MADRID.- La Seguridad Social tuvo unos números rojos de 18.800
millones de euros el pasado año. Y, siendo optimista, el Gobierno ha
previsto en el cuadro macro con el que ha diseñado los Presupuestos de
2018 que, este año, el sistema vuelva a tener un déficit del 1,1% (unos
12.250 millones de euros), según publica hoy Cinco Días.
Para
costear este déficit, el Ejecutivo ha dispuesto en las cuentas públicas
presentadas el martes un total de 19.000 millones de euros. En
concreto, han previsto un crédito del Tesoro de hasta 15.164 millones de
euros y una nueva disposición del fondo de reserva de las pensiones de
3.826 euros para prestaciones contributivas y su gestión. Si bien
fuentes gubernamentales aseguraban ayer que confían en no utilizar todas
estas cantidades. Al tiempo estas mismas fuentes aclaraban que, en
cualquier caso, el crédito es mayor que el de 2017 (10.200 millones)
porque no quieren dejar el fondo de reserva a cero.
En cualquier caso, y a pesar de que el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, quitó hierro el martes a estas necesidades
financieras de la Seguridad Social, en el Ejecutivo son plenamente
conscientes de que hay que sanear el sistema y están a la espera de que
el Pacto de Toledo ciere sus recomendaciones para tomar medidas.
De momento, tienen claro cómo liberar o “limpiar” unos 8.000
millones de euros de gastos que ahora se costean con los ingresos de
las cotizaciones y que podrían financiarse con impuestos (lo que se
denomina separación de fuentes de financiación).
De esta forma se la Seguridad Social se acercaría más al
equilibrio contributivo. Esto es que las cotizaciones (de empresarios y
trabajadores) no costeen gastos que pueden pasar por universales (que se
deben pagar por todos los contribuyentes). Según los datos del
Ejecutivo en la actualidad el 94,1% de las pensiones se paga
exclusivamente con cotizaciones.
Faltaría, por tanto, que una serie de gastos de la Seguridad
Social se pagaran con impuestos para que esa cifra llegara al 100%. En
ese momento, se podría empezar incluso a volver a destinar posibles
excendentes de cuotas para nutrir otra vez el fondo de reserva.
Separación de fuentes
¿Cuáles serían esos gastos que se pasarían a pagar con
impuestos para equilibrar la Seguridad Social? Desde el Gobierno creen
que claramente podrían liberarse 1.500 millones de euros de reducciones
de cotizaciones por incentivos a la cotización (tarifas planas entre
otros), convirtiéndolos en bonificaciones, que Hacienda debe reingresar a
la Seguridad Social.
Asimismo, las prestaciones de maternidad, paternidad y
riesgo del embarazo también podrían pasar a considerarse “política
social” y como tal financiarse con impuestos. Con esto las cotizaciones
dejarían de pagar unos 2.559 millones, según las cifras del Presupuesto
de este año.
Más complicado sería llevar a cabo la intención inicial del
Ejecutivo de hacer esta misma operación con las pensiones de viudedad
que, aunque supondría liberar mucho más dinero (unos 24.000 millones),
su no contributividad es más dificil de justificar.
Finalmente, el Ejecutivo cree que los casi 4.000 millones de
gastos de funcionamiento de la Seguridad Social también deberían de
financiarse con la imposición general y no con cuotas sociales.
Sacar adelante esta separación de fuentes no debería ser
difícil si se tienen en cuenta que en la comisión del Pacto de Toledo ya
existía un acuerdo para llevarla a cabo, antes de que explotara la
polémica y se interrumpieran las negociaciones por la cuestión de la
revalorización de las pensiones, según fuentes parlamentarias.
De hecho, el Gobierno ve condiciones para cerrar un acuerdo
en el Pacto de Toledo antes del verano. Solo entonces el Ejecutivo se
plantearía reformar las pensiones.
Con este plan, que en teoría compartesn el Gobierno y los
grupos parlamentarios, se liberarían los citados 8.000 millones pero aún
quedarían más de 4.000 para cumplir con las previsiones de déficit para
este año.
Estas fuentes confían en un aumento de los ingresos por
cotizaciones que llegue por la mejora del empleo de forma que se llegue a
los 20 millones de ocupados a finales de 2020, para lo que queda la
creación de un millón de nuevos puestos de trabajo hasta entonces. Y,
sobre todo, en una mejora de los salarios mucho más generosa de lo que
se está pactando en los convenios actualmente (1,51% en febrero). “Hay
margen para subidas más generosas” aseguran dichas fuentes
gubernamentales.
El papel del Ejecutivo en este asunto de los salarios se
limita a “animar” a patronal y sindicatos a que cierren un acuerdo de
negociación colectiva con recomendaciones de alzas salariales mayores a
las citadas pero compatibles con la creación de empleo.
Es más, el Gobierno ha torpedeado a los agentes sociales
desde distintos frentes pidiéndoles que emulen los pactos alcanzados por
el Ejecutivo con los sindicatos para subir el salario de los
funcionarios y aumentar el salario mínimo. Y no ve ni lejano ni
imposible este acuerdo.
- Bono formación. La prioridad del Ministerio de Empleo será ahora el empleo de los jóvenes. Para ello ha incluido los bonos de formación de garantía juvenil y el de conversión de estos últimos contratos en indefinidos. Con el primero de ellos se otorgará un complemento de 430 eruos al mes a los jóvenes con contrato de formación durante 18 meses. Y si las empresas los convierte en fijos no pagarán cotizaciones los primeros tres años sin la contratada es una mujer y solo 15 euros al mes si es hombre.
- Paro de larga duración. Empleo ha presupuestado 258 millones para la inserción de quienes llevan más de un año parados.
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