El nuevo proyecto de ley formula un régimen general del tráfico marítimo, adaptado a los nuevos tiempos, derogando las normas de 1885 y modificando parcialmente la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Esta nueva Ley General de Navegación Marítima consta de 535 artículos y en el texto se integran tanto normas de derecho público como de derecho privado. Su objetivo es homogenizar el ordenamiento jurídico español con el Derecho Marítimo Internacional, adoptado, asimismo, por los países de la Unión Europea y OCDE.
Además, desarrolla las previsiones de los distintos convenios internacionales sobre derecho marítimo, así como los contratos auxiliares de la navegación, el de consignación de buques, practicaje y manipulación portuaria.
La nueva regulación también determina un régimen de responsabilidad contractual de los sujetos implicados en el tráfico marítimo.
El Gobierno destacó que en la elaboración de esta norma colaboraron "activamente" los sectores afectados --como los navieros, las Cámaras de Comercio, los transitarios y los despachos especializados-- y recibió una valoración "muy positiva" del Consejo General del Poder Judicial.
Asimismo, recordó que proporciona seguridad jurídica al sector, al garantizar una perfecta coordinación entre las normas españolas, europeas y convenios internacionales vigentes, tanto de Derecho Público, como Privado.
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