sábado, 7 de abril de 2018

Tardá: “Deben ser los valencianos quienes decidan si quieren independizarse”

VINAROZ.- El diputado en el Congreso de los Diputados por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Joan Tardà ha afirmado este sábado en Vinaroz (Castellón) que “deben ser los valencianos los que decidan si quieren seguir el camino de la independencia”.

Tardà se ha expresado en estos términos durante una conferencia que ha impartido este sábado en la capital del Baix Maestrat en respuesta a las palabras del expresidente del Gobierno José María Aznar, quien “mostró su preocupación” por si la Comunitat Valenciana pudiera seguir un proceso independentista similar al catalán en un acto en València.
“Estamos convencidos -ha comentado Tardà- que País Valencià, les Illes Balears y Catalunya tienen derecho a decidir su futuro, son pueblos hermanados que estamos comprometidos a construir la libertad, seremos solidarios con todos los territorios de los Països Catalans y cada uno debe buscar su camino, su manera de conseguir el éxito”, ha manifestado.
Así, para el parlamentario catalán, “todos deseamos lo mismo”: “la libertad de nuestros pueblos y unas sociedades mucho más justas, todos comprometidos con todos porque somos pueblos hermanos, hijos de la misma madre” ha añadido, insistiendo en que “el País Valencià sabrá encontrar su camino, pero siempre unos junto a los otros”. 
También ha criticado que “el PP nunca ha asumido la realidad nacional del País Valencià ni la realidad nacional de la lengua catalana. “Nos quieren dividir, pero de esto ya hace 300 años”, ha agregado.
Por su parte, el edil de ERPV en el Ayuntamiento de Benicarló y presidente de ERPV, Josep Barberà, ha señalado, refiriéndose a las palabras de Aznar que “si la amenaza es la República de Cataluña, la otra amenaza es la República del País Valencià“.
Tardà ha estado en Vinaròs y Benicarló (Castellón) para participar en varias actividades. El acto central consistió en una conferencia, introducida por el edil de Acord Ciutadà en el Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís Batalla, y con intervención de los espectadores.

Protestas “Por la unidad de España”

Durante el acto, un grupo de personas protestó en la entrada del Auditorio por la presencia de Tardà y han exhibido una pancarta del partido España 2000 con el lema ‘Por la unidad de España’ y luciendo varias banderas españolas y de la Comunitat Valenciana.
Agentes de la Guardia Civil y la Policía Local se colocaron en la puerta del auditorio, frente al que los manifestantes mostraron su disconformidad con la presencia del diputado republicano.
Tardà se ha referido a esta protesta: “Nosotros construiremos la República del País Valencià, la de Catalunya y la de les Balears pacífica y democráticamente, somos adversarios y enemigos de la intolerancia y estamos convencidos que la democracia siempre acaba ganando”.

Madrid roza la burbuja inmobiliaria mientras el precio cae en 23 capitales

MADRID.- La España a dos velocidades se acentúa. Mientras en la ciudad de Madrid hay barrios donde los precios apenas se encuentran un 10% por debajo de los máximos del boom, hay 23 capitales en las que los precios siguen cayendo, según el último informe de Tinsa.

La tasadora apunta que casi la mitad de las capitales españolas sigue sin mostrar signos de reactivación, dándose los descensos más acusados Ciudad Real (11,9%), la ciudad de Cáceres (9,2%) y Guadalajara (6,3%).
"El problema de incremento de precios está muy focalizado en Madrid, aunque también está en parte en Baleares, pero con otras connotaciones", explica Pedro Soria, director comercial de Tinsa, que asegura que otros mercados, que también tiraron bastante al principio de la recuperación ya están llegando a un horizonte de moderación de precios, con crecimientos menos desmedidos.  
Se trata de Cataluña, Málaga y Alicante, "que van en la senda de las previsiones que teníamos para este año, en el que esperamos que el precio de la vivienda crezca de forma moderada debido a que las que están tirando con más fuerza bajen un poco el ritmo de crecimiento", aunque en Cataluña se ha producido por otras circunstancias políticas. 
Por otro lado está Baleares, donde Palma de Mallorca se sitúa en el primer trimestre del año como la segunda capital con mayores incrementos interanuales, por detrás de Madrid, con un 14,5% de subida.
En este caso, el directivo destaca el impacto de la inversión extranjera, "que está produciendo esta subida de precios, pero en este caso el mercado lo absorbe perfectamente", reconoce.
El problema se está detectando en ciudades como Madrid, donde el bloqueo de grandes desarrollos urbanísticos como el de Distrito Castellana Norte, que plantea el desarrollo de unas 11.000 viviendas y los Desarrollos de Sureste, con 100.000 unidades, agravan notablemente el problema.
Esta situación de inactividad de la Administración sumada a una demanda creciente, ha llevado a la capital española a registrar un incremento medio interanual al cierre de marzo del 17%.
"El concepto que tenemos de la burbuja a nivel profesional no se está produciendo, ya que la financiación está controlada y a nivel de promotor inmobiliario no se está tratando de descontar expectativas futuras, salvo alguna operación más vinculada a suelo", explica Soria.
Sin embargo, si nos centramos solo en precios "ya es otra cosa".
 "La gente que está comprando lo hace como reposición y, por lo tanto, tiene patrimonio o una propiedad que quiere mejorar y, por otro lado, está el inversor. 
En este último caso, el comprador, básicamente, está asumiendo ese incremento de precios porque busca una rentabilidad ligada a los alquileres que, de hecho, se la están dando. Hasta ahora, aparentemente no había demasiado riesgo, pero ahora ya empieza a haber ciertas señales de alerta", reconoce el experto.
"Lo que puede pasar es que gente que está comprando como inversión descontando esas expectativas futuras de incremento de rentas y rentabilidad, acabe pagando precios elevados y que después no haya capacidad por parte de la demanda de alquiler. En ese caso te quedas con un inmueble que cuando lo quieras vender ya no es líquido", explica.

Cerca de niveles del 'boom'

El foco del problema se encuentra principalmente en la almendra central de Madrid, en distritos que se acercan peligrosamente a los máximos del boom como es el caso de la zona Centro, Salamanca y Moratalaz, que han registrado incrementos interanuales del más del 20%. Igualmente, Chamberí (16,6%), Retiro (19,2%), Vicálvaro (19,4%) y Arganzuela (15,8%) son zonas muy calientes.
"Quizás no sea en todo el distrito, pero algunos códigos, los más centrales, están muy cercanos a los que fueron los precios de máximos, habiendo solo una diferencia del 10 o 15%, y esto ya nos da una cierta señal de alerta", explica Soria.
Barcelona, que permanecía estancada debido al efecto combinado de un descenso en la demanda a causa de la crisis política y el aumento de la oferta, ha retomado la senda de crecimiento de precios en el primer trimestre y se sitúa como la tercera capital con mayores incrementos interanuales de precios, con el 11%.
En este caso, los distritos que han registrado los mayores incrementos en el último año son Sant Martí (18,4%) y Sants-Montjuïc (18,2%), lejos de los incrementos del 28,5% y del 26% que se observaban, respectivamente, en Ciutat Vella y en Sants-Montjuïc en el tercer trimestre de 2017.
Si hablamos de precios medios por distritos, el de Salamanca en Madrid, lidera el ranking con 4.734 euros/m2 de precio medio y amplía la diferencia con el Sarriá-Sant Gervasi , el distrito más caro de la Ciudad Condal, que ha estabilizado su valor medio en 4.182 euros/m2. Éste es el único que supera la barrera de los 4.000 euros/m2 en Barcelona, mientras que en Madrid ya están por encima también Centro y Chamberí. 
Con estas cifras, para adquirir una vivienda de 50 metros cuadrados en los distritos más caros de Madrid y Barcelona habría que abonar 236.000 euros y 209.100 euros, respectivamente. Con este dinero, se podrían comprar cinco viviendas del mismo tamaño en Castellón, la capital con el precio medio más barato de España (851 euros/m2).
Esta diferencia abismal entre capitales lleva a una cifra media de crecimiento en España del 3,8%, frente al 17% de Madrid. "Cuando te vas a las medias todo queda un poco difuminado. En Madrid, hemos notado que el precio se ha recuperado desde mínimos más o menos un tercio, pero en los distritos destacados la recuperación es del 85%", explica Soria, que apunta que estas zonas "tienen mucha presión turística, mucho Airbnb, mucho alquiler de plataformas y mucha inversión extranjera".

Mayor esfuerzo financiero

Desde el valor máximo que tuvimos en el ciclo anterior, que se dio en el cuarto trimestre de 2007, el precio medio en España ha llegado a caer un 41%. Eso fue hasta el primer trimestre de 2015, desde entonces empezó a crecer y desde ese suelo se ha recuperado un 7,2% de media en los últimos tres años. De este modo, el precio actual todavía podría crecer un 37,2% hasta alcanzar máximos precrisis.
El directivo cree que incrementos tan acelerados como los que se están registrando hasta ahora "no son sostenibles. Si siguen creciendo a estas tasas interanuales probablemente empecemos a expulsar la demanda", advierte Soria.
En la parte de esfuerzo financiero, hay algunos distritos en Madrid y Barcelona -aunque en este caso se ha ralentizado el crecimiento- que están tocando el límite.
En la capital española, la media de esfuerzo es de un 24%. Comparando con el ciclo alcista anterior, "creemos que a partir del 25% es señal de alerta y si supera el 30% ya entramos en un situación muy complicada". En el Barrio de Salamanca el esfuerzo está en el 39,8%, mientras que en Barcelona, en el distrito de Sarriá-Sant Gervasi alcanza el 41%.
"En estos casos la gente que compra tiene unos ingresos más altos y también suele contar con un patrimonio detrás, por lo que nos preocupa algo menos, pero es cierto que estamos llegando casi a los máximos asumibles y que hay un crecimiento de los precios desmedidos", destaca el directivo.

