Renfe obtiene el 62% de la cuota de mercado en alta velocidad en la Comunitat Valenciana en el segundo trimestre

VALENCIA.- Los trenes de alta velocidad que unen Madrid con Valencia son los que más viajeros ganaron en 2022, al registrar un incremento del 108,8 por ciento, según se desprende del último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El número de viajeros en trenes de alta velocidad en 2022 fue de 23,7 millones de personas en España, superando en un 6% la cifra de 22,37 millones de viajeros que se registró en 2019, antes del estallido de la pandemia, gracias a la entrada de la competencia con Renfe de Ouigo en mayo de 2021, así como de Iryo a partir de noviembre del año pasado.

Los corredores donde existe competencia fueron los que más viajeros ganaron en 2022, como el Madrid-Valencia (108,8%) o el Madrid-Barcelona (82,6%), mientras que en el resto de trenesde alta velocidad el incremento fue en torno al 60%.

El tren también continuó ganando terreno al avión gracias a la liberalización de la alta velocidad, como en el Madrid-Barcelona, línea en la que el tren ya representaba el 78,3% de los viajes frente al avión.

De hecho, la cuota modal del tren frente al avión creció en los trayectos con competencia --en el Madrid-Valencia también representa el 89,9%--, mientras que en los trayectos entre Madrid y Sevilla, Málaga y Alicante, en los que aún no había competencia con Renfe, la cuota descendió, aunque se situó por encima del 75% en todos los casos.

En su conjunto, el número de viajeros total en tren experimentó un fuerte incremento en los últimos meses de 2022, rebasando los 440 millones de pasajeros, un 36% más que en 2021, aunque aún un 13,8% por debajo de los datos de 2019.

Otro dato significativo que recoge el informe es que los costes de la energía de tracción crecieron hasta los 376 millones de euros (un 90,5% más que en 2021 y un 126,9% más que en 2019), impulsados por el aumento de los precios de la energía.

El alquiler en la Comunitat sube un 3,4% en el tercer trimestre

VALENCIA.- El precio medio por metro cuadrado en alquiler subió un 3,4% en la Comunitat Valenciana durante el último trimestre, hasta situarse en 10 euros. En un piso de cien metros cuadrados, el coste se situaría en mil euros.El precio alcanzó su máximo durante el mes de agosto y desde entonces ha bajado un 0,7%. Comparada con septiembre del año pasado, la renta mensual ha crecido un 15,9%, según un informe publicado hoy por Idealista.

Valencia

El precio medio de los arrendamientos subió un 4,2% en Valencia capital durante el último trimestre. Esta subida ha dejado el precio del metro cuadrado en 12,4 euros, el máximo histórico desde que idealista tiene registros. La provincia valenciana también experimentó una subida de precio de un 4,5% hasta situar la renta del metro cuadrado en 10,7 euros mensuales, lo que también supone un máximo histórico.

Alicante

La provincia de Alicante ha visto cómo sus precios crecían un 2,8% de forma trimestral, hasta situarse en 9,6 euros por metro cuadrado al mes. En la capital los propietarios alicantinos piden un 4,6% más por arrendar sus viviendas que hace tres meses, con una media de 10,5 euros/m².

Castellón

El precio de las viviendas en alquiler en la provincia de Castellón ha subido un 2,4% durante los últimos tres meses. Actualmente, el precio medio del metro cuadrado alcanza en la provincia los 7,5 euros/m² mensuales. En Castellón de la Plana el precio sube un 2,6% de forma interanual hasta los 7,3 euros/m² mensuales, lo que supone el máximo histórico de las rentas en la ciudad.

La Unió pide excluir a las IGP Jijona y Turrón de Alicante de ayudas si no usan almendra valenciana

ALICANTE.- La Unió Llauradora ha reclamado a la Generalitat que excluya al Consejo Regulador de las IGP Jijona y Turrón de Alicante de la posibilidad de acceder a cualquier ayuda o subvención financiada con líneas presupuestarias (propias, ajenas o cofinanciadas) de la Conselleria de Agricultura "mientras no usen de forma fehaciente almendra producida en la Comunitat Valenciana".

Así se ha pronunciado en un comunicado, en el que ha instado a la Generalitat a trabajar para que los fabricantes de turrón de las IGP Jijona y Turrón de Alicante utilicen almendras producidas en la Comunitat Valenciana, ante la previsión de modificar el pliego de condiciones de la IGP para "utilizar almendras de cualquier parte del mundo": "No se entendería que reciba ayudas o subvenciones públicas de Agricultura una entidad que no usa prioritariamente productos agrarios producidos en la Comunitat Valenciana".

Además, ha exigido que se favorezca e incentive económicamente a los turroneros que certifican el origen de la almendra de la Comunitat Valenciana en la elaboración de los turrones, "estén o no amparados por la IGP Jijona y Turrón de Alicante".

La entidad agraria ha hecho llegar esta batería de propuestas al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y al conseller de Agricultura, José Luis Aguirre. 

La petición llega tras desestimar la Conselleria de Agricultura el recurso de reposición interpuesto "en tiempo y forma" por la Unió Llauradora ante la modificación de los pliegos de condiciones y documentos únicos de las IGP Jijona y Turrón de Alicante.

En este recurso, La Unió manifestaba su disconformidad ante la desaparición en el texto sometido a modificación del origen de las materias primas (almendra fundamentalmente) utilizadas en la fabricación de los turrones acogidos a la IGP, al considerar que "da vía libre a los fabricantes de turrón, amparados en la IGP, para utilizar sin ningún tipo de restricciones almendras producidas en cualquier parte del mundo".

Al respecto, la Conselleria argumentó para rechazar el recurso que el lugar de procedencia de las almendras "no tiene relevancia" en la obtención del producto de las IGP Turrón de Jijona y Alicante "ni mucho menos afecta a la calidad de este". 

No obstante, para La Unió el origen de la materia prima "sí puede afectar a la calidad y diferenciación del producto, sobre todo en cuanto a la variedad de almendra usada".

A juicio de la entidad, la Generalitat no puede quedar como una simple tramitadora de la petición de modificación del pliego de condiciones del IGP: "Su función debe ser la de lograr que, en la fabricación del turrón, y más con una IGP que hace referencia a una zona geográfica valenciana, se dé preferencia al uso de las almendras producidas en la Comunitat Valenciana".

"La decisión de la Conselleria de Agricultura de facilitar sin más la aprobación de modificar la propuesta por el Consejo Regulador sin ninguna oposición y ningún intento de hacer reconsiderar la postura de este, que se beneficia de un origen de aquí como argumento de venta, es ilógica y perjudica sin duda a las personas productoras de almendra de nuestro territorio", ha denunciado, para lamentar que los precios que perciben esta campaña los productores de almendra de la Comunitat Valenciana son "ruinosos ante la falta de demanda, fundamentalmente los de la variedad autóctona Marcona".

"Sufrimos precios cada vez más bajos mientras soportamos la competencia desleal de almendra importada de terceros países y ni desde instancias oficiales ni desde organismos que supuestamente velan por la calidad de nuestro producto se hace nada por evitarlo, sino todo lo contrario. Los industriales turroneros se aprovechan de una marca de aquí para poner almendra de fuera de la Comunitat Valenciana".

Catalá enmarca sus contactos con Vox en la negociación de las ordenanzas fiscales

VALENCIA.- La alcaldesa de València, María José Catalá, ha enmarcado los contactos que su equipo de gobierno, del PP, mantiene con los ediles de Vox en el Ayuntamiento de la ciudad en la negociación de las ordenanzas fiscales municipales del próximo año. Así, ha descartado que se deban a una posible entrada de Vox en el ejecutivo. «Ahora mismo estoy gobernando sola», ha apuntado.

