Camps y el ex vicepresidente valenciano Víctor Campos tenían de límite hasta las 15:00 horas para presentar su escrito de defensa, después de que el pasado 6 de julio el magistrado que instruye el llamado caso Gürtel en su vertiente valenciana, Francisco Flors, acordara continuar con el proceso.
El juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia consideró que no había lugar al sobreseimiento libre y al archivo de la causa contra Camps; el secretario general del PP en Valencia, Ricardo Costa, y otro imputado, Rafael Betoret, que declararon en mayo ante el juez de Valencia en calidad de imputados.
En la vista judicial que se celebrará mañana en Valencia, las acusaciones deberán concretar la imputación y las defensas presentarán sus alegatos y podrán solicitar de nuevo el sobreseimiento.
Camps eludió el martes varias preguntas sobre este asunto y sobre si tenía intención de dimitir dijo: "Hasta el 2011 como no hay elecciones autonómicas, espero estar como presidente de la Generalitat".
Tras conocer el auto del magistrado la semana pasada, el Partido Popular de Valencia ya anunció que pediría el archivo de la causa al considerar que las acusaciones vertidas no han sido probadas, y que el auto descartaba cualquier irregularidad de la Administración Pública, financiación irregular o tráfico de influencias.
La formación popular, que ha cerrado filas en torno a su presidente autonómico, sostuvo que el texto se limitaba a supuestos regalos en los que no mediaba la Administración, que no estaban probados documentalmente, y negaba también que se hubieran producido.
Sin embargo, el juez Flors consideró que se observaban "suficientes indicios racionales" para estimar que los hechos objeto del procedimiento podrían constituir un delito de cohecho penado en al artículo 426 del Código Penal, que estaría castigado con entre tres y seis meses de cárcel.
Una vez realizadas las comparecencias, el juez instructor podría abrir un juicio oral con un jurado popular contra Camps, Costa, Campos y Betoret, quien fuera jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y es el actual jefe de protocolo de la Diputación Valenciana.
Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret también presentaron el martes sus recursos de apelación contra su imputación en el caso.
El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que comenzó a instruir la causa antes de remitírsela al tribunal valenciano, sostuvo en sus investigaciones que el PP de la Comunidad Valenciana recibió 420.000 euros por favorecer a una empresa de Francisco Correa, presunto cabecilla de una trama que supuestamente pagaba a cargos públicos por obtener favores empresariales.
Según Garzón, Camps y Costa habrían recibido pagos en especie por parte de Correa, como trajes de tiendas de lujo.
El caso Gürtel tiene otras dos vertientes. Una en el Tribunal Supremo, donde se investiga la parte que afecta a dos aforados del PP a nivel nacional, que son el senador y tesorero del partido Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino, y otra en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
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