Lluvia para empezar el puente de San Vicente en Valencia

VALENCIA.- El tiempo va a estar revuelto este puente festivo en Valencia. O al menos al inicio del fin de semana, según la predicción elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que recoge y explica Levante

Lo más significativo llegará hoy sábado, 7 de abril. El cielo estará "nuboso con precipitaciones durante la segunda mitad del día, ocasionalmente con tormenta y puntualmente de intensidad fuerte en el interior" de Valencia. De manera "ocasional y dispersa" tampoco "se descartan precipitaciones por la mañana", según la Aemet. Las máximas bajarán en el interior y el viento comenzará a soplar con relativa intensidad en las últimas horas del día.

En el 'Cap i Casal', las nubes serán protagonistas durante gran parte de la jornada, aunque probablemente sólo empezarán a descargar con intensidad a partir de las dos de la tarde. A primera hora de la noche también se esperan algunos chaparrones de cierta entidad. En el resto de la provincia de Valencia las precipitaciones también están prácticamente garantizadas.

En lo que se refiere al domingo, 8 de abril, el viento será el protagonista, aunque al menos la posibilidad de lluvia se aleja para ese día. Soplará viento de poniente con rachas de carácter moderado (se extenderán hasta el lunes) y únicamente en el interior norte de la provincia persistirá la probabilidad de que se registre algún chubasco aislado.

El día de San Vicente, lunes 9 de abril, el sol dominará buena parte de la jornada aunque, en la segunda mitad del día, comenzarán a crecer las nubes hasta el punto de que, en algunos puntos de la provincia (fundamentalmente el interior norte), incluso se podrían dar precipitaciones aisladas. No obstante, la posibilidad de que esa tarde se registre lluvia es muy inferior a lo que se espera para hoy, el peor día sin duda del fin de semana.

Sólo once bancos aplican ya las transferencias inmediatas dos meses después de su estreno

MADRID.- El 14 de abril se cumplen dos meses de la puesta en marcha de las transferencias inmediatas en España. En lo que llevamos de año, Iberpay ya ha procesado más de un millón y medio de transferencias inmediatas, aunque su importancia en términos relativos es escasa: solo suponen el 1% del total de transferencias realizadas durante este período, publica hoy www.libremercado.com
 
La culpa del escaso impacto de este nuevo medio de pago, que en Europa se lanzó oficialmente el pasado 21 de noviembre, hay que achacársela a varias causas, explican los expertos del comparador de productos bancarios HelpMyCash.com. Primero, la escasa publicidad que han recibido por parte de las entidades; segundo, el hecho de que solo permitan transferir 15.000 euros, lo que deja de lado a los clientes que necesitan transferir importes elevados; y, tercero, el hecho de que tras dos meses solo una decena de bancos permitan a sus clientes realizarlas, a pesar de que hay unas 90 entidades españolas adheridas al sistema.
A pesar de lo revolucionario del nuevo esquema (las transferencias inmediatas se procesan en tiempo real y liquidan el importe en un máximo de 10 segundos cualquier día de la semana), la inclusión de este tipo de transferencia está llegando a cuenta gotas. Desde el Día de San Valentín "está en marcha en toda su capacidad la infraestructura interbancaria prevista para que las entidades financieras nacionales puedan intercambiar, compensar y liquidar estas transferencias inmediatas", recuerda Iberpay; sin embargo, el día de su estreno solo tres bancos las introdujeron: BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell.
Tras ellos se fueron sumando nuevas entidades a cuentagotas: Abanca, Banca March, Banco Pichincha, Banco Santander (solo para empresas), KutxaBank y EVO Banco (solo en oficinas), y Liberbank. Las últimas entidades en sumarse al nuevo esquema de pagos diseñado por el European Payments Council han sido las cajas rurales, que ya permiten hacerlas a través de Ruralvía.

Transferencias con comisión

Pero hay otra razón que puede justificar el deslucido estreno de este tipo de transferencias. Su precio. Mientras que Bankia, Banco Sabadell, Pichincha o EVO permiten hacerlas gratis, otros cobran comisiones. BBVA aplica una tarifa fija de 90 céntimos y Abanca, de un euro. En Banco Santander el coste es del 0,50 % con un mínimo de diez euros y en CaixaBank, de un 0,60 % con un mínimo de ocho euros. 
Caja Rural ha anunciado que este servicio "puede conllevar una comisión del 0,10 % con un mínimo de dos euros". No cabe duda de que muchos españoles optarán por seguir haciendo transferencias SEPA ordinarias, que en la mayoría de los casos salen gratis, antes que abonar esas tarifas.

¿Se esperan nuevas incorporaciones?

Lo cierto es que sí, sobre todo teniendo en cuenta que hay casi 90 entidades españolas adheridas a este esquema y que algunas, aunque no permiten realizarlas, sí permiten recibirlas. Lo que se desconoce es el calendario. ING anunció recientemente en Twitter que todavía estaban en "fase de implementación" y que esperaba comenzar a ofrecer este servicio a corto plazo. EVO Banco, por su parte, también usó twitter para comunicar que "próximamente" implementarían la posibilidad de realizar transferencias inmediatas desde la app y desde la banca electrónica.
Lo que está claro es que la implementación será progresiva. De hecho, esta es la opinión del European Payments Council. "El EPC siempre ha esperado una implementación de las transferencias inmediatas progresiva alrededor de Europa, ya que los proveedores de servicios de pago necesitan hacer mayores inversiones y cambios operaciones antes de poder procesar pagos en tiempo real", afirma Javier Santamaría, presidente del EPC, en una entrevista realizada por el comparador HelpMyCash
Santamaría añade que "el calendario de implementación de las transferencias inmediatas depende de la inversión y de los planes de marketing de cada proveedor".

Valencia puede quitarle un gran evento deportivo a Barcelona

CASTELLÓN.- El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, aseguró ayer, al ser preguntado por la posibilidad de que Valencia acoja la World Race de vela en sustitución de Barcelona que están "permanentemente viendo las oportunidades que existen, y si las hay vamos a intentar aprovecharlas".

El pasado 29 de marzo, los organizadores de la Barcelona World Race de vela anunciaron la suspensión de un evento que tenía prevista su salida en enero de 2019, ante las dificultades para encontrar patrocinios.
Tras visitar tres navíos históricos que han hecho escala en el puerto de Castellón, Ximo Puig ha asegurado al respecto que "hay cuestiones que tienen que ver con la situación política de Cataluña, y otras con decisiones del Ministerio de Hacienda".
Sobre estas últimas cuestiones, ha dado a entender que también la Volvo Ocean Race, que tiene Alicante como sede permanente de la salida desde 2008, depende de ciertas decisiones de Hacienda.
"Haremos siempre lo mejor con los menores recursos posibles, porque ya no estamos en la política anterior de grandes eventos y despilfarro, sino en la eficiencia y la búsqueda de los máximos resultados, como estamos haciendo con la Copa Davis o la escala de estos barcos en Castellón", ha afirmado.
En este mismo sentido, ha agregado: "Estamos interesados en acoger todos los eventos con retorno contrastado que se adapten a nuestra capacidad económica".
Preguntado expresamente por si peligra la sede de Alicante como punto de partida de la Volvo, Puig ha afirmado que "no", aunque ha advertido que hay "conflicto" porque "grandes compañías que apuestan por estos eventos aspiran a tener ciertos incentivos fiscales que no queremos que desaparezcan".

viernes, 6 de abril de 2018

Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado 1.350 millones por el cierre del almacén de gas 'Castor'

MADRID.- El Santander, CaixaBank y Bankia han presentado una reclamación al Estado para que les devuelva los 1.350 millones que le adelantaron para pagar la compensación por el cierre del almacén submarino de gas Castor. Este proyecto tuvo que ser paralizado al desencadenar decenas de pequeños terremotos, recoge El País

El Gobierno recurrió a esas tres entidades para pagar los 1.350 millones de indemnización a la promotora del proyecto, controlada por ACS, que los usó para devolver el dinero a los inversores. El Estado dejó de pagar a los bancos porque el Constitucional anuló la fórmula legal elegida para liquidar la indemnización en 2014. Ahora los bancos se lo reclaman.
La fórmula que ideó el Gobierno pasaba por que cada año (durante los próximos 30) las tres entidades financieras recibieran 80 millones de euros, que deben pagar los consumidores de gas a través de su factura. 
Pero esa vía se sustentaba en el real decreto ley de 2014 que aprobó el Gobierno y que permitió a la empresa Escal UGS –controlada en un 66,7% por ACS– cobrar la indemnización de 1.350 millones a cambio de entregar un almacén de gas que le había encargado acometer el Estado pero que nunca se empleará por el riesgo sísmico que acarrea.
 Y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), encargada de canalizar la devolución de lo adelantado por los bancos, ha dejado de obligar al pago a los bancos de esos 80 millones anuales a través de la factura del gas al entender que no existe un paraguas legal que lo ampare.
El embrollo es enorme. El Constitucional no cuestionaba en su sentencia el pago de la indemnización en sí, sino la vía de urgencia empleada por el Gobierno del PP, que los magistrados no consideraban adecuada ni justificada. La alternativa que el tribunal ha dejado abierta implicaría que el Ejecutivo lleve ahora al Congreso –no a través de una vía de urgencia– el pago de esos 1.350 millones. 
Pero parece casi una quimera que el PP, que no tiene mayoría suficiente en el Parlamento, pueda encontrar algún apoyo en otro partido para sacar adelante una norma que garantice a los bancos el pago de lo que adelantaron para cubrir la indemnización.
Así que, finalmente, las tres entidades bancarias han decidido reclamar por la vía administrativa la devolución de los 1.350 millones.
Pese a presentar esa reclamación, las tres entidades sostienen que ofrecen al Gobierno alcanzar un acuerdo "que permita hacer la devolución de una manera flexible" para "evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas". 
Básicamente, lo que ponen sobre la mesa es recuperar la misma fórmula ideada en 2014 –pagos fraccionados durante tres décadas con los mismos tipos de interés–. Pero, para que esos pagos puedan realizarse, hace falta una norma legal que sirva de paraguas y que sustituya al real decreto ley anulado por el Constitucional.
El Ministerio de Energía ha rechazado este viernes hacer cualquier valoración sobre la demanda, al argumentar que no la ha "podido estudiar" todavía. Tampoco aclara si el Ejecutivo planea aprobar algún tipo de decreto o norma sobre la indemnización anulada por el Constitucional.
Pero, ¿por qué se indemnizó a Escal UGS, controlada por la compañía de Florentino Pérez? Cuando el proyecto Castor se adjudicó en 2008 –durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero– se incluyó una cláusula que preveía el pago de la inversión realizada a la promotora en el caso de que se produjera la extinción o caducidad de la concesión. Y el montante de esa inversión fue de 1.350 millones.
Cuando se dispararon los temblores provocados por la inyección del gas colchón en este almacén marino, el Ejecutivo decretó la hibernación de las instalaciones por la vía de urgencia. 
Y por la misma vía de urgencia se decidió aplicar la cláusula de 2008 y, por lo tanto, la devolución de los 1.350 millones. El Gobierno defiende que una parte importante de esa inversión –alrededor de 300 millones– los había puesto el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que reclamaba la devolución de esa cantidad.