Para aprobar esas ordenanzas, al igual que sucede con el presupuesto del consistorio, el ejecutivo que preside Catalá, que cuenta con trece concejales, necesita la mayoría absoluta de la corporación local, 17 votos, y así el respaldo de los cuatro concejales de Vox.

Preguntada por los contactos entre esta formación y el PP y por si se negocia una entrada de los miembros de Vox en el gobierno de València, Catalá ha afirmado que los 'populares' hablan con ellos para sacar adelante las ordenanza fiscales.

«Estamos hablando con ellos por el tema fundamentalmente ahora de las ordenanzas fiscales. Antes de los presupuestos lo que corresponde es consolidar el capítulo de ingresos y para eso tenemos que hablar con ellos de las ordenanzas fiscales. En ese marco estamos entablando las conversaciones con ellos», ha señalado la primera edil durante la visita que ha hecho al mercado municipal del Grao con motivo de su apertura.

Sobre si hay negociaciones abiertas para ampliar su equipo de gobierno con los representantes de Vox, María José Catalá ha expuesto: «en este momento ordenanzas fiscales, que es lo que corresponde y lo que tenemos que hacer para bajar los impuestos en más de 70 millones de euros a todos los valencianos».

Así, preguntada por si insisten gobernar sola el Ayuntamiento de València, su titular ha manifestado que «nunca» ha insistido en ello, pero ha matizado que en la actualidad está «gobernando sola».

«No, yo no he insistido nunca en que voy a gobernar sola. Yo he dicho que ahora mismo estoy gobernando sola, que es una situación que vamos trabajando con ellos, que tenemos conversaciones muy fluidas y vamos a seguir en ese camino», ha señalado la alcaldesa.

La RACV hará "lo antes posible" el informe sobre el nombre de València para "recuperar lo que existía antes"

VALENCIA.- La Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) hará «lo antes posible» y para «recuperar lo que existía antes» el informe sobre el nombre de la ciudad de Valencia que el Ayuntamiento solicitará a esta institución después de que haya propuesto la denominación Valencia/Valéncia. 

Así lo ha indicado este lunes en representación de esta entidad, Luis Miguel Romero Vilafranca, tras la reunión que él y representantes de Lo Rat Penat, el Ateneo Mercantil y el Casino de la Agricultura han mantenido con la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, para hablar de los actos del 9 d'Octubre.

Romero Vilafranca ha señalado tras esta entrevista, como portavoz de las cuatro entidades y preguntado por si han hablado de la propuesta de nombre para la ciudad aprobada en el último pleno municipal por el equipo de gobierno del PP y por Vox, que la primera edil les ha indicado que «va a pedir un informe a la RACV» al respecto.

Ha señalado que «ya en su día se hizo» un informe, pero ha resaltado que «se volverá a hacer y se le volverá a enviar» al Ayuntamiento. Ha añadido, respecto a la elaboración de ese documento, que no se ha hablado de plazos porque la de este lunes ha sido «una reunión general».

No obstante, ha afirmado que la RACV hará el informe «lo antes posible». Preguntado por la postura de esta institución respecto al nombre de la ciudad, Romero Vilafranca ha aseverado que «es recuperar lo que existía antes». 

«No lo que se metió por el tripartito», ha apuntado en alusión al ejecutivo progresista y en defensa del nombre en valenciano con el acento cerrado en la e.

En el encuentro con María José Catalá han participado también el presidente de la Real Academia de Cultura Valenciana, José Luis Manglano de Mas; el presidente de Lo Rat Penat, José Vicente Navarro; la presidenta del Ateneo Mercantil, Carmen de Rosa, y el presidente del Casino de Agricultura, Manuel Sánchez Luengo.

Antes de la reunión y durante la visita que ha hecho al mercado del Grao, la primera edil ha detallado que el objetivo de la entrevista no era hablar de ese informe sino de los actos del Día de la Comunitat Valenciana. Así, ha precisado que en la reunión no iba a formalizar la petición de ese documento. «No, hoy no. Hoy vamos a hablar del 9 d'Octubre», ha dicho.

«No me reúno hoy por el tema del topónimo, me reúno por las celebraciones del 9 d'Octubre. La Real Academia de Cultura Valenciana conjuntamente con la Ateneo Mercantil, con la Real Casino de Agricultura y con la Rat Penat vienen todos a trabajar conmigo sobre el tema de los actos conmemorativos» del Día de la Comunitat Valenciana.

María José Catalá ha aseverado respecto al informe que ha anunciado que pedirá a la RACV que ese «es un expediente que continúa su marcha».

 «Yo no me reúne hoy por el tema del topónimo», ha subrayado.

«Me imagino que el expediente del topónimo continuará su camino. En su día ya se dijo que a la RACV se le solicitaría un informe, pero no es el motivo de la reunión», ha insistido la responsable municipal. 

El Ayuntamiento reclamará informes a diversas entidades, algo a lo que los abogados de la ciudad no han puesto ningún impedimento. Asesoría Jurídica Municipal, eso sí, tiene dudas de que el término Valéncia sea legal porque va en contra de lo que dice la Acadèmia Valenciana de la Llengua, a quien el Consistorio, por supuesto, también pedirá informe.

Compromís pone precio a su apoyo a Sánchez: finiquitar 46.000 millones de deuda con la Comunitat

 

 VALENCIA.- Más allá de la posible amnistía que se negocia con los partidos independentistas, grupos como Compromís quieren poner ya precio a sus votos. En un intento, además, de sortear las críticas internas y externas a su escasa influencia en Madrid, y más ahora que forman parte del grupo Sumar de Yolanda Díaz en el Congreso de los Diputados, revela El Mundo.

Compromís vuelve así a intentarlo con la reforma del sistema de financiación autonómica, la eterna promesa de Sánchez que nunca se ha materializado a pesar de que Joan Baldoví ya vinculó su voto en el pasado a esta cuestión. 

Ahora, según han insistido los diputados Àgueda Micó y Alberto Ibáñez, es todo el grupo de Sumar el que "hace suyas" las reivindicaciones valencianas. Y entre estas demandas figuran la condonación de la deuda autonómica o una reforma fiscal "para acabar con el dumping fiscal de Madrid".

En el primer caso, Compromís cifra en unos 46.000 millones de euros la deuda "histórica e ilegítima" de la Comunidad Valenciana por la infrafinanciación que arrastra derivada de un sistema caducado en 2014. Pero a la condonación de esta deuda, Compromís suma un fondo de nivelación que se aplicaría mientras no entre en vigor un nuevo sistema de financiación autonómico.

"Es la cuestión de discriminación más grave que tenemos", ha afirmado este lunes Micó en rueda de prensa en Valencia, precisamente unos días después de que el presidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, instara a Compromís a hacer valer sus votos en el Congreso como hacen catalanes o vascos. 

A Compromís, de hecho, siempre se le ha recordado que muchas de las promesas que ha arrancado a Sánchez se han quedado en eso, en promesas. Sobre todo la que tiene que ver con la reforma de ese sistema de financiación. "No se ha conseguido porque no depende solo de nuestros votos", ha admitido Micó.

Así que los nacionalistas valencianos elevan la apuesta y, entre sus demandas, incluyen además una "reforma fiscal progresista y progresiva" que comparte Sumar y que, en palabras de Ibáñez, debería servir para acabar con la "aspiradora [de recursos] que es Madrid". 

En este sentido, el objetivo es negociar un "impuesto permanente a los beneficios empresariales extraordinarios". Madrid, de hecho, ya ha censurado que el llamado impuesto a los ricos penaliza sobre todo a los contribuyentes de esta región, donde se concentran las grandes fortunas.

En la lista de Compromís no falta la reforma de la Constitución para el reconocimiento del derecho civil valenciano o la ejecución de las infraestructuras ferroviarias pendientes. "Somos el único partido de estricta obediencia valenciana", ha recordado Micó, que se ha preguntado "qué hacen" los diputados valencianos de PP y PSOE.

