ALICANTE.- Una red organizada de blanqueo y evasión de capitales alicantinos hacia América Latina está siendo investigada desde hace meses por brigadas especializadas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, según se ha confirmado en medios próximos a la Policía Judicial, que señalan la presencia de antiguos empleados de banca como testaferros.
Según esas versiones, ciudadanos alicantinos establecidos temporalmente cerca de la frontera de Costa Rica con Panamá estarían canalizando hacia ese paraíso fiscal capitales opacos al fisco español para ser blanqueados mediante aparentes inversiones forestales en el primer país.
Plusvalías del sector de la Construcción y de la Industria, ganancias ilícitas de la corrupción política, réditos de la contratación pública concertada y beneficios no declarados de patrimonios emboscados en sociedades sin actividad real, componen el grueso de esos capitales con destino a su blanqueo en el extranjero y su opacidad en España.
No consta que los haya de la prostitución o la droga pero una de las comarcas que más estaría utilizando esta red es la Vega Baja, incluso en mayor proporción que las ciudades de Alicante y Elche o la Marina Baja. Algunos procedentes de Murcia también han sido detectados por la investigación.
Un grupo muy concreto de individuos, siempre según esas fuentes policiales, viaja con cierta regularidad hasta América Central para tratar de colocar los capitales que les confían políticos, profesionales, funcionarios, empresarios y/o especuladores de esta provincia para evitar su tributación en nuestro país, en algún caso para no tener que declarar su inconfesable origen .
Algunos de esos capitales han terminado invertidos en zonas turísticas de Méjico donde no suelen preguntar sobre su procedencia.
La citada red criminal estaría funcionando desde el año 2005, al menos, y la Policía ya tendría localizados e identificados a la mayoría de sus integrantes y "clientes" pero le faltaría hacerlo con mucha más precisión respecto a la cabeza o cabezas de esta red criminal, que se presume pudieran ser ilustres ciudadanos de nuestra provincia, en principio nada sospechosos.
No se descartan detenciones a corto o medio plazo, una vez que, pese a la falta de colaboración de las autoridades panameñas y costarricenses, la investigación ha logrado completar todos los nodos y reunir la pruebas suficientes para que un juez pueda comenzar a imputar a medio centenar de personas.
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