El patronato de Fundación Caja Mediterráneo aprueba su plan estratégico para los próximos tres años

ALICANTE.- El patronato de Fundación Caja Mediterráneo, presidido por Luis Boyer, ha aprobado por unanimidad el plan estratégico de la institución para los próximos tres años. El objetivo de este plan estratégico es alcanzar el equilibrio presupuestario en 2020 a través de la reestructuración de la entidad desde una perspectiva de racionalidad financiera y económica. 

Asimismo, en esta misma reunión del Patronato se ha aprobado el Plan de Actuación para el año 2018, que contempla un presupuesto para la realización de actividades de más de un millón de euros.
Luis Boyer afirma que "la Fundación Caja Mediterráneo emprende una nueva etapa con la finalidad de consolidarse como una institución al servicio de la sociedad de Alicante, Murcia y Valencia. De este modo, comenzamos una nueva etapa de consolidación de nuestra misión, de la estructura de la entidad y de las líneas de actividades estratégicas, todo ello con un horizonte temporal de tres años, hasta 2020".
Boyer añade "nuestro objetivo de contribuir al desarrollo económico, cultural y social de Alicante, Murcia y Valencia. Este Plan Estratégico pone las bases para garantizar la viabilidad de la Fundación a medio y largo plazo, lo que nos permitirá que esta institución siga ocupando un espacio relevante en las actividades culturales, sociales, medioambientales y de responsabilidad social corporativa en su ámbito de actuación."
El punto de partida de este documento se encuentra en la nueva definición de la Misión de la entidad: "Fundación Caja Mediterráneo es sucesora de la Obra Social de Caja Mediterráneo y custodia de su patrimonio y tiene como misión contribuir al desarrollo económico y social de las provincias de Alicante y Murcia. Esto se hará gestionando ese patrimonio y sus recursos de forma responsable con el fin de desarrollar iniciativas propias y colaborando activamente en aquellos proyectos que compartan el objetivo de impulsar una sociedad más sostenible."
El Plan Estratégico 2018-2020 de la Fundación Caja Mediterráneo es el resultado de un proceso de reflexión en común y conjunto realizado por el Patronato y por el equipo técnico de la Fundación y está dirigido a garantizar la viabilidad de la entidad y a rentabilizar socialmente su patrimonio.
El documento establece seis objetivos estratégicos prioritarios sobre los que la Fundación debe cimentar su futuro. Entre estos objetivos se encuentran la redefinición de las actividades desarrolladas por la Fundación, la reestructuración del patrimonio inmobiliario y de los recursos humanos, la modificación de la imagen corporativa y la página web, el ajuste de balance y cuenta de resultados y la rentabilización del patrimonio artístico y documental de la Fundación.
Estos seis objetivos estratégicos responden a tres necesidades básicas, la primera de ellas garantizar la viabilidad económica de la fundación mediante la reestructuración del patrimonio inmobiliario, la gestión activa de los recursos financieros y la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. 
Por otro lado, cobra especial relevancia el diseño de un nuevo organigrama para adaptarlo a las necesidades de la Fundación en esta nueva etapa, tanto por tamaño y área de influencia como por las actividades a desarrollar. Por último, es prioritario adaptar la programación de actividades a la nueva misión, al área geográfica de actuación e influencia y a la disponibilidad de recursos.
En los primeros seis meses de aplicación del Plan Estratégico se abordarán las medidas más urgentes, como la reestructuración de los recursos humanos de la Fundación para poder adaptar cuanto antes la plantilla al nuevo organigrama. Con el nuevo organigrama, se posibilitaría la creación de equipos específicos para la gestión integral del patrimonio inmobiliario y para la comercialización de espacios y organización de eventos.
Uno de los ejes sobre los que gira el plan es equilibrar el balance de la Fundación. Para ello, es clave reducir los gastos, tanto de personal, como los de servicios profesionales y los gastos excepcionales jurídicos, así como los relacionados con el mantenimiento de los edificios.
Paralelamente, es imprescindible aumentar la captación de fondos externos. Para ello, la Fundación ya ha comenzado ha trabajar con equipos especializados en captación de subvenciones y búsqueda de ayudas públicas. Además, se está priorizando la organización y gestión de eventos que conllevan alquileres de los centros de la Fundación, así como afianzar el incremento de los ingresos por actividad propia para conseguir que siga creciendo el porcentaje de actividades y centros autofinanciados.
La gestión del patrimonio inmobiliario de la Fundación es otro eje fundamental de este plan de actuación. Esta nueva etapa da gestión de los activos inmuebles arranca con la identificación de los centros estratégicos de la Fundación a los que se replegará la actividad, fundamentalmente Alicante y Murcia, abre una vía para reestructurar y rentabilizar el patrimonio inmobiliario sin uso, mediante la venta o el alquiler. 
La ubicación estratégica de la mayoría de los centros culturales de la entidad dota de un importante valor añadido a los inmuebles de la Fundación, y será clave tanto en la venta y alquiler como en la comercialización de los espacios para eventos
La Fundación Caja Mediterráneo cuenta entre su patrimonio con 44 inmuebles, entre los que destacan los centros culturales de Alicante, Murcia, Elche, Benidorm, Cartagena, Orihuela, Lorca o Torrent, los centros de medio ambiente de Crevillente, Alcoy, Buñol y Sangonera la Verde; las casas museo Modernista de Novelda y Azorín; el colegio de educación infantil y primaria Sagrada Familia de Elche y, entre otros, el Centre d'Art d'Alcoi (CADA). 
El resto de los inmuebles están vacíos o cedidos a otras entidades, tanto públicas como privadas. A este respecto el Plan contempla revisar la situación tanto de dichos inmuebles cedidos como de aquellos de titularidad compartida. Para ello, se creará una unidad de gestión integral del patrimonio inmobiliario.
El Patrimonio artístico de la Fundación es uno de los agrandes activos de los que dispone la entidad, y por ello se desarrollarán nuevas estrategias para la divulgación del patrimonio artístico, tanto de la Colección de Arte Contemporáneo, que puede visitarse en el MACA de Alicante, como del resto del Fondo Artístico de pintura y escultura. Se propone, además, trasladar y centralizar todo el fondo artístico y documental en las instalaciones propias de la Fundación, y replegar las obras artísticas de aquellos centros de los que se desprenda la Fundación.
El Plan también identifica que uno de los valores más destacados de los fondos de la Fundación es el patrimonio documental que custodia tanto en sus bibliotecas como en el centro de Legados. El documento da el impulso definitivo para la creación del Centro de Documentación e Investigación sobre Legados de la Fundación, resultando prioritario trabajar en la localización, catalogación, archivo, digitalización y divulgación de los fondos bibliográficos y los legados.
La Fundación redefinirá su ámbito de actuación, circunscribiéndose a la provincia de Alicante, la Región de Murcia y a la Llotgeta en la ciudad de Valencia. Junto a ello, también se impulsarán nuevas áreas de interés para la organización de actividades, centrándose en las últimas y más recientes formas de actividad social, económica y productiva vinculadas a la responsabilidad social, la sostenibilidad, la solidaridad y la innovación social.
Asimismo, entre los objetivos más importantes que se ha marcado la Fundación para esta nueva etapa destaca incrementar el número de actividades que puedan ser autofinanciables e incrementar la captación de recursos externos.
El Plan también propone replantear el papel que debe adoptar la Fundación en cuanto a las actividades en colaboración, para potenciar aquellas iniciativas que tengan mayor retorno social y mediático.
Diseñará un nuevo organigrama y adaptar la plantilla al nuevo organigrama y a la nueva estimación de gastos de personal elaborando una nueva relación y valoración de los puestos de trabajo.
Por último, el plan también propone modificar la imagen corporativa, así como aumentar la presencia de la Fundación en Redes Sociales e Internet, partiendo de un profundo rediseño de la página web.

jueves, 5 de abril de 2018

Hacienda aprovecha el 'boom' de la vivienda para propiciar un 'catastrazo'

MADRID.- La letra pequeña de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 (PGE) alberga un nuevo golpe al bolsillo de los españoles. La disposición final décimo octava del proyecto de ley estipula que, a partir de ahora, el Catastro determinará el "valor de mercado" de la vivienda. Como este valor sube con fuerza actualmente, los ayuntamientos podrán usar el nuevo indicador como referencia para subir también la valoración catastral, que es la base para el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y para el impuesto de la plusvalía local, según publica hoy Expansión