Será difícil que Compromís no dé su apoyo a Sánchez, teniendo en cuenta su integración en Sumar y que, en el fondo, se aspira incluso a ocupar algún cargo de relevancia en algún ministerio. Ni siquiera la negociación de una amnistía despierta recelos: "Estamos a favor de devolver toda la problemática del conflicto catalán al diálogo".

 A la "vía política", en definitiva, que es donde Compromís enmarca la amnistía. Pero en la negociación con el PSOE Compromís busca su espacio y hacer oír su voz.

"El Puerto de Valencia no puede ser moneda de cambio en ninguna negociación política", dice la CEV

VALENCIA.- El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, tiene claro que el Puerto de Valencia es una joya para la economía regional que hay que respetar y sacar de la batalla política.

 En un comunicado de los empresarios, a preguntas de Vozpópuli, advierten a Pedro Sánchez que de confirmarse las presiones de ERC y Junts para paralizar la ampliación norte: "El Puerto de Valencia no puede ser moneda de cambio en ninguna negociación política".

Las dos formaciones independentistas catalanas habrían estado presionando en las últimas fechas al presidente del Gobierno en funciones, según fuentes empresariales de total solvencia, con el objetivo de seguir frenando la ampliación norte del Puerto de Valencia.

Los primeros contactos entre socialistas e independentistas esconderían la necesidad de que no aumente la brecha entre el Puerto de Valencia y el de Barcelona que se ha abierto durante la última década.

La CEV se ha mostrado indignada con esta situación y es una circunstancia que no hay que pasar por alto, ya que su presidente, Salvador Navarro, es también el vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) que lidera Antonio Garamendi.

 En el comunicado que la CEV ha hecho llegar a Vozpópuli se detalla que "queremos reiterar nuestro total apoyo al proyecto de la construcción de la terminal Norte en una ampliación ya realizada. Una infraestructura clave como esta no puede utilizarse nunca, de forma directa o indirecta, como moneda de cambio en ningún tipo de negociación política ante la trascendencia que tiene para el futuro de la Comunidad Valenciana desde el punto de vista económico, empresarial y social".

El comunicado afirma que si la noticia publicada por Vozpópuli acaba por producirse "estaríamos ante un asunto de extrema importancia que podría derivar en un conflicto interterritorial".

"La CEV siempre ha incidido en la falta de apoyos a la que está sometida la Comunidad Valenciana en la política nacional y que se hace aún más necesaria con este proyecto para que nuestro territorio progrese y se desarrolle en proporción a su peso económico y trascendencia", prosiguen.

Para los empresarios valencianos estas negociaciones entre ERC, Junts y los socialistas podrían suponer "un asunto muy grave", ya que no se entendería "que un territorio ponga trabas a otro a favor de sí mismo en una negociación política que implique al Gobierno nacional. La competencia entre territorios debe ser sana y natural, y la política siempre debe trabajar con una visión de conjunto de Estado".

La reacción de la CEV también incluye el recordatorio al respecto de que "el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia ya aprobó la inversión que debe realizar el Puerto para adecuar la nueva terminal de contenedores. Por tanto, sólo queda una actuación y es la autorización que debe realizar el Consejo de Ministros para dar el visto bueno a la decisión aprobada en el seno del Consejo de Administración del Puerto. Sólo queda ese paso."

La asociación que lidera Salvador Navarro resalta que el Puerto de Valencia es, en estos momentos, "el número uno del Mediterráneo en import-export de contenedores y el cuarto de Europa. La Comunidad de Madrid está representada en un 25% dentro de esos movimientos económicos, dado que el origen o destino procede de esa Comunidad Autónoma".

Por lo tanto, la CEV advierte que "la ampliación del Puerto de Valencia significa una inversión en torno a los 1.200 millones de euros y la creación de 7.000 puestos de trabajo".

"Esta situación no refleja un problema únicamente de la Comunidad Valenciana, sino que también afecta a la economía del país", continúa el texto.

Y finalmente exponen que "por todas estas razones, la ampliación del Puerto de Valencia es un proyecto necesario e innegociable para la Comunidad Valenciana, como también debería serlo, por las mismas cuestiones, para toda España".

Tal y como adelantó Vozpópuli, este freno a la ampliación norte del Puerto de Valencia (que ya contó en el pasado con la colaboración del exalcalde de Valencia, Joan Ribó y la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Diaz) ha sido “deslizada por los independentistas de forma oficiosa en sus conversaciones con interlocutores socialistas", algo en lo que Sumar estaría de acuerdo, según las citadas fuentes.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, lleva mostrando su preocupación en público al respecto de esta posibilidad de prolongar 'sine die' la parálisis de la ampliación del Puerto de Valencia que, según ha explicado en varias ocasiones, "está en la mesa del Consejo de Ministros sin aprobarse por un criterio político, no por un criterio técnico".

La actual situación de incertidumbre ha provocado que la empresa Terminal International Limited (TIL) se replantee seguir adelante con la inversión de 1.021 millones de euros para la ampliación norte si persiste el bloqueo.

La compañía está sufriendo desde hace años una situación que definen como "incómoda" al tener que operar en dos terminales con los consiguientes costes extraordinarios para el posicionamiento de contenedores.

El presidente de MSC en España, Francisco Lorente, ha advertido en diversas ocasiones que si la ampliación se alargara indefinidamente por la necesidad de una nueva Declaración de Impacto Ambiental podría hacer "zozobrar" la inversión prevista.

TIL supone el 50% del tráfico total del recinto portuario y ya ha empezado a desviar barcos a otros puertos como Tánger, Calabria, Málaga o Barcelona que amenazan la posición privilegiada del Puerto de Valencia.

El acuerdo de diciembre pasado del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia fijaba una inversión pública de 542 millones de euros para la ampliación norte a los que hay que añadir los 1.021 millones que aportará la empresa Terminal Investment Limited (TIL) que sería la encargada de la construcción y explotación, en régimen de concesión administrativa, de la nueva terminal de contenedores.

Está previsto que la empresa TIL pueda disponer de los 1.000 metros de muelle y la superficie anexa aproximadamente a los 24 meses del inicio de las obras de la primera fase. También prevé desarrollar una terminal ferroviaria dotada de 6 vías de 1.000 metros de longitud, con capacidad para mover 305.000 TEUs/año por ferrocarril.

La nueva terminal estaría ubicada en las aguas interiores del dique de abrigo de la ampliación norte del Puerto de Valencia, cuyas obras finalizaron en 2012 con una inversión de 204 millones de euros, de los que 74 millones fueron subvencionados con Fondos de Cohesión Europeos. Tendrá una superficie de unas 137 hectáreas y 1.970 metros de línea de atraque, con una capacidad para albergar 5 millones de contenedores.

El estudio sobre el impacto de la nueva Terminal de Contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia que elaboró el Instituto de Transporte y Territorio (ITRAT), con la nueva terminal a pleno funcionamiento, determina que el impacto económico del puerto de Valencia representaría en términos de valor añadido el 2,27 % del conjunto de la Comunidad Valenciana.

El empleo global superaría los 44.000 puestos de trabajo, cuyo salario medio estará en torno a los 32.000 euros anuales.

El 27% de las personas mayores de la Comunitat Valenciana tiene dificultades para acceder a su casa

 VALENCIA.- El 27% de los mayores de 75 años de la Comunidad Valenciana tiene dificultades para acceder desde la calle a su vivienda, bien porque no hay ascensor, bien porque ha de subir de forma obligatoria escaleras, o por ambos factores. En la Comunidad Valenciana, 493.026 personas tienen 75 años o más (un 9,72% de la población) y, de ellas, un 32% vive sola.

Por este motivo, los valencianos conceden una nota de 6,1 a la accesibilidad de su edificio, de acuerdo con el informe realizado por la Fundación Mutua de Propietarios y la Cátedra de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili con motivo del Día Internacional de los Mayores. 

