidad Valenciana (-0,70%) y Andalucía (-0,60%).

   Las que contaron con un menor saldo negativo en las cuentas fueron La Rioja (-0,16%), Aragón (-0,20%), Asturias (-0,23%), Castilla y León (-0,24%), Castilla-La Mancha (-0,28%), Baleares (-0,28%) y Canarias (-0,30%).

   En una posición más intermedia se quedaron Cataluña, con un déficit del 0,46%, Cantabria (-0,47%), Madrid (-0,48%), Extremadura (-0,55%) y Galicia (-0,56%).

   Preguntado por si puede garantizar que las comunidades cumplirán el 1,5% pactado, Montoro ha asegurado que las regiones están en una buena senda, tal y como muestran los datos, aunque ha dicho que es pronto para garantizar el cumplimiento.

   Según ha dicho, celebra los datos del primer trimestre, pero "en absoluto" está confiado porque la confianza consiste en trabajar y poner medidas. "No cabe otro tipo de confianza", ha dicho.

   En este sentido, ha recordado que, de momento, se han aprobado todos los planes de saneamiento en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) menos el de Asturias, que sigue trabajando con el Ministerio de Hacienda.

   Finalmente, Montoro ha recordado que es la primera vez que se publican estos datos en términos de Contabilidad Nacional gracias a la puesta en marcha de la Ley de Estabilidad, lo que supone "un avance muy importante" para la clarificación y conocimiento del sector público y de las comunidades. "Es realmente un paso muy positivo en clave de transparencia", ha dicho.

La Comunitat ahorrará 18,3 millones al año controlando el absentismo de funcionarios

VALENCIA.- El pleno del Consell valenciano ha aprobado este viernes un plan de control del absentismo del personal dependiente de la administración para reducir en medio punto anual el índice de ausencias por incapacidad temporal durante los próximos cuatro años, lo que supondrá un ahorro de 18,3 millones al año en cada uno de estos ejercicios. Las acciones de este plan comenzarán a aplicarse a partir del próximo lunes con su aplicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) y prevé sanciones por ausencias injustificadas.

   Así lo ha indicado el vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, en la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo autonómico, en la que ha explicado que el objetivo es "igualar de manera progresiva" la tasa de absentismo laboral en la administración pública al sector privado y conseguir que esta sea "más eficaz, eficiente y productiva".

   La Generalitat ha definido, "por ser muy amplio", el concepto de absentismo laboral: "Toda ausencia de una persona de su puesto de trabajo en horas que correspondan a un día laborable, dentro de la jornada real de trabajo".

  Así, el plan de absentismo se dirigirá a una media de 126.386 trabajadores por año, distribuido entre personal funcionario laboral, personal sanitario, docente y de justicia al servicio de la Generalitat.

   Entre las medidas contempladas en el plan se encuentran la homologación de los permisos y licencias de incapacidad temporal en todos los departamentos de la administración o el descuento "automático" en la nómina del trabajador público de aquellas ausencias que no estén debidamente justificadas desde el primer día, y cuya reiteración podría desembocar en la apertura de un expediente disciplinario en caso de reincidencia por parte de un funcionario. Si es personal laboral, la medida puede llegar al despido. 

   En este sentido, ha apuntado que las ausencias temporales "injustificadas y excesivas --unas horas al día-- puede dar pie a la apertura de un expediente disciplinario". El portavoz del Consell ha apuntado que "habrá que analizar caso por caso".

   Císcar ha apuntado que se intensificarán los controles de acceso, mediante la instalación de tornos o el uso de la 'huella digital' en los edificios, de tal modo que queden registradas las entradas y salidas de los trabajadores, aunque ha reiterado que el plan "no está hecho para sancionar porque sí", sino para conseguir una mayor productividad, y que se analizarán las distintas situaciones "caso por caso".

   En este sentido, ha indicado que el índice de absentismo temporal en 2010 fue del 5,03 por ciento, frente al 3,36 por ciento del ámbito privado. En 2011 fue del 4,65 por ciento frente al 3,05 por ciento, en los mismos ámbitos. El coste anual de las "jornadas perdidas" lo ha cifrado la administración en 179 millones de euros.