Esta nueva valoración de mercado es algo que el Gobierno debería haber hecho durante la crisis, ya que, además de exigirlo la Ley del Catastro, habría sido más beneficioso para el bolsillo de los propietarios de vivienda. Lo que ocurre es que, en los años del pinchazo inmobiliario el precio de la vivienda caía con fuerza y ahora el ladrillo se revaloriza de forma notable. Por eso, el Ministerio de Hacienda ha decidido aplicar este criterio, que puede ser más favorable para las arcas de los ayuntamientos.
Los Presupuestos modifican el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario en varios puntos. El principal es que se introduce una nueva disposición final tercera en la que se establece que "la Dirección General del Catastro estimará de forma objetiva, para cada bien inmueble y a partir de los datos obrantes en el Catastro, su valor de referencia de mercado, entendiendo por tal el resultante del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las transacciones inmobiliarias efectuadas, contrastados con las restantes fuentes de información de que disponga".
En el Presupuesto, Hacienda asegura que la actualización de las ponencias de valoraciones "permite la corrección a la baja de los valores catastrales en los municipios revisados en los años de tendencia alcista del mercado inmobiliario", pero lo cierto es que, a partir de ahora, los ayuntamientos tendrán un argumento más para revisar al alza las valoraciones. Se podría producir una gran corrección al alza de las viviendas revisadas en los años de tendencia bajista, los que van de 2007 a 2014. Hay que recordar que las ponencias de valoración se revisan cada 10 años, con lo que la incidencia de esta medida sería claramente alcista a partir de ahora.
El Ministerio de Hacienda ha emitido hoy un comunicado en el que asegura que "el proyecto de Presupuestos recoge el establecimiento de un nuevo valor de referencia del mercado inmobiliario, distinto al valor catastral, que no se altera y es el único que sirve de base para calcular el IBI, por lo que en ningún caso supondrá una subida de ningún impuesto, del que tienen única potestad los ayuntamientos". Efectiva y obviamente, son los ayuntamientos los que decidirán qué hacer.
Por otro lado, en 2018 los Presupuestos prevén la revisión de los valores catastrales de seis millones de viviendas en base a nuevos coeficientes de actualización, precisamente por las nuevas ponencias de valoración que deben aprobar los ayuntamientos. Los municipios objeto del procedimiento de regularización son 1.272 este año, según el proyecto de ley presentado el martes en el Congreso por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
"El problema radica en la valoración del mercado que se hace sobre las denominadas ponencias catastrales, y ahora se pretende que esa valoración se haga sobre la base de los precios comunicados por parte de los notarios en las escrituras de compraventa, contrastando estos datos con otras fuentes", asegura Lucio Rivas, director del departamento de Derecho Administrativo de Miana & Abogados.
Esto implica que el Catastro deberá elaborar "un mapa de valores que contendrá la delimitación de ámbitos territoriales homogéneos de valoración, a los que asignará módulos de valor de los productos inmobiliarios representativos en dichos ámbitos".
"Existe una voluntad de que los valores se ajusten fielmente a los de mercado con la nueva previsión, pero curiosamente esto llega cuando la vivienda comienza una más que evidente tendencia alcista", asegura Rivas.
Por otro lado, se establece un régimen transitorio en el que se aplicarán correcciones (al alza, hoy por hoy) para el suelo rústico no ocupado por construcciones.

Estos son los planes del Gobierno para sanear la Seguridad Social

MADRID.- La Seguridad Social tuvo unos números rojos de 18.800 millones de euros el pasado año. Y, siendo optimista, el Gobierno ha previsto en el cuadro macro con el que ha diseñado los Presupuestos de 2018 que, este año, el sistema vuelva a tener un déficit del 1,1% (unos 12.250 millones de euros), según publica hoy Cinco Días.

Para costear este déficit, el Ejecutivo ha dispuesto en las cuentas públicas presentadas el martes un total de 19.000 millones de euros. En concreto, han previsto un crédito del Tesoro de hasta 15.164 millones de euros y una nueva disposición del fondo de reserva de las pensiones de 3.826 euros para prestaciones contributivas y su gestión. Si bien fuentes gubernamentales aseguraban ayer que confían en no utilizar todas estas cantidades. Al tiempo estas mismas fuentes aclaraban que, en cualquier caso, el crédito es mayor que el de 2017 (10.200 millones) porque no quieren dejar el fondo de reserva a cero.
En cualquier caso, y a pesar de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quitó hierro el martes a estas necesidades financieras de la Seguridad Social, en el Ejecutivo son plenamente conscientes de que hay que sanear el sistema y están a la espera de que el Pacto de Toledo ciere sus recomendaciones para tomar medidas.
De momento, tienen claro cómo liberar o “limpiar” unos 8.000 millones de euros de gastos que ahora se costean con los ingresos de las cotizaciones y que podrían financiarse con impuestos (lo que se denomina separación de fuentes de financiación).
De esta forma se la Seguridad Social se acercaría más al equilibrio contributivo. Esto es que las cotizaciones (de empresarios y trabajadores) no costeen gastos que pueden pasar por universales (que se deben pagar por todos los contribuyentes). Según los datos del Ejecutivo en la actualidad el 94,1% de las pensiones se paga exclusivamente con cotizaciones.
Faltaría, por tanto, que una serie de gastos de la Seguridad Social se pagaran con impuestos para que esa cifra llegara al 100%. En ese momento, se podría empezar incluso a volver a destinar posibles excendentes de cuotas para nutrir otra vez el fondo de reserva.

Separación de fuentes

¿Cuáles serían esos gastos que se pasarían a pagar con impuestos para equilibrar la Seguridad Social? Desde el Gobierno creen que claramente podrían liberarse 1.500 millones de euros de reducciones de cotizaciones por incentivos a la cotización (tarifas planas entre otros), convirtiéndolos en bonificaciones, que Hacienda debe reingresar a la Seguridad Social.
Asimismo, las prestaciones de maternidad, paternidad y riesgo del embarazo también podrían pasar a considerarse “política social” y como tal financiarse con impuestos. Con esto las cotizaciones dejarían de pagar unos 2.559 millones, según las cifras del Presupuesto de este año.
Más complicado sería llevar a cabo la intención inicial del Ejecutivo de hacer esta misma operación con las pensiones de viudedad que, aunque supondría liberar mucho más dinero (unos 24.000 millones), su no contributividad es más dificil de justificar.
Finalmente, el Ejecutivo cree que los casi 4.000 millones de gastos de funcionamiento de la Seguridad Social también deberían de financiarse con la imposición general y no con cuotas sociales.
Sacar adelante esta separación de fuentes no debería ser difícil si se tienen en cuenta que en la comisión del Pacto de Toledo ya existía un acuerdo para llevarla a cabo, antes de que explotara la polémica y se interrumpieran las negociaciones por la cuestión de la revalorización de las pensiones, según fuentes parlamentarias.
De hecho, el Gobierno ve condiciones para cerrar un acuerdo en el Pacto de Toledo antes del verano. Solo entonces el Ejecutivo se plantearía reformar las pensiones.
Con este plan, que en teoría compartesn el Gobierno y los grupos parlamentarios, se liberarían los citados 8.000 millones pero aún quedarían más de 4.000 para cumplir con las previsiones de déficit para este año.
Estas fuentes confían en un aumento de los ingresos por cotizaciones que llegue por la mejora del empleo de forma que se llegue a los 20 millones de ocupados a finales de 2020, para lo que queda la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo hasta entonces. Y, sobre todo, en una mejora de los salarios mucho más generosa de lo que se está pactando en los convenios actualmente (1,51% en febrero). “Hay margen para subidas más generosas” aseguran dichas fuentes gubernamentales.
El papel del Ejecutivo en este asunto de los salarios se limita a “animar” a patronal y sindicatos a que cierren un acuerdo de negociación colectiva con recomendaciones de alzas salariales mayores a las citadas pero compatibles con la creación de empleo.
Es más, el Gobierno ha torpedeado a los agentes sociales desde distintos frentes pidiéndoles que emulen los pactos alcanzados por el Ejecutivo con los sindicatos para subir el salario de los funcionarios y aumentar el salario mínimo. Y no ve ni lejano ni imposible este acuerdo.

Dos prioridades

  • Bono formación. La prioridad del Ministerio de Empleo será ahora el empleo de los jóvenes. Para ello ha incluido los bonos de formación de garantía juvenil y el de conversión de estos últimos contratos en indefinidos. Con el primero de ellos se otorgará un complemento de 430 eruos al mes a los jóvenes con contrato de formación durante 18 meses. Y si las empresas los convierte en fijos no pagarán cotizaciones los primeros tres años sin la contratada es una mujer y solo 15 euros al mes si es hombre.
  • Paro de larga duración. Empleo ha presupuestado 258 millones para la inserción de quienes llevan más de un año parados.

¿Vamos hacia otra burbuja inmobiliaria? Esto es lo que dicen los datos

MADRID.- El año 2006 fue cuando se empezó a atisbar el primer indicio de crisis inmobiliaria en España, y 2008 fue el comienzo de la debacle definitiva. Recesión económica, caída de precios, fin de las promociones, parón de la construcción, medidas de recuperación que no llegaron a buen puerto... Una época, sin duda, a olvidar.

Sin embargo, tras la tormenta siempre llega la calma. Y en España, aunque quizás hayamos tardado más de lo que nos gustaría, también ha pasado. A día de hoy, el sector inmobiliario de nuestro país tiene motivos más que suficientes para asegurar, sin miedo alguno a equivocarse, que la crisis de 2008 ha tocado definitivamente a su fin. De hecho, el sector se encuentra en un claro ascenso que, por ahora, no tiene visos de frenada, según www.elconfidencial.com.

La recuperación: 550.000 transacciones

Así lo aseveran los datos oficiales proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan la situación actual: en España se produjeron 464.423 operaciones de compraventa de viviendas en 2017, un 14,6% más que en 2016.
Es más, los crecimientos interanuales siguen subiendo. Según el informe 'Situación inmobiliaria en España 2018', elaborado por BBVA Research, el volumen de transacciones acumulado entre octubre de 2016 y el mismo mes de 2017 indica que en España se vendieron 521.846 viviendas, lo que supone el 15,8% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que mantiene la tendencia de crecimiento.
Y lo mejor está por llegar, ya que, según BBVA Research, se espera que en 2018 haya cerca de 550.000 transacciones. Todo vendrá acompañado de una revalorización de la vivienda, en promedio anual, del 2,5% y del 4,9% en 2017 y 2018, respectivamente.
Además, también habrá una actividad constructora acompasada con la demanda, lo que proyecta un crecimiento de visados alrededor del 20% cada año.