“Las importantes carencias en accesibilidad suponen una discriminación de los derechos fundamentales de las personas mayores como la libertad de residencia y circulación, el libre desarrollo de la personalidad o la igualdad”, afirma Laura López Demarbre, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Mutua de Propietarios.

De acuerdo con el informe de la Fundación Mutua de Propietarios, padecer una enfermedad crónica (71%), no disponer de una pensión de jubilación (68%), tener problemas de movilidad (65%), no disponer de recursos económicos para vivir (60%) y la soledad (48%), son las principales preocupaciones de los valencianos. 

Partiendo de estas preocupaciones, el estudio de la Fundación Mutua de Propietarios advierte que un 87% de los edificios de viviendas necesitan realizar actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas para mejorar su accesibilidad. 

En concreto, el 11% de los edificios de viviendas de la Comunitat Valenciana necesita un ascensor; 1 de cada 5 edificios necesita una rampa para salvar el escalón en el acceso al portal; el 55% de los edificios valencianos tiene porteros automáticos no accesibles desde una silla de ruedas, al igual que 2 de cada 3 edificios tienen sus buzones elevados y, por tanto, también inalcanzables. 

Finalmente, aunque el 92% de los portales de acceso al edificio tienen el tamaño adecuado para pasar con silla de ruedas, el 43% necesita un abrepuertas motorizado porque pesa demasiado. 

La falta de acuerdo entre vecinos (63%) y los motivos económicos (55%) son las principales razones expuestas por los valencianos para no realizar las mejoras de accesibilidad que se necesitan en su edificio, especialmente cuando la inversión supone un montante superior a los 2.000 euros.  

En este aspecto, el informe de la Fundación Mutua de Propietarios señala que la normativa es clara. 

“Los propietarios pueden obligar a la comunidad de vecinos a asumir parte de las obras de accesibilidad y todas ellas están obligadas a pagar su coste, cualquier que sea su situación económica, por lo que no podrán vetar las obras por circunstancias económicas”, explica el Dr. Héctor Simón, de la Cátedra de Vivienda.

Más de 1,2 millones de euros destinados al programa 'Impulsem Turisme' 2023

VALENCIA.- La Diputació de València ha publicado ya en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la concesión de subvenciones del programa Impulsem Turisme 2023, por un valor total de 1.219.949 euros.

Se trata de cuatro líneas de ayudas económicas del programa provincial anual desarrollado por el Centro de Turismo de la corporación provincial, presupuestado en 1,9 millones de euros este año, que tiene como objetivos generales la creación de productos turísticos y la promoción turística; acciones de promoción, creación, mantenimiento y mejora de infraestructuras turísticas; así como el apoyo a las entidades del sector.

El diputado de Turismo, Pedro Cuesta, ha destacado que este programa “trata de contribuir al esfuerzo que realizan los municipios y las entidades de la provincia para incrementar la dinamización y el impulso del turismo en nuestro territorio”.

Así, el BOP recoge que la Diputació ha distribuido 594.501,97 euros entre municipios que no tienen reconocida la condición de “municipio turístico”, para la realización proyectos y acciones de promoción turística; y 18.000 euros entre entidades locales menores, para proyectos y acciones de promociones turística. 

Otras de las subvenciones aprobadas son las dirigidas a municipios menores de 3.000 habitantes para inversión en infraestructuras y equipamientos de recursos turísticos, que ascienden a un total de 407.447,87 euros; y las destinadas a asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para proyectos y acciones de promoción turística, por un importe global de 200.000 euros.

Estas cuatro líneas de ayudas económicas se suman a las dos aprobadas el pasado mes de julio, por un importe global de 275.148 euros, destinadas a mancomunidades y a organizaciones representativas del sector turístico.

La Comunitat Valenciana aporta el 4,6% de los grandes donantes a ONG

VALENCIA.- Los donantes de nivel alto y medio-alto han aumentado un 11% entre 2017 y 2021, aunque representan el 0,05% del total de donaciones a ONG y sus aportaciones suponen el 1,8% de los ingresos que reciben, según se desprende del 'Barómetro de la filantropía privada en España', elaborado por la Asociación Española de Fundraising (AEFr). El 4,6% de los grandes donantes se encuentran en la Comunitat Valenciana.

El documento -que realiza un análisis de las grandes donaciones que se llevan a cabo en España a entidades no lucrativas- se ha llevado a cabo en colaboración con el Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá y la coordinación Diagram Consultores, y ha contado con la participación de 16 grandes ONG asociadas a la AEFr que, por primera vez, han compartido sus datos relativos a ingresos y donaciones.

De los resultados se desprende que las donaciones de medio y alto importe han aumentado levemente su importancia en la financiación estratégica de proyectos sociales, tanto en España como a nivel global.

En España, se considera un donante de nivel alto o gran donante a aquel que realiza una aportación anual superior a 5.000 euros. De nivel medio-alto serían aquellos cuya aportación anual se sitúa entre 3.000 y 5.000 euros, el nivel medio correspondería a aportaciones anuales de entre 500 y 3.000 euros, y el nivel bajo se establece por debajo de 500 euros.

Juristes Valencians: "Apenas se habló de problemas valencianos en el debate de investidura"

VALENCIA.- Juristes Valencians lamenta las "escasas referencias a la Agenda Valenciana" realizadas por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el debate de investidura y la "ausencia total de cuestiones valencianas" en las intervenciones del PSOE y los representantes de Sumar, "coalición electoral en la que están adscritos los cuatro diputados valencianos de Compromís-Sumar".

En un comunicado, la entidad ha informado de que han iniciado contactos para organizar una concentración de dirigentes de colectivos sindicales, empresariales, festivos y culturales, que tienen previsto que coincida con el proceso de investidura de Pedro Sánchez, con el fin de visibilizar la "problemática valenciana" y “hacernos escuchar en Madrid”.

“No podemos perder otra legislatura por incomparecencia de nuestros políticos en el debate territorial”, ha indicado el presidente de Juristes Valencians, José-Ramón Chirivella, quien ha señalado que en los contactos que está manteniendo con diferentes líderes sociales, está mostrando el "malestar de Juristes ante el olvido de los compromisos adquiridos en campaña electoral por todas las fuerzas parlamentarias".

Además, ha advertido de que “no podemos perder otra legislatura por incomparecencia de nuestros políticos en el debate territorial, a la vista de que los intereses catalanes, vascos, gallegos, madrileños o andaluces, están tradicionalmente bien defendidos por diferentes grupos parlamentarios".

Juristes Valencians recuerda que los temas esenciales de la Agenda Valenciana son una justa financiación autonómica valenciana, o la condonación de la deuda “impropia” valenciana, que se cifra en más de 40.000 millones con causa directa en la infrafinanciación.

También la deficiente participación en los Presupuestos Generales del Estado, en especial de la Provincia de Alicante, la aprobación por el Congreso de la reforma constitucional para la recuperación del Derecho Civil Valenciano, pendiente desde el año 2020, o cuestiones vinculadas al mantenimiento del trasvase del Tajo a la Vega Baja, la finalización del Corredor Mediterráneo, la mejora de los servicios de cercanías ferroviarias o la recuperación del patrimonio cultural como la Dama de Elche.

Chirivella considera "absolutamente insuficientes" las referencias realizadas por Feijóo a la justa financiación autonómica en su discurso del pasado 26 de septiembre, y señala el "contraste" con las referidas a la Agenda Canaria, las peticiones de Madrid, o las infraestructuras de Galicia.

"Entre lo positivo del discurso, la propuesta de un pacto del agua, y entre los olvidos, referencias concretas a la reforma constitucional para recuperar el Derecho Civil Valenciano, pese a que apoyó concluir con urgencia la modificación del artículo 49 de la Constitución para corregir el término disminuido del texto constitucional", ha agregado.

