María Amparo Fernández tenía previsto prestar declaración a las 11.00 horas. Acudió a los juzgados sobre las 10 horas, junto con su hermana y su abogado, y salió del Palacio de Justicia poco antes de las 11.15 tras contestar solamente a las preguntas de su letrado defensor.
A la salida del juzgado, Fernández declinó hacer declaraciones a los medios de comunicación. "No tengo nada que decir", comentó a los periodistas y sólo respondió a la pregunta sobre el estado de Carlos Fabra, de baja laboral tras haber sido sometido a un tratamiento médico en Madrid. "Muy bien, muchas gracias", indicó al respecto.
Por este motivo, el juez aplazó la declaración de Fabra, que inicialmente estaba previsto que también compareciera hoy en el juzgado. En este sentido, el fiscal Anticorrupción, Luis Pastor, informó hoy que el procedimiento está listo para cerrarse y consideró que la declaración que se ha producido esta mañana será la última, por lo que el presidente de la Diputación de Castellón no será citado de nuevo a declarar.
Pastor indicó que en estos momentos, la causa está "por calificar" y que la fase de instrucción podría cerrarse antes del verano porque, según dijo, "ya no quedan más diligencias por practicar".
El magistrado citó a declarar a Fabra como imputado a primeros de mayo por la causa que tiene abierta en este juzgado por presuntos delitos contra la administración pública y un supuesto fraude fiscal, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El pasado mes de marzo Carlos Fabra, por cuestiones de salud, delegó sus funciones 'sine die', a través de un decreto firmado el día 12, en el vicepresidente primero de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez. Posteriormente, ha sido sometido a un tratamiento en un hospital madrileño.
Hacienda inició una denuncia contra Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999. En relación con este delito, un informe de los ingresos del dirigente 'popular', realizado en la investigación judicial, apunta a que ingresó, a través de cuentas corrientes personales o familiares, 5,3 millones de euros sin justificar en seis años, una cifra que representa 70 veces su salario.
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