¿Burbuja? Ni está ni se la espera

En un contexto así, la pregunta sale sola: ¿no estaremos cayendo en una posible burbuja inmobiliaria? Los datos, sin embargo, desmienten esta teoría, a tenor de lo que observamos en el informe de Bankia Research, que aleja todo tipo de dudas en este aspecto.
Y es que mientras en abril de 2007 España alcanzó su máximo histórico de visados, con 885.181 documentos de obra nueva, los datos de octubre de 2017 apuntan apenas a 75.146 visados, una cifra que ni siquiera llega a representar el 10% de la cota máxima alcanzada en nuestro país.
En los certificados de obra pasa algo similar: mientras en agosto de 2008 fueron 656.733, en el mismo mes de 2017 la cifra se quedó en 49.410 certificados, también menos de una décima parte respecto al anterior récord.
Además, el sector de la construcción ha pasado de tener 2,65 millones de ocupados a los 1,14 millones de finales de 2017, lo que refleja que, en todos estos sentidos, España sigue lejos de sus mayores cifras históricas.
A Beatriz Toribio, directora de Estudios de Fotocasa, también le resulta arriesgado hablar de burbuja: "Los niveles de actividad actuales están todavía muy lejos de los de 2007. Las 464.423 compraventas de viviendas que ha habido en 2017 muestran un claro ascenso y una mejoría en el sector, pero aún están muy lejos de las 775.300 que hubo en 2007".
Además, "las hipotecas tampoco están creciendo al mismo nivel de aquellos años. Los bancos están controlando mucho más la financiación que dan y tienen más cautela al establecer los criterios de concesión de las hipotecas, no estamos en la misma situación que hace 10 años", asegura.
En cualquier caso, la posible subida de todos estos factores tampoco tendría por qué llevarnos hacia una nueva burbuja, según Toribio: "Los niveles de paro en España siguen siendo mucho más altos que en 2007, así que, aunque la construcción de nueva vivienda va a crecer en 2018, no cabe esperar que las compraventas e hipotecas alcancen los niveles de 2007".
¿Hay entonces algún motivo para permanecer vigilantes? En realidad, sí: "Hay zonas muy concretas dentro de grandes ciudades, las más turísticas y demandadas, en las que los precios sí están subiendo por encima de los dos dígitos. En la media nacional no hay que esperar una nueva burbuja, pero sí hay que tener cuidado con esas zonas, ya que los precios están subiendo bastante más rápido que en otros sitios".
También descarta una posible burbuja Juan Antonio Mora, 'general manager' de Grupo Jamsa, una promotora-constructora con 48 años de experiencia en el sector que, habiendo construido más de 10.000 viviendas por toda España y parte del extranjero, a día de hoy se posiciona con diferentes promociones en nuestro país, destacando sobre todo la Costa del Sol, donde tiene en cartera más de 500 viviendas en construcción y seis promociones en curso.
Según su punto de vista, "con los datos en la mano, las viviendas iniciadas entre finales de 2017 e inicios de 2018 siguen muy por debajo comparándolas con las iniciadas en 2006. Incluso siguen muy por debajo de la crisis de 1992 y apenas han recuperado niveles de 2011 antes del rescate, que provocó un desplome del crédito hipotecario", asegura.
Y para ello, según Mora, "es necesario incrementar el parque de viviendas nuevas, ya que la escasez de viviendas de nueva creación tuvo su efecto directo en el ritmo de crecimiento de la compraventa de inmuebles de segunda mano y, a su vez, en el precio de las operaciones". Por tanto, "la densidad con la que se cuenta actualmente no está preparada para absorber la demanda de la población".
A día de hoy, de hecho, Grupo Jamsa mantiene diversas promociones, como los proyectos de Lomas del Rey (Marbella), Jardinana (Mijas), Las Buganvillas (Córdoba), Velaia, Lobilla, CL9 (Madrid), Rocamar (Santander) o Santa Isabel (Córdoba), entre otros.
Pero ¿cómo evitar posibles burbujas? Juan Antonio Mora lo tiene claro: "Nuestra forma de trabajar abarca siempre lo que podemos soportar con nuestro propio pulmón financiero, la despensa siempre tiene que estar llena para cuando no haya. No tenemos una bola de cristal, pero si los bancos y el Gobierno siguen controlando los préstamos financieros y castigan a los deudores y premian a los pagadores, iremos por buen camino".
Así pues, "aún nos pueden quedar años de muy buenos resultados, siempre y cuando actuemos con cabeza. Pero todavía queda mucho trabajo por delante para mejorar".

Declaración de la renta: los 10 apartados que no se pueden pasar por alto

MADRID.- La hora de echar cuentas con el fisco ha llegado. A partir de hoy todos los contribuyentes pueden presentar la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2017. Lo pueden hacer a través de la app de la Agencia Tributaria, vía web o por teléfono, mientras que para recibir atención presencial en sus oficinas será necesario esperar hasta, al menos, el 10 de mayo, aunque ya es posible presentar una solicitud de cita previa, según El País.

Bien es verdad que el plazo para entregar la declaración a Hacienda es muy amplio: la fecha límite es el 27 de junio, en el caso de querer domiciliar el resultado, o el 2 de julio, en las demás situaciones. Para evitar contratiempos en la recta final, sin embargo, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aconsejan a los contribuyentes fijarse desde ya en los olvidos más frecuentes en la campaña del IRPF y recabar todos los datos que puedan afectarles desde el punto de vista fiscal.
Con la advertencia de “tener escrupulosamente en cuenta las peculiaridades que pueda presentar cada Comunidad Autónoma en estas materias”, añaden. “Aunque sean a menudo desconocidas, las deducciones autonómicas pueden suponer importantes beneficios fiscales en lo que se refiere a gastos por estudios de los hijos, adopción, alquiler de vivienda, entre otros”, señalan desde Gestha. Por ello, recomiendan descargar el Manual de la Renta en la web de la Agencia Tributaria, donde se pueden repasar los apartados que interesen a cada contribuyente, según su situación.

Gastos deducibles

Las cuotas sindicales o de alta en colegios profesionales (siempre que la inscripción sea obligatoria para ejercer la profesión y con un límite de 500 euros) se pueden deducir de los rendimientos del trabajo, subrayan desde Gestha. De la misma manera, es posible restar los gastos en abogados para defenderse frente a la empresa (por no más de 300 euros al año) o los que un trabajador tuvo que sostener para la movilidad geográfica, si estaba inscrito en la oficina de empleo antes de aceptar el puesto por el que se muda. Esta deducción se aplica tanto en el periodo impositivo en el que se produzca el gasto, como en el siguiente, con un límite de 2.000 euros.
Los trabajadores con discapacidad podrán desgravar entre 3.500 euros y 7.750 euros, según el grado de minusvalía que padezcan.

Viviendas vacías

En las comunidades autónomas de régimen común —es decir, todas menos País Vasco y Navarra, aunque Canarias también presenta algunas particularidades— las viviendas y los locales vacíos generan la llamada imputación de rentas inmobiliarias, es decir, un ingreso que equivale a cierto porcentaje del valor catastral del inmueble. En este caso, “habrá que revisar que estas imputaciones no incluyan viviendas que ya no sean de nuestra propiedad, que sean de varios titulares o que estén habitadas por el ex cónyuge”, sugieren desde Gestha.
Los inmuebles urbanos que no sean vivienda habitual tributarán entonces al 2% de su valor catastral si el valor ha sido revisado en el marco de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general del municipio en algún momento anterior a 2007.

Ganancias por la venta de inmuebles

En las ganancias patrimoniales por transmisión de bienes que no estén relacionados con actividades económicas se aplican unos coeficientes de abatimiento solo a la parte obtenida hasta el 20 de enero de 2006 y solo hasta un importe de 400.000 euros, destacan los técnicos de Hacienda.
En este capítulo existen, sin embargo, exenciones para mayores de 65 años o personas en situación de dependencia severa que transmitan su vivienda habitual. Los contribuyentes que tengan más de 65 años podrían aprovecharse también de una exención por vender cualquier tipo de bien, si el importe de la venta se destina a la creación de una renta vitalicia asegurada, con el límite de 240.000 euros y en un plazo de seis meses.
Otra exención está reservada a las ganancias originadas por la venta de una vivienda habitual cuyo importe se reinvierta en la adquisición o rehabilitación de otra vivienda habitual en un plazo de dos años. Estará exento también el 50% de las ganancias patrimoniales cuando se transmitan inmuebles urbanos adquiridos entre el 12 de mayo y el 31 de diciembre de 2012.

Cambios en la situación familiar

“Nacimientos, defunciones y cambios en el estado civil afectan en bastantes casos no solo al mínimo familiar y a algunas deducciones familiares, sino también a la posibilidad de reducir la base imponible con el importe fijado judicialmente de las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualidades por alimentos”, afirman desde Gestha. Por ello, habrá que poner especial esmero en reflejar estos datos en la declaración, así como los contribuyentes que no tienen derecho a aplicar el mínimo por descendientes podrán reducir la progresividad del impuesto a través del importe fijado judicialmente de las anualidades satisfechas por decisión judicial a sus hijos.
Uno de los errores más comunes es que hijos menores de 25 años o de otra edad pero con una discapacidad igual o superior al 33%, y que conviven con sus padres, presenten la declaración por pequeñas rentas de entre 1.800 euros y 8.000 euros, con el objetivo de beneficiarse de una devolución que será, sin embargo, muy modesta. A cambio, los padres pierden la posibilidad de incluirlos en el mínimo por descendientes de su propia declaración y obtener, de esta manera, una ventaja que podría ser más jugosa, advierten desde Gestha. Si los ingresos del hijo no superan los 1.800 euros, sin embargo, este derecho se conserva.