El presidente de Juristes Valencians responsabiliza a Àgueda Micó y Txema Guijarro, diputados por Valencia y Alicante, "de conseguir compromisos concretos del PSOE en materia de condonación de deuda y recuperación del derecho civil valenciano antes del debate de investidura de Pedro Sánchez".

Compromís pide que Metrovalencia y los TRAM de Castelló y Alicante funcionen las 24 horas los fines de semana y festivos

VALENCIA.- La diputada de Compromís María José Calabuig ha registrado en las Cortes Valencianas una iniciativa para que el Consell amplíe los horarios del TRAM de Alicante, del TRAM de Castelló y de Metrovalencia. 

“Queremos que como mínimo proporcione servicio a la ciudadanía durante las 24 horas del fin de semana y festivos, y llegue hasta las 02:00 a.m. los días laborables”, ha señalado la diputada miembro de la comisión de Obras Públicas, Infraestructuras y Transporte.

La coalición persigue con la proposición no de ley continuar avanzando hacia un modelo de movilidad que atienda las necesidades de la ciudadanía valenciana, en especial de la clase trabajadora y las personas jóvenes, al mismo tiempo que se da respuesta a la emergencia climática impulsando el transporte colectivo y sostenible.

“Tenemos que avanzar en la misma dirección de muchas ciudades europeas en las que es frecuente disfrutar de horarios más amplios y adecuados con los tiempos de trabajo y ocio de las personas. Además, hay que destacar el carácter feminista que tendría esta ampliación, dado que el perfil más común de la persona usuaria del servicio es el de una mujer en torno a los 35 años, según datos del Índice de Satisfacción al Cliente de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana”, ha considerado Calabuig.

Barrachina (PPCV) asegura que en el portal de transparencia aparecen "ahora sí" lo que perciben "todos los altos cargos"

VALENCIA.- El síndic del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Valencianes, Miguel Barrachina, ha reprochado al PSPV que quien tiene que "aclarar" cuestiones sobre sueldos es su secretario general y 'expresident' de la Generalitat, Ximo Puig, y no "gente honrada" sobre la que el socialista "siembra dudas y difama". Además, ha animado a los socialistas a leer el portal de transparencia de la Generalitat, "donde ahora sí se recogen todos los bienes y rentas de los altos cargos".

De esta manera ha respondido el parlamentario 'popular', en un comunicado, a la portavoz del PSPV-PSOE en el área de Transparencia en Les Corts, Mercedes Caballero, quien ha exigido al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y al resto de miembros del Consell que "aclaren" si están cobrando "algún tipo de sobresueldo, bien en metálico o en especie, más allá del salario que perciben actualmente como cargos públicos de la Generalitat Valenciana".

Para Barrachina, los socialistas "deben leer el portal de transparencia de la Generalitat, donde ahora sí se recogen todos los bienes y rentas de los altos cargos, en lugar de ofender, sembrar dudas y difamar sobre gente honrada cuando Puig tiene a su familia imputada por el presunto cobro irregular de subvenciones".

"El Partido Socialista, en lugar de dedicarse a ofender, debe aprender a leer y mirar en el portal de transparencia, donde aparecen todas las rentas y los bienes de todos los miembros del Consell", ha insistido.

En este punto, ha añadido: "Donde lo tienen más difícil es con su secretario general, Ximo Puig, que es a la vez senador, diputado de Les Corts, se ha acogido además al estatuto de expresidente, se autopostula a ministrable y tiene un hermano imputado por presuntamente haber ingresado dinero público durante años a base de subvenciones del gobierno que presidía su hermano".

Barrachina ha explicado que el portal de Transparencia "recoge de manera clara y detallada lo que perciben todos los altos cargos".

 "Ahí está todo recogido y se disipa cualquier duda. No es de recibo lanzar dudas sobre gente honrada sin ninguna prueba", ha recalcado.

Según el dirigente 'popular', "lo único que pretenden -los socialistas- con este tipo de declaraciones fuera de tono es desviar la atención para no ofrecer explicaciones sobre la agenda oculta de Sánchez con el separatismo y tratar de ocultar lo que están negociando bajo mano con los independentistas, que es lo que de verdad importa a los españoles".

"También deberían preguntarse los socialistas si les parece lógico que la familia de Puig haya presuntamente ingresado dinero público durante años a base de subvenciones del gobierno que presidía su hermano", ha continuado.

Por último, Barrachina ha afeado a los socialistas que "no pueden acusar a quienes cumplen escrupulosamente con la legalidad, mientras su propio secretario general se dedica a acaparar cargos como si no hubiera un mañana y tiene a su familia bajo la lupa de un juez".

Compromís pide que comparezca Leticia Sanchiz en Corts para explicar "si está incumpliendo la ley de incompatibilidades"

VALENCIA.- La portavoz de Agricultura de Compromís en las Corts Valencianes, Paula Espinosa, ha pedido la comparecencia de la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Leticia Sanchiz, tras denunciar que es propietaria y miembro del equipo directivo del Grupo Sanchiz, empresa “sancionada por el vertido excesivo de purines generados en la macrogranja de Balsa de Ves (Albacete)”.

La diputada ha registrado en sede parlamentaria la petición de comparecencia después de que el conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Luis Aguirre, defendiera durante su comparecencia en las Corts esta semana que el nombramiento como alto cargo de Sanchiz “es experiencia y no incompatibilidad”, según subraya la coalición en un comunicado. 

Espinosa ha considerado “insuficientes” las explicaciones del conseller respecto al nombramiento de Sanchiz, de quien la diputada ha insistido en que es “responsable en una empresa sancionada por irregularidades laborales, por cuestiones de bienestar animal y por ocultamiento de datos del impacto ambiental de sus actividades vinculadas con la ganadería industrial y la gestión de residuos”.

“A falta de explicaciones del conseller Aguirre, hemos pedido la comparecencia de Leticia Sanchiz, la actual directora general de Producción Agrícola y Ganadera, para que venga a dar explicaciones de si efectivamente está incumpliendo la ley de incompatibilidades y todavía forma parte del Grupo Sanchiz, dedicado al sector porcino y fotovoltaico, y sancionado en varias ocasiones por vertidos ilegales, así como por maltrato animal”.

Por ello, desde Compromís quieren saber si la responsable autonómica “está incumpliendo la ley” y que comparezca en las Corts para “dar explicaciones a la ciudadanía”.

El conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Luis Aguirre (Vox), defendió, durante su comparecencia en el las Corts para explicar las políticas de su Conselleria en la recién estrenada legislatura, que su departamento está “a tiempo” de gestionar la situación de la nueva directora general de Producción Agrícola y aseguró que si esta debe renunciar a algún cargo en el sector privado lo hará, pero que para él su currículum “es experiencia, no es incompatibilidad”.

Esta misma semana, las entidades ecologistas y sociales Amigos de la Tierra, CERAI, Ecologistes en Acció País Valencià, Justicia Alimentaria, Per l'Horta, Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Transición Verde han remitido una carta al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en la que insisten en exigir la destitución de la mencionada directora general.

Las organizaciones denuncian el “fuerte conflicto de intereses” y las “múltiples irregularidades” del nombramiento de Leticia Sanchiz, puesto que subrayan que a día de hoy “mantiene 39 cargos societarios en varias empresas pertenecientes al Grupo Sanchiz”, que gestiona más de 300.000 cerdos anualmente dentro y fuera del territorio valenciano, actividad que ejerce un “gran impacto negativo” sobre suelos y acuíferos.

El portugués Negrao dirige desde mañana domingo la EUIPO en Alicante

VALENCIA.- El portugués Joao Negrao es desde mañana domingo el nuevo director ejecutivo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), donde releva al belga Christian Archambeau, y de esta forma se convierte en el quinto máximo responsable en los casi 30 años de historia de esta Euroagencia con sede en Alicante.

