En declaraciones a la Cadena Ser, Bravo enfatizó que los tiempos políticos "no corresponden" con los tiempos judiciales y advirtió de la necesidad de "no confundir" al ciudadano transmitiéndole que "la Justicia no responde a la realidad".
"En el ámbito político se tendrán que tomar decisiones y se actuará con la responsabilidad que conlleva el cargo pero la Justicia tiene sus momentos", añadió.
La portavoz del CGPJ se refirió al comunicado emitido ayer por el Tribunal Supremo en el que aclaraba que no decidirá sobre la petición de declarar del senador Luis Bárcenas y del diputado Jesús Merino hasta que no analice suficientemente las actuaciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
En este sentido, admitió que este hecho "no es habitual" pero que ante asuntos de "gran despliegue mediático" y con "un gran afán de información" se pueden producir situaciones "que no son habituales en el marco de la Administración de Justicia".
Bravo fue preguntada acerca de la posibilidad de cuestionar sobre la ideología política a los miembros del tribunal de jurado encargados de enjuiciar al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, implicado en la presunta trama de corrupción.
A este respecto, respondió que si el presidente del tribunal así lo decide el ciudadano será "libre de contestar o no" porque el ejercicio de voto es un derecho "absolutamente" privado.
La portavoz del órgano de gobierno de los jueces también habló sobre el impacto de crisis económica en la carga de trabajo de los funcionarios de esta Administración.
En este sentido, quiso trasladar un mensaje de tranquilidad e indicar que esta situación es "coyuntural" y para paliar el volumen de trabajo están trabajando desde hace "muchos meses" el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas.
Comparó la situación que atraviesa la Administración de Justicia con una "epidemia" que cuando "explota" aparecen "datos alarmantes" pero recalcó que a medida que la crisis económica se "vaya rebajando lo mismo ocurrirá" en la Justicia.
"Las medidas son eficaces", indicó, para defender que el CGPJ está "comprometido e implicado desde el primer día" en la modernización de la Justicia para dejar en herencia un sistema "ágil y eficaz".
"Hemos conseguido por la vía del consenso y mucho esfuerzo conseguir desbloquear nombramientos pendientes de hacía más de tres años", puso como ejemplo, para expresar su intención de impulsar un CGPJ "abierto a la sociedad".
Asimismo, aludió a los 350 juzgados más saturados de España y destacó que el órgano que representa priorizará la agilización de su trabajo.
De todos modos, precisó que aunque se resuelvan los "problemas" de estos 350 juzgados no se habrán solucionados todos los problemas que sufre la Justicia y añadió que los efectos de las medidas de refuerzo "no van a verse enseguida" sino en un plazo de seis o nueve meses.
Dicho esto, se refirió al papel de la mediación para la resolución de los conflictos y defendió que con esta vía se "devuelve el protagonismo" a la sociedad civil y a la víctima que tiene derecho, dijo, a conocer los motivos de su implicación en ese delito o falta.
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