Familias numerosas y discapacidad

Los miembros de las familias numerosas con ascendientes o descendientes con discapacidad, y los hogares monoparentales con dos hijos sin derecho a anualidades por alimentos, pueden beneficiarse de unas deducciones en la cuota estatal del IRPF. En el caso de un hijo o un ascendiente con discapacidad, las condiciones para obtenerla es que este tenga su propio NIF y no perciba rentas superiores a 1.800 euros, si presenta declaración, y a 8.000 euros, en el caso opuesto.
El importe de esta deducción será de 1.200 euros al año (100 euros al mes, si se solicita anticipadamente; 2.400 euros al año para familias numerosas de categoría especial). Las madres trabajadoras con hijos menores de tres años recibirán también 1.200 euros al año o 100 euros al mes.

Alquiler de vivienda habitual

La deducción estatal por alquiler de vivienda habitual ha desaparecido, pero se mantiene para los contratos firmados hasta el 31 de diciembre de 2014. Los inquilinos que vivan de alquiler con un arrendamiento firmado antes de 2015 y cuya renta sea inferior a 24.107,20 euros pueden deducir el 10,05% de las cuotas pagadas el año pasado.
De todas formas, en la mayoría de las Comunidades Autónomas existen deducciones por el alquiler según los requisitos establecidos por cada región.

Adquisición de la vivienda habitual

Todos los contribuyentes que hayan comprado su vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013 también pueden seguir beneficiándose de una deducción estatal de hasta el 15% de las cantidades invertidas, con un límite de 9.040 euros, siempre y cuando ya hayan deducido por esta razón en 2012 o en años anteriores. Por ello, desde Gestha señalan que “es imprescindible comprobar que esta deducción consta en el borrador, ya que, por errores de la entidad financiera, podrían no aparecer los datos de la hipoteca”. Un problema podría surgir también si se tiene más de un préstamo: “Al no saber cuál se destinó a la compra de la vivienda, Hacienda podría no incluirlo”, avisan los técnicos del Ministerio.
Una atención especial al borrador la dedicarán también todos aquellos que hayan realizado algunas obras de rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual antes de 2013, siempre que hayan terminado antes de 2017, así como los contribuyentes que hubiesen adecuado sus viviendas a las personas con discapacidad en el mismo plazo. El ex cónyuge que haya dejado la vivienda familiar comprada antes de 2013 y que sigue pagando la hipoteca donde residen los hijos menores deberá corregir el borrador para incluir la parte de deducción por vivienda habitual. “Esta es compatible con la deducción de alquiler a la que pueda tener derecho o con la de su propia vivienda habitual si fue adquirida antes de 2013, con el límite conjunto de 9.040 euros de inversión”, aclaran desde Gestha.

Afiliaciones políticas y donativos

Las aportaciones a partidos políticos dan derecho a una reducción del 20% de las cuotas de afiliación, con una base máxima de 600 euros anuales. La última reforma fiscal, además, introdujo importantes mejoras en algunas deducciones por donativos, con la condición de haber sido certificadas por la entidad beneficiaria.

Planes de pensiones

Las aportaciones a planes de pensiones permiten rebajar la base imponible, por lo que Gestha sugiere verificar con detenimiento que el borrador refleje correctamente estos datos. La reforma fiscal redujo la cantidad máxima que se puede aportar, desde 10.000 euros a 8.000 euros, siempre que dicha aportación no supere el 30% de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas, apostillan los técnicos de Hacienda.
Las aportaciones realizadas por el cónyuge del contribuyente también reducen la base imponible, si este percibe menos de 8.000 euros de rendimientos al año. Gesta recuerda que el ahorro fiscal que suponen estas aportaciones oscila entre el 19% y el 48% de la inversión, según las variaciones de escalas de gravamen aprobadas en cada Comunidad Autónoma.

Cláusula suelo

La devolución del dinero cobrado por el banco por una cláusula suelo abusiva “es el reintegro de un pago indebido”, subrayan desde Gestha, “por lo que no constituye renta”. Por la misma razón, tampoco se tendrán que incluir en la base imponible los intereses que la entidad financiera haya eventualmente entregado al cliente como indemnización por una cláusula suelo.
No obstante, si estos intereses hubieran formado parte de deducciones por inversión en vivienda habitual o las establecidas por las Comunidades Autónomas, se deberán regularizar para los cuatro ejercicios no sujetos a prescripción, es decir, desde 2013 hasta 2016. Lo mismo se debe hacer si los intereses hubieran sido considerados gastos deducibles en rendimientos del alquiler o actividades económicas.

En 2017 aumentó un 4% la morosidad de arrendamientos en España

MADRID.- El 'X Estudio FIM sobre morosidad de arrendamientos en España', realizado por Fichero de Inquilinos Morosos (FIM), y desvela que los morosos adeudaron en España una media de 6.032 euros el año pasado, casi un 4% más que en 2016.

Por comunidades, Madrid, con una media de casi 9.718 euros adeudados, lidera la clasificación tras haber registrado los impagos más elevados en 2017. 
Por detrás le siguen Baleares (8.235 euros), País Vasco (6.951 euros) y Cataluña (6.600 euros). 
Según FIM, en todos estos territorios la subida del precio de los arrendamientos en los últimos meses ha influido en el alza de las cuantías de adeudamiento registradas.
En el lado opuesto, entre las regiones con las cuantías más reducidas, se sitúan Extremadura (3.307 euros), Castilla y León (3.489 euros), La Rioja (3.706 euros) y Aragón (3.933 euros).
El estudio también pone de relieve que la morosidad se incrementó durante el año pasado en 15 de los 19 territorios analizados. 
Las menores subidas de la morosidad se produjeron en comunidades con escaso volumen de pisos alquilados y precios moderados. Entre ellas, destacan La Rioja (0,20%), Galicia (1,8%), Extremadura (2,6%) y Castilla-La Mancha (2,7%).
Los impagos se han reducido en cuatro territorios por el progresivo desplazamiento del arrendamiento residencial tradicional en favor de los alquileres turísticos, como Baleares (-6,45%) y Cataluña (-2,76%).

Seis autonomías crecerán por encima de la media en 2018

MADRID.- Seis autonomías crecerán por encima de la media en 2018, sobre todo Aragón (3,3%), Cataluña y Murcia (ambas con el 3,1%), según el último informe del Centro de Predicción Económica (Ceprede), hecho público este jueves.

Ceprede cifra en el 2,7 por ciento el repunte medio de la economía nacional, por encima del cual estarán las tres comunidades citadas, así como Andalucía (3 %) y Baleares y Galicia (las dos con el 2,8 %). Por debajo de la media se sitúan el resto de comunidades, que se concentran especialmente en el rango 2,1 a 2,6 %.
La menos dinámica serán Canarias, con un crecimiento del 1,9 %, y Castilla y León y La Rioja, que rozan el 2 %. Ya en el 2,1 % se colocan Extremadura, Asturias, Cantabria, mientras que País Vasco y Navarra ascenderán hasta el 2,4 %; la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, hasta el 2,5 %, y Madrid, hasta el 2,6 %.
Para obtener sus predicciones, Ceprede tiene en cuenta quince indicadores de la actividad económica, como los afiliados a la Seguridad Social, el índice de precios industriales, el consumo de combustibles, las matriculaciones, el comercio exterior o las pernoctaciones, con los que después elabora una estimación del crecimiento regional del Producto Interior Bruto (PIB).

Otra borrasca trae de nuevo lluvia y viento para el fín de semana

VALENCIA.- La llegada de una nueva borrasca desde el Atlántico traerá precipitaciones a partir de la tarde de mañana viernes, 6 de abril, aunque probablemente no serán demasiado intensas. Las nubes se concentrarán sobre todo en el oeste de la Península, pero llegarán al área mediterránea "por la tarde", cuando crecerán las nubes "con probables chubascos ocasionales en la segunda mitad del día, sin descartar alguna tormenta".

En la ciudad de Valencia, habrá un 80 % de probabilidades de que la lluvia haga acto de presencia durante la tarde del viernes y, a partir de las 18.00 horas, la posibilidad bajará al 45 %. Mientras, en el norte de la provincia las precipitaciones también están prácticamente garantizadas, sobre todo en el interior. En el sur, la probabilidad más alta se quedará en un 65 %.
El sábado, 7 de abril, la lluvia estará presente durante toda la jornada en la provincia de Valencia, puesto que "continuará la situación de inestabilidad debido al paso de sucesivas bandas frontales de origen atlántico", según la Aemet. Las lluvias serán probablemente más intensas que el día anterior, sobre todo cuanto más hacia el interior. 
En la ciudad de Valencia, se esperan nubes durante toda la jornada, con unas precipitaciones que fundamentalmente llegarán por la tarde, a partir del mediodía. En el interior de la provincia el agua está prácticamente garantizada durante todo el día (la probabilidad está entre el 90 y el 100 %), mientras que al litoral también llegará la lluvia aunque con intervalos de sol y nubes en el caso de la costa sur.
El domingo, 8 de abril, predominarán los "cielos nubosos, con chubascos y tormentas ocasionales en la mayor parte del país", según la Agencia Estatal de Meteorología. No obstante, la lluvia parecerá retirarse en la provincia de Valencia en comparación con los días anteriores. 
A cambio, llegará el viento, puesto que en casi todo el territorio el poniente soplará con mayor intensidad que en las jornadas previas, algo que elevará la temperatura hasta hacer que las máximas se sitúen por encima de los 20 grados, a excepción del interior norte, donde no se arribará a esa marca. 
En la ciudad de Valencia, el sol se asomará tímidamente y, aunque se espera lluvia, la probabilidad de que las nubes descarguen sólo será ya del 45 % por la tarde. En el resto de la provincia la posibilidad de precipitaciones será también más baja que el viernes o el sábado (como mucho del 50 %) y será una jornada de intervalos nubosos que dejarán ver el sol con bastante frecuencia, sobre todo por la tarde. Las rachas de poniente también serán una de las notas destacadas del día. 
El lunes, 9 de abril, festividad de San Vicente, el viento aún continuará soplando y tenderá a "mantenerse la inestabilidad en la mayor parte de la Península, con cielos en general nubosos y probabilidad de precipitaciones ocasionales". En la ciudad de Valencia aún se esperan nubes, pero la posibilidad de lluvia se quedan ya en el 35 %. 
En el resto de la provincia, por su parte, las posibilidades de precipitaciones también disminuye considerablemente (en torno al 35 %) y el sol asomará en muchos momentos de la jornada; el interior norte será el que más dominado esté por las nubes (hay un 70 % de probabilidad de que descarguen) aunque no tanto como para no ver el sol.

miércoles, 4 de abril de 2018

Adif Alta Velocidad ya supera en deuda al Fondo de Rescate de los bancos: 17.900 millones

MADRID.- El Gobierno prevé que el año termine con una deuda de 63.170 millones de euros en el conjunto de los grupos empresariales públicos, un 3,6% menos que lo previsto para el cierre de 2017, según figura en el proyecto de ley de  Presupuestos Generales del Estado presentado el martes en el Congreso de los Diputados.