La EUIPO (hasta hace unos años llamada Oficina de Armonización del Mercado Interior, OAMI) ha tenido hasta ahora cuatro dirigentes desde su creación en 1994 comenzando por el francés Jean-Claude Combaldieu, hasta 2000, y seguido por el holandés Wubbo de Boer (2000-10), el luso António Campinos (2010-18) y el belga Christian Archambeau (2018-23).

Hasta ahora presidente de la Comisión de Recursos de la EUIPO, Negrao ostenta desde mañana 1 de octubre un puesto al que se presentaron varios candidatos cualificados de varias nacionalidades, y en la ronda final se midió al francoespañol Etienne Sanz de Acedo.

El nuevo director ejecutivo de la EUIPO lleva más de una década en la Euroagencia, adonde llegó en 2010 como jefe de gabinete del entonces presidente para convertirse en 2011 en director del Departamento de Cooperación Internacional y Asuntos Legales.

Desde ahí expandió la cooperación entre las oficinas nacionales y locales de protección intelectual de la UE, lideró la creación del Programa de Convergencia que armoniza las prácticas a nivel europeo; y supervisó la expansión de las actividades de cooperación internacional de la EUIPO. Desde abril de 2021 ha estado al frente de la Comisión de Recursos de la Oficina.

Según se hizo público en diciembre de 2022, cuando quedó vacante el cargo, el salario base mensual del director ejecutivo de la EUIPO se eleva a 17.639,97 euros, una cantidad a la que añaden complementos en función del estado civil y del número de hijos.

El puesto es independiente en el cumplimiento de sus funciones y no acepta instrucciones de ningún gobierno u organismo alguno, y sólo depende de la Comisión Europea.

Entre los requisitos para optar al puesto, haber nacido en alguno de Los 27, tener menos de 61 años y un mínimo de 15 años de experiencia laboral, de los cuales 5 deberán ser en un ámbito comparable a la actividad de la Euroagencia, así como también otros 5 como directivo.

Al menos, debe tener experiencia profesional relacionada con el trabajo en otras lenguas distintas de la materna y un conocimiento profundo de otro idioma de trabajo habitual de la oficina (nivel C1), que son el inglés, alemán, francés, español e italiano.

En un comunicado colgado en la web de la EUIPO, Negrão ha destacado el "inmenso privilegio" del nuevo cargo y ha confiado en ayudar a "reforzar la cooperación con las oficinas de PI y las asociaciones de usuarios, así como con las instituciones de la UE, para garantizar que juntos sigamos produciendo un cambio positivo en el sistema de propiedad intelectual".

La EUIPO es la segunda mayor agencia descentralizada de la UE que, con un presupuesto de 589 millones de euros y 1.172 eurofuncionarios, se dedica al registro de la marca, el dibujo y el modelo comunitario, además de albergar el Observatorio europeo contra la piratería. La actividad se efectúa en cualquiera de las 23 lenguas oficiales, incluidas las cinco de trabajo.

Con sede en Alicante y presente también en África, América y Asia, la EUIPO registra anualmente más de 170.000 marcas y 100.000 dibujos y modelos, y en la etapa de Negrao asumirá algunas nuevas competencias, como la artesanía y las indicaciones geográficas industriales (IG), al tiempo que seguirá colaborando con la Comisión Europea sobre indicaciones geográficas agrícolas y apoyando a las pequeñas y medianas empresas a través del 'Fondo Pyme'. 

Trabajadores de las ITV aplazan la huelga para que la dirección de Sitval pueda conocer "la realidad"

VALENCIA.- Los sindicatos de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunitat Valenciana han decidido suspender y aplazar la huelga indefinida que habían convocado a partir del lunes 2 de octubre para denunciar el "incumplimiento" del acuerdo de equiparación salarial de la plantilla alcanzado tras la reversión pública del servicio y la "paralización" de la mesa de negociación del convenio colectivo.

En un comunicado conjunto, los sindicatos CCOO PV, UGT PV, Intersindical Valenciana y CSIF han informado de que, "a petición de la empresa", han alcanzado un acuerdo de aplazamiento de huelga hasta el día 22 de octubre. 

De esta manera, los trabajadores suspenden la convocatoria de paros a partir del próximo lunes y acceden a dar un plazo para que la nueva dirección pueda conocer "toda la realidad de la negociación en Sitval".

Asimismo, los representantes de los trabajadores han acordado iniciar un calendario de reuniones el próximo miércoles 4 de octubre de cara a estudiar el acuerdo de equiparación con el fin de "ponerlo en marcha".

En cualquier caso, subrayan que el comité de huelga se reunirá antes del día 22 de octubre y, "en vista de las negociaciones, tomará decisiones sobre la huelga".

Tras conocer la decisión, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha valorado y agradecido el "ejercicio de responsabilidad" de los trabajadores de las ITV al aplazar la huelga, atendiendo así la petición de la Conselleria.

Ahora, ha indicado, "abrimos un nuevo periodo, una nueva forma de negociación basada, sobre todo, en la seguridad jurídica para ambas partes para que nos pueda llevar a un acuerdo verdaderamente aplicable y no a la situación que nos hemos encontrado".

Por ello, de nuevo, ha agradecido la "responsabilidad" de los representantes de los trabajadores y ha aprovechado para defender que tanto desde su departamento como desde la nueva dirección de Sitval pondrán "todo el saber hacer y la capacidad de negociación" para alcanzar "un nuevo acuerdo".

Los sindicatos anunciaron el martes la convocatoria de una huelga indefinida a partir del 2 de octubre para denunciar el "incumplimiento" del acuerdo de equiparación salarial de la plantilla alcanzado tras la reversión pública del servicio y la "paralización" de la mesa de negociación del convenio colectivo.

Ese mismo día se había celebrado una reunión del consejo de administración de la Sociedad Valenciana de las ITV SA (Sitval) en la que se nombró al nuevo director general de la entidad, Javier López Mora. 

El actual director, Josep Antoni Albert Quilis, se mantiene en el cargo de manera transitoria. Un día después, se celebró una sesión en el Tribunal de Arbitraje Laboral que acabó sin acuerdo, por lo que los sindicatos decidieron mantener la convocatoria de huelga.

De un lado, los sindicatos exigen que se aplique el acuerdo suscrito por los trabajadores de Sitval el día 17 de mayo de 2023 ante el Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL), que recogía una equiparación para corregir disparidades salariales, que en algunos casos superaba el 40% para los mismos puestos de trabajo, principalmente en Alicante y que afectaba a más del 40% de la plantilla.

Sin embargo, la administración sostiene que, en palabras de la consellera, existen "dudas más que razonables de que el acuerdo firmado se haya tomado de manera legal", porque no consta que se pidiesen los informes perceptivos de Hacienda, de Presupuestos, de sector público o de Abogacía. 

De hecho, Montes afirmó que la actual dirección y el nuevo Consell no han tenido acceso "ni siquiera a ese acuerdo laboral" que los sindicatos denuncian que no se está aplicando.

Por ello, apeló a la "responsabilidad" de los sindicatos y solicitó el plazo de un mes para revisar la documentación. 

Según la consellera, "los propios sindicatos en la reunión del Consejo de Administración del martes aprobaron por unanimidad y estuvieron de acuerdo con el resto de consejeros en dar al consejo de administración el plazo de un mes" para ello.

La Comunitat Valenciana sigue como la más endeudada en relación a su riqueza al suponer el 43,5% del PIB

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana, con un endeudamiento que supone el 43,5% del PIB, sigue encabezando a las regiones más endeudadas en relación a su riqueza, seguida de Cataluña, con el 32,4% y Castilla-La Mancha (32,1%) y Región de Murcia (32,1%).

