Algunos de los magistrados que asistieron a esta jornada, dedicada a 'Los Concursos Inmobiliarios', fueron José María Ribelles, Alfonso Muñoz y Fernando Presencia, magistrados de lo Mercantil de Barcelona, Oviedo y Valencia respectivamente, los magistrados de la Audiencia Provincial de Alicante Enrique García-Chamón y Francisco José Soriano y el auditor Vicente Andreu.
La discusión se centró en la figura del comprador particular de un piso que se encuentra en la situación de que la promotora entra en concurso. A juicio de los magistrados, la actual Ley Concursal "no da una solución clara y eficaz para el comprador", y consideran que sería "necesario" que las futuras reformas legislativas "establezcan regulaciones detalladas para todo tipo de contratos y, especialmente, los de compraventa" para proteger al comprador.
Hasta entonces, la situación del comprador es difícil, en especial, si el incumplimiento del contrato por no haber podido entregar la obra es anterior a la declaración del concurso. En tal caso, el comprador pasa a ser una especie de acreedor dentro del concurso y su deuda recibiría la clasificación de crédito concursal, dijeron.
No obstante, algunos magistrados como Presencia abogaron porque los contratos firmados en su día entre la promotora y sus clientes se cumplan o se resuelvan y no queden en un limbo que imposibilita que las promotoras puedan vender esos pisos a un tercero o que el comprador pueda ejecutar sus avales.
En este sentido, abogaría por "cumplir el contrato cuando la promotora, o una tercera, empresa esté en condiciones de acabar la vivienda" o "resolverlo cuando sea imposible que la vivienda pueda ser terminada y entregada" al comprador. Una solución que los magistrados Ribelles y Muñoz consideraron aceptable pero difícil de llevar a la práctica.
El segundo gran tema de la mesa fue el conocido como reciclaje de los bienes hipotecados, propuesto por algunos Juzgados de lo Mercantil. Es decir, que las viviendas que han ido a parar a la entidad financiera como consecuencia de la dación en pago vuelvan al mercado, esta vez libres de cargas hipotecarias, con un precio más ajustado a las actuales circunstancias para facilitar su venta.
"Una fórmula que trata de romper el círculo vicioso generado por la ecuación: a más hipotecas que no se pueden afrontar, menor liquidez para las entidades y menor crédito para poder afrontar la compra de los pisos hipotecados", señalaron.
Para ello, aboga por solicitar la colaboración de los organismos de supervisión bancarios mediante herramientas como la posibilidad de permitir que las entidades financieras puedan periodificar las pérdidas que se deriven de poner inmuebles en el mercado a un precio menor del de tasación.
Las jornadas han sido impulsadas por los magistrados jueces de lo Mercantil de Valencia, en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, el Colegio de Economistas, el Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas y Comeva. Además, se contó con la colaboración de las distintas Administraciones, como la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas, la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Xàtiva.
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