La lista de empresas más endeudadas la encabeza por primera vez desde su creación Adif Alta Velocidad. La sociedad encargada de la construcción y gestión de las líneas ferroviarias de alta velocidad en España prevé cerrar el año con una deuda de 17.924 millones de euros. Supone elevar todavía más la deuda prevista para 2017, que era de 17.660 millones, según eldiario.es.
De este modo, la sociedad supera por vez primera al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), sociedad utilizada por el Gobierno para el rescate financiero, que cerrará el año, según las previsiones del Ejecutivo, con una deuda de 15.439 millones de euros, un 16% menos de lo presupuestado en 2017. 
Las siguientes empresas más endeudadas son Enaire -primer accionista de Aena- con casi 8.000 millones, y la SEPI, con 7.520 millones.
Adif-Alta Velocidad fue creada en 2013, separándose de Adif, cuya actividad estaría centrada en las líneas convencionales. De este modo, la primera se hacía cargo de toda la deuda de acumulada de la expansión de la red de transporte AVE durante los años previos, abriéndola a lanzar emisiones para captar nuevas vías de financiación.
Adif Alta Velocidad es también la que tiene el peor resultado previsto para este ejercicio. El Gobierno estima que la sociedad cierre el año con 229 millones de euros de pérdidas. Con ello, la empresa acumularía 1.198 millones de euros en pérdidas presupuestadas los últimos cuatro años, aunque las reduciría frente a los 353 millones de resultado negativo previsto para 2017.
Respecto al resto de empresas públicas, Loterías del Estado se mantiene como la empresa con mayores ingresos previstos, con 9.220 millones de euros, y también en beneficios, con más de 1.800 millones. Le sigue la Sepi, con más de 5.000 millones de cifra de negocios, cifra casi idéntica a Enaire. Renfe Operadora y Adif son la cuarta y quinta empresas en cuanto a previsión de negocio para este año, con 2.700 y 1.200 millones respectivamente.
La sociedad Adif-Alta Velocidad es, a su vez, la empresa pública que tiene una mayor inversión prevista para este ejercicio. En concreto, el Gobierno prevé que invierta 2.700 millones, el 39% de los más de 7.000 millones que las compañías estatales prevén invertir en el presente año. 
Según figura en los Presupuestos, los trabajos en ferrocarriles de alta velocidad se centrarán este año en el corredor norte-noroeste, en el del Mediterráneo, en la línea Madrid-Murcia, en Extremadura y en el eje Mediterráneo-Cantábrico.

La financiación del PSPV y el auge de C's, el cóctel que puede tumbar a Puig y Oltra

VALENCIA.- Esta semana, el Supremo podría dar otro revolcón al Partido Popular de la Comunidad Valenciana. El alto tribunal tiene previsto celebrar una vista pública para revisar la condena por el amaño de los concursos de los expositores de Fitur a los cabecillas de la trama Gürtel (Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo) y a altos cargos del Gobierno autonómico de Francisco Camps, como la que fue 'consellera' de Turismo Milagrosa Martínez, a la que le han 'caído' nueve años de prisión, recuerda El Confidencial

Haya o no rebaja de penas, una resolución confirmando el fallo condenatorio pondrá de nuevo sobre la agenda política la mancha de la corrupción de los años de gestión del Partido Popular. Lo hará, además, en un momento en que los populares, dirigidos por Isabel Bonig, estaban convencidos de haber asestado un golpe importante a la coalición de izquierdas que gobierna la Generalitat valenciana, con el tándem de Ximo Puig y Mónica Oltra al frente.
Por primera vez en los ya casi tres años de legislatura, el escándalo de la posible financiación irregular de PSPV y el Bloc Nacionalista Valencià durante las campañas de 2007 y los contratos del Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero con la agencia de comunicación proveedora de ambos partidos, Crespo Gomar, han puesto a la defensiva al Consell de socialistas y Compromís, que en las últimas semanas ha perdido la iniciativa política.
La longitud del recorrido judicial de los papeles que los populares llevaron a la Policía Nacional hace un año está por definir. La jueza de instrucción de Valencia, que inició en secreto las diligencias, ha cerrado el caso en su juzgado "tras quedar descartado que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido" en su partido judicial. 
 Con las sedes de ambos partidos en Valencia y la decisión de la jueza de inhibirse, es probable que la investigación de su financiación y cuentas electorales haya quedado en vía muerta. Al haber prescrito los delitos electorales (la financiación ilegal), los informes policiales han sido remitidos a dos juzgados de Madrid, a Gandía y a Benidorm. 
Acreditan la posible existencia de un mecanismo de facturación falsa con contratistas y obtención de fondos a través de contratos públicos por parte de Crespo Gomar, que a la vez prestaba servicios a candidatos. Queda conocer el alcance de las pesquisas con las administraciones afectadas, entre ellas los ministerios durante la etapa de Zapatero, como publicó El Confidencial.
Sea cual sea el alcance judicial, el escándalo político va a desgastar al Gobierno valenciano de izquierdas, cuyos partidos han tratado de reaccionar anunciando comisiones e investigaciones internas para mostrar transparencia. Es verdad que los hechos se remontan a más de 10 años atrás, pero algunos de los protagonistas, como el ex secretario general del PSPV Joan Ignasi Pla, siguen vinculados a su formación y forman parte del círculo de confianza de Ximo Puig. 
Uno de sus asesores, José Manuel Orengo, era alcalde de Gandía cuando este ayuntamiento contrató con Crespo Gomar. De momento, oficialmente no hay ningún investigado (imputado). Los documentos internos de Crespo Gomar también señalan a cargos de confianza del presidente del Parlamento valenciano, Enric Morera, que ha negado cualquier irregularidad en los gastos de campaña del socio nacionalista de Compromís.
Esta suerte de Gürtel de la izquierda se suma a otros acontecimientos recientes que han debilitado la imagen de algunas de las coaliciones que propiciaron el cambio político en las municipales de 2015. 
El caso más evidente es el del alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri. Procesado por fraccionamiento de contratos y por el despido de una trabajadora interina familiar del portavoz municipal del PP, ha alcanzado un pacto con la dirección del PSPV-PSOE para renunciar a su cargo el próximo 9 de abril. El acuerdo incluye el intento de negociar con el resto de fuerzas de izquierda la investidura de la número dos de Echávarri, Eva Montesinos. Se han iniciado contactos con Compromís, Guanyar Alacant (Podemos) y Ciudadanos, pero todavía sin los 15 votos necesarios para articular una mayoría.
La renuncia de Echávarri, si se produce tal como se ha comprometido, pondrá la guinda a una legislatura alicantina marcada por la inestabilidad y los desencuentros constantes entre las fuerzas de izquierda, empeñadas en tirar por la borda la oportunidad que les dio el electorado en 2015 tras dos décadas de gobiernos del PP con un final marcado por los escándalos de corrupción. Los sondeos ya apuntan a Ciudadanos como el partido que más votos recibiría en unos comicios locales en 2019.
El crecimiento del partido de Albert Rivera, empujado por la situación en Cataluña y la debilidad del PP de Mariano Rajoy, es generalizado en las grandes ciudades y podría ser suficiente como para volcar las mayorías en favor del centro-derecha si lleva aparejado robo de votantes socialistas. 
En la Comunidad Valenciana, los estudios demoscópicos apuntan a un crecimiento notable de la formación naranja. La situación podría ser frustrante para los populares de Isabel Bonig. 
Al cargar todavía sobre sus espaldas con un escenario judicial de causas pendientes de sus antecesores, el trabajo sucio de zapa y judicialización contra la gestión del Consell del Botánico que ha encargado a su número dos, Eva Ortiz, podría tener como beneficiario a Ciudadanos como receptor de votantes de centro desencantados con PP y PSOE. Aun así, los populares sueñan con un regreso al poder, aunque sea a expensas de un socio como Ciudadanos.
Este es el escenario que temen en el Palau de la plaza de Manises, donde Ximo Puig y su equipo se debatían hasta hace muy pocos días sobre la conveniencia o no de adelantar las elecciones autonómicas para sacarlas del 'superdomingo' del 26 de mayo, donde coincidirán con municipales y europeas. Será un test de alcance nacional donde es muy probable que el pulso por la hegemonía del centro-derecha entre Rivera y Rajoy marque la campaña.
La política es un estado de ánimo y, en ese contexto, la estrategia de Puig y Oltra de vender un 'oasis' de normalidad institucional ajeno al debate nacional para adormecer al votante conservador tiene mal encaje. 
Es cierto que en la mente del 'president' socialista está el deseo de propiciar en algún momento la salida de la elección de las Cortes Valencianas y la Generalitat del calendario de las municipales para generar un debate político estrictamente valenciano. 
Así lo ha expresado en encuentros reservados con medios de comunicación en los que ha estado presente El Confidencial. Pero la aparición en escena de la polémica con la agencia Crespo Gomar, la situación de interinidad de la segunda capital de la Comunidad Valenciana y la ausencia de argumentos políticos potentes que justifiquen la convocatoria anticipada de elecciones emparedan al tándem Puig-Oltra.
Quizá su carta más probable sea el clásico 'wait and see', esperar y ver, y que sus opciones de conservar el poder pasen por que no aparezcan nuevos líos, que la llamada 'Gürtel de izquierdas' se desinfle por ausencia de recorrido judicial, se normalice la situación de Alicante y Cataluña recobre la estabilidad con un Gobierno autonómico que renuncie a la vía lateral de la independencia y lleve a corrales el artículo 155 de la Constitución
En caso contrario, crecen las probabilidades de que las fuerzas del Botánico tengan que acabar haciendo las maletas.