Les sigue Baleares (25,3%), Extremadura (22%), Cantabria (20,8%), Aragón (20,5%), Andalucía (20,2%), Castilla y León (19,9%), La Rioja (17,5%), Galicia (16,7%), Asturias (16%), Canarias (14,1%), Comunidad de Madrid (13,7%), Navarra (13,3%) y País Vasco (13%), según los datos del Banco de España publicados este viernes.

Por cantidades, Cataluña (86.800 millones de euros), Comunitat Valenciana (57.246 millones), Andalucía (38.018 millones) y Madrid (37.658 millones) siguen concentrando en el segundo trimestre dos tercios de toda la deuda en manos de los gobiernos autonómicos, aunque también obedece a una cuestión de población.

A continuación, figuran las comunidades de Castilla-La Mancha (15.839 millones), Castilla y León (13.506 millones), Galicia (12.333 millones), Murcia (12.072 millones) y País Vasco (10.916 millones).

Cierran la tabla Aragón (9.092 millones), Islas Baleares (8.981 millones), Canarias (7.049 millones), Extremadura (5.161 millones), Asturias (4.376 millones), Cantabria (3.363 millones), Navarra (3.175 millones) y La Rioja (1.760 millones).

En términos absolutos, la deuda subió en todas las comunidades autónomas respecto al segundo trimestre del año pasado, salvo en Aragón, Baleares, Cantabria, Navarra y País Vasco.

A nivel estatal, la deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en el segundo trimestre hasta el máximo histórico 1,569 billones de euros en términos absolutos, pero moderó su peso sobre el PIB al 111,2%.

En el último año la deuda pública se ha incrementado en 92.551 millones de euros, lo que representa un repunte del 6,3%, aunque su peso en el PIB ha caído del 114,5% en el segundo trimestre de 2022, al 111,2% entre abril y junio de este año, dado el mayor aumento de la actividad económica.

Respecto al trimestre anterior, la deuda se ha incrementado en 33.358 millones de euros, lo que supone un repunte del 2,2%, en un contexto marcado aún por el impacto de la guerra en Ucrania y el repunte de los precios. No obstante, el peso en el PIB se ha mantenido en el 111,2% en ambos trimestres.

La reciente revisión al alza del Producto Interior Bruto de los años 2021 y 2022 por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) ha modificado las estimaciones de deuda del Banco de España y ha supuesto una reducción mayor de la esperada de la ratio de deuda pública sobre el PIB.

Según lo fijado por el Ejecutivo en el Programa de Estabilidad en abril, la previsión para la deuda en 2023 era del 111,9% del PIB y el año en el que se estimaba que bajaría del 110% (109,1%) era en 2024. Pero tras la actualización por parte del INE, desde el Gobierno en funciones se ha adelantado a 2023 el objetivo de bajar del 110%.

Según ha destacado el Ministerio de Asuntos Económicos, la buena gestión fiscal y la fuerte recuperación de la economía española que se mantiene en 2023 van a permitir una fuerte reducción de la ratio deuda/PIB este año, mayor de la prevista, y cerrar por debajo de ese objetivo del 110% del PIB.

"En un contexto internacional de incertidumbre, España mantiene la confianza de los inversores, con una demanda sólida y diversificada", han remarcado desde el Ministerio de Asuntos Económicos.

Por administraciones, la deuda pública se incrementó en todas entre los meses de abril y junio de este año. Así, la deuda de la Administración Central subió en el segundo trimestre a 1.429 billones de euros, un 7,1% más que hace un año, lo que representa el 100,7% del PIB, frente al 102,9% del año anterior.

Por su parte, la deuda de las comunidades autónomas creció un 3,4% interanual, hasta los 327.346 millones de euros en el segundo trimestre, equivalente al 23,2% del PIB --frente al 24,6% del año pasado--.

En el caso de las corporaciones locales, su deuda se situó en 23.752 millones en el segundo trimestre de 2023, lo que supone un incremento del 0,8% respecto al mismo periodo de 2022. La ratio sobre el PIB se redujo ligeramente al 1,7%, frente al 1,8% del año pasado.

Por último, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social escaló hasta los 106.174 millones de euros entre abril y junio, con un alza del 7% en un año. La ratio sobre PIB baja ligeramente del 7,7% de hace un año al 7,5% de 2023.

El incremento en valores absolutos se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar una parte significativa de su desequilibrio presupuestario. Dichos préstamos, al tratarse de operaciones financieras entre subsectores, no afectan a la deuda total del sector Administraciones Públicas.

Por tamaño de ayuntamientos, los de más de 300.000 habitantes acumularon una deuda de 5.141 millones de euros entre abril y junio, 157 millones más que en el mismo trimestre del año anterior.

En concreto, Madrid, con una deuda de 1.886 millones de euros, sigue en cabeza de las corporaciones locales más endeudadas, seguida de Barcelona, con 1.155 millones, y Zaragoza, con 616 millones.

Las ITVs de la CV tendrán unos servicios mínimos del 40% durante la huelga indefinida

 

 VALENCIA.- La autoridad laboral ha fijado unos servicios mínimos del 40 por ciento para la huelga indefinida en las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunitat Valenciana prevista a partir del lunes, 2 de octubre, y convocada por CCOO PV, UGT PV, Intersindical Valenciana y CSIF.

De este modo, el servicio prestado por las ITV se ha considerado esencial, según han informado fuentes de la administración autonómica. 

Por tanto, se rechaza la propuesta del Comité de Huelga, que argumentó que no hacía falta designar servicios mínimos y que no se trataba de un servicio esencial porque "así se determinó durante el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19".

Desde la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo han explicado que las conversaciones continuarán este fin de semana con el objetivo de que se desconvoque la huelga y los sindicatos den a la Generalitat y a la nueva dirección un plazo de un mes para sentarse a negociar, ya que, según ha reiterado el departamento, "el acuerdo de equiparación salarial que alcanzó la actual dirección es nulo".

Los sindicatos anunciaron el martes la convocatoria de una huelga indefinida a partir del 2 de octubre para denunciar el "incumplimiento" del acuerdo de equiparación salarial de la plantilla alcanzado tras la reversión pública del servicio y la "paralización" de la mesa de negociación del convenio colectivo.

Ese mismo día se había celebrado una reunión del consejo de administración de la Sociedad Valenciana de las ITV SA (Sitval) en la que se nombró al nuevo director general de la entidad, Javier López Mora. El actual director, Josep Antoni Albert Quilis, se mantiene en el cargo de manera transitoria.

Un día después, se celebró una sesión en el Tribunal de Arbitraje Laboral que acabó sin acuerdo, por lo que los sindicatos decidieron mantener la convocatoria de huelga.

De un lado, los sindicatos exigen que se aplique el acuerdo suscrito por los trabajadores de Sitval el día 17 de mayo de 2023 ante el Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL), que recogía una equiparación para corregir disparidades salariales, que en algunos casos superaba el 40% para los mismos puestos de trabajo, principalmente en Alicante y que afectaba a más del 40% de la plantilla.

Sin embargo, la administración sostiene que, en palabras de la consellera, existen "dudas más que razonables de que el acuerdo firmado se haya tomado de manera legal", porque no consta que se pidiesen los informes perceptivos de Hacienda, de Presupuestos, de sector público o de Abogacía. De hecho, afirmó que la actual dirección y el nuevo Consell no han tenido acceso "ni siquiera a ese acuerdo laboral" que los sindicatos denuncian que no se está aplicando.

Por ello, apeló a la "responsabilidad" de los sindicatos y solicitó el plazo de un mes para revisar la documentación. Según la consellera, "los propios sindicatos en la reunión del Consejo de Administración del martes aprobaron por unanimidad y estuvieron de acuerdo con el resto de consejeros en dar al consejo de administración el plazo de un mes" para ello.