   Para la aplicación del plan, se hará un seguimiento y control mensual y anual del absentismo en las consellerias, por parte de sus responsables de personal. Asimismo, se implantarán protocolos médicos para reducir el impacto del absentismo, y se transferirá a las mutuas la gestión y cobertura de las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

   Así, un trabajador que sufra un accidente laboral "ya no acudirá a su médico de cabecera, sino que será atendido en la mutua correspondiente". Para ello, la Generalitat adjudicará a una empresa concreta esta tarea de control, que antes realizaba el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

   Císcar ha asegurado que esto no supondrá un coste adicional para la Generalitat porque el dinero que se aportaba a la Seguridad Social, se destinarán a la mutua adjudicataria. El Consell prevé que este modelo esté en funcionamiento entre enero y febrero del año que viene.

   El plan prevé la creación de un Comité Director para elaborar un informe anual de evaluación, informar periódicamente de la evolución del absentismo y aprobar, en su caso, las medidas correctoras y que estará integrado por seis representantes de las consellerias de Hacienda, Economía, Sanidad, Justicia y Empleo. Asimismo, dará cuenta del ahorro generado por esta iniciativa.

   A preguntas de los medios de si se ha consultado a los sindicatos este plan, ha explicado que los representantes de los trabajadores pueden aportar sugerencias a esta iniciativa, aunque "no hay obligación legal" de consultarles porque "no afecta a derechos laborales". Más bien, "se refuerza una obligación que ya tienen, que es no tener ausencias injustificadas de su puesto de trabajo".

La Policía detiene a otra persona por los incidentes del 12M en Valencia

VALENCIA.- Agentes de la Policía Nacional han detenido este viernes a un hombre por su presunta participación en los incidentes ocurridos el sábado 12 de mayo tras la manifestación celebrada en Valencia para conmemorar el aniversario del movimiento 15M, cuando un grupo de personas irrumpió en el recinto vallado de la plaza del Ayuntamiento, preparado para una 'mascletà' y tiraron y se llevaron algunos artificios pirotécnicos, según han informado fuentes policiales.

   La Policía ha detenido a esta persona cuando participaba en una concentración no comunicada frente a la sede de Bancaja en Valencia, según han confirmado estas fuentes, aunque no han precisado los delitos que se le imputan.

   Se trata de la segunda persona detenida por los agentes tras los incidentes del 12 de mayo ocurridos cuando, tras la manifestación para conmemorar el aniversario del 15M, sobre un centenar de 'indignados' irrumpió en el recinto vallado para el disparo de una 'mascletà' y se llevaron algunos artificios pirotécnicos, cuya sustracción denunció la empresa que los montaba al ser material de elevada potencia.

Manos Limpias solicitará al Juzgado que revele las condonaciones de deuda de Bankia a los partidos

MADRID.- Manos Limpias pedirá al titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, que ha admitido a trámite su denuncia contra los expresidentes de Bankia Rodrigo Rato y Miguel Blesa, y el gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez por su presunta responsabilidad en la crisis de la entidad, que revele si el banco ha seguido realizando condonaciones de deuda a los partidos políticos.

   En concreto, el sindicato de funcionarios solicitará al juzgado que entre las diligencias a practicar se ponga de manifiesto si en la situación actual se han seguido efectuando condonaciones o aplazamientos a intereses muy por debajo de los establecidos a clientes.

   "Mientras se están ejecutando miles de deudas a pequeños prestatarios y a cientos de clientes se les están ejecutando los créditos hipotecarios, los máximos responsables de Bankia, y con la complacencia del gobernador del Banco de España, condonan deudas a partidos políticos, perjudicando el bien jurídico protegido de los más de 10 millones de clientes de Bankia", señala Manos Limpias en su escrito.

El Gobierno asegura que controla a las flotas en zonas de pesca de atún rojo, incluidas a las chinas

MADRID.- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha garantizado este viernes que mantiene un "seguimiento constante" de todas las flotas, incluidos los buques de pabellón chino, que operan en las zonas de pesca del atún rojo en el Mediterráneo, informó en un comunicado.

   El departamento que dirige Miguel Arias Cañete respondió de este modo a una denuncia de la organización ecologista WWF España, que advirtió de pesca ilegal de atún rojo en aguas españolas por parte de dos grandes flotas no mediterráneas.