Una cuarta parte de los jóvenes quiere ser funcionario

MADRID.- Uno de cada cuatro jóvenes quiere estudiar una oposición para ser funcionario, el mismo porcentaje que aquellos que quieren montar su propio negocio. Así lo ha constatado un estudio llevado a cabo por Círculo de Formación entre los 17.872 asistentes a la última edición de Unitour en España.

El documento revela también que el 52% de los estudiantes encuestados elegirá su carrera por vocación, mientras que un 38% del total de los jóvenes de bachillerato se ve desarrollando su carrera profesional en una empresa privada.
Por provincias, los más interesados en ser funcionarios son los alumnos cordobeses, ya que un 34% estudiaría una oposición después de su grado, seguidos de los leoneses (33%), los coruñeses, los murcianos y logroñeses (31%), los alicantinos (29%) y los zaragozanos, vallisoletanos y ovetenses (28%).
En el otro extremo, los jóvenes malagueños destacan como los más emprendedores de España, ya que un 32% quiere montar su propia empresa, seguidos por los estudiantes de Las Palmas y Valencia, ambos con un 28% de jóvenes que desean ser emprendedores.
En cuanto a los más vocacionales, el 56% de los estudiantes de La Coruña afirma que escogerá carrera porque es lo que le gusta desde siempre, seguidos por los de León y Córdoba (ambos con 55%), y San Sebastián, Vigo, Cádiz y Valladolid (54%).
Por el contrario, un 35% de los estudiantes españoles consultados se fijaría antes en las salidas profesionales que le ofrece su futuro grado. En esta línea, los que otorgan más peso a las salidas profesionales son los madrileños, ya que 38% se fijará en que su grado tenga alta empleabilidad, seguidos por los ovetenses, grancanarios, logroñeses y zaragozanos (37%).
Sobre el lugar de sus estudios, el estudio asegura que los españoles son «caseros» pues el 50% asegura que le gustaría estudiar en su propia provincia o comunidad, mientras que un 35% estudiará fuera de su región, y un 13% tiene pensado irse fuera de España.

El 33% se irá donde haya trabajo

En cuanto al destino por trabajo, el 33% ha señalado que le es indiferente dónde trabajar, pues se trasladará donde encuentre empleo, mientras que un 19% lo buscará directamente fuera de España. Este porcentaje ha descendido respecto al pasado año, cuando un 21% señalaba que desarrollaría su carrera profesional fuera de España. Por otro lado, un 25% prefiere quedarse en su provincia o comunidad, y un 23% trabajará en cualquier parte de España.
Por provincias, los estudiantes más propensos a buscar trabajo fuera de España son los malagueños, ya que un 28% quiere ejercer su profesión fuera de España. En el otro extremo se encuentran los estudiantes donostiarras, pues un 37% quiere trabajar en su comunidad o provincia. Les siguen los bilbaínos, con un 34% y valencianos con un 33%.
Por último, según datos del estudio, el 49% de los jóvenes se informa de los temas que le interesan navegando por internet, ya sea en medios de información online o a través de distintas redes sociales. Por otro lado, un 31% revela que se mantiene al día charlando con su familia y amigos, mientras que un 13% ve la televisión, un 5% lee el periódico impreso y un 2% tiene por costumbre escuchar la radio para conocer las noticias.

El FMI insta a España a prepararse ya para la próxima crisis

MADRID.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) cree que ha llegado el momento de que España se prepara para la próxima crisis porque es seguro que esta llegará antes o después y sus efectos pueden volver a resultar demoledores para un país que comienza a recuperarse de la última recesión. 

Así lo ha expuesto el subdirector gerente del FMI, David Lipton, durante su intervención en una jornada conjunta de este organismo con el Banco de España, que se ha celebrado este martes en Madrid bajo el título "España desde la recuperción a la resiliencia" y recoge Cinco Días.
El FMI aplaude los "difíciles" esfuerzos realizados por la población española para evitar "el colapso" de el país en lo peor de a crisis, demostrando que los ajustes internos sin controlar la política monetaria son posibles. 
Sin embargo, el organismo advierte que "ha llegado el momento de arreglar el tejado mientras brille el sol", es decir, de tomar las medidas necesarias para fortalecer la economía española ante la próxima crisis.

Los Presupuestos del 2018 incluyen una posible quita de deuda a las autonomías

MADRID.- El Gobierno quiere tener manos libres para poder decidir este mismo años quitas en la deuda de las comunidades autónomas con el Estado o una mejora de sus condiciones (tipos de interés y plazos). Esta es la última “zanahoria” que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha incorporado en el proyecto de Presupuestos del Estado para el 2018 que fue presentado este martes en el Congreso de los Diputados, con el fin de ganar el mayor apoyo político y social para sus cuentas, según reoge www.elperiodico.com.

No solo es una “zanahoria”, sino un argumento más para intentar quebrar el rechazo frontal que el PSOE manifiesta contra el proyecto del Gobierno. Algunas comunidades socialistas, como Baleares y Valencia, demandan al Gobierno algún tipo de reestructuración de su deuda pública que les permita ganar oxígeno en sus cuentas públicas. También lo ha pedido para Catalunya, el líder del PSC, Miquel Iceta.
Esta es la última novedad de un proyecto de ley que, según Hacienda, incluye medidas con un impacto presupuestario de 3.800 millones para mejorar las rentas de más de 13 millones de personas y sus familias. “Se trata de empleados públicos, pensionistas con ingresos más bajos y trabajadores asalariados que cobran menos de 18.000 euros”, añade Hacienda. 
En las cuentas, pactadas con Ciudadanos, también se han incluido ventajas fiscales para familias numerosas, para contribuyentes con discapacitados a cargo y para padres con gastos de guarderías al tiempo que se ha mejorado los sueldos de las fuerzas de seguridad del Estado. Además, los recursos para las comunidades autónomas aumentan en 4.248 millones, por la mejora de la recaudación tributaria.
“Son unos buenos presupuestos, que benefician a mucha gente y no perjudican a nadie”, resumió este martes en Argel el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haciendo valer las “zanahorias” (en una vieja expresión de Montoro) de las cuentas del 2018.  
Rajoy se comprometió a dar “la batalla” para que España tenga Presupuestos en el 2018, para lo que aún necesita ganar cinco votos con los que poder superar el debate de las enmiendas a la totalidad, a finales de abril o primeros de mayo. 
Los cinco votos del PNV que sirvieron para sacar adelante las cuentas del 2017 están en el aire, en tanto no se levante la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya, tras la constitución de un nuevo Govern. Mientras tanto, el Gobierno intenta ganarse el favor del PSOE y en esa estrategia encaja la oferta de una reestructuración de la deuda de las autonomías.
Según explicó Montoro, el proyecto de ley incluye una disposición para que el Gobierno “pueda hacer uso de las deudas de las administraciones territoriales con el Estado para poder dar una mayor prima a las cumplidoras, en forma de reestructuración de esa deuda” previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL). 
En su disposición adicional última el proyecto de ley admite que “estos incentivos podrán afectar total o parcialmente al importe de los créditos que ostente el Estado así como a sus condiciones financieras”.
En un primer momento, el PSOE no se mostró seducido por esta propuesta. “No es el momento para hablar de reestructuración de la deuda”, dijo el responsable de Economía del PSOE, Manuel Escudero. “Estamos esperando para conocer una propuesta solvente, cierta y detallada de un nuevo modelo de financiación autonómica. Sería una trampa empezar a hablar de un aspecto aislado de los demás”, añadió.
Las cuentas presentadas por el Gobierno en el Congreso de los Diputados incluyen un volumen de gasto consolidado del Estado, la Seguridad Social y sus organismos públicos por un total de 354.225 millones de euros, el 2,7% más que el año pasado. Frente a esto, los ingresos consolidados previstos ascienden a 300.903 millones de euros, con un crecimiento del 3% respecto al año anterior.
Según explicó Montoro, estos presupuestos encajan dentro del modelo económico del PP con el objetivo de “reducir la participación del gasto total en el producto interior bruto y mantener un nivel de ingresos públicos en el entorno del 38% del PIB”. Aquí reside la principal diferencia con el modelo socialista, que propugna un nivel de ingresos más cercano a la media de la Unión Europea (del 44% del PIB) para dar cabida a un mayor nivel de gasto y del estado de bienestar.
El ministro de Hacienda resaltó este martes que el peso del gasto social del Estado (pensiones, desempleo, servicios sociales y  becas) sobre el presupuesto total del Estado se mantiene en el 55,6%. Sin embargo, su crecimiento del 2,8% es inferior al previsto para la economía en euros corrientes (4,3%), por lo que en el 2018 volverá a disminuir el peso del gasto social respecto del PIB.
“No son recortes, es moderación en el crecimiento del gasto” interpretó Montoro. “Los Presupuestos son más aparentes que sociales”, criticó por su parte UGT. “Los pequeños guiños sociales, claramente electoralistas, no buscan restablecer los derechos. Hay dinero para las autopistas, pero no para atender las necesidades sociales más urgentes”, abundó el sindicato 
Entre las partidas de gasto destaca el aumento de infraestructuras (16,5%) mientras que bajan las de intereses de la deuda pública (hasta los 31.547 millones, el 1,9% menos) y desempleo (17.702 millones, el 3,4% menos) por las mejores condiciones económicas.  Con todo, el gasto previsto en infraestructuras, de 5.676 millones (el 1,6% del gasto total), apenas es el 40% de los 14.040 millones del 2008, cuando la inversión de los Presupuestos pesaba el 4% en el gasto total consolidado, según recordó UGT.