Mazón alarga de 18 meses a 3 años el pago del canon del agua de boca que Puig aplazó

VALENCIA.- El Gobierno valenciano de coalición de PP y Vox ya ha anunciado la medida con la que pretende aliviar una 'patata caliente' que le dejó el anterior Ejecutivo de izquierdas de Ximo Puig: la subida de la factura del agua en los dos millones de hogares de la Comunidad Valenciana al empezar a cobrarse el canon de saneamiento aplazado durante un año.

La medida para "aliviar" esa subida en realidad consiste en alargar el plazo para devolver las cantidades que no se abonaron durante ese periodo, en el que el propio Ximo Puig anunció que se suspendía el canon de saneamiento como medida contra la crisis inflacionista. Así, el nuevo decreto ley contempla alargar el periodo en que se repercutirá en el recibo del agua la parte proporcional de lo aplazado, que pasa de 18 meses al doble de tiempo, 3 años.

Además, la nueva norma contempla que se condonará una parte de esa deuda a los hogares vulnerables para que en su caso el impacto de la subida mensual sea menor. Así las personas beneficiarias del bono social térmico que tengan la condición de consumidor o consumidora vulnerable se aplicarán una bonificación del 30% en la cuota del pago aplazado del canon de saneamiento, mientras que las que tengan la condición de consumidor o consumidora vulnerable severo se les aplicará una bonificación del 50%.

En total, esa rebaja en la subida de la factura del agua beneficiará a unas 174.000 familias, a las que ahora se 'perdonarán' 7,62 millones de euros por ese concepto. Una cifra mínima de los casi 280 millones de euros que se estima que se dejaron de cobrar durante el año en que estuvo en vigor la medida y que, por tanto, prácticamente serán reembolsados en su totalidad en los recibos de los próximos 36 meses.

Aunque el canon de saneamiento depende en parte del consumo, cada hogar valenciano dejó de pagar unos 12 euros al mes de media según los datos de la propia Generalitat cuando anunció la "suspensión" sin aclarar que era un aplazamiento. El prorrateo de la cantidad aplazada en 18 meses suponía 8 euros de subida media al al mes, que al repartirse en el doble de tiempo queda en unos cuatro euros más al mes.

Pero la subida que notarán los valencianos en sus recibos a partir de agosto serán mayores si se comparan con la del año anterior, por la recuperación de ese gravamen. Es decir, la factura reflejara ahora esos 12 euros más de media a los que se añaden 4 euros extra por lo aplazado, siempre en términos de media general. Es decir, que la factura de julio a agosto se aumenta en 16 euros de media.

Hay que tener en cuenta también que en el pago del agua se incluyen otros impuestos y tasas municipales que depende de cada ayuntamiento y que tampoco las tarifas son iguales en todos los municipios.

La portavoz y consellera de Hacienda, Ruth Merino, lo calificó como "el estropicio de Ximo Puig" y consideró un "engaño" lo que se anunció como una "supresión cuando era una moratoria".

En las últimas semanas ayuntamientos tanto gobernados por populares como socialistas han mostrado su indignación por la subida de las facturas. Sin embargo cuando se publicó el decreto del Botànic que recogía que era una cantidad que se tendría que abonar en los sucesivos recibos, como además apareció reflejado en la letra pequeña de las facturas de los operadores, apenas provocó reacciones.

La Agenda 2030 y la intención oculta detrás de sus 17 ODS

 

PowerCo no solicita ayudas del segundo Perte VEC para la gigafactoría de Sagunt

VALENCIA.- La empresa PowerCo, filial de Volkswagen que construirá la gigafactoría de celdas de baterías en Sagunt (Valencia), no ha presentado solicitud para optar a ninguna de las dos líneas de ayudas del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC II).

La compañía, junto al consorcio empresarial del proyecto 'Future:Fast Forward', recibió 397,37 millones de euros de la primera convocatoria del Perte VEC para la iniciativa con la que construirá la gigafactoría de Sagunt y electrificará las fábricas del Grupo Volkswagen en Martorell y de Pamplona.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo cerró el pasado viernes 15 de septiembre el plazo para la concesión de ayudas a proyectos para el impulso a la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado dentro del Perte VEC II, tanto en la sección A de baterías, como en la sección B a la cadena de valor industrial. En total, se han admitido 186 solicitudes que movilizarán 8.500 millones de euros.

PowerCo está construyendo en Sagunt una gigafactoría que producirá 150 millones de celdas de baterías al año, lo suficiente para proveer a cerca de 500.000 vehículos eléctricos, y contará con una capacidad de 40 GWh, pero con el potencial de ser ampliada en el futuro hasta 60GWh.

El pasado marzo se puso la primera piedra de las en la parcela de 1,3 millones de metros cuadrados que PowerCo compró el pasado mes de enero por 63,66 millones de euros a Espais Econòmics i Empresarials (EEE). Allí se construirá la fábrica que abrirá sus puestas en 2026, generará 3.000 empleos directos y 30.000 indirectos, con una inversión de 4.500 millones de euros.

Aunque PowerCo no haya optado a la segunda convocatoria del Perte VEC, sí habrá inversiones para la Comunitat Valenciana. En la línea de baterías, se han adjudicado a Ford 37,6 millones de euros para desarrollar su nueva planta para el ensamblaje de baterías de vehículos 100% eléctricos en Almussafes.

También la multinacional Gestamp ha obtenido una financiación de cinco millones de euros procedentes de la línea de ayudas a proyectos de producción de baterías del vehículo eléctrico del Perte VEC II, que destinará al ensamblado de su Battery Box (cajas de baterías) en Valencia.

Compromís presidirá la Mancomunitat de la Vall d'Albaida al no prosperar turnarla con PP como pedía Ens Uneix

ONTENIENTE.- Alejandro Quilis (Compromís) presidirá la Mancomunitat de la Vall d'Albaida (Valencia), después de que no haya prosperado la propuesta de Ens Uneix de que la coalición se turnara la presidencia con el PP, partido que gobierna en la Diputación de Valencia junto a la formación de Jorge Rodríguez. Los 'populares' ostentarán la vicepresidencia primera.

Así se acordó en el pleno de investidura celebrado esta semana en la sede del ente comarcal en Ontinyent, informa Ens Uneix.

Tras la sesión, Rodríguez -también alcalde de Ontinyent- aseguró que su partido había trabajado "en todo momento para tratar de conseguir el máximo consenso, aceptando tanto la propuesta de que hubiera una presidencia compartida entre Compromís y PP como la de que hubiera una presidencia rotatoria donde cada partido tuviera la presidencia un año".

"Como ninguno de estos extremos fueron posibles, decidimos seguir la hoja de ruta anunciada a la ciudadanía y votamos al candidato de Compromís, pero a su vez facilitando la vicepresidencia del PP porque entendemos que se ha de reflejar la pluralidad de los votos de la ciudadanía", sostuvo el también expresidente de la Diputación con el PSPV.

Ens Uneix valoró positivamente el planteamiento realizado antes del pleno por el candidato de Compromís, así como "la coincidencia en aspectos clave como la necesidad de contar con un equipo estable en la Mancomunitat para mejorar la gestión y establecer una hoja de ruta prioritaria donde se revisen los estatutos para garantizar una mejor representatividad para los municipios".

Tras confirmarse la presidencia y vicepresidencia, Rodríguez hizo una llamada a seguir trabajando para alcanzar acuerdos en la constitución de la junta de gobierno de la Mancomunitat, al considerar que debe reflejar la pluralidad de "un órgano que debe ser más de gestión que de debate político".

Para ello, Ens Uneix propone que la junta de gobierno cuente con 13 miembros: cuatro para el PP, tres para Compromís (incluyendo al presidente), tres para el PSPV y otros tres para su formación.

Según Jorge Rodríguez, este pleno hizo valer "la capacidad de decisión de Ens Uneix, una fuerza central capaz de entenderse con todos los partidos en beneficio de la ciudadanía, de gobernar en la Diputación con el PP y de facilitar una presidencia de Compromís en la Mancomunitat".