   "En aquellas ocasiones en que se detectan infracciones relativas a pesca ilegal, se procede al apresamiento del buque infractor y su desvío a puerto", detalló el Ministerio, antes de apuntar que la labor de control e inspección se realiza "con independencia de las denuncias realizadas por la asociación ecologista WWF".

   En todo caso, agradeció "la información suministrada" y animó a las ONG a que "presenten información veraz sobre posibles incumplimientos".

   España mantiene desde 1997 el control e inspección de la Zona de Protección Pesquera en el Mar Mediterráneo al objeto de verificar e impedir la pesca ilegal o no autorizada en estas aguas.

   "Estas actuaciones habituales se refuerzan durante los meses de primavera y verano, cuando se establece una especial vigilancia coincidiendo con la pesquería de atún rojo", aseguró el Ministerio, que detalló que el control de esta pesquería se lleva a cabo en el marco de un plan de recuperación de esta especie.

   En este sentido, subrayó que el control y vigilancia de la pesquería se extiende a las actividades de los buques pesqueros "en general, con independencia de su pabellón", para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

   Para llevar a cabo estas actuaciones, existe un acuerdo conjunto de los ministerios de Defensa y de Agricultura sobre la inspección y vigilancia de las actividades de pesca marítima, firmado en 1988. Mediante este acuerdo, la Armada opera con los patrulleros de altura Alborán, Arnomendi y Tarifa, con base en Cartagena, que controlan "de manera habitual" las aguas marítimas españolas del Mediterráneo.

   Asimismo, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Interior suscribieron en 1997 un acuerdo marco para el control, inspección y vigilancia de las actividades de pesca marítima, por el que patrulleros ligeros de la Guardia Civil llevan a cabo misiones de control, inspección y vigilancia pesquera en el Mediterráneo.

   El Ministerio explicó que para la vigilancia de la zona de protección pesquera también se dispone del avión Roche, que opera con regularidad desde los aeropuertos del litoral peninsular de Levante y Baleares, así como los helicópteros Alcotán, que realizan su vigilancia tomando como base principal los aeropuertos de Alicante, Valencia, Reus, Palma de Mallorca e Ibiza.

Greenpeace celebra el interés del Parlamento Europeo sobre la Ley de Costas

MADRID.- La organización ecologista Greenpeace ha valorado positivamente que varios europarlamentarios hayan mostrado interés en los planes del Gobierno de España de modificar la Ley de Costas de 1988 y han mostrado su interés de hacer un seguimiento de la reforma, para intentar establecer canales de interlocución acerca de esta cuestión.

   Así, la ONG afirma que tras la comparecencia del director general de Costas y de la subdirectora general de Dominio Público Marítimo-Terreste el pasado 25 de abril en el Parlamento Europeo, los europarlamentarios estimaron que quedaban "numerosas incógnitas" sin despejar sobre la reforma.

   Por ello, varios eurodiputados han elaborado un documento que han remitido al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. Ahora se espera que en unas semanas España responda con la "máxima transparencia a dicha comisión de trabajo".

   Además, añade que en el marco de la comisión de trabajo creada sobre la Ley de Costas de España, creada en el seno de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, los europarlamentarios han formulado varias preguntas al Ministerio acerca de sus planes de modificar la norma.

   Concretamente, la eurodiputada danesa del grupo Verdes/Ale, Margrete Auken, ha remitido una batería de preguntas a Arias Cañete que recogen algunas de las cuestiones que se plantean desde la plataforma 'No a nuestra costa' que forman más de 160 organizaciones.

   Auken ya elaboró en 2009 un informe aprobado por el pleno del Parlamento Europeo donde denunciaba la urbanización excesiva en España y, particularmente, en las zonas del litoral, con el consiguiente destrucción de ecosistemas marinos.

   El informe es relevante porque en contados casos la Eurocámara se pronuncia sobre prácticas concretas en determinados estados miembros, y ello solo sucede cuando se trata de situaciones flagrantes hacia las disposiciones comunitarias.

   "Los europarlamentarios del grupo Verdes/ALE han planteado cuestiones al Ministerio tales como, cómo se va a incluir en la reforma los protocolos europeos de gestión integrada de zonas costeras, las medidas de adaptación al cambio climático o el impacto económico sobre una posible prolongación de las concesiones", ha explicado la responsable de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.